miércoles, 21 de enero de 2009

GAZA: PAISAJE DESPUÉS DE LA BATALLA


Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño

La ofensiva militar israelí contra Hamás, iniciada el 27 de diciembre de 2008, ha dejado tras de sí un reguero de muerte y destrucción, cebándose no sólo en objetivos militares (campos de entrenamiento, fábricas y almacenes de misiles), sino también civiles (mezquitas, universidades, ministerios, comisarías, edificios administrativos, escuelas y viviendas) de la franja de Gaza, donde viven millón y medio de personas en tan sólo 365 kilómetros cuadrados. En los 22 días de esta asimétrica guerra murieron 13 israelíes (10 militares –cuatro de ellos por “fuego amigo”– y tres civiles) y más de 1.300 palestinos (según la organización de derechos humanos al-Haq, el 80% de ellos civiles).

La campaña militar, bautizada con el nombre Plomo Fundido, puso fin a una tregua de seis meses de duración entre Hamás e Israel, lograda con la mediación egipcia. Ninguna de las partes respetó escrupulosamente sus términos, ya que Israel no alivió la situación humanitaria al negarse a suavizar el bloqueo económico de la franja de Gaza y las milicias palestinas lanzaron más de 300 cohetes contra las localidades israelíes vecinas –que no llegaron a producir víctimas–, la mayoría tras el asesinato de cinco milicianos el 4 de noviembre.

Según las autoridades israelíes, la operación Plomo Fundido estaba destinada a frenar el lanzamiento de cohetes artesanales Qassam. Los objetivos, sin embargo, parecían ser otros: (1) restaurar el poder de disuasión que Fuerzas de Defensa Israelíes (fuertemente erosionado durante la guerra contra Hezbolá en 2006); (2) desalojar del poder a Hamás (o, al menos, asestarle un golpe del que tardara en recuperarse); (3) acentuar la división entre Gaza y Cisjordania (iniciada tras la toma del poder de Hamás en verano de 2007); (4) ahondar la fragmentación de la escena política palestina (y torpedear los intentos para impulsar un diálogo nacional); y (5) congelar las conversaciones de paz para retrasar la creación de un Estado palestino (lo que permitiría acentuar la política de hechos consumados destinada a reducir al mínimo su extensión). Este nueva “lección” serviría también para que los palestinos recordaran el lugar que Israel les parece haber reservado en la Historia. Como dijera seis años atrás Moshe Yaalon, anterior jefe de Estado Mayor ahora en las filas del Likud: “Se debe hacer llegar a lo más profundo de las conciencias de los palestinos el hecho de que son un pueblo derrotado”.

Pese a que muchos analistas han subrayado las similitudes entre lo ocurrido en Líbano en 2006 y lo acontecido en Gaza en 2008, las diferencias son manifiestas. Mientras que Hezbolá contaba con armamento de última generación suministrado por Irán y Siria, la capacidad militar de Hamás era mucho más rudimentaria, sobre todo si se comparaba con la poderosa maquinaria bélica israelí. Probablemente el principal paralelismo entre ambas es que tanto Hamás como Hezbolá son conscientes de la imposibilidad de vencer a las Fuerzas de Defensa Israelíes, pero también saben que no pueden ser derrotadas por completo al tratarse de milicias aestatales. Precisamente por dicha razón, la mera supervivencia de Hamás en una guerra tan asimétrica podría ser considerada, tal y como hiciera Hezbolá en 2006, una victoria simbólica que atestiguaría la capacidad de resistencia del movimiento, eso sí a costa de haber pagado un elevadísimo precio. Esta apuesta no parece exenta de riesgos, ya que da la impresión de que Hamás antepone su propia agenda política a la suerte que pueda correr la población civil.

¿Legítima defensa?

Como pronto pudo verse en el terreno de batalla, las capacidades militares de Hamás habían sido sobrevaloradas. Al igual que la Administración de Bush en Irak, también el Gobierno de Ehud Olmert exageró la peligrosidad de Hamás, así como la intensidad de sus vínculos con Irán y Siria, para tratar de crear un clima propicio que justificase su ofensiva. Sólo así puede entenderse la campaña destinada a convencer a la opinión pública internacional de que la seguridad del Estado hebreo estaba amenazada por el continuo lanzamiento de cohetes, a pesar de que la cifra de víctimas civiles desde 2001 era relativamente baja (23 israelíes) y que, durante los 22 días de hostilidades, tan sólo murieron otros tres civiles israelíes.

Buena parte de la comunidad internacional aceptó en un primer momento el argumentario israelí, interpretando que la operación era un acto de legítima defensa contra una organización que tanto EEUU como la UE consideran como terrorista. Durante la primera parte de la ofensiva, los diferentes actores internacionales se limitaron a pedir contención a las partes. La República Checa, que ocupaba la presidencia de turno de la UE, mostró su solidaridad con Israel y su ministro de Asuntos Exteriores, Karel Schwarzenberg, describió la operación como “defensiva”.

La Administración Bush, por su parte, hizo lo posible por demorar la solución de la crisis para dar tiempo a las tropas israelíes a completar la operación, negándose incluso a respaldar la resolución 1860 del Consejo de Seguridad que llamaba a un alto el fuego. Para Washington, el problema no residía en la desproporción de los ataques, el elevado número de víctimas civiles o el agravamiento de la crisis humanitaria. Según George W. Bush, Hamás debería “poner fin a sus actividades terroristas”; para Condoleezza Rice “la responsabilidad de la ruptura del alto el fuego y el estallido de la violencia en Gaza” recaía únicamente en las espaldas de Hamás.

La ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, manifestó por su parte, que “no hay duda de que mientras Hamás controle Gaza habrá un problema para Israel, un problema para los palestinos y un problema para toda la región”. Curiosamente algunos países europeos compartían este planteamiento e interpretaba que el desalojo del poder de Hamás allanaría el camino para que el gobierno israelí impulsara las negociaciones con la Autoridad Palestina, dirigida por el presidente Mahmud Abbas, y alcanzara un acuerdo sobre el estatuto final de los Territorios Ocupados: Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Aunque dicha música suena bien a las cancillerías occidentales, no tiene muchos visos de realidad, dado que un acuerdo de paz definitivo con los palestinos sigue siendo, a día de hoy, inviable por las resistencias que genera entre las elites políticas y económicas israelíes. En realidad, existe un fuerte contraste entre la percepción de la diplomacia europea, que interpreta que nunca antes se ha estado tan cerca de la paz, y la situación de los Territorios Ocupados, donde Israel está desarrollando la fase más intensa de la colonización desde la ocupación de 1967, en un proceso que cada vez guarda más parecido con lo ocurrido en 1947 tras la aprobación del Plan de Partición de Palestina.

La comunidad internacional parece no haber extraído lecciones de lo ocurrido un año atrás en Anápolis, cuando dio carta blanca a la Administración Bush para relanzar el proceso de paz e impulsar la creación de un Estado palestino en 2008, pero sin llegar a establecer ningún tipo de mecanismo externo que garantizase que las negociaciones no se convertirían en un diálogo de sordos. El intento norteamericano de que fuese Israel, su principal aliado en Oriente Medio, el que dictase los términos de la paz, basándose únicamente en la repartición de fuerzas sobre el terreno y sin tener en cuenta las resoluciones internacionales, ha fracasado de manera rotunda. Se impone, pues, un retorno al multilateralismo y una mediación más equilibrada entre las partes.

El día después de Hamás

Si con la apertura del proceso de paz, Fatah ganó legitimidad en el ámbito internacional al apostar por un compromiso basado en la fórmula de los dos Estados, Hamás acrecentó su peso en el ámbito interno al presentarse como la defensora a ultranza de los derechos palestinos, incluida la resistencia frente a la ocupación. En palabras de su dirigente Mushir al-Masri: “La legitimidad de Hamás deriva del pueblo palestino y no de la comunidad internacional. Hemos vencido en las elecciones por nuestros principios inmutables. Uno de ellos es que no habrá reconocimiento de Israel mientras ocupe nuestra tierra; otro es el inalienable derecho del ocupado a resistir al ocupante”.

En enero de 2006 Hamás se impuso en las elecciones legislativas. Los intentos de abrir una vía de diálogo con los países occidentales fracasaron y la comunidad internacional impuso sanciones para aislar al nuevo ejecutivo. A pesar de que Hamás adoptó una estrategia gradualista, basada en la participación en las elecciones, la tregua con Israel y la aceptación de un Estado palestino en las fronteras de 1967, la UE y EEUU no consideraron oportuno incentivar estos pasos para fortalecer a la corriente pragmática de Hamás que, cada vez de manera más clara, apostaba por una política del ‘paso a paso’ similar a la seguida por la OLP en los 80. Incluso cuando se estableció un gobierno de unidad con la participación de Fatah y Hamás en la primavera de 2007, tampoco se alteró dicha política ni se levantaron las sanciones. El hecho de que, por primera vez, la comunidad internacional se inclinara por castigar al ocupado en lugar de al ocupante, que continuó ampliando sus asentamientos y aplicando castigos colectivos contra la población en flagrante violación del derecho internacional, causó un daño irreparable a la cuestión palestina.

Tras la expulsión de Fatah de Gaza en el verano de 2007, en Cisjordania se creó un nuevo gobierno bajo la dirección de Salam Fayad. Aunque es cierto que la posición de Hamás quedó erosionada, también lo es que consiguió conservar el poder en Gaza en unas condiciones sumamente adversas, ya que tuvo que hacer frente a un boicot a su gobierno por parte de la comunidad internacional y al bloqueo de la franja por parte de Israel. Para tratar de romper su aislamiento, Hamás concentró todas sus energías en obtener cierta legitimidad en el ámbito regional. Las negociaciones con Egipto, Arabia Saudí y Qatar, ya fuera para asentar la tregua o para impulsar el diálogo nacional, dieron a la formación islamista un balón de oxígeno que, en cierta medida, compensó el boicot de los países occidentales.

De hecho, Hamás vio en la operación Plomo Fundido una oportunidad para ganar una mayor legitimidad internacional. La Cumbre de Doha, celebrada el 16 de enero, contó con la participación de Jalid Mashal, líder de Hamás, quien reclamó la inmediata interrupción de relaciones con Israel (de hecho, Qatar y Mauritania las congelaron de manera inmediata). Aunque dicha cumbre extraordinaria sólo contó con la presencia de la mitad de los jefes de Estado árabes, evidenció que Hamás no estaba completamente aislada en la escena árabe y, además, contaba con el importante respaldo de Irán, la principal potencia en el golfo Pérsico, y de Turquía, que adoptó un tono inusitadamente crítico hacia Israel.

A pesar de estos éxitos puntuales, Hamás ha fracasado a la hora de ligar un eventual alto el fuego a su reconocimiento internacional. Algo parecido le ocurrió a la OLP cuando en 1982 intentó condicionar sin éxito su evacuación de Beirut, bombardeada por Israel por tierra, mar y aire, a su reconocimiento por la Administración Reagan. Ya antes del ataque a Gaza, Hamás intentó abrir un canal de comunicación con Barack Obama. De hecho, Mashal envió al presidente electo una carta de felicitación, a través de Qatar, en la que mostraba su disposición a entablar un diálogo directo con la nueva Administración y ofrecía a Israel una tregua por un periodo de 30 años. A mediados de diciembre, Mashal se reunió en Damasco con el ex presidente Jimmy Carter con la esperanza de que sirviera de enlace con Obama quien, durante la campaña electoral, se mostró a favor de una paz global que pusiese término al conflicto de Oriente Medio y mostró su disposición a dialogar con Irán y Siria, aliados de Hamás y “bestias negras” de Israel.

El cálculo de Israel, y probablemente también de aquellos países occidentales que secundaron en un principio la campaña, era que los bombardeos contribuyeran a aislar a Hamás de la población, que se revolvería en su contra por haber roto el alto el fuego y precipitado la ofensiva israelí. En este sentido deben enmarcarse ciertas declaraciones, como las efectuadas por el primer ministro Ehud Olmert: “Israel no está luchando contra los palestinos viviendo en Gaza. No son nuestro enemigo, sino víctima de la opresión y cruel opresión de Hamás”, en la línea de las manifestaciones de la secretaria de Estado Condoleezza Rice, quien señaló que “Hamás ha tomado como rehén a la población de Gaza desde su golpe ilegal contra Mahmud Abbas”.

Este cálculo podría ser erróneo. Como ha destacado el analista Dawud Kuttab, la ofensiva israelí podría tener los efectos contrarios ya que ha devuelto la vida a Hamás, que pasaba por un momento delicado. Cada vez más personas empezaban a subrayar los paralelismos entre Hamás y Fatah que, cada uno a su manera, habría fracasado en su intento de impulsar el proyecto nacional. No cabe duda que los ataques israelíes han permitido a Hamás recuperar en parte su popularidad, tanto entre los palestinos como en la calle árabe, a pesar del elevado precio pagado por ello. Según Kuttab, “Hamás ha logrado evitar su inminente derrota política y ha conseguido que los países árabes moderados se alejen de cualquier tipo de negociación con Israel”.[1] De hecho, Siria ha dado por muerta la Iniciativa de Paz Árabe, acordada en 2002 de Beirut, que ofrecía una completa normalización de relaciones entre el mundo árabe e Israel a cambio de una retirada total de los territorios que ocupa desde 1967.

Si bien la campaña ha debilitado al aparato militar de Hamás, lo cierto es que la organización conservará y, probablemente, fortalecerá su posición ya que Fatah no se encuentra en condiciones de asumir el control de la franja debido, entre otras cosas, a su errática gestión de la crisis. En este punto debe recordarse que en otras ocasiones las derrotas militares palestinas, como el Septiembre Negro de 1970 y la evacuación de Beirut de 1982, no se traducen necesariamente en una pérdida de apoyos, sino en una mayor cohesión entre la población y sus representantes políticos.

Aunque haya salido tocada de la crisis, debe descartarse por completo que Hamás ofrezca a Israel una tregua de largo alcance, ya que es un comodín que se reserva para una eventual negociación. Es más probable que aproveche el fin de las hostilidades para rearmarse y tratar de restablecer así su fortaleza militar y su capacidad de disuasión. En este sentido es oportuno recordar que “para Hamás no existe contradicción entre la actividad política y militar, ya que ambas van de la mano y son partes inseparables de la resistencia. De hecho, Hamás cree que la acción militar y la resistencia fortalecerán la posición política y negociadora palestina”.[2] En esto Hamás sigue el modelo de Hezbolá, que toma parte en el juego político sin renunciar a su dimisión armada. Todo parece indicar, por lo tanto, que Hamás intentará preservar su capacidad militar hasta que se establezca un Estado palestino viable.

La crisis de Gaza podría resolverse, pues, a la libanesa. En 2006 Hezbolá no sólo no fue descabezada, sino que además logró incorporarse al Gobierno de Siniora sin verse obligada a desmovilizar a sus milicias armadas. Algo similar podría ocurrir en los Territorios Ocupados, donde el boicot a Hamás y el bloqueo de la franja de Gaza han sido completamente improductivos. Es probable que la única salida al laberinto palestino sea, precisamente, buscar una solución a la libanesa: mediación árabe entre las partes enfrentadas y formación de un gobierno de unidad. Esta salida requiere una actitud positiva de la comunidad internacional que debería dar luz verde a dicho movimiento, tal y como ya hizo en Líbano. Dado el importante desgaste sufrido durante la crisis, Qatar podría reemplazar a Egipto como mediador entre Hamás y Fatah.

Fatah en la encrucijada

En el corto plazo es probable que la inacción de Fatah durante los primeros días de la crisis acabe pasándole factura. Tras producirse los primeros bombardeos, el presidente Mahmud Abbas repitió, sin excesivas variaciones, los argumentos esgrimidos por Israel y las cancillerías occidentales, achacando en exclusiva a la formación islamista la responsabilidad de lo sucedido. Además, sus fuerzas de seguridad disolvieron sin contemplaciones las manifestaciones de solidaridad desarrolladas en las ciudades cisjordanas. Esta actitud acentuó la impresión de que Fatah apoyaba o, al menos, trataba de sacar réditos de la ofensiva. Tan sólo cuando el número de víctimas civiles se hizo insoportable, Abbas endureció su discurso acusando a “la maquinaria de destrucción israelí” de “masacrar a civiles inocentes” y reclamando la movilización internacional para imponer un alto el fuego.

Tras 22 días de bombardeos israelíes, no será fácil que Fatah pueda retomar el control de una Gaza en ruinas. La expectativa de gobernar una de las áreas más densamente pobladas del mundo, con más de un 50% de desempleo y con el 75% de la población viviendo de la caridad internacional tampoco parece excesivamente atractiva para Fatah. Tampoco está claro que Israel esté interesado en destruir totalmente la única fuente de autoridad de la franja de Gaza, ya que es consciente de que el vacío de poder crearía una situación anárquica en la que los distintos clanes se repartirían sus respectivos reinos de taifas, lo que iría en detrimento de la seguridad de Israel. Lo más factible es que, en el corto plazo, la franja de Gaza siga siendo controlada por los islamistas y la Autoridad Palestina únicamente despliegue sus efectivos, junto a los observadores internacionales, en el paso de Rafah.

Un obstáculo añadido es que el mandato presidencial de Mahmud Abbas expiró el 9 de enero. El pasado año, Abbas manifestó su voluntad de abandonar el cargo en el caso de que no se alcanzase un acuerdo en el plazo fijado en Anápolis, pero la división de la escena palestina parece haberle hecho cambiar de opinión. Hamás, con la Ley Básica en la mano, reclama la convocatoria de nuevas elecciones o, en su defecto, su sustitución por el presidente del Parlamento, Aziz Dweik, encarcelado por Israel junto a otros 45 legisladores de la formación islamista. No obstante, la Ley Electoral señala que las elecciones presidenciales deberían celebrarse al mismo tiempo que las legislativas, lo que daría a Abbas un año más para poder proseguir sus negociaciones con Israel. Debe tenerse en cuenta que también el ejecutivo de Salam Fayad se encuentra en un limbo legal, puesto que la Ley Básica sólo prevé que el gobierno de emergencia, formado hace ya un año y medio, dure un período de tres meses.

Todo parece indicar que el mantenimiento de Abbas en la presidencia depende, pues, del avance de las negociaciones y, por lo tanto, del resultado de las elecciones israelíes del 10 de febrero. Una victoria del Likud de Benjamín Netanyahu, tal y como pronostican las encuestas, tendría efectos devastadores porque enterraría cualquier expectativa de alcanzar un acuerdo en los próximos años. De hecho, Netanyahu podría estar interesado en una estrategia desestabilizadora destinada a socavar la autoridad de Abbas, como ya hizo en su día Ariel Sharon con Yasir Arafat, lo que congelaría el proceso de paz y daría a Israel tiempo para acentuar su política expansionista. La posibilidad de que Tzipi Livni, candidata del Kadima, consiga los respaldos necesarios para reeditar la actual coalición de gobierno no debería descartarse, pero ha de recordarse que su apuesta por la negociación se condiciona a la aceptación palestina de los planteamientos israelíes: anexión del territorio entre la Línea Verde y el muro de separación, absorción del Jerusalén Metropolitano que parte en dos Cisjordania, control de las fronteras por parte de Israel, rechazo al retorno de los refugiados y desmilitarización del Estado palestino.

Ante esta adversa coyuntura, Abbas deberá no sólo revertir el proceso de paz en beneficio de los palestinos, sino también mejorar las condiciones de vida de la población de Cisjordania y Gaza si quiere recuperar el terreno perdido. De no darse una activa implicación de la comunidad internacional, con la nueva Administración de Obama a la cabeza, cada vez será más inviable la opción de los dos Estados, ya que el crecimiento imparable de la colonización israelí y la ampliación incesante de los asentamientos, acentuada por la construcción del muro, cada vez deja menos margen a la posibilidad de que algún día surja un Estado palestino con continuidad territorial. En este contexto, la posibilidad que se abre cada día con más fuerza, alentada también por Israel que sigue considerando a Abbas un interlocutor débil, es un retorno a la situación previa a 1967 cuando Egipto administraba Gaza y Jordania controlaba Cisjordania. En el largo plazo, tampoco deben descartarse otras opciones como de un Estado binacional sobre Israel o una federación jordano-palestina entre ambas orillas del Jordán.

Conclusiones

La comunidad internacional en general y la UE en particular han allanado, con su actitud dilatante y sus sanciones contra Hamás, el terreno para la ofensiva israelí. Para no cometer los mismos errores que en el pasado y recuperar el crédito perdido, la UE debería distanciarse de EEUU si la nueva Administración de Obama no imprime un giro radical a su política en torno a la cuestión palestina.

En lo que respecta a Hamás, la UE debería reconocer que, le guste más o menos, es una fuerza que representa a una parte significativa de la población y forma parte del movimiento nacionalista palestino. Un primer paso en esta dirección sería levantar el veto a un gobierno palestino de coalición, como el que se creó en 2007 con la mediación de Arabia Saudí. Este es un requisito indispensable para un eventual acuerdo de paz, ya que de lo contrario se convertiría en papel mojado. En lo que atañe a Israel, la UE ha de dejar claro que los crímenes de guerra y la colonización intensiva del territorio palestino son absolutamente inaceptables. Al hacerlo no sólo sería coherente con el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad, sino que además evitaría prolongar indefinidamente el conflicto palestino y salvar miles de vidas en ambos bandos.

En el caso de que Israel persista en su política de hechos consumados, Bruselas debería congelar el Tratado de Asociación e, incluso, plantearse una eventual imposición de sanciones, tal y como se hizo con Sudáfrica para acabar con el régimen de apartheid. De lo contrario, la UE dará por buena la estrategia israelí consistente en convertir el problema palestino en un asunto meramente humanitario.

Notas:

[1] Dawud Kuttab, “Hal aadat Israel al-hayat ila Hamas”, al-Sharq al-Awsat, 4/I/2009.

[2] Haim Malka, “Forcing Choices: Testing the Transformation of Hamas”, The Washington Quarterly, 28, 4, otoño de 2005, p. 44.

UN DIÁLOGO EN ALZA EN EL ESTRECHO DE TAIWÁN


Xulio Ríos

La conjunción del ascenso político del Kuomintang (KMT) tras el rotundo triunfo alcanzado en las elecciones legislativas celebradas en enero de 2008 (logrando 81 escaños frente a 27 del Partido Democrático Progresista, PDP) y en las presidenciales de marzo del mismo año (58,45% frente al 41,55% a favor del KMT) y el provechoso diálogo directo establecido entre el KMT y el Partido Comunista de China (PCCh) a partir del año 2005, han abierto las puertas a un renovado entendimiento a ambos lados del Estrecho del que pueden desprenderse importantes novedades en el futuro inmediato.

En el continente, Hu Jintao, secretario general del PCCh y presidente de la República Popular China, a quien no pocos atribuían al inicio de su mandato (2002) signos de continuidad en la política taiwanesa de Pekín a raíz de la aprobación de la ley antisecesión (2005), documento deudor aún de una política inflexible que primaba las amenazas directas a la isla “rebelde”, se ha alejado, por el contrario, de la orientación seguida por su antecesor, Jiang Zemin, optando por el fomento del diálogo y la comunicación con todos aquellos que rechazan la opción de la independencia de la República de China o Taiwán. El soberanismo taiwanés se vio beneficiado electoralmente por la división en las filas nacionalistas (la escisión del KMT que dio lugar a la formación del Partido el Pueblo Primero, PPP), pero también por la hostilidad preventiva y hasta militarizada promovida desde el continente.

En un reciente discurso con motivo del 30 aniversario del “Mensaje a los compatriotas de Taiwán” (1979), Hu Jintao, adelantando seis nuevas propuestas para acelerar el acercamiento en el estrecho de Taiwán, ha dejado entrever signos de flexibilidad que no solo atañen al orden económico sino también a variables sensibles relacionadas tanto con el espacio internacional de la República de China como en el ámbito de los intercambios militares. Además, Hu Jintao ha apelado al PDP a abandonar su reivindicación secesionista para facilitar el diálogo con todos los partidos taiwaneses.

Los últimos meses han registrado importantes avances en el entendimiento bilateral. La visita a Taiwán de Chen Yunlin, presidente de la ARATS (siglas en inglés de la Asociación para las Relaciones a Través del Estrecho de Taiwan), en noviembre pasado, que incluyó un breve encuentro con el presidente Ma Ying-jeou, y los dos encuentros mantenidos por Hu Jintao con Lien Chan, presidente honorario del KMT, en la víspera de los Juegos Olímpicos y en la cumbre de la APEC celebrada en Perú, dan cuenta del salto producido en el diálogo al máximo nivel. El vicepresidente Vincent Siew también se reunió con Hu Jintao en abril, poco antes de asumir funciones, en el marco del Foro Boao para Asia.

Por otra parte, los acuerdos firmados el 4 de noviembre entre la ARATS y la Fundación para los Intercambios del Estrecho (SEF por sus siglas en inglés), entidades que han retomado el diálogo interrumpido hace 10 años, y en virtud de los cuales se normalizan los intercambios en materia de comunicaciones y transporte abren un nuevo capitulo y constituyen la antesala de nuevas aproximaciones.

La política de Ma Ying-jeou

En Taiwán, Ma Ying-jeou asienta su política continental en tres pilares principales: (1) la promoción del diálogo económico que debe conducir a la instauración de un mercado común con libre circulación de capitales, bienes y personas; (2) una tregua diplomática que garantice a Taiwán un espacio internacional adecuado; y (3) la definición de las bases para lograr una paz duradera y rebajar la tensión en el estrecho. Su mayor handicap radica en la incapacidad para articular un diálogo constructivo con el PDP y otras fuerzas de la oposición, quienes seguirán intentando aprovechar el temor que suscita el acercamiento al continente en algunos sectores de la sociedad taiwanesa para galvanizar a su base socio-electoral y, en el caso del PDP, pasar página de los escándalos de corrupción que han empañado su presencia en el poder (2000-2008), de un calibre tal que han llevado a prisión provisional al ex presidente Chen Shui-bian acusado, entre otros delitos, de blanqueo de dinero.

En el orden económico, la liberalización de los intercambios ha proseguido a un ritmo trepidante. En diciembre último, después de asegurar la conversión del yuan continental y del dólar taiwanés, se anunció que las transferencias monetarias entre los dos lados del Estrecho serán posibles en el mes de febrero. En el IV Foro Económico, Comercial y Cultural –organizado por el PCCh y el KMT y clausurado en Shanghai el 21 de diciembre– se han consensuado medidas y políticas para responder a la crisis financiera y abrir nuevas oportunidades de negocio e inversión a los empresarios isleños. En dicho encuentro, Chiang Pin-kung, presidente de la SEF taiwanesa, ha propuesto la creación de un mecanismo similar al fondo de reservas de divisas extranjeras establecido en la ASEAN, poniendo en común las reservas de divisas de China, Hong Kong y Taiwán. Por otra parte, la Bolsa de Taipei se ha abierto a los inversores institucionales continentales, aunque con algunas restricciones para evitar que se puedan hacer con el control de las sociedades insulares, y se ha elevado al alza (pasando del 40% al 60% de su capital neto) el límite del importe de las inversiones taiwanesas en las bolsas chinas.

La normalización de las comunicaciones y el avance de la cooperación industrial en sectores como la aeronáutica, el sector petrolero, automovilístico, semiconductores, etc., vaticinan un pronto acuerdo global. Asimismo, ambas partes estudian medidas conjuntas para apoyar a los fabricantes taiwaneses presentes en el sur de China y que se han visto muy afectados por la recesión económica global.

En el orden político, la reclamación de Taipei de una tregua diplomática (ha perdido seis aliados en los últimos ocho años de mandato de Chen Shui-bian) parece haber sido atendida por Pekín, que ha dejado a un lado anteriores y denodados empeños que habrían podido cuajar en regiones como América Latina, donde la República de China aún conserva un nivel respetable de reconocimiento diplomático. Solo así se explica, por ejemplo, que Paraguay no haya reconocido a Pekín, anuncio que su actual mandatario, Fernando Lugo, formuló en sus primeras declaraciones como presidente electo. Además, Pekín ha facilitado el acceso de Taipei a instancias como el Acuerdo multilateral sobre los mercados públicos de la OMC, bloqueado desde hacía seis años, permitiendo también la participación con derecho a voto en la Agencia de Cooperación y de Información para el Comercio Internacional, donde participaba como observador desde 2007, o facilitando la asistencia de científicos taiwaneses a las reuniones de expertos de la OMS (sobre la melamina a primeros de diciembre en Ginebra).

Estos pequeños gestos, que tan tenido su complemento en la retirada de la propuesta de ingreso de Taiwán en Naciones Unidas, pasando a formularla como República de China (secundada por solo 18 de sus 23 aliados diplomáticos), tendrán su prueba principal en las próximas semanas, si ambas partes logran encontrar una fórmula aceptable para garantizar la participación en la Asamblea General de la OMS, reivindicación formulada por las autoridades taiwanesas desde tiempo atrás. La segunda prioridad de Taipei se refiere al reforzamiento de los lazos con la ASEAN. Para la isla es una cuestión de supervivencia. Taiwán ansía la firma de un TLC con la ASEAN, a fin de no quedar excluida del mercado único que construyen los 10 Estados de dicha alianza, que ya negocian con China, Japón y Corea del Sur.

En el orden conceptual, Ma ha rechazado hablar de “relaciones especiales de Estado a Estado”, fórmula promovida por el ex presidente Lee Teng-hui y causante de la ruptura del diálogo establecido a inicios de los años 90, proponiendo el concepto de “dos regiones” de una misma China, denominación que podría evitar las refriegas verbales en torno al espinoso asunto de la soberanía, evitando la mutua negación y permitiendo una mayor flexibilidad en la proyección internacional.

Por lo que se refiere a la paz, ambas partes se han mostrado favorables a la firma de un acuerdo que ponga fin formalmente a las hostilidades. Solo el PDP se ha opuesto a la firma de un acuerdo de paz por considerar que afectaría a la seguridad nacional y a la soberanía, conduciendo directamente a la reunificación. Reclamando una consulta popular de llegar a subscribirse, el PDP ya ha movilizado a cientos de miles de personas en Taipei a finales de octubre para contestar esta política del KMT.

Por su parte, en una comparencia en la Universidad Nacional de la Defensa el pasado 26 de octubre, Ma Ying-jeou reiteró que no habría guerra en el Estrecho durante su mandato, aunque no bajaría la guardia y mantendría un nivel de defensa alto en tanto no se produzca un aumento singular de las medidas de confianza y una reducción sustancial del número de misiles (han pasado de 400 en 2000 a 1.328 en 2008) que apuntan a la isla desde el continente. Pese a las nuevas compras de armamento a EEUU, que han motivado las habituales protestas de China, todo parece indicar que el diálogo en materia de defensa podría dar pronto sus primeros pasos, lo que sin duda ayudará a disipar malentendidos y evitar los riesgos de conflicto. Como señal de buena voluntad, Pekín podría tomar alguna iniciativa en relación a los misiles balísticos que apuntan a Taiwán. Esa esperanza (y convicción) explican proyectos gubernamentales como el de construcción de casinos en los islotes de Kinmen, Matsu o Penghu, con el objeto de estimular el desarrollo de estos territorios, donde antes se imaginaba el primer escenario de una confrontación armada directa con el continente, atrayendo a los visitantes de Fujián y otras provincias vecinas.

¿Unificación?

Han bastado siete meses para poner fin a 60 años de interrupción de los lazos marítimos, aéreos y postales, estableciendo hasta 160 vuelos semanales sin escala que comunican 21 ciudades chinas y ocho taiwanesas. Más de 60 puertos chinos y 21 taiwaneses están abiertos a la navegación directa. Y es sólo el principio. En términos económicos, ello supone un ahorro anual de costes de un valor estimado en 90.000 millones de dólares estadounidenses. Es fácil comprender el apoyo que estos acuerdos reciben de la comunidad empresarial cuyos proyectos aumentan exponencialmente su competitividad.

Sin embargo, pese a la notoria intensidad del acercamiento logrado en tan poco tiempo, lo cierto es que, por el momento, éste guarda más relación con el logro de una paz sólida o el aprovechamiento de las oportunidades económicas que con la unificación, horizonte que no se atisba a corto plazo. El rápido avance experimentado en el diálogo bilateral puede explicarse en virtud de la temática tratada, en la que predominan la convergencia y complementariedad de los respectivos intereses. No obstante, en el orden político, las distancias son mucho mayores. El rechazo de la estrategia independentista por parte del KMT aleja la pesada sombra de la secesión que ha enturbiado la región en los últimos ocho años. Ello aumentará las ofertas seductoras a Taipei por parte de Pekín, pero la tendencia mayoritaria en el KMT y en la sociedad taiwanesa sigue siendo aquella que tanto rechaza la independencia como la unificación.

Los progresos en el orden económico y comercial coexisten aún con importantes ambigüedades y silencios en lo político que no excluyen la aparición de tensiones en el futuro inmediato, en el cual el KMT deberá hilar muy fino para no facilitar la estrategia de acoso del PDP basada en la acusación de alentar el “entreguismo” al continente. Por otra parte, al PCCh tampoco debería interesarle ejercer una presión exorbitante sobre el contencioso que podría tensar en exceso la cuerda y debilitar a Ma y al KMT, facilitando la vuelta al poder del PDP en 2012 con una credibilidad renovada.

Especialmente en la coyuntura actual, con una crisis económica que también en la isla reduce los niveles de crecimiento y aumenta el desempleo, buena parte de la sociedad taiwanesa puede respaldar una estrategia de relanzamiento que aproveche las oportunidades que ofrece el continente. El interés por garantizar la buena marcha de la economía es una clave fundamental que puede limitar las resistencias al actual proceso, pero ambas partes no debieran pasar por alto la determinación identitaria que subsiste en la isla y frente a la cual solo caben propuestas políticas integradoras. El proceso, pues, tiene importantes riesgos políticos para Ma y cabe imaginar que las dificultades no tardarán en llegar.

Por otra parte, en el orden externo, la comunidad internacional en su conjunto ha saludado el diálogo con el Estrecho, calificándolo de positivo y necesario. No obstante, el avance sugerido en materia de intercambios militares entre los dos lados del Estrecho plantea a Taipei el delicado problema de sus límites en cuanto afecte a las vitales relaciones que en este plano mantiene con EEUU, donde algunas voces han alertado ya sobre las eventuales consecuencias en el aumento del número de oportunidades que pudieran surgir en materia de espionaje, afectando a la capacidad de acceso a informaciones relativas al armamento estadounidense, lo que podría llegar a cuestionar el suministro de aquellos sistemas de defensa calificados como sensibles. En octubre pasado, el Pentágono anunció la venta de un paquete de armas a Taiwán por valor de 6.500 millones de dólares.

Conclusiones

Cabe imaginar la sucesión de numerosos e importantes acuerdos que acerquen la normalidad en el estrecho de Taiwán. Estos avanzarán en tres planos (económico y comercial, diplomático y defensivo), pero cada uno a diferente velocidad, paso a paso, dejando a un lado los problemas de naturaleza política y coexistiendo con los efectos terminales de las tensiones del precedente mandato de Chen Shui-bian (como ocurrió con la ejecución del presunto espía taiwanés Wo Weihan). Pero, en su conjunto, cabe imaginar un escenario de distensión que multiplicará los actores y las complicidades, a uno y otro lado del Estrecho, con el proceso de diálogo.

Hu Jintao proseguirá con su política de acercamiento, aislando en el Ejército Popular de Liberación (EPL) a los partidarios de mano dura con la isla. Por su parte, Ma Ying-jeou, cuya popularidad pasó del 66% en mayo al 33% a mediados de noviembre, tendrá que realizar importantes esfuerzos pedagógicos para demostrar las ventajas del acercamiento y que este no perjudica el estatus ni la dignidad de Taiwán, aspecto que, junto al rigor ético de su Administración y la superación de los tropiezos económicos, serán las claves del éxito de su gestión política y de la consiguiente renovación de su mandato en 2012. Hasta entonces, la movilización de la oposición, liderada por el PDP, no se lo pondrá fácil.

EL YIHADISMO SALAFISTA EN ASIA CENTRAL: ESTADO DE LA CUESTIÓN


Carlos Echeverría Jesús

El activismo terrorista yihadista salafista en Uzbekistán o el cometido por algunos ciudadanos de este Estado en otros lugares, la frontera de otros tres países centroasiáticos (Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán) con la convulsa región separatista china del Xinjiang –habitada mayoritariamente por uigures musulmanes–, la inestabilidad debida a la vecindad afgana con Asia Central –con lo que ello ha conllevado como estímulo a la lucha armada, al tráfico de armas y de drogas– y la existencia de partidos y grupos de carácter islamista transnacional –como el Hizb-ut-Tahrir (HUT) o el Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU)– son todos ellos factores de inestabilidad en esta región. Con respecto al HUT, que en principio rechaza la violencia, la agencia de noticias rusa ITAR-TASS informaba el pasado 28 de enero de su expansión en Kirguizistán a pesar de haber sido ilegalizado. El HUT está perseguido en Tayikistán y Uzbekistán y algunos de sus miembros han sido detenidos en el norte de Kazajistán e incluso en la Siberia rusa. Con respecto al MIU, está perseguido en toda la región e incluso las autoridades afganas realizaron importantes detenciones entre sus miembros en julio de 2007.

La función clave de Uzbekistán

La desarticulación por la policía uzbeka el pasado 18 de noviembre de una supuesta célula islamista radical formada por mujeres y operando en Tashkent pone de actualidad un fenómeno como es el del yihadismo salafista en Asia Central que no suele despertar alarmismo en el resto del mundo, especialmente si lo comparamos con el mucho más evidente activismo en teatros más próximos como son Afganistán, Pakistán, la India y China. Las 27 mujeres que conformaban dicha célula estaban acusadas de pertenencia al HUT y de realizar en su seno labores de reclutamiento, propaganda y financiación en favor del mismo, algo que ni siquiera conllevó su procesamiento pero que sí sirvió para poner de actualidad la lucha de un régimen, el del presidente uzbeko Islam Karimov, que destaca entre los cinco mandatarios centroasiáticos por ser el que con más ahínco combate a los yihadistas salafistas. Ello se explica por el activismo que desde su creación en la década de los 90 desarrolla el MIU contra su figura, tratando de construir un emirato islámico y de exportar su militantismo yihadista a escenarios de Afganistán y Pakistán. A título de ejemplo, en la Provincia Noroccidental paquistaní, que tiene como capital a Peshawar, eran detenidos decenas de uzbekos el 18 de octubre en una operación del Ejército paquistaní contra elementos Talibán y de al-Qaeda.

Uzbekistán es clave a la hora de referirse al yihadismo salafista en Asia Central no sólo por el activismo que registra –también aquí inició su penetración en la región el HUT– sino también por su vecindad con Afganistán. De hecho, la única vía posible de aprovisionamiento para las fuerzas de la OTAN desplegadas en Afganistán pasa por este país centroasiático que controla la única vía ferroviaria que permite acceder a la frontera septentrional afgana, la que cruza la frontera por el puente de Termez sobre el río Amu Darya y que podría extenderse hacia Mazar-i-Sharif y hacia el sureste llegando a Pul-i-Khumri, en la provincia de Baghlan, con infraestructuras ya planificadas pero aún por construir. Tal posición estratégica está llevando a los aliados a moderar su política de aislamiento contra Karimov aplicada tras los disturbios de Andiján, de mayo de 2005, en los que las fuerzas de seguridad uzbekas mataron a un número indeterminado (pero, en todo caso, muy alto) de personas durante unas protestas en dicha ciudad. Dicha necesidad estratégica ha llevado a la OTAN a negociar la pasada primavera con Karimov algunas concesiones tanto para el transporte ferroviario de suministros como para el sobrevuelo de su espacio aéreo, concesiones otorgadas por el presidente uzbeko sin contar, aparentemente, ni con el beneplácito ruso ni con el de sus otros aliados tanto en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva –liderada y mantenida por Moscú– como en la Organización de Cooperación de Shanghai (China, Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán). El alejamiento de Karimov respecto a Rusia se viene detectando desde hace algún tiempo, confirmándose en la Cumbre de la OCS celebrada el pasado 28 de agosto en la capital tayika, Dushanbe, y en la que al igual que el resto de socios fue ambiguo a la hora de apoyar a Moscú en su reconocimiento de las independencias de Osetia del Sur y de Abjazia respecto a Georgia. No obstante, otras fuentes consideran que tal alejamiento entre Moscú y Tashkent no es tal sino que Rusia habría permitido la nueva relación entre Uzbekistán y Occidente para coadyuvar con ello a la reconstrucción de Afganistán y, sobre todo, a la neutralización del yihadismo salafista en dicho país y su expansión hacia Asia Central. Dado que la fluidez de paso por la vía uzbeka no está aún del todo garantizada para la OTAN, esta necesita urgentemente aclarar tal cuestión dado que la otra vía de suministro a sus fuerzas en Afganistán, la que pasa por Pakistán, está siendo diezmada continuamente por los Talibán y por elementos de al-Qaeda. En el emblemático paso del Khyber, por ejemplo, una columna de camiones con suministros para las fuerzas aliadas era frenado a principios de noviembre por un ataque Talibán que retrasó en una semana su llegada.

Uzbekistán no es sólo importante con respecto al frente afgano sino que también lo es a la hora de tratar de abortar la constitución de células terroristas y su actuación en suelo europeo. Así, el reciente levantamiento del embargo de visados a algunos cuadros uzbekos por parte de la UE, decidido el 13 de octubre, se ha explicado según algunas fuentes por las gestiones directas de Alemania. Éstas habrían facilitado así, en octubre, la visita a Berlín de Rustam Inoyatov, el jefe de la Policía secreta uzbeka, producida en el contexto de las investigaciones para evitar un ataque terrorista en suelo alemán planificado por la Unión Islámica del Yihad (IJU), escisión del MIU, surgida en 2001, y que ha reivindicado atentados en Uzbekistán desde 2004 y que aparece en la lista de organizaciones terroristas de la ONU desde 2005. En septiembre de 2007 la policía alemana logró abortar planes de la IJU con la detención de tres de sus miembros en una aldea entre Hannover y Frankfurt y a principios de octubre pasado un cuarto miembro de dicho grupo era detenido a las afueras de Frankfurt. En un vídeo de seis minutos enviado a mediados de octubre a las autoridades alemanas desde Afganistán, y colgado en la página web de la IJU, un ciudadano alemán converso al islam, Eric Breininger, amenazaba a su país con atentados por su presencia tanto en Afganistán como en Uzbekistán. En efecto, Alemania es el único miembro de la OTAN que mantiene una base en Uzbekistán, localizada en Termez, en la frontera con Afganistán. También con respecto a la IJU, el pasado 18 de junio el Departamento del Tesoro de EEUU congelaba las cuentas pertenecientes al máximo líder de la Unión, Najmiddin Jalolov, y a su lugarteniente, Suhayl Buranov.

La reconstrucción de Afganistán

El empeño de la OTAN por reforzar sus vías de suministro hacia Afganistán, país que bajo la nueva presidencia de Barack Obama se transformará a buen seguro en el eje central del esfuerzo antiterrorista y de reconstrucción aliado, no sólo la lleva a cortejar a Uzbekistán, que trata de obtener a cambio ventajas económicas y militares así como inmunidades para su otrora demonizado presidente, sino que también ha llevado a principios de noviembre a Kazajistán a ratificar dos acuerdos bilaterales con Washington que llevaban largo tiempo en el olvido y que se refieren al transporte de suministros militares por territorio kazajo y por su espacio aéreo. Este compromiso de Kazajistán con el esfuerzo internacional para reconstruir Afganistán tendrá seguramente una lectura por parte de yihadistas de fuera y de dentro del país que tratarán en la medida de lo posible de boicotearlo, como también lo harán con respecto a Turkmenistán, el otro país centroasiático por donde discurrirá dicha vía alternativa a los controladas por Rusia que se utilizan hasta la actualidad y que requerirá del acuerdo de su presidente, Gurbanguly Berdymukhamedov. Cabe destacar que también Turkmenistán se ve afectado por la vecindad afgana tal y como lo demostraba el tiroteo producido el pasado 13 de septiembre en Ashgabat, que las autoridades presentaron como un choque con traficantes de drogas pero que otras fuentes han relacionado con un enfrentamiento con yihadistas salafistas que habría provocado la muerte de entre 10 y 20 policías. Cabe destacar aquí que el presidente Berdymukhamedov estuvo presente en la Cumbre de la OCS de Bishkek, de 16 de agosto de 2007, y ello sin ser Turkmenistán miembro de dicha organización.

Kazajistán

El presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, se refería el pasado 30 de octubre en Astana al fenómeno del incremento del radicalismo y del terrorismo durante su intervención ante la OSC en torno al deterioro de los estándares de vida por la actual crisis económica global, mientras que su primer ministro, Karim Masimov, aludía en el mismo foro al terrorismo y al narcotráfico como problemas de seguridad que se exportan generosamente desde Afganistán y que obligan a un mayor compromiso de todos con la normalización de dicho país. Kazajistán está obligado a tratar de prevenir la penetración yihadista salafista en sus fronteras y ello por varios motivos, todos ellos importantes: (1) por mantener relaciones diplomáticas con Israel; (2) porque la mitad aproximadamente de sus 15,4 millones de habitantes no son musulmanes (incluyendo un 47% de cristianos pero también una pequeña pero significativa comunidad judía), algo que puede invitar a algunos a procurar enfrentamientos intercomunitarios, tal y como los yihadistas han intentado en el pasado en países como Egipto; (3) porque mantiene un difícil equilibrio en su política exterior, buscando el entendimiento con rusos, estadounidenses y chinos, considerados todos ellos enemigos por los yihadistas salafistas; y (4) porque refuerza su economía con la producción de petróleo y de uranio, convirtiéndose en importante abastecedor de materias primas estratégicas para diversas potencias y, por ello, en claro objetivo para dichos terroristas y en particular para al-Qaeda. Por otro lado, el hecho de que el presidente Nazarbayev destaque siempre el carácter de Kazajistán como país musulmán le convierte automáticamente en objetivo prioritario de los muy puristas yihadistas salafistas que se abrogan el papel de definidores del verdadero islam. Estos podrán ser elementos autóctonos radicalizados o bien extranjeros, debiéndose recordar aquí el creciente número de inmigrantes de Kirguizistán, Uzbekistán y Tayikistán atraídos a Kazajistán por su imparable crecimiento económico y entre los que, camuflados, podrían infiltrarse yihadistas salafistas en su territorio. Ya en la Cumbre de la OCS celebrada en Bishkek (Kirguizistán) el 16 de agosto de 2007 los mandatarios allí reunidos, incluido el presidente Nazarbayev, renovaron su compromiso “contra el terrorismo, el extremismo y el separatismo” y añadieron a ello la necesidad de crear entre todos “una zona libre de drogas” en apoyo a Afganistán aunque sin especificar cómo. En sus visitas a EEUU, a Alemania y a la UE, realizadas entre septiembre de 2006 y enero de 2007, el presidente kazajo había manifestado su voluntad de coadyuvar al esfuerzo internacional de normalización de Afganistán que ahora podría cristalizar en el susodicho apoyo logístico a la vía de acceso septentrional al país asiático.

Kirguizistán

La zona principal de asentamiento del MIU es el Valle de Fergana, la región más poblada de Asia Central y que está compartida por Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán., además de haber sido la principal vía de acceso y de consolidación del HUT. Así, otro escenario de posible incremento del activismo yihadista salafista en el corto y en el medio plazo será Kirguizistán, donde el balance que puede hacerse de la situación política y económica del país a los tres años de la pacífica “Revolución de los Tulipanes”, fechada el 24 de marzo de 2005 y que conllevó el relevo presidencial forzado de Askar Akaev por Kurmanbek Bakiev, no es nada halagüeña. Problemas en el suministro de agua y de electricidad están haciendo crecer el descontento pues la población no cree que sea el factor climático la principal causa de tal situación sino más bien la omnipresente corrupción entre la dirección política del país a la que algunos acusan incluso de haber vendido energía a países vecinos. Por de pronto se anuncian movilizaciones de protesta para diciembre como continuación de las iniciadas el 18 de noviembre en la provincia de Talas y a estas dificultades habría que añadir las derivadas del terremoto que el pasado 6 de octubre sacudió el sur de Kirguizistán, en la zona fronteriza con China, provocando alrededor de un centenar de muertos y cuantiosos daños materiales. Por otro lado, la escasez de agua provocaba además el pasado junio tensiones fronterizas en el sensible Valle de Fergana, localizado entre la provincia tayika de Soghd y la kirguiz de Batken. Ya en marzo los tayikos habían acusado a los kirguizios de construir una presa en tierras de Tayikistán. También es destacable en Kirguizistán el reciente endurecimiento de la legislación sobre actividades religiosas, debido en buena medida a la penetración de sectas protestantes en el país pero que algunos pretenden también justificar como instrumento para frenar la radicalización islamista.

Los otros escenarios

Las tensiones en el Valle de Fergana no sólo se dan entre tayikos y kirguizios sino que también afectan a los uzbekos y, por vecindad, a la República Popular China. De los 1.395 km de frontera común entre Uzbekistán y Kirguizistán ambos Estados han reconocido 1.050 km pero los restantes no están aún claros. Además, la existencia de enclaves –el uzbeko de Sokh dentro de Kirguizistán y el kirguizio de Barak dentro de Uzbekistán– crea aún más dificultades entre ambos Estados. Tampoco la frontera entre Uzbekistán y Tayikistán está clara y todo ello facilita la labor a los traficantes de drogas, incrementando aún más la tensión entre dos países tradicionalmente rivales desde 1991 y que han vivido tensiones relacionadas con escaramuzas fronterizas, espionaje y otros escándalos. En cuanto a los intereses chinos en la zona, estos son muy importantes y por ello objetivo potencial del terrorismo yihadista salafista. China invierte mucho en Tayikistán, donde construye una carretera que conectará Dushanbe con la ciudad noroccidental china de Khojand atravesando el Valle de Fergana, una de las mayores obras de infraestructuras que actualmente se realizan en Tayikistán, en cuya zona fronteriza con Uzbekistán y con Kirguizistán trabajan además unos 30.000 operarios chinos.

En Tayikistán, un país aún traumatizado por la cruenta guerra civil vivida entre 1992 y 1997, la llegada de droga desde el vecino Afganistán incrementa el número de consumidores y con ello el de enfermos de SIDA. Por otro lado, a partir de 2005 se han producido diversos atentados con explosivos en el país y el autoritarismo del presidente tayiko Imomali Rahmon tampoco da juego a la oposición, con lo que esta está diezmada, dejando libre el terreno a los manipuladores de la religión. Además, la acusación tayika a Uzbekistán de intentos de desestabilización están agravando aún más las relaciones bilaterales desde el pasado verano: el 16 de julio el presidente del Tribunal Supremo de Tayikistán, Nasratullo Abdulloev, acusaba en conferencia de prensa al Servicio Nacional de Seguridad Uzbeko (SNB) de ordenar el atentado con bomba contra la sede de dicho Tribunal producido en junio de 2007 y animado, entre otros, por el comandante renegado Mirzoev Bobosubhon, que dirigiera el Frente Popular de Tayikistán durante la guerra civil y que es perseguido como criminal en su país. Por dicho atentado cumple una pena de 22 años de prisión Komiljon Ishonquolov pero otros dos uzbekos acusados no han sido jamás entregados a Tayikistán. Por otro lado, Uzbekistán acusa tradicionalmente a Tayikistán de albergar a miembros del MIU en su territorio, que tampoco son entregados cuando se solicita su extradición a las autoridades tayikas. El 14 de noviembre de 2007 otra bomba provocaba un muerto en Dushanbe.

En términos más globales, China ha logrado a través de su activismo en la OCS frenar toda posible ayuda a los separatistas iugures por parte de sus socios musulmanes en dicha organización subregional: Kirguizistán, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán. Los cuatro países han ido cerrando en los últimos años oficinas y facilidades de los activistas uigures abiertas en su suelo desde la década de los 90. Aparte de la sensibilización progresiva frente al crecimiento del yihadismo salafista alimentado en buena medida desde Afganistán, Pakistán y Uzbekistán, países como Tayikistán, Kirguizistán y Kazajistán tienen también en cuenta otros factores a la hora de apoyar los esfuerzos chinos. Los tres tienen importantes intereses económicos y comerciales que defender y, en cuanto a Kirguizistán y Kazajistán, se han de añadir como argumentos las viejas reclamaciones territoriales de Pekín que son herencia de los litigios de fronteras sino-soviéticos, y que para el caso de Kirguizistán incluyen reclamaciones chinas a lo largo del río Chon-Uzengukuush así como en los asentamientos de Erkeshtam y de Nuru. Volviendo al terrorismo yihadista salafista, Kirguizistán frenó el activismo de hasta tres organizaciones distintas de apoyo a la causa iugur –la Asociación Uigur de Kirguizistán, la Organización de Derechos Humanos “Democracia” de Bishkek y el Centro de Información Iugur “Erpan”– a partir de principios de la presente década, cuando el creciente activismo del HUT en toda la región o el proceso judicial culminado el 12 de marzo de 2001 con dos sentencias de muerte por actividades terroristas cometidas por uigures en la región kirguiz de Osh encendieron las alarmas meses antes del 11-S.

Conclusiones

El estudio de la implantación del yihadismo salafista en los cinco Estados de Asia Central no ofrece las evidencias que podemos encontrar si profundizamos en dicho objeto de estudio en otras latitudes del mundo musulmán. La escasez de atentados realizados, la centralidad de la violencia yihadista salafista en escenarios cercanos como Afganistán y Pakistán, la necesidad de incorporar el estudio de un partido político panislámico como el HUT, que es perseguido con distintas intensidades en los Estados afectados, la existencia de un MIU diezmado por la ofensiva que sobre él se ha venido acometiendo desde distintos frentes pero que como tal y a través de alguna de sus escisiones sigue golpeando donde puede y la compleja vida interna de cada uno de los Estados centroasiáticos son realidades a considerar y algunas de ellas pueden ser vistas incluso en clave desdramatizadora. Sin embargo, la vitalidad ideológica y operativa de la ideología yihadista salafista, la combinación con otros factores como el crecimiento exponencial del tráfico de drogas en la región o la centralidad de un país como Uzbekistán para poder conseguir o no avances hacia la normalización de Afganistán, dependiendo ello de las decisiones que se puedan tomar en los próximos meses, hacen de la región centroasiática uno de los escenarios privilegiados para intentar frenar la expansión global del yihadismo salafista.