Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez-Benita
A finales del mes de enero de 2009, el Parlamento somalí, reunido en Yibuti, elegía de forma mayoritaria a Sheij Sharif Ahmed presidente de la República. Este nombramiento, uno más en la larga lista de designaciones presidenciales desde la caída del dictador Siyad Barre en 1991, tuvo una significación especial por varias razones. En primer lugar, por la identidad misma del elegido: Ahmed es uno de los referentes clásicos de la corriente islamista somalí y desempeñó cargos de máximo dirigente en los Tribunales Islámicos, organización que aglutinó a principios de siglo a numerosas corrientes islamistas y logró derrotar a las bandas armadas de los señores de la guerra del centro y el sur del país.
En segundo lugar, porque la candidatura de Sharif Ahmed había despertado un optimismo inusitado entre numerosos sectores de la población somalí, sumida en el desencanto y la frustración tras lustros de gobiernos y presidentes transitorios incapaces de imponer el orden y acabar con las exacciones de las facciones armadas. Esta predisposición favorable, por cierto, ha calado entre varios Estados africanos y, sobre todo, árabes del Golfo, que han expresado su deseo de participar en la financiación de la reconstrucción del país y sustentar los planes de Ahmed en pos de la reconciliación nacional. Más aún, la diplomacia estadounidense ha dado una bienvenida “esperanzada” al mandatario somalí, en consonancia con la reacción positiva de Francia, el Estado de la UE con mayor ascendente sobre todo el África Oriental.
En tercer lugar, por constituir la culminación de un arduo proceso de negociaciones entre formaciones y personalidades somalíes que representaban, en gran medida, a los principales grupos pro gubernamentales y de oposición y que, hasta fechas recientes, mantenían posturas en apariencia irreconciliables. Y, en cuarto lugar, debido a la impresión –no exenta de grandes dosis de voluntarismo– de que por fin se habrá de contar con la voluntad política necesaria para rehabilitar la autoridad central del Estado y permitir que tanto el gobierno y el Parlamento federales, estructuras inhábiles forjadas por las conferencias de paz celebradas en los Estados adyacentes, sean verdaderamente efectivos y eficaces.
A diferencia de muchos de sus antecesores, Sharif Ahmed tiene una dilatada trayectoria política y no debe acarrear el estigma de haber militado o mantenido vínculos con los señores de la guerra, cuyas milicias han esparcido el caos y la corrupción por la antigua colonia italiana de Somalia y han manipulado a su antojo el gobierno federal transitorio. La breve experiencia de gobierno de los Tribunales Islámicos en el centro y el sur del país, en 2006, al margen de los excesos doctrinales de sus teóricos más intransigentes, puso de relieve la tendencia moderada de Ahmed y su afán por imponer el orden y la seguridad. Asimismo, el encumbramiento de este hombre de poco más de 40 años de edad se ha producido inmediatamente después de la retirada de las tropas etíopes. Éstas, desplegadas hacía dos años en territorio somalí –precisamente para acabar con la aventura islamista de Sharif Ahmed y sus correligionarios– habían tenido que hacer frente a la oposición armada de las milicias islamistas y la hostilidad de los somalíes en general, siempre reacios a cualquier intromisión de la gran potencia regional en sus asuntos internos.
Retos y desafíos
Sharif Ahmed tiene ante sí retos mayúsculos. El más preocupante, el desfonde institucional y económico que sufre Somalia desde 1991 y su partición de facto en cantones regionales controlados por milicias locales o clanes predominantes. La mayor parte de la población malvive en situación de precariedad extrema, y el incesante éxodo de refugiados hacia las regiones más septentrionales y los países vecinos, como Kenia y Yemen, ha contribuido a internacionalizar la crisis humanitaria somalí. La peculiar composición tribal y étnica del país obliga, por otro lado, a tomar en consideración la relación de fuerzas entre las diferentes regiones y los delicados equilibrios de poder entre unos clanes y otros. Sharif Ahmed pertenece, al igual que numerosos representantes de los ya extintos Tribunales Islámicos, al clan Hawiye, mayoritario en la capital, Mogadiscio, y las provincias meridionales –los miembros de este clan han desempeñado una función destacada en las acciones de hostigamiento al ejército etíope a lo largo de 2007 y 2008–. Con el fin de evitar las consabidas acusaciones de connivencia con un clan o sub-clan determinados, el nuevo presidente deberá rodearse de políticos y militares pertenecientes a los otros cuatro clanes relevantes de Somalia, en especial los Darod, predominantes en el noreste y en la región de Puntlandia.
Precisamente, el futuro de los territorios rebeldes compone otro de los grandes desafíos del momento. El gobierno autónomo de Puntlandia, “desvinculada” de forma unilateral del resto de Somalia en 1998, no ha mostrado veleidades independentistas. Al contrario, ha tendido a afirmar de forma periódica su disposición a reincorporarse en una estructura federal estable. Sin embargo, la designación de Sharif Ahmed ha provocado notorias reticencias y objeciones entre los representantes políticos puntlandeses debido, en esencia, a la conocida oposición de aquél y el conjunto de los islamistas a la pervivencia de entidades políticas desvinculadas de Mogadiscio. Su antecesor, Abdullahi Yusuf Ahmed, que había presidido a finales de los 90 la entidad autónoma de Puntlandia, había dimitido por discrepancias con sus valedores etíopes y la elaboración de planes de paz que incluían la implicación de los islamistas moderados en el poder.
Pero en el apartado de la soberanía nacional, el asunto más espinoso es, sin duda, el de Somalilandia, separada de Somalia en 1991 en medio de la confusión originada por el derrocamiento de Barre y el desplome del Estado somalí, y que anunció posteriormente su independencia, no reconocida internacionalmente. Somalilandia cuenta con su propia constitución y organismos estatales, a pesar de tener una precaria estabilidad política en términos objetivos pero ciertamente fiable y sólida si se pone en cotejo con la crisis crónica que padece el resto del territorio somalí. Al contrario que las autoridades de Puntlandia, las de Somalilandia no han mostrado nunca gran interés en la recomposición del tejido político y social somalí y sospechan que sus tesis secesionistas sufrirán un grave revés si Ahmed consigue unificar a las fuerzas sociales y políticas de las zonas meridionales. De hecho, los dirigentes de Somalilandia y de Puntlandia, junto con los sectores islamistas más militantes, han sido quienes han criticado con mayor fuerza la designación presidencial. Curiosamente, los representantes de otras dos entidades autónomas, Maakhir y sobre todo Galmudug, creadas a partir de 2006 y 2007 respectivamente, en el norte, han dado la bienvenida a Sharif Ahmed. Maakhir, enclavada entre Puntlandia y Somalilandia, mantiene una relación tensa con las autoridades de ambas y en especial con las de la segunda, así como una línea de denuncia visceral del “imperialismo abisinio” de Etiopía.
Implicaciones regionales e internacionales
Convertida en tablero de las rivalidades geoestratégicas de las grandes potencias regionales, en especial Etiopía y Eritrea, y en eje fundamental de la llamada lucha contra el terrorismo en el continente africano, la recomposición del Estado de Somalia ha de favorecer la estabilidad regional y la consagración de una corriente islamista moderada dispuesta al diálogo y el consenso con el resto de fuerzas políticas de la zona. Es sintomático que, tras años de lucha incesante y dogmática contra los movimientos islamistas en Somalia, incluida la intervención militar etíope, el ascenso de Ahmed Sharif haya provocado esta inusitada expectación. Guste o no, los islamistas disfrutan de gran popularidad en numerosas zonas de Somalia: se les considera gestores y administradores de probada eficacia, en comparación con los señores de la guerra y los representantes del gobierno local. Las primeras declaraciones de Sharif Ahmed han ido en la dirección de convocar a todos los líderes tribales y formaciones políticas a un diálogo nacional para estabilizar el país y establecer un reparto de funciones. De derivarse resultados positivos de tal iniciativa, se podría proceder al retorno de los desplazados somalíes, cuyo número ronda el millón y medio, y el saneamiento de la desarbolada economía nacional. Esto, a su vez, puede ayudar a normalizar el flujo migratorio de la zona oriental africana y permitir que naciones como Kenia o Yemen reconduzcan la grave situación creada por la existencia de cientos de miles de refugiados somalíes en su territorio.
En materia de seguridad interna y regional, no cabe duda de que la recomposición de un ejército y fuerzas de policía sujetos a la autoridad de Mogadiscio contribuirá a poner fin a la impunidad de los piratas y corsarios que asolan las costas septentrionales y han obligado a numerosos gobiernos europeos, entre ellos el español, a aprobar el envío de destacamentos militares al Golfo de Adén y el Océano Índico. La proliferación de la piratería marítima en las costas somalíes está convulsionando la estabilidad regional; al mismo tiempo, amenaza con agravar las disensiones entre unas regiones y otras dentro del territorio somalí, ya que determinadas imputaciones apuntan a círculos políticos nacionales, concretamente en Puntlandia, como conniventes con las mafias corsarias.
En el aspecto militar y geoestratégico, la estabilización institucional de Somalia ha de servir de preámbulo para un acercamiento entre Eritrea y Etiopía, cuyas disputas ya crónicas ejercen un efecto pernicioso en la situación interna somalí. Hoy por hoy, sin embargo, tal reconciliación sigue siendo improbable, ya que el gobierno eritreo sigue prestando apoyo a los líderes islamistas opuestos a Sharif Ahmed. Por su parte, el ejecutivo etíope mantiene estrechos contactos con numerosos señores de la guerra, sustentados y armados por Addis Abeba. Ésta ha completado la retirada de sus tropas de Somalia tras haber sufrido numerosas bajas y un descrédito enorme de su prestigio como potencia regional –por no hablar del fomento de los sentimientos hostiles de la población somalí–, lo que ha repercutido de forma negativa en la situación interna de la conflictiva región de Ogadén, con población de etnia somalí y escenario de combates recurrentes entre los grupos secesionistas y las tropas etíopes. Pero es de suponer que el interés de Estados como Kenia, Yemen y Yibuti –este último muy activo desde hace décadas como intermediario en el proceso de reconciliación nacional somalí– acabará empujando a etíopes y eritreos a hallar un principio de acuerdo que favorezca la gestación de un nuevo Cuerno de África.
El peligro del islamismo radical
La pacificación del Cuerno de África pasa por una tregua definitiva entre las facciones armadas somalíes y la consagración de un consenso nacional que ponga el énfasis en la reconstrucción del Estado y sus instituciones. No parece que las nuevas autoridades vayan a contar, al menos a corto plazo, con la colaboración de numerosos grupos islamistas. Dahir Aweis, uno de los fundadores de los Tribunales Islámicos y antiguo aliado del presidente actual, ha tachado a éste de haber renunciado a los principios y los ideales que animaron a las primeras asociaciones políticas islamistas. Tras la derrota de los grupos armados de los Tribunales Islámicos y la dispersión de sus líderes, los islamistas habían formado una especie de coalición nacional contra la ocupación, encabezada por el propio Sharif Ahmed; pero, según Aweis, los islamistas moderados acabaron anteponiendo el favor de las prebendas políticas a la prioridad de luchar contra las tropas etíopes y derrocar al gobierno y Parlamento federales, herramientas, en su opinión, de la influencia externa etíope.
Ante la determinación de los islamistas moderados de participar en conversaciones de paz con los representantes del ejecutivo federal y establecer un calendario para la salida de las tropas etíopes, la corriente de Aweis decidió separarse de la de Sharif Ahmed y formar la llamada “Alianza para la Liberación de Somalia – Facción de Asmara” con el objetivo de expulsar al ejército etíope manu militari. Los partidarios de Sharif Ahmed quedaron englobados en la “Alianza para la Liberación de Somalia – Facción de Yibuti” y accedieron a tomar parte en rondas de conversaciones patrocinadas por Naciones Unidas y los Estados de la zona. De estas negociaciones terminaría emanando el Acuerdo de Paz de Yibuti, que incluía la retirada de los contingentes etíopes, el despliegue de tropas africanas de paz y el nombramiento de un nuevo presidente por parte de los parlamentarios somalíes. Resulta evidente que la aceptación por parte de Sharif Ahmed de la interlocución con los representantes del gobierno federal equivalía a reconocer la legitimidad de éstos, en contra de la postura tradicional de los islamistas somalíes. Además, la postura de Ahmed, proclive al diálogo con unos y otros, ha sido tachada de “pro estadounidense”, ya que, sospechan, los acuerdos de paz de Yibuti no habrían sido posibles sin una implicación directa de Washington a favor de aquél.
Aweis y los suyos, entre los que se cuentan representantes de las tendencias más radicales del islamismo somalí, se han opuesto a la presencia de contingentes africanos en sustitución del ejército etíope. De ahí que las milicias islamistas hayan mantenido a lo largo de las últimas semanas enfrentamientos armados con los destacamentos africanos. De gran actividad en los ataques ha sido la organización de al-Shabab, formada inmediatamente después de la disolución de los Tribunales Islámicos e incluida por EEUU en la lista de grupos terroristas coaligados con al-Qaeda. En un primer momento no mantenía relaciones directas ni dependía de la Alianza Nacional para la Liberación de Somalia; con posterioridad, según ha reconocido Daher Aweis, han abundado los contactos entre unos y otros para formar un frente común ante los islamistas moderados y el ejecutivo federal, sobre todo después del avance de al-Shabab en amplias zonas del sur y la toma de ciudades de gran importancia estratégica como Kismanyo. Ya se han producido escaramuzas entre los combatientes de las dos grandes facciones islamistas, en la capital y zonas aledañas. Sin embargo, ciertos rumores apuntaban a principios de febrero de 2009 la existencia de contactos preliminares entre al-Shabab y el nuevo equipo de gobierno; y las mediaciones de líderes tribales y dirigentes religiosos está tratando de suscitar un acuerdo de mínimos que permita la reconciliación nacional tan ansiada por Sharif Ahmed.
Esta última, además, exige una reformulación del protagonismo de Somalia en el contexto de la campaña bélica dirigida por EEUU contra el “terrorismo islámico” y la expansión de al-Qaeda en el Cuerno de África. Entre los argumentos esgrimidos por el presidente etíope, Meles Zenawi, para ordenar la invasión militar a finales de 2006 estaba la vinculación de los islamistas somalíes, incluido Sharif Ahmed, con las redes de al-Qaeda en la región. EEUU, que respaldó la intervención militar etíope, ha bombardeado a lo largo de los últimos años supuestas bases de al-Qaeda en zonas meridionales del país y ha mantenido una extraña connivencia con determinados señores de la guerra, afamados por su supuesto celo en la lucha contra los grupos islamistas. Aun cuando deba suponerse que al-Qaeda u organizaciones afines cuentan con células y campos de entrenamiento dispersos en territorio somalí, la significación real de esta presencia es muy relativa. Y el efecto colateral ha resultado contraproducente, pues se ha generado un estado de animosidad generalizado entre los ciudadanos somalíes y se ha obstaculizado el proceso de regeneración institucional y política de un Estado fallido como es el somalí.
Conclusiones
Hay motivos para creer que, después de tantos años de incertidumbre, Somalia se halle ante el inicio de una nueva etapa. Las dificultades son muchas y el fracaso de una docena larga de intentos de reconstruir el Estado no invita al optimismo; sin embargo, se están produciendo algunos cambios. El marasmo del conflicto somalí ha provocado el hartazgo de los Estados vecinos y alguno de los factores desestabilizadores de antaño, como la presencia de señores de la guerray sus milicias, se han visto superados por los acontecimientos. La sociedad somalí, más allá de los condicionantes tribales y étnicos, ansía como nunca la paz y la estabilidad y ha pasado a apoyar de forma decidida a aquellas formaciones y personalidades empeñadas en restaurar la fortaleza del Estado central y su soberanía.
En cuanto a la repercusión geoestratégica de la cuestión somalí, la mera aceptación de potencias regionales, como Etiopía, e internacionales, como EEUU y la UE, de la designación de Sharif Ahmed como presidente del país pone de relieve que uno de los grandes tabúes de los últimos tiempos –la colaboración con corrientes islamistas nacionalistas– ha de ser revisado cuando la realidad se sobrepone a cualquier otra consideración. La lucha contra el terrorismo internacional y la prioridad de neutralizar la agenda desestabilizadora mundial de al-Qaeda no puede obviar la genuina relevancia de las corrientes y formaciones islamistas dentro del mundo islámico y su capacidad para representar las posturas y particularidades de amplios segmentos sociales.
Cabe aventurar que, en cierta medida, la adopción de soluciones y estrategias militaristas y de ocupación ha provocado un efecto insospechado. El ejemplo de Somalia, como el de Afganistán y sobre todo el de Irak, revela hasta qué punto las aventuras intervencionistas a gran escala derivan en un fomento inversamente proporcional de la violencia terrorista. No sorprende, pues, que la experiencia militar etíope en Somalia se haya saldado con una retirada un tanto apresurada; ni que los mandos militares occidentales reconozcan sin ambages los enormes contratiempos registrados en Afganistán; o que la prioridad para la nueva Administración estadounidense sea la concreción de un plan de retirada en Irak. En contextos de caos y desgobierno es donde los grupos radicales hallan mejor acomodo. La súbita y, hasta hace unos meses, impredecible ascensión política de un islamista somalí como Sharif Ahmed ilustra las intrincadas coordenadas que rigen la realidad política y social del orbe islámico. La gran paradoja de nuestros días quizá se sustancie en el hecho de que, en determinados Estados fallidos y sumidos en el caos, en las querellas fratricidas y la ocupación militar, las versiones más pragmáticas del islam político constituyen un factor de estabilidad y un ingrediente básico para la contención de las tendencias más extremistas.
A finales del mes de enero de 2009, el Parlamento somalí, reunido en Yibuti, elegía de forma mayoritaria a Sheij Sharif Ahmed presidente de la República. Este nombramiento, uno más en la larga lista de designaciones presidenciales desde la caída del dictador Siyad Barre en 1991, tuvo una significación especial por varias razones. En primer lugar, por la identidad misma del elegido: Ahmed es uno de los referentes clásicos de la corriente islamista somalí y desempeñó cargos de máximo dirigente en los Tribunales Islámicos, organización que aglutinó a principios de siglo a numerosas corrientes islamistas y logró derrotar a las bandas armadas de los señores de la guerra del centro y el sur del país.
En segundo lugar, porque la candidatura de Sharif Ahmed había despertado un optimismo inusitado entre numerosos sectores de la población somalí, sumida en el desencanto y la frustración tras lustros de gobiernos y presidentes transitorios incapaces de imponer el orden y acabar con las exacciones de las facciones armadas. Esta predisposición favorable, por cierto, ha calado entre varios Estados africanos y, sobre todo, árabes del Golfo, que han expresado su deseo de participar en la financiación de la reconstrucción del país y sustentar los planes de Ahmed en pos de la reconciliación nacional. Más aún, la diplomacia estadounidense ha dado una bienvenida “esperanzada” al mandatario somalí, en consonancia con la reacción positiva de Francia, el Estado de la UE con mayor ascendente sobre todo el África Oriental.
En tercer lugar, por constituir la culminación de un arduo proceso de negociaciones entre formaciones y personalidades somalíes que representaban, en gran medida, a los principales grupos pro gubernamentales y de oposición y que, hasta fechas recientes, mantenían posturas en apariencia irreconciliables. Y, en cuarto lugar, debido a la impresión –no exenta de grandes dosis de voluntarismo– de que por fin se habrá de contar con la voluntad política necesaria para rehabilitar la autoridad central del Estado y permitir que tanto el gobierno y el Parlamento federales, estructuras inhábiles forjadas por las conferencias de paz celebradas en los Estados adyacentes, sean verdaderamente efectivos y eficaces.
A diferencia de muchos de sus antecesores, Sharif Ahmed tiene una dilatada trayectoria política y no debe acarrear el estigma de haber militado o mantenido vínculos con los señores de la guerra, cuyas milicias han esparcido el caos y la corrupción por la antigua colonia italiana de Somalia y han manipulado a su antojo el gobierno federal transitorio. La breve experiencia de gobierno de los Tribunales Islámicos en el centro y el sur del país, en 2006, al margen de los excesos doctrinales de sus teóricos más intransigentes, puso de relieve la tendencia moderada de Ahmed y su afán por imponer el orden y la seguridad. Asimismo, el encumbramiento de este hombre de poco más de 40 años de edad se ha producido inmediatamente después de la retirada de las tropas etíopes. Éstas, desplegadas hacía dos años en territorio somalí –precisamente para acabar con la aventura islamista de Sharif Ahmed y sus correligionarios– habían tenido que hacer frente a la oposición armada de las milicias islamistas y la hostilidad de los somalíes en general, siempre reacios a cualquier intromisión de la gran potencia regional en sus asuntos internos.
Retos y desafíos
Sharif Ahmed tiene ante sí retos mayúsculos. El más preocupante, el desfonde institucional y económico que sufre Somalia desde 1991 y su partición de facto en cantones regionales controlados por milicias locales o clanes predominantes. La mayor parte de la población malvive en situación de precariedad extrema, y el incesante éxodo de refugiados hacia las regiones más septentrionales y los países vecinos, como Kenia y Yemen, ha contribuido a internacionalizar la crisis humanitaria somalí. La peculiar composición tribal y étnica del país obliga, por otro lado, a tomar en consideración la relación de fuerzas entre las diferentes regiones y los delicados equilibrios de poder entre unos clanes y otros. Sharif Ahmed pertenece, al igual que numerosos representantes de los ya extintos Tribunales Islámicos, al clan Hawiye, mayoritario en la capital, Mogadiscio, y las provincias meridionales –los miembros de este clan han desempeñado una función destacada en las acciones de hostigamiento al ejército etíope a lo largo de 2007 y 2008–. Con el fin de evitar las consabidas acusaciones de connivencia con un clan o sub-clan determinados, el nuevo presidente deberá rodearse de políticos y militares pertenecientes a los otros cuatro clanes relevantes de Somalia, en especial los Darod, predominantes en el noreste y en la región de Puntlandia.
Precisamente, el futuro de los territorios rebeldes compone otro de los grandes desafíos del momento. El gobierno autónomo de Puntlandia, “desvinculada” de forma unilateral del resto de Somalia en 1998, no ha mostrado veleidades independentistas. Al contrario, ha tendido a afirmar de forma periódica su disposición a reincorporarse en una estructura federal estable. Sin embargo, la designación de Sharif Ahmed ha provocado notorias reticencias y objeciones entre los representantes políticos puntlandeses debido, en esencia, a la conocida oposición de aquél y el conjunto de los islamistas a la pervivencia de entidades políticas desvinculadas de Mogadiscio. Su antecesor, Abdullahi Yusuf Ahmed, que había presidido a finales de los 90 la entidad autónoma de Puntlandia, había dimitido por discrepancias con sus valedores etíopes y la elaboración de planes de paz que incluían la implicación de los islamistas moderados en el poder.
Pero en el apartado de la soberanía nacional, el asunto más espinoso es, sin duda, el de Somalilandia, separada de Somalia en 1991 en medio de la confusión originada por el derrocamiento de Barre y el desplome del Estado somalí, y que anunció posteriormente su independencia, no reconocida internacionalmente. Somalilandia cuenta con su propia constitución y organismos estatales, a pesar de tener una precaria estabilidad política en términos objetivos pero ciertamente fiable y sólida si se pone en cotejo con la crisis crónica que padece el resto del territorio somalí. Al contrario que las autoridades de Puntlandia, las de Somalilandia no han mostrado nunca gran interés en la recomposición del tejido político y social somalí y sospechan que sus tesis secesionistas sufrirán un grave revés si Ahmed consigue unificar a las fuerzas sociales y políticas de las zonas meridionales. De hecho, los dirigentes de Somalilandia y de Puntlandia, junto con los sectores islamistas más militantes, han sido quienes han criticado con mayor fuerza la designación presidencial. Curiosamente, los representantes de otras dos entidades autónomas, Maakhir y sobre todo Galmudug, creadas a partir de 2006 y 2007 respectivamente, en el norte, han dado la bienvenida a Sharif Ahmed. Maakhir, enclavada entre Puntlandia y Somalilandia, mantiene una relación tensa con las autoridades de ambas y en especial con las de la segunda, así como una línea de denuncia visceral del “imperialismo abisinio” de Etiopía.
Implicaciones regionales e internacionales
Convertida en tablero de las rivalidades geoestratégicas de las grandes potencias regionales, en especial Etiopía y Eritrea, y en eje fundamental de la llamada lucha contra el terrorismo en el continente africano, la recomposición del Estado de Somalia ha de favorecer la estabilidad regional y la consagración de una corriente islamista moderada dispuesta al diálogo y el consenso con el resto de fuerzas políticas de la zona. Es sintomático que, tras años de lucha incesante y dogmática contra los movimientos islamistas en Somalia, incluida la intervención militar etíope, el ascenso de Ahmed Sharif haya provocado esta inusitada expectación. Guste o no, los islamistas disfrutan de gran popularidad en numerosas zonas de Somalia: se les considera gestores y administradores de probada eficacia, en comparación con los señores de la guerra y los representantes del gobierno local. Las primeras declaraciones de Sharif Ahmed han ido en la dirección de convocar a todos los líderes tribales y formaciones políticas a un diálogo nacional para estabilizar el país y establecer un reparto de funciones. De derivarse resultados positivos de tal iniciativa, se podría proceder al retorno de los desplazados somalíes, cuyo número ronda el millón y medio, y el saneamiento de la desarbolada economía nacional. Esto, a su vez, puede ayudar a normalizar el flujo migratorio de la zona oriental africana y permitir que naciones como Kenia o Yemen reconduzcan la grave situación creada por la existencia de cientos de miles de refugiados somalíes en su territorio.
En materia de seguridad interna y regional, no cabe duda de que la recomposición de un ejército y fuerzas de policía sujetos a la autoridad de Mogadiscio contribuirá a poner fin a la impunidad de los piratas y corsarios que asolan las costas septentrionales y han obligado a numerosos gobiernos europeos, entre ellos el español, a aprobar el envío de destacamentos militares al Golfo de Adén y el Océano Índico. La proliferación de la piratería marítima en las costas somalíes está convulsionando la estabilidad regional; al mismo tiempo, amenaza con agravar las disensiones entre unas regiones y otras dentro del territorio somalí, ya que determinadas imputaciones apuntan a círculos políticos nacionales, concretamente en Puntlandia, como conniventes con las mafias corsarias.
En el aspecto militar y geoestratégico, la estabilización institucional de Somalia ha de servir de preámbulo para un acercamiento entre Eritrea y Etiopía, cuyas disputas ya crónicas ejercen un efecto pernicioso en la situación interna somalí. Hoy por hoy, sin embargo, tal reconciliación sigue siendo improbable, ya que el gobierno eritreo sigue prestando apoyo a los líderes islamistas opuestos a Sharif Ahmed. Por su parte, el ejecutivo etíope mantiene estrechos contactos con numerosos señores de la guerra, sustentados y armados por Addis Abeba. Ésta ha completado la retirada de sus tropas de Somalia tras haber sufrido numerosas bajas y un descrédito enorme de su prestigio como potencia regional –por no hablar del fomento de los sentimientos hostiles de la población somalí–, lo que ha repercutido de forma negativa en la situación interna de la conflictiva región de Ogadén, con población de etnia somalí y escenario de combates recurrentes entre los grupos secesionistas y las tropas etíopes. Pero es de suponer que el interés de Estados como Kenia, Yemen y Yibuti –este último muy activo desde hace décadas como intermediario en el proceso de reconciliación nacional somalí– acabará empujando a etíopes y eritreos a hallar un principio de acuerdo que favorezca la gestación de un nuevo Cuerno de África.
El peligro del islamismo radical
La pacificación del Cuerno de África pasa por una tregua definitiva entre las facciones armadas somalíes y la consagración de un consenso nacional que ponga el énfasis en la reconstrucción del Estado y sus instituciones. No parece que las nuevas autoridades vayan a contar, al menos a corto plazo, con la colaboración de numerosos grupos islamistas. Dahir Aweis, uno de los fundadores de los Tribunales Islámicos y antiguo aliado del presidente actual, ha tachado a éste de haber renunciado a los principios y los ideales que animaron a las primeras asociaciones políticas islamistas. Tras la derrota de los grupos armados de los Tribunales Islámicos y la dispersión de sus líderes, los islamistas habían formado una especie de coalición nacional contra la ocupación, encabezada por el propio Sharif Ahmed; pero, según Aweis, los islamistas moderados acabaron anteponiendo el favor de las prebendas políticas a la prioridad de luchar contra las tropas etíopes y derrocar al gobierno y Parlamento federales, herramientas, en su opinión, de la influencia externa etíope.
Ante la determinación de los islamistas moderados de participar en conversaciones de paz con los representantes del ejecutivo federal y establecer un calendario para la salida de las tropas etíopes, la corriente de Aweis decidió separarse de la de Sharif Ahmed y formar la llamada “Alianza para la Liberación de Somalia – Facción de Asmara” con el objetivo de expulsar al ejército etíope manu militari. Los partidarios de Sharif Ahmed quedaron englobados en la “Alianza para la Liberación de Somalia – Facción de Yibuti” y accedieron a tomar parte en rondas de conversaciones patrocinadas por Naciones Unidas y los Estados de la zona. De estas negociaciones terminaría emanando el Acuerdo de Paz de Yibuti, que incluía la retirada de los contingentes etíopes, el despliegue de tropas africanas de paz y el nombramiento de un nuevo presidente por parte de los parlamentarios somalíes. Resulta evidente que la aceptación por parte de Sharif Ahmed de la interlocución con los representantes del gobierno federal equivalía a reconocer la legitimidad de éstos, en contra de la postura tradicional de los islamistas somalíes. Además, la postura de Ahmed, proclive al diálogo con unos y otros, ha sido tachada de “pro estadounidense”, ya que, sospechan, los acuerdos de paz de Yibuti no habrían sido posibles sin una implicación directa de Washington a favor de aquél.
Aweis y los suyos, entre los que se cuentan representantes de las tendencias más radicales del islamismo somalí, se han opuesto a la presencia de contingentes africanos en sustitución del ejército etíope. De ahí que las milicias islamistas hayan mantenido a lo largo de las últimas semanas enfrentamientos armados con los destacamentos africanos. De gran actividad en los ataques ha sido la organización de al-Shabab, formada inmediatamente después de la disolución de los Tribunales Islámicos e incluida por EEUU en la lista de grupos terroristas coaligados con al-Qaeda. En un primer momento no mantenía relaciones directas ni dependía de la Alianza Nacional para la Liberación de Somalia; con posterioridad, según ha reconocido Daher Aweis, han abundado los contactos entre unos y otros para formar un frente común ante los islamistas moderados y el ejecutivo federal, sobre todo después del avance de al-Shabab en amplias zonas del sur y la toma de ciudades de gran importancia estratégica como Kismanyo. Ya se han producido escaramuzas entre los combatientes de las dos grandes facciones islamistas, en la capital y zonas aledañas. Sin embargo, ciertos rumores apuntaban a principios de febrero de 2009 la existencia de contactos preliminares entre al-Shabab y el nuevo equipo de gobierno; y las mediaciones de líderes tribales y dirigentes religiosos está tratando de suscitar un acuerdo de mínimos que permita la reconciliación nacional tan ansiada por Sharif Ahmed.
Esta última, además, exige una reformulación del protagonismo de Somalia en el contexto de la campaña bélica dirigida por EEUU contra el “terrorismo islámico” y la expansión de al-Qaeda en el Cuerno de África. Entre los argumentos esgrimidos por el presidente etíope, Meles Zenawi, para ordenar la invasión militar a finales de 2006 estaba la vinculación de los islamistas somalíes, incluido Sharif Ahmed, con las redes de al-Qaeda en la región. EEUU, que respaldó la intervención militar etíope, ha bombardeado a lo largo de los últimos años supuestas bases de al-Qaeda en zonas meridionales del país y ha mantenido una extraña connivencia con determinados señores de la guerra, afamados por su supuesto celo en la lucha contra los grupos islamistas. Aun cuando deba suponerse que al-Qaeda u organizaciones afines cuentan con células y campos de entrenamiento dispersos en territorio somalí, la significación real de esta presencia es muy relativa. Y el efecto colateral ha resultado contraproducente, pues se ha generado un estado de animosidad generalizado entre los ciudadanos somalíes y se ha obstaculizado el proceso de regeneración institucional y política de un Estado fallido como es el somalí.
Conclusiones
Hay motivos para creer que, después de tantos años de incertidumbre, Somalia se halle ante el inicio de una nueva etapa. Las dificultades son muchas y el fracaso de una docena larga de intentos de reconstruir el Estado no invita al optimismo; sin embargo, se están produciendo algunos cambios. El marasmo del conflicto somalí ha provocado el hartazgo de los Estados vecinos y alguno de los factores desestabilizadores de antaño, como la presencia de señores de la guerray sus milicias, se han visto superados por los acontecimientos. La sociedad somalí, más allá de los condicionantes tribales y étnicos, ansía como nunca la paz y la estabilidad y ha pasado a apoyar de forma decidida a aquellas formaciones y personalidades empeñadas en restaurar la fortaleza del Estado central y su soberanía.
En cuanto a la repercusión geoestratégica de la cuestión somalí, la mera aceptación de potencias regionales, como Etiopía, e internacionales, como EEUU y la UE, de la designación de Sharif Ahmed como presidente del país pone de relieve que uno de los grandes tabúes de los últimos tiempos –la colaboración con corrientes islamistas nacionalistas– ha de ser revisado cuando la realidad se sobrepone a cualquier otra consideración. La lucha contra el terrorismo internacional y la prioridad de neutralizar la agenda desestabilizadora mundial de al-Qaeda no puede obviar la genuina relevancia de las corrientes y formaciones islamistas dentro del mundo islámico y su capacidad para representar las posturas y particularidades de amplios segmentos sociales.
Cabe aventurar que, en cierta medida, la adopción de soluciones y estrategias militaristas y de ocupación ha provocado un efecto insospechado. El ejemplo de Somalia, como el de Afganistán y sobre todo el de Irak, revela hasta qué punto las aventuras intervencionistas a gran escala derivan en un fomento inversamente proporcional de la violencia terrorista. No sorprende, pues, que la experiencia militar etíope en Somalia se haya saldado con una retirada un tanto apresurada; ni que los mandos militares occidentales reconozcan sin ambages los enormes contratiempos registrados en Afganistán; o que la prioridad para la nueva Administración estadounidense sea la concreción de un plan de retirada en Irak. En contextos de caos y desgobierno es donde los grupos radicales hallan mejor acomodo. La súbita y, hasta hace unos meses, impredecible ascensión política de un islamista somalí como Sharif Ahmed ilustra las intrincadas coordenadas que rigen la realidad política y social del orbe islámico. La gran paradoja de nuestros días quizá se sustancie en el hecho de que, en determinados Estados fallidos y sumidos en el caos, en las querellas fratricidas y la ocupación militar, las versiones más pragmáticas del islam político constituyen un factor de estabilidad y un ingrediente básico para la contención de las tendencias más extremistas.
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