martes, 4 de marzo de 2008

LA REVOLUCION "AZAFRÁN": CLAVES GEOPOLITICAS PARA UNA POSIBLE TRANSICION


Rubén Campos Palarea

El comienzo del movimiento conocido ya como la revolución “azafrán” tuvo lugar a mediados de agosto cuando el gobierno militar de Birmania, rebautizada como Myanmar por la propia Junta en los años noventa, decidió unilateralmente subir un 100% el precio de los combustibles. Esta decisión repercutió de forma inmediata en los precios de los productos de primera necesidad en todo el país y propició las primeras protestas significativas contra la dictadura en las dos últimas décadas.

Tras la independencia del Imperio Británico en 1948, los líderes y la sociedad civil de Birmania intentaron construir un modelo político democrático, siguiendo el ejemplo de su vecina India. Un golpe de Estado militar en 1962 finalizó abruptamente esta vía e inauguró una etapa de autocracia que cumple ahora más de 45 años. El gobierno militar justificó su intervención y su presencia permanente en el poder en la necesidad de mantener la unidad nacional en peligro ante la diversidad étnica del país, con más de 100 grupos lingüísticos diferentes.

Durante años las principales fuentes económicas de la Junta Militar han estado vinculadas con la industria maderera, el narcotráfico (Birmania es el segundo productor de opio a nivel mundial) y el comercio ilegal de piedras preciosas; pero el descubrimiento de reservas significativas de gas natural en su territorio le han proporcionado un recurso estratégico adicional de extraordinaria importancia. Una hábil política de alianzas internacionales, utilizando esos recursos y su privilegiada posición estratégica entre la India y China, ha permitido al régimen sobrevivir a las sanciones internacionales y las presiones de las potencias occidentales como EEUU y la UE. Primero la Unión Soviética y luego China, pero también la India y países vecinos como Tailandia y Singapur, han dado un apoyo diplomático y económico imprescindible para el mantenimiento de la dictadura militar.

El control de la situación interna por parte de la Junta ha sido férreo durante décadas, pero en 1990 se vio forzada por manifestaciones de protesta y presiones internacionales a convocar elecciones parlamentarias. Los dirigentes militares pensaron que podían controlar el proceso democrático pero la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi obtuvo 392 de los 492 escaños del parlamento. Sin embargo, la Junta anuló el resultado de las elecciones y recrudeció su política represiva hacia cualquier tipo de oposición política. De los últimos 18 años, Suu Kyi ha pasado más de 11 y medio bajo detención domiciliaria arbitraria. El resto del tiempo las autoridades han puesto estrictos límites a su libertad de circulación, a pesar de que nunca ha sido acusada ni juzgada por ningún delito.

Pese a sus importantes recursos naturales, la corrupción y el mal gobierno de la Junta han impedido el desarrollo económico del país, por lo que la reciente subida de precios ha castigado especialmente a miles de ciudadanos que viven en condiciones de extrema pobreza. Detrás de esta medida se encuentra la necesidad del gobierno de obtener fondos para cubrir los gastos de la construcción faraónica de una nueva capital, Naypyidaw. Surgida de la nada, en medio de la jungla y a más de 500 kilómetros al norte de Rangún, el centro vital del país y antigua capital, Naypyidaw es otro símbolo del nepotismo en el que vive instalado el régimen, que ha pretendido buscar un centro de poder donde sentirse a salvo de su propia población.

La revolución “azafrán” como punto de inflexión


El reciente movimiento de protesta surgió en un primer momento mediante manifestaciones espontáneas en diversas ciudades birmanas de pequeños grupos de ciudadanos que pedían la bajada de los precios. En pocas semanas, y pese al clima de represión y la falta de libertad impuestos por los militares durante décadas, lo que eran protestas puntuales se convirtieron en una campaña organizada para promover un cambio político, liderada por los monjes budistas. Este liderazgo de los monjes se explica por su importancia en el contexto social birmano. La represión constante de la Junta Militar ha socavado los cimientos de la sociedad civil y, salvo en la clandestinidad, no existen organizaciones políticas, culturales y sociales que no estén controladas por el ejército. Aung San Suu Kyi sigue siendo el símbolo de la oposición al régimen, pero la LND no tiene capacidad para movilizar abiertamente a la población. La única excepción a este férreo control, por su prestigio histórico y moral en la sociedad, son los monasterios budistas.

Los monjes ya jugaron un papel clave en las manifestaciones contra el régimen militar de 1988, saldadas con más de 3.000 muertos. En esta ocasión, han vuelto a liderar el movimiento, basado en una campaña de movilización no violenta en fases crecientes. En un primer momento, y aprovechando el escudo moral contra la represión que les proporciona su prestigio social, los monjes se conformaron con apoyar las protestas económicas y marchar en torno a los símbolos religiosos como la gran pagoda de Shwedagon en Rangún. Después lo hicieron en torno a la embajada china, principal aliado internacional del régimen, destacando los lazos de cooperación y hermandad con este país, y sólo en la última fase tomaron una actitud más desafiante, marchando hacia los centros de poder y llamando a la participación masiva y no violenta de la sociedad para propiciar un cambio político pacífico.

A finales de septiembre el número de manifestantes en Rangún, Mandalay y otras ciudades importantes creció hasta más de 100.000 personas. El régimen militar se vio sorprendido por los miles de manifestantes en las calles y por la atención mediática internacional. Reaccionó con más cautela que en otras ocasiones, pero finalmente optó por reprimir violentamente las protestas. El ejército (tatmadaw) movilizó a las unidades de elite, que normalmente combaten a los grupos rebeldes en las zonas fronterizas, para “combatir” a los manifestantes pacíficos en los centros urbanos. El resultado ha sido la detención de centenares de personas, el saqueo de monasterios y numerosos manifestantes muertos. La Junta Militar no reconoce oficialmente más de nueve muertos y unos 3.000 detenidos, pero las cifras de organizaciones disidentes hablan de más de un centenar de asesinados y miles de desaparecidos.

Respuesta internacional a la crisis: la importancia de China

La reacción de la sociedad internacional ha sido casi unánime en las críticas a la represión por la Junta Militar de un movimiento pacífico, que ha tenido gran resonancia mediática por la presencia simbólica de los monjes budistas. EEUU, la UE y Japón han abanderado una política de renovadas sanciones diplomáticas y económicas para Birmania. Sin embargo, la clave geopolítica de la crisis la tienen los Estados de la región como la India, los países de la ASEAN y especialmente China, debido a su tradicional apoyo internacional al régimen militar birmano con quien mantiene relaciones estratégicas en el ámbito económico y militar.

China ha buscado históricamente buenas relaciones con la Junta como una vía directa de influencia en el sudeste asiático. Ambos países han desarrollado una relación más estrecha desde la desaparición de la Unión Soviética, tradicional aliado de Birmania en el marco de la Guerra Fría, y la supresión de protestas prodemocráticas en sus respectivas capitales en septiembre de 1988 (Rangún) y junio de 1989 (Tiananmen). Estos lazos se han reforzado también por las prioridades energéticas de China, ya que las reservas de gas natural de Birmania figuran de forma prominente en la política energética del gigante chino. Para canalizar estas reservas el gigante asiático ha invertido millones de euros en la infraestructura de comunicaciones con Birmania.

La Junta Militar, además de ofrecer acuerdos económicos muy favorables y la explotación compartida de sus reservas energéticas, también ejerce un papel de control sobre numerosos grupos armados en la extensa frontera que comparte Birmania con China. Recibe como contrapartida apoyo económico, técnico y militar chino, además de protección diplomática con la posibilidad de vetar resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Durante las recientes protestas, la postura tradicional del gobierno chino de oponerse a la interferencia en asuntos internos de otros países se ha modificado a favor de una implicación constructiva en la crisis. El 27 de septiembre, cuando comenzó la represión, el ministro chino de Asuntos Exteriores solicitó públicamente al gobierno birmano una respuesta moderada que no agravará la situación y destacó la importancia de la estabilidad y el desarrollo económico del país. La imagen internacional de China en el marco de la celebración el próximo año de los Juegos Olímpicos en Beijing puede haber tenido un peso en esta nueva política, pero sus intereses económicos y estratégicos a medio plazo en el país son la clave. La pérdida creciente de legitimidad, tanto a nivel interno como externo, de la Junta Militar pone en peligro esos objetivos y ha promovido el apoyo del gobierno chino a la intermediación de Naciones Unidas. El escenario preferido por China es un cambio gradual del régimen que posibilite un nuevo gobierno encabezado por civiles, con los militares manteniendo los hilos del poder en la retaguardia si fuera posible.

El papel de la India y los países de la ASEAN

Pese a sus credenciales democráticas la India también se ha convertido en los últimos años en un aliado importante de la Junta Militar. Su política tradicional de defensa de la democracia en Birmania ha sido substituida por una visión más pragmática. Delhi ha establecido acuerdos de colaboración en el ámbito militar y energético, en parte para cubrir sus crecientes necesidades, en parte para contrarrestar la influencia china en su frontera oriental. Como en el caso de China, también existe una preocupación por los grupos armados que operan desde la frontera birmana, apoyando movimientos insurgentes en el noreste del subcontinente indio y se cuenta con la colaboración militar de la Junta para disminuir su influencia.

El gobierno indio sigue viendo con buenos ojos la posibilidad de una transición democrática en Birmania, pero no está dispuesto a perjudicar sus relaciones con la Junta por ello. Un ejemplo de esta nueva política india se produjo a finales de septiembre cuando en plena represión al movimiento de protesta, el ministro indio de Hidrocarburos visitó oficialmente el país para firmar un acuerdo de cooperación. Las criticas internas generadas por esta visita han obligado al gobierno de Manmohan Singh a pronunciarse más firmemente por “un proceso incluyente y amplío de reconciliación nacional que conlleve reformas pacíficas”, pero su voluntad real de perjudicar su reciente relación estratégica con Birmania es muy escasa.

La Junta Militar tiene también una relación privilegiada con los países de la ASEAN, organización a la que pertenece desde 1997. Particularmente, Tailandia y Singapur son dos de los socios económicos más relevantes para el régimen. La política tradicional de esos países ha sido la de fomentar un acercamiento constructivo especialmente en lo comercial, que a largo plazo favorezca una transición política. Esa estrategia quedo resumida en la famosa frase del ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia en la Cumbre de 1997 que formalizaba la entrada de Birmania en la ASEAN: “Incluso un playboy puede convertirse en un buen marido después de su boda, si cuenta con la ayuda de la familia. Éste es el modelo de la ASEAN para Myanmar”.

Una década después, la política constructiva no ha dado los resultados esperados y antes del movimiento de protesta ya se apuntaba un cambio estratégico, impulsado también por la presión de EEUU y la UE. El pasado 30 de julio los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN hicieron público un comunicado exigiendo a Birmania la liberación de los prisioneros políticos y la realización de “progresos tangibles” hacia la democracia. Las críticas se han agravado tras los últimos acontecimientos. Después de expresar su condena tajante, los Estados miembros de la ASEAN tienen una oportunidad de demostrar si son capaces de ir más allá de la pura retórica en la reunión que comenzará el próximo 17 de noviembre y que conmemorará su 40 aniversario.

La influencia internacional, especialmente la intermediación china, ha limitado el alcance violento de la represión si lo comparamos con las protestas de 1988. La Junta Militar ha acusado el desgaste de la presión interna y externa y el régimen se ha visto forzado a dialogar con la comunidad internacional a través de la figura del enviado especial de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, que en su primera gira birmana ha podido entrevistarse también con Aung San Suu Kyi. Dentro de esta dinámica la Junta ha realizado ciertos gestos de apertura como la liberación de parte de los detenidos, el levantamiento del toque de queda o la readmisión en el país de Paulo Sergio Pinheiro, el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Birmania, que tenía prohibida su entrada desde 2003.

Sin embargo, la reciente visita de Gambari a principios de noviembre deja entrever que la Junta no está dispuesta a ceder poder si no recibe más presiones. La disidencia política sospecha que la estrategia negociadora es sólo una cortina de humo para intentar vender una mejor imagen mientras dure la atención internacional sobre el país. Por ejemplo, la oposición denuncia que el diálogo con la líder birmana se desarrollaría sólo si ésta acepta unas condiciones previas inaceptables y que la Hoja de Ruta hacia la democracia es una vieja iniciativa que lleva más de 14 años en funcionamiento para redactar una nueva constitución, sin ninguna representación de los grupos opositores.

Conclusiones

La clave para una salida a la crisis que implique el comienzo de un cambio político real en el país pasa necesariamente por la fortaleza del movimiento no violento de protesta. En la medida en que pueda reconstituirse pese a la represión y seguir expresando el deseo de cambio político en las calles, la Junta Militar recibirá más presiones para sentarse a negociar con la oposición cambios reales en el corto plazo. La creciente falta de legitimidad del gobierno entre la población, acrecentada por su represión violenta de las últimas manifestaciones pacíficas, y la gravísima situación económica confluyen para que la necesidad de un cambio sea sólo sea cuestión de tiempo.

Desde la perspectiva de la UE, sus esfuerzos deberían coordinarse con los de EEUU, Japón y Australia para seguir presionando al gobierno birmano con sanciones económicas y diplomáticas. Al mismo tiempo, siendo conscientes de que éstas no son suficientes y además muchas veces perjudican a una población civil cada vez más vulnerable, debería aumentar la ayuda de emergencia y humanitaria. En paralelo, es necesario continuar con una firme presión internacional coordinada por Naciones Unidas para promover un proceso gradual de reforma, que cuente con incentivos para el régimen, como el levantamiento de parte de las sanciones en función de avances reales. China y la India deben ser tenidas en cuenta como actores claves de la región y promover un diálogo a cuatro bandas, incluyendo a la Junta Militar y las Naciones Unidas, que apoye el diálogo interno.



El proceso deberá iniciarse a través de un diálogo político genuino que incluya a la LND y Aung San Suu Kyi además de representantes de los diversos grupos étnicos, en paralelo a un cese de las operaciones militares del Ejército y los grupos armados. El modelo sudafricano de transición liderado por el Congreso Nacional Africano y Nelson Mandela, que supo construir un proceso gradual y no traumático con la inclusión de los sectores moderados y aperturistas del régimen del apartheid, es una referencia clave a seguir para esta situación. La oposición política debe ser consciente de que es necesario dialogar con la Junta desde una posición constructiva para facilitar una transición hacia un régimen más democrático, encabezado por civiles, donde los monjes puedan volver a sus monasterios y los militares a sus cuarteles.

PAKISTAN TRAS EL ASESINATO DE BHUTTO: EL ENEMIGO EN CASA


Antía Mato Bouzas

La muerte de Benazir Bhutto el pasado 27 de diciembre en Rawalpindi, junto con la de otras veinte personas, representa el último episodio trágico del convulso clima político de Pakistán durante el año 2007, y más concretamente de los últimos dos meses. El magnicidio no sólo es otro episodio más de la inestabilidad casi permanente en que vive el país sino que supone un nuevo revés para las esperanzas de democratización que había significado la convocatoria electoral prevista para el 8 de enero. La situación actual se asemeja a la de una lenta agonía en la que la lucha de las fuerzas vitales resulta impredecible, es decir, en la que los poderes que están realmente manejando los hilos en Pakistán parecen poseer una gran capacidad de supervivencia (o regeneración) para hacer frente a las fuerzas que demandan un cambio.

La importancia de la autoría del atentado

Aunque el Gobierno de Pakistán ha señalado inicialmente a al-Qaeda como posible autor de la muerte de la líder del PPP –sobre la base de unas escuchas telefónicas– parece difícil atribuir a este grupo la única responsabilidad de los atentados. Benazir Bhutto estaba amenazada por el extremismo islámico, al igual que otros políticos paquistaníes (incluyendo el propio Musharraf), pero no la han matado sólo por el hecho de ser mujer y participar en la vida pública. En tal caso, ese suceso pudiera haber ocurrido durante la década pasada, cuando ella también participaba en política y tenía que lidiar con los partidos islamistas e ignorar a los taliban que recibían instrucción militar en Pakistán. Tampoco ha muerto por sus mensajes de compromiso de combatir el terrorismo y su deseo de contar con EEUU para ello, puesto que esa línea política no es muy distinta (al menos en la superficie) a la de Musharraf, ni a la de cualquier otro político que pretenda ocupar el cargo de primer ministro en Pakistán en la actualidad. A Benazir Bhutto sólo la diferenciaba el hecho de ser la candidata con más posibilidades para ganar las elecciones previstas para el 8 de enero. Aún pendiente de que se pueda demostrar que fue un radical religioso el responsable de los disparos y la explosión que, bien directamente o indirectamente (por medio de un desafortunado golpe en el cráneo, según defiende el Ministerio del Interior paquistaní), habrían causado su muerte, aumentan las posibilidades de que detrás de esta acción pueden esconderse otros cómplices y otros fines.

En un artículo de opinión aparecido en el periódico paquistaní The Daily Times el pasado 19 de octubre, Ejaz Haider apuntaba que Benazir Bhutto quizá no era plenamente consciente de la compleja situación actual de su país (el cual había abandonado en 1999) ni de la decisión que había tomado al decidir pactar con las fuerzas político-militares que gobiernan Pakistán. Y es que el acuerdo con Musharraf, además de las limitaciones examinadas por Haider, también levantó nuevos recelos entre los sectores más hostiles a Bhutto y al PPP, los cuales podrían estar implicados en su muerte. Por un lado, están los partidos políticos del régimen: el PML-Q (Liga Musulmana de Pakistán-Quaid e-Azam) y otras fuerzas políticas afines a Musharraf, como el violento MQM (Movimiento Nacional Unido) con base en Karachi. Por otro, se encuentran los intereses del ejército y de los servicios secretos. Tampoco debería descartarse una posible interacción de ambas fuerzas, a fin de intentar mantener el actual statu quo.

Para ello hay que tener en cuenta el contexto de la inminente celebración de los comicios el 8 de enero, que ahora podrían retrasarse, y las previsiones oficiosas que se barajaban para los mismos. Dada la presión de EEUU para celebrar una convocatoria lo más transparente y creíble posible (pues siempre ha habido un cierto nivel de fraude en las elecciones paquistaníes), parecía difícil que pudiese prosperar el pucherazo masivo de la convocatoria del 2002. Esta situación perjudicaba especialmente al partido gubernamental del PML-Q, que presumiblemente no hubiera alcanzado una mayoría suficiente de votos para gobernar y hubiese tenido que conformarse con ser socio de gobierno, probablemente dirigido por el PPP.

No obstante, el regreso de Nawaz Sharif al país a finales de noviembre, su decisión de participar en los comicios y su reciente pacto de no agresión con Benazir Bhutto, alteraron notablemente el panorama político, tanto para el PML-Q como para el propio Musharraf. La posibilidad que Bhutto y Sharif formaran una coalición de poder –cada uno de estos partidos tenía una base de votos durante el decenio pasado superior al 30% y aunque puede haber habido variaciones, el escenario más probable es que ambos puedan arrastrar el respaldo de más de la mitad del electorado– hacían peligrar la situación política de Musharraf, así como el futuro del PML-Q. Aun así, Musharraf necesitaba más a Bhutto que el PML-Q, pues de ella dependía su credibilidad para mantenerse como Presidente y obtener la aprobación de EEUU.

Además de sus rivales políticos, no cabe excluir la participación en el asesinato de la líder del PPP de elementos del ejército o de los servicios secretos, el ISI. Estos elementos, verdaderas fuerzas ocultas (debido a la imposibilidad de trazar la autoría de sus actos) podrían haber actuado bien por intereses propios, para garantizar sus privilegios, o bien en confluencia con intereses políticos. En tales circunstancias, la autoría del atentado y los motivos profundos del mismo quizá no se conozcan nunca. Probablemente el caso de Bhutto pase a engrosar otro de los episodios siniestros de la historia política de Pakistán, al igual que ocurrió con anterioridad con la todavía no aclarada muerte del dictador Zia ul Haq en 1988, o con el derrocamiento a Zulfiqar Alí Bhutto en 1977 y su ejecución dos años más tarde.

El vacío que deja Benazir Bhutto

En primer término, la muerte de Bhutto deja a Pakistán sin su líder más carismática. No obstante, su fallecimiento también supone la pérdida de una mujer, una estadista, en un contexto político internacional donde todavía hay pocas dirigentes de gobiernos, lo que se traduce en una limitada capacidad de influencia de éstas en los asuntos internacionales. Si bien el papel de Benazir Bhutto como mujer en el poder (más allá de la retórica) se ha caracterizado por un compromiso escaso con la difícil condición en que viven la inmensa mayoría de las mujeres paquistaníes, su participación en la vida pública ha tenido un gran impacto para el avance de la causa femenina en el país. Benazir Bhutto era la máxima representante de Pakistán, y la más joven, de una estirpe de mujeres fuertes que han dominado parte del panorama democrático de Asia meridional independiente –como su admirada Indira Gandhi en India, Srimavo Bandanaraike y la hija de ésta, Chandrika Kumaratunga, en Sri Lanka o Sheikh Hasina y Khaleda Zia en Bangladesh– y que han tenido una gran influencia en la evolución política de la región.

Además, en calidad de presidenta del PPP, su pérdida va a ser difícil de reemplazar en un país en el que los principales partidos son de masas y se articulan en torno a un líder carismático y donde los lazos familiares poseen gran importancia. El testamento político de Benazir Bhutto nombra a su joven hijo Bilawal Zardari (que a partir de ahora adoptará el apellido de Bhutto) como su sucesor, mientras que su marido Asif Alí Zardari ejercerá como co-presidente (o más bien regente) del partido hasta que el hijo no asuma el cargo. Las circunstancias recuerdan ligeramente a las de cuando la propia Bhutto asumió las riendas del PPP tras la muerte de su padre. No obstante, a pesar de que se asegura la continuidad de la dinastía, los ahora herederos parecen, a priori, figuras bastante débiles. En el caso de Bilawal, ha estado poco expuesto a la realidad política y social de su país, tanto por su edad y como por el hecho de haber vivido los últimos ocho años fuera de Pakistán con su madre. En lo que respecta a Asif Alí Zardari, su implicación en cargos de corrupción por enriquecimiento indebido –durante el primer gobierno de su mujer se hizo famoso como “Mr. 10%”, en referencia al cobro de comisiones–, y su condena a prisión por ello, pueden ser elementos que jueguen en su contra a la hora de ejercer el liderazgo del partido. Por el momento, el candidato a primer ministro en las próximas elecciones va a ser el vicepresidente del PPP, Makhdoom Amin Fahim.

En cuanto al actual convulso panorama político de Pakistán, la desaparición de una de las piezas claves para resolver el problema de una ansiada transición democrática complica aún más la ya frágil situación del país, y puede tener consecuencias negativas para la región. Hasta ahora, la posibilidad de un acuerdo entre Bhutto y Musharraf para compartir el poder constituía la solución más factible para salir del impasse pero, dadas las presentes circunstancias, parece inviable que el PPP se alíe con un Presidente y un partido a los que acusa de estar involucrados en el asesinato de su líder.

Asimismo, también resulta difícil una unión de fuerzas entre Sharif y Musharraf, no tanto por su odio mutuo, como por la mayor oposición que puede haber en el seno del PML-Q a esta alianza. El PML-Q es una de las de las facciones del original PML y comparte afinidad ideológica con el PML-Nawaz (de Nawaz Sharif), aunque no es un partido asentado con una base tradicional de votos como este último. Sharif tampoco representa el candidato deseado por EEUU, por su cierta afinidad con los partidos religiosos, que podrían constituir socios preferentes para compartir el poder, si ganara las elecciones. Hasta hace poco el PML-N participaba en la oposición a Musharraf formando parte del Movimiento de Partidos para la Democracia, el APDM, junto con otras pequeñas formaciones entre las que se encontraban los partidos religiosos, y con anterioridad, en 1990, había ganado las elecciones formado parte de una coalición en la que se encontraba inicialmente la Jamaat-i-Islami. Sin embargo, tras la muerte de Bhutto, la figura de Sharif y lo que éste y su partido puedan hacer de ahora en adelante cobran una importancia clave para la posible evolución democrática en el país.

El vacío que deja la líder del PPP también oscurece otra de las posibilidades que, aunque remota, había cobrado especial fuerza en las últimas semanas: la de una posible unión entre el PPP y el PML-N para promover un verdadero cambio político. Pese a la tradicional rivalidad entre los dos dirigentes, ambos compartían la necesidad de un cambio de rumbo en el país y eran conscientes de que el principal obstáculo a ello seguía residiendo en el poderoso papel del ejército y en la figura del Presidente, leal a esa institución. A pesar de que esta alianza aún sería realizable con un PPP dirigido por otra persona, parece menos probable tras la muerte de Benazir Bhutto, pues su atentado también puede haber constituido un aviso contra esa unión.

La comunidad internacional: el papel de EEUU

El magnicidio en Rawalpindi ha puesto de relevancia, una vez más, el problema que representa la estabilidad de Pakistán –tanto a nivel interno como para la región– y el papel que ha jugado, y está jugando, la diplomacia de EEUU para conciliar sus intereses en la región (entiéndase no sólo Afganistán, sino también Irán, India y China) con las demandas de la sociedad paquistaní. EEUU y, en menor medida, la UE han ignorado los retos a los que se enfrentaba Pakistán tras la intervención en Afganistán en el 2001 –particularmente, tal como ha señalado en varias ocasiones el propio Musharraf, el de oponerse a aliados tradicionales, los taliban, entrenados y apoyados desde Pakistán con el beneplácito de Washington– y han sido incapaces de calcular las consecuencias de su inacción.

Ha primado la política de “dejar hacer” a Musharraf (y por ello, también al ejército), de facilitarle los medios necesarios para combatir la amenaza terrorista –armas y costosos sistemas de seguridad para proteger sus instalaciones nucleares, como se ha aireado recientemente en la prensa de EEUU–, y de mirar hacia otro lado con respecto a la compleja situación interna del país. Además, ya más recientemente, se ha optado por promover un tímido arreglo entre Bhutto y Musharraf, de manera casi improvisada. Sin embargo, durante los últimos cinco años, poco se ha hecho para apoyar a las fuerzas democráticas paquistaníes que han ejercido de oposición al régimen desde dentro, y a sus líderes en el exilio. Aunque Bhutto y Sharif habían sido figuras políticas controvertidas, gozaban de un respaldo popular en su país.

Si se compara el actual panorama interno de Pakistán con el de 1999 (cuando había una grave crisis económica interna), o incluso con el de 2001 (con anterioridad a la intervención en Afganistán), se observa claramente un empeoramiento. Es más, los acontecimientos de los últimos meses confirman que el país camina hacia una deriva en la que cada vez se hace más difícil intervenir diplomáticamente para frenar un mayor deterioro de la situación. La pregunta que conviene hacerse ahora es si EEUU sigue contando con cierta capacidad de influencia (especialmente entre los sectores del ejército) para mediar ante el caos, puesto que el atentado a Bhutto también puede leerse, al menos parcialmente, como un revés a los intereses de Washington. A priori, la incertidumbre que rodea la evolución política de Pakistán se agrava por la ausencia de una estrategia consensuada por una parte de la comunidad internacional, especialmente de EEUU y de la UE.

La importancia de la celebración de elecciones

Las presentes circunstancias no parecen las más favorables para la celebración de unas elecciones generales. A la conmoción general provocada por la muerte de Bhutto hay que sumarle la ola de violencia que se ha desencadenado en el país, a raíz del atentado, y que ya se ha cobrado varias decenas de vidas. Ese clima de violencia puede empeorar en las próximas semanas, sobre todo si se producen nuevas informaciones sobre la autoría del crimen que impliquen a actores del ámbito político-militar, tal como se sospecha en el seno del PPP. Aun así, sería positivo que los comicios se celebrasen en el menor plazo posible, pues este evento constituiría una remota posibilidad de desbloqueo del presente callejón sin salida. Sin duda, ése sería el mejor escenario político, dadas las circunstancias, aunque no el más estable a corto plazo. Para entender esta afirmación, hay que tener en cuenta las siguientes observaciones.

El PPP se halla en una situación precaria, si bien ya ha nombrado un candidato a primer ministro, que va a ser el actual vicepresidente del partido Makhdoon Amin Fahim. Sin embargo, el partido tiene una gran probabilidad de obtener buenos resultados en los comicios, puesto que hasta ahora era la fuerza política mejor organizada y Benazir Bhutto había realizado en las últimas semanas una significativa campaña electoral por las principales ciudades del país. Además de sus feudos tradicionales, el PPP podría arrastrar el voto de una parte de los sectores más descontentos con la actual cúpula de poder, especialmente si se produce una alta participación electoral. Puede haber votantes que no simpaticen con Bhutto, pero que pueden otorgar el voto a su partido por considerarla como una mártir del sistema.

Aparentemente, la situación del PML-Q es más incierta, y quizá por ello, sus dirigentes se han pronunciado a favor de aplazar los comicios. Probablemente, esa fuerza política tenga interés en que se calme la situación actual y que disminuya el fervor y la atracción popular que ha levantado la muerte de la líder del PPP. El PML-Q se encuentra ahora más sólo –dada la imposibilidad que el PPP y, hasta cierto punto el PML-N, pacten con él para compartir el poder– y con mayores dificultades para promover un resultado electoral más favorable por medio del fraude. Una demora de los comicios puede otorgarle tiempo para diseñar una nueva estrategia.

La muerte de Benazir Bhutto ha otorgado ya una mayor preeminencia a Sharif y a su partido, que si decide abandonar el boicoteo de los comicios, puede obtener un mayor papel como árbitro de la situación en el escenario post-electoral. Como se ha señalado con anterioridad, parece improbable una alianza entre el PML-Q y el PML-N, si bien no se debería descartar por completo, sobre todo si EEUU media para favorecer esta opción. Se han mencionado las afinidades de Sharif con los sectores islamistas, y también es conocida su escasa capacidad de decisión, pero conviene señalar que el PML-N como formación política principal (que podríamos calificar de centro-derecha) puede jugar un papel necesario en una eventual transición democrática.

En última instancia, la demora de las elecciones sólo permite prolongar la precaria, y agónica, situación actual, añadiendo más incertidumbre sobre el rumbo que puedan tomar los acontecimientos. El retraso electoral sólo perpetúa el poder presente, que es en última instancia el del ejército, cuyos intereses y caprichos pueden variar en las próximas semanas bajo cualquier pretexto. Puede ocurrir que la convocatoria electoral sea una farsa, pero al menos esto constituiría un motivo para realizar una presión internacional más coordinada sobre Pakistán.

Conclusiones

La muerte de Benazir Bhutto, las sospechas sobre quiénes pueden ser los autores del atentado y los posibles intereses detrás de ese suceso no hacen otra cosa que confirmar que el principal enemigo de Pakistán se halla en sí mismo. La ausencia de la líder del PPP deja un profundo vacío en el panorama político de Pakistán, pero también altera notablemente los cálculos que pronosticaban una eventual salida viable al actual impasse del país. Una vez más, las fuerzas ocultas que, por los motivos que sean, están empeñadas en que el país no evolucione hacia una democracia estable, han actuado.

ELECCIONES EN TAIWAN: ¿HACIA UNA NUEVA RELACION CON PEKIN?


Mario Esteban Rodríguez

Tras ocho años de gobierno de Chen Shui–bian y del Partido Democrático Progresista (DPP, por sus siglas en inglés), se ha iniciado en Taiwán un ciclo electoral que culminará con la elección de su sucesor en las elecciones presidenciales del 22 de marzo. Ya venza Ma Ying–jeou, el candidato del Kuomintang (KMT), o Frank Hsieh, el candidato del DPP, es de esperar que mejoren las relaciones con China.

Las elecciones legislativas del 12 de enero

Durante los dos mandatos de Chen Shui–bian el Parlamento ha estado controlado por el KMT. Eso ha impedido a Chen sacar adelante la mayor parte de su programa de gobierno. La celebración de elecciones legislativas en enero de este año y de elecciones presidenciales apenas dos meses después brinda una excelente oportunidad para romper esta situación de bloqueo institucional. En función de cuáles sean los resultados de esos comicios podrá determinarse si los taiwaneses están satisfechos con el gobierno del DPP y si castigan al KMT por obstaculizar desde el parlamento la labor del ejecutivo o, si, por el contrario, censuran el legado de Chen.

La abrumadora victoria del KMT en las elecciones legislativas del 12 de enero apunta en la segunda dirección. De los 113 escaños en disputa, el KMT se adjudicó 81, a lo que se pueden sumar otros cinco obtenidos por sus aliados, frente a los 27 que logró el DPP. De esos 27, el DPP apenas se apuntó dos en las circunscripciones del norte, el centro y el este de la isla. Incluso en su feudo tradicional del sur, el partido de Chen Shui–bian ha sufrido un importante varapalo. Por ejemplo, de los nueve escaños en disputa en el condado y la ciudad de Kaohsiung (la segunda más importante de la isla), el DPP sólo logró tres.

Con estos resultados el KMT pasa a controlar más de dos tercios del Parlamento, proporción necesaria para iniciar una moción de censura contra el presidente de la República, e incluso los tres cuartos requeridos para revisar la Constitución. Por su parte, el grupo parlamentario del DPP ha pasado de controlar el 40% de los escaños a menos de una cuarta parte. En ese escenario el DPP será incapaz de bloquear cualquier propuesta de ley, de oponerse a las reformas constitucionales que pueda plantear el KMT e incluso de apelar al Tribunal Constitucional para dirimir la constitucionalidad de las leyes. Obviamente, cualquier intento del DPP por reformar la constitución para reafirmar la independencia de Taiwán respecto de China tendrá que esperar, al menos, hasta 2012. Tal cosa aparca por el momento un posible factor de tensión en el estrecho de Taiwán, en el supuesto de que Frank Hsieh, el candidato del DPP, se convirtiese en el nuevo presidente de Taiwán.

El descalabro electoral, que el propio Chen Shui–bian definió como ?el mayor tropiezo en la historia del DPP?, ha sido interpretado como una clara señal del descontento del electorado con un partido que tras ocho años de gobierno es percibido como corrupto e ineficiente. Varios altos cargos del DPP y familiares de Chen Shui–bian, incluyendo su mujer, han sido acusados en los últimos años de malversar fondos y de aceptar sobornos, así como de usar información privilegiada para lucrarse en el mercado de valores.

Además, aunque la identidad taiwanesa es cada vez más prevalente entre la población de la isla (como puede verse en el Gráfico 1), su significado está disminuyendo. Hay un creciente hartazgo entre la población, particularmente entre los jóvenes, hacia el afán del DPP de arrogarse el monopolio de la definición de la identidad taiwanesa. Los decepcionantes resultados cosechados por el DPP en las legislativas de diciembre de 2004, en las que el eje de su campaña fue la promoción de la identidad taiwanesa, ya apuntaron en esta línea.

Otra razón ha sido el progresivo rechazo que produce la actitud provocadora de Chen hacia Pekín. Cuando las iniciativas de Chen Shui–bian provocaban una reacción airada de Pekín, la situación creada contribuía a incrementar la simpatía hacia el DPP. Ahora que Pekín ha optado por adoptar un perfil bajo y que la Administración Bush ha cuestionado públicamente en varias ocasiones el aventurerismo de Chen, esa táctica se ha vuelto contraproducente para el DPP. No hay que olvidar que Taiwán depende en gran parte de EEUU para garantizar su seguridad y que, por lo tanto, el deterioro de los lazos con Washington es motivo de preocupación para la población de la isla.

¿Quién ganará el 22 de marzo?

A pesar de la amplia victoria cosechada por el KMT en las elecciones legislativas y del cómodo margen que le otorgan las encuestas a Ma Ying–jeou, que se sitúa entre 10 y 15 puntos porcentuales por delante, no sería la primera vez que un candidato del DPP se alza con la presidencia contra pronóstico. De hecho, hay toda una serie de factores que presagian unas elecciones más reñidas de lo que pudiera parecer a primera vista.

El KMT ha obtenido un número de escaños desproporcionado, el 72%, para su número de sufragios, el 52%. La principal razón es que el KMT es el partido más votado en las circunscripciones de menor tamaño, que están sobre–representadas. Por su parte, el DPP obtuvo, tanto en términos porcentuales como absolutos, más votos que en cualquier consulta anterior (véase la Tabla 1). Asimismo, el porcentaje de participación en las últimas legislativas, el 56,6%, ha sido el más bajo desde que se comenzaron a celebrar elecciones para la totalidad del parlamento en 1992. Estos datos indican que el rotundo éxito que acaba de cosechar el KMT no es fruto de un hundimiento del DPP, sino de la mayor capacidad del KMT para movilizar a su electorado y sacar provecho de las ventajas que le concede el nuevo sistema electoral.


La desmovilización del electorado del DPP está muy vinculada a su descontento con Chen Shui–bian, como evidencia que Frank Hsieh ganase holgadamente las elecciones primarias del DPP, siendo de los cuatro candidatos en liza el menos vinculado a la figura del presidente. El descalabro electoral de enero hizo que Chen abandonase la presidencia del DPP a favor de Frank Hsieh y que su mano derecha, Lee Ying–yuan, se hiciese con la Secretaría General del partido. Estos cambios están permitiendo a Frank Hsieh conducir la campaña electoral a su gusto, poniendo más énfasis en la política interna que en las relaciones exteriores y en cuestiones de políticas públicas más que en la identidad nacional. Esta estrategia responde mejor a las demandas actuales del electorado que la planteada por Chen, lo que previsiblemente se traducirá en un mayor apoyo electoral para el DPP en las presidenciales que en las legislativas.

En cuanto a Ma Ying–jeou, su incapacidad para debatir en hoklo, comúnmente conocido como taiwanés, será un importante handicap a la hora de atraer a un amplio sector del electorado. Por otro lado, aunque Ma es ampliamente respetado en Taiwán por su integridad personal y sus credenciales reformistas, su control sobre la maquinaria del KMT es tenue. Esto, unido al dominio casi absoluto que va a ejercer el KMT sobre el parlamento durante los próximos cuatro años, ha generado una patente inquietud entre gran parte del electorado, incluso entre simpatizantes del KMT. Desde esta óptica se teme que, en caso de que Ma ganase, la gran concentración de poder que se produciría en el KMT pudiese hacer que este partido recuperase viejos hábitos, como la corrupción. También puede jugar en contra del KMT la circulación de diversos rumores que aseguran la existencia de acuerdos secretos entre Pekín y el KMT sobre el estatus político de la isla con respecto a China.

Por último, en caso de que desde Pekín se critique duramente al DPP o a Frank Hsieh, o se produzca cualquier tipo de intromisión en las elecciones presidenciales de Taiwán, aumentará el apoyo electoral al candidato del DPP. Chen Shui–bian está intentando forzar esta situación con medidas como su visita del pasado 2 de febrero a las islas Spratly.

Perspectivas sobre las relaciones a través del estrecho
Tanto Ma como Hsieh defienden posiciones moderadas en las relaciones con Pekín. Esto hace que se vaticine un período de menor tensión en el estrecho de Taiwán tras las elecciones de marzo que el vivido bajo el gobierno de Chen. En cualquier caso, no se espera el mismo escenario si el nuevo presidente de Taiwán es el candidato del KMT o el del DPP.

Si Ma Ying–jeou gana las elecciones, es de esperar que impulse una serie de medidas de confianza para distender la relación con Pekín. Estas iniciativas irían orientadas a incrementar los vínculos directos entre las dos orillas del estrecho y estarían relacionadas con el establecimiento de vuelos regulares y con menos restricciones al turismo, al cambio de moneda y al transporte directo de mercancías. El establecimiento de estos lazos entre las dos orillas del estrecho es visto fundamentalmente como una oportunidad por el KMT para impulsar la economía taiwanesa, mientras que desde el DPP hay una mayor preocupación por las implicaciones que pueden tener para la seguridad de la isla. Además, lo más probable es que Ma aceptase la celebración de negociaciones con Pekín bajo el ?principio de una sola China?, siempre y cuando cada parte pudiese interpretar libremente dicho principio. Asimismo, un gobierno del KMT supondría el fin de los grandes pedidos de armamento a EEUU. Como contrapartida, Ma Ying–jeou desearía que China renunciase al uso de la fuerza sobre Taiwán o que, al menos, detuviese su despliegue de los misiles balísticos de corto y medio alcance, Dong Feng 11 y Dong Feng 15, que apuntan a Taiwán. Ma también esperaría que China aceptase dejar aparcada durante 30 o 50 años más la negociación sobre el estatus final de Taiwán respecto de China y que Pekín acabase aceptando la fundación de una confederación china en la que se integraría Taiwán.

En cualquier caso, la elección de Ma Ying–jeou no garantiza automáticamente una mejora sustancial en las relaciones entre Taipei y Pekín. En primer lugar, también es necesario que Pekín muestre una cierta flexibilidad en su política hacia Taiwán con alguna de las medidas apuntadas en el párrafo anterior y/o permitiendo un incremento del espacio internacional de la isla: reduciendo su ofensiva diplomática en los países que mantienen relaciones oficiales con Taiwán, permitiendo la entrada de Taiwán como observador en la Organización Mundial de la Salud, relajando su veto a una participación de alto nivel de Taiwán en el foro APEC (Asia–Pacific Economic Cooperation), etc. En segundo lugar, China debe evitar tener unas expectativas demasiado elevadas sobre lo que supondría la elección de Ma. Se corre el riesgo de que Pekín espere de Ma Ying–jeou más de lo que éste puede ofrecer, ya que ningún presidente de Taiwán puede permitirse en términos electorales aparecer como demasiado acomodaticio a las demandas de Pekín.

Frank Hsieh, por su parte, considera que China es demasiado fuerte, que la economía de Taiwán está demasiado ligada al continente y que el respaldo de EEUU es demasiado tenue para que la independencia sea una opción realista. Desde esta óptica, Hsieh considera positivo para Taiwán evitar tensiones y dialogar con Pekín. Es más, el candidato del DPP es mucho más proclive que Chen Shui–bian a potenciar los intercambios personales y económicos entre las dos orillas del estrecho y no es descartable que haga alguna propuesta concreta en este sentido durante la campaña electoral. Algunos analistas especulan con que incluso plantee reducir las restricciones a las inversiones y el turismo del continente. En cuanto a la actitud de Pekín hacia un eventual gobierno de Hsieh, llegado el momento China no descarta de plano mantener contactos. En cualquier caso, las perspectivas de éxito de este eventual diálogo serían bastante limitadas, tanto por las propias posiciones del DPP como por la menor flexibilidad que mostraría Pekín a la hora de negociar con un interlocutor cuyo fin último es la independencia de Taiwán.

Buena prueba de las numerosas dificultades que tendría que superar un hipotético diálogo entre Pekín y un gobierno presidido por Hsieh es el referéndum que se va a celebrar en Taiwán por iniciativa de Chen Shui-bian el mismo día de las elecciones presidenciales. En dicha consulta se planteará si Taiwán, cuyo nombre oficial es República de China, debe solicitar su ingreso en Naciones Unidas bajo la denominación de Taiwán. Tras ocupar la presidencia del DPP Frank Hsieh ha decidido mantener la convocatoria de este referéndum, a pesar de que no servirá para incrementar el espacio internacional de Taiwán y de que ha sido fuertemente criticado por la comunidad internacional. Independientemente del resultado, este referéndum no tendrá ningún efecto práctico ya que Taipei está muy lejos de contar con el apoyo internacional mínimo para ingresar en Naciones Unidas bajo cualquier denominación. Además, las críticas desde el exterior han sido numerosas. Condoleezza Rice lo ha definido como una ?provocación innecesaria?, ya que no aumenta las posibilidades de Taipei de ingresar en Naciones Unidas e incrementa la tensión en el estrecho de Taiwán, al plantear un cambio de nombre que Pekín interpreta como un paso hacia la independencia de iure de la isla. Dicho esto, conviene apuntar que este referéndum, boicoteado por el KMT, no alcanzará el mínimo de participación necesario para que sea válido, el 50% de todos los votantes registrados.

Conclusiones


En sus ocho años de mandato Chen ha recurrido frecuentemente a un nacionalismo anti–chino con fines electoralistas. Eso no sólo ha incrementado las desavenencias entre Taipei y Pekín sino que también ha redundado en una pérdida de apoyos para Taiwán en Washington. Junto a ese aumento en el aislamiento internacional de Taiwán, la economía de la isla ha perdido en estos años parte de su pujanza anterior. Esa situación hace que la población de Taiwán demande un nuevo gobierno menos preocupado por cuestiones ideológicas y más concentrados en resolver los problemas cotidianos de la gente.

En esta coyuntura, los dos principales partidos presentan candidatos a la Presidencia con posiciones moderadas hacia la cuestión de la identidad nacional de los taiwaneses y la relación de la isla con la China continental. Por tanto, es previsible que con el nuevo gobierno mejoren las relaciones con Pekín, con independencia de que sea Ma o sea Hsieh el próximo presidente de Taiwán.

Si, como parece probable, el KMT se hace con la Presidencia, las posibilidades de distensión en el estrecho de Taiwán serán todavía mayores. En ese escenario, el principal obstáculo para una mejora de las relaciones entre Pekín y Taipei sería la existencia de unas expectativas demasiado altas por alguna de las partes, que no tuviese en cuenta las presiones internas a las que está sometido su interlocutor.