lunes, 2 de marzo de 2009

DESPUÉS DE BOMBAY: EL TERRORISMO COMO ARMA ARROJADIZA EN LAS RELACIONES INDO-PAQUISTANÍES


Antía Mato Bouzas

La evolución de los acontecimientos en las relaciones indo-paquistaníes durante el mes de diciembre de 2008 guarda bastantes similitudes con los desarrollos que tuvieron lugar tras el ataque al Parlamento de Nueva Delhi el 13 de diciembre de 2001 por organizaciones terroristas con base en Pakistán. Al igual que en aquella ocasión, la línea dura de los políticos de Nueva Delhi también pidió esta vez un ataque selectivo a los campos de entrenamiento que aún persisten en la Cachemira paquistaní. El motivo no es otro que la implicación de grupos de ese país en la cadena de atentados que mantuvieron en vilo la ciudad de Bombay a finales del mes de noviembre y la negativa de Islamabad a realizar acciones contra estas organizaciones. El primer ministro indio, Manmohan Singh, adoptó inicialmente una actitud ciertamente contenida, aunque después también sucumbió a las amenazas de la diplomacia coercitiva con el objeto de exigir a Pakistán que extradite a los instigadores de la tragedia y a otros 20 individuos que la India ya había solicitado con anterioridad.

Como consecuencia, la guerra de palabras entre ambos gobiernos dio lugar a un movimiento de tropas en dirección a la frontera entre los dos países a mediados de diciembre, haciendo entender que se podría estar gestando una nueva crisis en la región. El escenario en Asia meridional en las últimas semanas se ha asemejado a la situación de tensión de finales de 2001, aunque sin el convulso trasfondo internacional de aquélla, que originó, como es sabido, el desencadenamiento de la última crisis indo-paquistaní. La diplomacia de EEUU y del Reino Unido se ha movido con rapidez para calmar los ánimos, a la vez que ha pedido a Pakistán que colabore. En los últimos días, las declaraciones de principios de Nueva Delhi e Islamabad han dado paso a mensajes más conciliadores. No obstante, el problema de fondo, la falta de cooperación en materia antiterrorista y el empleo del terrorismo como un instrumento político para otros fines (para culpar al vecino, para ocultar una política fallida, etc.), sigue vigente.

Cualquier observador no muy avezado de la región conocía que un gran atentado podía dar al traste con el proceso de diálogo iniciado por la India y Pakistán en 2004. Sin embargo, en los últimos años ha habido otras tragedias y a pesar de ello los dos gobiernos han seguido adelante en la tarea de resolver sus disputas pendientes y normalizar las relaciones bilaterales. Por ejemplo, los atentados del 11 de julio de 2006 en Bombay, atribuidos a una colaboración de Laskhar-e-Toiba y la organización india SIMI (Students’ Islamic Movement of India), se cobraron la vida de unas 200 personas. Las explosiones ocurridas el 19 de febrero de 2007 en el tren Samjhauta Express, que unía Nueva Delhi con la frontera paquistaní de Wagah, causaron 67 muertos, la mayoría de ellos paquistaníes. Y ello sin contar con los diferentes atentados en la Cachemira india con el objeto de sabotear el proceso de diálogo. ¿Qué es diferente esta vez?

La actual guerra retórica que se ha desencadenado entre los dos gobiernos –eso sí, más discreta en el tono que en ocasiones anteriores y alternada con guiños al consenso– intenta ocultar la cuestión de fondo: la falta de una confianza mutua ante un tema capaz de alterar la relación entre los dos Estados. Y es que tanto Nueva Delhi como Islamabad siguen viendo el problema en el tejado vecino.

Los atentados de Bombay del 26 de noviembre de 2008 y el papel del gobierno indio
Es bien sabido que la India es un Estado muy vulnerable al fenómeno terrorista –asociado a cuestiones separatistas, a grupos de extrema izquierda o al extremismo religioso hindú e islamista–, en gran medida facilitado por la porosidad de las fronteras en la región. Tal porosidad hace que algunos de estos grupos se muevan de un país a otro con relativa facilidad y con la connivencia de los servicios secretos. Dicha actividad no sólo es evidente entre la India y Pakistán, sino también entre la India y Bangladesh. La ausencia de tratados de extradición entre esos países y la prácticamente nula cooperación en materia antiterrorista hacen posible que estas bandas criminales sigan gozando de una gran impunidad. Algunos instrumentos, como la SAARC Regional Convention on Supression of Terrorism, no han servido para cambiar esta situación, puesto que se remiten en gran medida a la firma de acuerdos bilaterales y a la voluntad de cada Estado. En ese sentido, conviene señalar que la India ha insistido sin éxito en concluir tratados de extradición con sus vecinos, especialmente con Pakistán. No obstante, parte del problema reside en que el terrorismo sigue siendo utilizado como un arma política de enfrentamiento en Asia meridional, en vez de ser considerado como un fenómeno con una gran capacidad para minar la seguridad interna de los Estados de la región.

Tras los trágicos eventos ocurridos en Bombay a finales de noviembre, el gobierno indio se apresuró a culpar una vez más (aunque finalmente con pruebas) a elementos hostiles en el país vecino. Inicialmente, las acusaciones de Manmohan Singh fueron cautelosas, pero crecieron en intensidad durante los días sucesivos, probablemente con la intención de conseguir mayor respaldo internacional para presionar a Pakistán. De hecho, en este sentido, la India ha logrado que el centro de interés se dirija hacia la “mano paquistaní” en los atentados y no tanto hacia la inoperancia y la serie de fallos en la seguridad interna que se han producido. Ciertamente, lo ocurrido en Bombay quizá podría haber sucedido igualmente en otra ciudad más segura, como una capital europea. Sin embargo, lo que más llama la atención es la facilidad con que se ha vuelto a repetir una escena semejante en el mismo lugar en el que dos años atrás (el 11 de junio de 2006) hubo una cifra similar de muertos y en una ciudad que ha padecido otras tragedias, como la acontecida en 1993, que causó más de 250 víctimas.

El gobierno indio ha reconocido algunos errores, mediante la dimisión a finales de noviembre del ministro del Interior Shivraj Patil y del consejero de Seguridad Nacional M.K. Narayanan. También, en menos de un mes, ha aprobado una serie de medidas para combatir el terrorismo, como un endurecimiento de las leyes, el incremento de la vigilancia en las fronteras y la creación de una Agencia Nacional Antiterrorista. Sin embargo, el principal problema sigue siendo la falta de recursos y de coordinación policial, tal como se ha evidenciado en Bombay.

La reacción de Pakistán a los atentados

Pakistán, como viene haciendo en los últimos años, ha condenado los atentados ocurridos en la capital comercial y financiera india. No obstante, la condena paquistaní no hubiera tenido mayor repercusión de no ser por el anuncio del compromiso del gobierno de Gilani de colaboración con su vecino indio, que se plasmó en hechos. Pocos días después de la masacre, Pakistán ofreció el envío de un alto cargo de los servicios secretos para participar en la investigación y, a partir del 7 de diciembre, las fuerzas de seguridad de este país lanzaron una ofensiva contra miembros de Laskhar-e-Toiba (organización ilegalizada en enero de 2002) y la que era conocida como su sucesora, Jamaat-ud-Dawa, en la Cachemira paquistaní. Laskhar-e-Toiba había sido ilegalizada por Musharraf en enero de 2002, en plena crisis con India. El resultado fue que su líder, Hafiz Mohammad Saeed, creó la Jamaat, que actuaba con total impunidad básicamente como una organización benéfica.

La acción de las fuerzas de seguridad paquistaníes se adelantó a la inminente inclusión de la Jamaat-ud-Dawa en la lista de organizaciones terroristas, que fue adoptada el 10 de diciembre por el Comité de Sanciones contra los Talibán y al-Qaeda del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. Pakistán también detuvo a Zakir-ur-Rehman Lakhvi, presunto instigador de los atentados, y puso bajo arresto domiciliario a Masood Azhar, el ideólogo de Yaish-e-Muhammad. Esta inicial y rápida cooperación de Islamabad resultó significativa, aunque hay que enmarcarla en el profundo impacto mediático que tuvo la tragedia y la consiguiente presión internacional sobre Pakistán para que actuase, en la que destacó la de EEUU.

A pesar de este buen comienzo, las medidas adoptadas por Pakistán no han sido suficientes para Nueva Delhi, que ha exigido la extradición de los detenidos. La negativa paquistaní a hacerlo provocó a mediados de mes un aumento de la tensión en la región, en el cual Pakistán, en una medida puramente táctica, movilizó sus fronteras hacia la parte oriental con el objeto de “hacer frente a una posible amenaza india”. Islamabad empleó la única baza que tiene a mano para hacer alterar la posición de la comunidad internacional: el traslado de tropas desde la zona occidental a la oriental. La razón es que éste puede tener consecuencias negativas para la lucha contra los talibán y miembros de al-Qaeda. Aunque la cooperación paquistaní en la lucha contra los talibán ha sido ampliamente cuestionada, sería preocupante que Pakistán buscara reorientar el diálogo con estos grupos, tal como parece considerarse desde varios ámbitos nacionales. No obstante, la reacción de Pakistán también deja entrever el frágil equilibrio interno, en particular entre el poder militar y el débil gobierno civil.

El problema de las extradiciones de los sospechosos

En principio, en las circunstancias actuales, parece poco probable que Pakistán acceda a la extradición de sus nacionales a la India. Esta posibilidad rompería la actual unidad de las fuerzas políticas del país en torno al gobierno en el caso de Bombay. Pakistán puede admitir la culpabilidad de sus nacionales en la masacre, y acceder a que éstos sean juzgados por ello en el país, pero otra cuestión bien diferente es permitir que sean extraditados a la India para ser juzgados allí. Se trata de un aspecto con una profunda dimensión ideológica –pues la India sigue siendo el principal enemigo del Estado paquistaní–, pero también tiene que ver con la percepción interna y las ambigüedades existentes en torno al fenómeno terrorista, su instrumentalización política y la cuestión del extremismo religioso en Pakistán. Aunque Islamabad no puso reparos (cabe preguntarse si hubiera podido ponerlos) para entregar a los paquistaníes supuestamente implicados en los atentados del 11-S a las autoridades estadounidenses (sin las mínimas garantías judiciales), las condiciones son diferentes en el caso de la India. Nueva Delhi pide actuar sobre individuos vinculados a grupos como Yaish-e-Muhammad o Lashkar-e-Toiba, que son también los principales responsables de la actividad violenta en la Cachemira india, y eso ya tiene que ver con la política oficial del Estado paquistaní hacia esa región.

Se trata de un arma de doble filo. Si el giro del anterior régimen de Musharraf hacia los talibán generó en su día significativas disensiones internas, la cuestión de Cachemira y los cambios sobre la política paquistaní hacia esa zona sigue constituyendo un tema muy delicado, especialmente para un gobierno civil débil. No cabe duda de que los atentados de Bombay no deben relacionarse con la lucha de Cachemira (pues el objetivo era otro) pero lo cierto es que las autoridades paquistaníes fueron a buscar a los presuntos culpables a Muzaffarabad, y no a las áreas tribales fronterizas con Afganistán. En otras palabras, el terrorismo asociado a formaciones que operan en la Cachemira india y aquel que emana de los grupos talibán, radicales religiosos o miembros de al-Qaeda, aunque estén relacionados, son medidos con diferente rasero por parte de Islamabad.

En reiteradas ocasiones la India ha solicitado a Pakistán, con nulo éxito, la extradición de una serie de individuos acusados de perpetrar atentados terroristas en su territorio. La mayor parte de ellos están vinculados a grupos que operan en Cachemira, pero también hay jefes mafiosos, como es el caso del ciudadano indio Dawood Ibrahim (responsable de haber planificado los atentados de Bombay en 1993), que ha estado involucrado en las tensiones hindúes-musulmanas. La negativa paquistaní, como se ha señalado, se debe a un aspecto de estrategia política, pero en el cual subyace un elemento religioso no exento de valor. Si Pakistán accediera a las peticiones de la India, además de las críticas internas que ello supondría (incluyendo la posible actitud de los militares), resultaría probable que Nueva Delhi optara entonces por elevar sus exigencias y que la concesión, de algún modo, podría ser vista como una asunción de culpabilidad. Por otro lado, están las discrepancias mutuas sobre lo que se considera terrorismo y lo que Pakistán puede entender como organizaciones caritativas, tal es el caso de Jamaat-ud-Dawa.

Por tanto, teniendo en cuenta que esta amenaza es, junto con la cuestión de Cachemira y el problema nuclear, uno de los temas claves en la rivalidad actual entre los dos países, se hace necesario llegar a principios de acuerdos que impliquen un acercamiento hacia una visión conjunta de la definición y alcance del problema. Se trata de una tarea sumamente compleja y en la que la India debe poner especial tacto en no arrinconar a las fuerzas políticas paquistaníes más sensibles al problema, como es el caso del actual gobierno. A principios de octubre de 2008, el propio presidente paquistaní, Alí Asif Zardari, en un gesto sin precedentes de la cúpula política de su país, calificaba a los guerrilleros cachemires de “terroristas”. Si bien el presidente se refería a un tema concreto de las relaciones indo-paquistaníes, estaba revisando un aspecto clave de las mismas.

Pakistán y el problema del terrorismo dirigido hacia la India

A Pakistán siempre se le acusa de no hacer lo suficiente para atajar el problema terrorista en su territorio. No obstante, esto se refiere sobre todo a su condición de Estado “emisor” de terroristas hacia terceros países, y no tanto al hecho de que los paquistaníes también son las principales víctimas de esa lacra. Incluso cuando se acaba de cumplir un año del magnicidio de la ex-primera ministra Benazir Bhutto, a pocos les sorprende la inacción del gobierno presidido por su viudo para encontrar a los responsables.

Por ello, a la vista de los acontecimientos, más que seguir insistiendo en lo que puede calificarse de suficiente –es decir, en el umbral a partir del cual otros Estados se muestren satisfechos con las acciones de Pakistán en materia antiterrorista–, debería optarse por buscar alternativas para favorecer una mayor implicación de ese país. Esto no se puede hacer ni con amenazas a la soberanía territorial ni tampoco con una simple presión externa, sino a través de la colaboración con las distintas fuerzas paquistaníes. No hay que olvidar que en Islamabad ahora hay un gobierno civil frágil, con un margen limitado para hacer concesiones, ya que sus gestos y movimientos hacia la India son escrutados de cerca por la institución militar.

Si la India se persona en la causa de los detenidos en Pakistán y accede a una investigación conjunta de los hechos, además de dar un voto de confianza al gobierno de ese país (al poder civil), puede conseguir más que si se limita a reiterar sus amenazas tradicionales, esperando inútilmente que su vecino cambie de actitud, o pidiendo a un tercero que presione para que Pakistán modifique su postura. También puede lograr mayor comprensión de la sociedad paquistaní hacia el problema del terrorismo que padece, dado que éste es un asunto que necesariamente debe cambiar en los dos países. No en vano, en los días posteriores a la tragedia de Bombay, mientras el gobierno de Islamabad cuestionaba las acusaciones de Nueva Delhi, los propios medios de comunicación nacionales, como la cadena privada Geo, corroboraban la identidad paquistaní del único terrorista detenido, Mohammad Ajmal Amir. Sin duda, con este gesto, también se estaba cuestionando una complicidad que hasta ahora ha sido muy dañina para Pakistán.

Conclusiones

Los últimos atentados en Bombay permiten constatar una vez más que existen grandes diferencias en torno al problema del terrorismo por parte de la India y de Pakistán, independientemente de la capacidad de esa amenaza para subvertir la estabilidad interna en los dos países. Además, la evolución de las relaciones indo-paquistaníes tras la masacre hace patente que el proceso de diálogo iniciado por los dos países en 2004 ha sido muy precario, pues al no buscar acuerdos sobre los temas centrales (el terrorismo, Cachemira y la cuestión nuclear), el desarrollo de una crisis se hace en los mismos términos (de enfrentamiento retórico y acusaciones) que con anterioridad al inicio del diálogo.

No obstante, a pesar de las diferencias, se observan algunos gestos de cambio, especialmente por parte del gobierno paquistaní, que está comenzando a reevaluar el problema terrorista, especialmente en lo que concierne a la India y, de manera más concreta, a la cuestión de Cachemira. La presión internacional también ha dado sus frutos para favorecer la colaboración de Pakistán. La India también debería practicar una mayor autocrítica para mejorar su seguridad interna e impedir que lo que ocurrido en Bombay vuelva a repetirse.

LAS ACTUALES PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA ANGOLA ACTUAL: ¿LA MALDICIÓN O LA BENDICIÓN DEL PETRÓLEO?


Lucy Corkin

En muchos aspectos, Angola parece estar al borde de un verdadero despegue económico. La tasa de crecimiento anual se ha mantenido en una media del 15% desde el inicio del milenio. Según Carlos Alberto Lopes, viceministro de Planificación, el crédito puesto a disposición de la economía se ha multiplicado por 20 aproximadamente en los últimos años, una situación muy distinta a la de hace sólo cinco años, cuando Angola luchaba por asegurar la financiación de las instituciones financieras internacionales. Y lo que es más importante, los depósitos en los bancos angoleños han aumentado en un 1.300%, alcanzando los 7.700 millones de dólares a finales de 2007. Esto pone de manifiesto la creciente confianza en el kwanza angoleño y en el sistema bancario del país, y ha servido para impulsar el sistema financiero de Angola. Anteriormente, los angoleños con cuentas bancarias habían preferido mantener su dinero en el extranjero. Las reservas en divisas de Angola también se han duplicado prácticamente desde diciembre de 2007, hasta superar los 19.000 millones de dólares, lo que ha impulsado la confianza de los inversores.

También se han producido importantes avances en la esfera política. En septiembre de 2008, los 8,3 millones de votantes censados en Angola acudieron a las urnas para votar en las primeras elecciones legislativas celebradas desde hace 16 años. El partido en el poder obtuvo una aplastante victoria, con un 81% de los votos. A pesar de las sospechas de irregularidades, el resultado fue aceptado por la oposición, algo que no habría podido darse por sentado a la luz del contexto político del país. Aunque se produjeron incidentes aislados y esporádicos de intimidación, el proceso electoral estuvo marcado por una relativa ausencia de violencia, si se tiene en cuenta la historia de Angola. También se observó una mayor participación de las mujeres: al menos un 36% de los parlamentarios recién elegidos son mujeres, un importante avance en términos de consolidación democrática, ya que tradicionalmente las mujeres habían sido dejadas de lado en los foros políticos del país.

Sin embargo, los críticos señalan que el control absoluto de los recursos, tanto institucionales como financieros, por el presidente dos Santos ha permitido al partido en el poder, el Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA), orquestar unas elecciones aparentemente democráticas que sólo han servido para arraigar aún más el control ejercido por ese partido. Aunque los observadores internacionales expresaron con satisfacción que las elecciones habían sido en general “libres y justas”, el MPLA disfrutó del monopolio de los medios de comunicación y de financiación de la campaña, y estructuralmente los partidos de la oposición, más pequeños y fragmentados, habían estado en una situación de clara desventaja. Los 22 partidos políticos que recibieron menos del 0,5% de los votos en las elecciones legislativas están obligados por ley a disolverse. Además, el presidente titular Eduardo dos Santos ha pedido una reforma constitucional para permitir que su sucesor sea elegido por los parlamentarios, en vez de mediante votación popular directa. Dado que el MPLA ocupa actualmente 191 de los 220 escaños legislativos, la reelección de dos Santos sería así más segura de lo que ya lo es en la actualidad.

El papel del petróleo

Los inversores internacionales podrían alegar que la continuidad del régimen es importante para la estabilidad política de Angola. Esto resulta especialmente pertinente si se tienen en cuenta la relevancia cada vez mayor del país como exportador de petróleo y los trastornos que la violencia política ha ocasionado en otros productores de petróleo como Nigeria o los países de Oriente Medio.

Angola compite actualmente con Nigeria por hacerse con el puesto de mayor productor de petróleo de África, con unas reservas probadas de aproximadamente 8.000 millones de barriles. Actualmente es el productor de petróleo de África de crecimiento más rápido y su “crudo dulce” es muy preciado en los mercados mundiales por su bajo contenido en azufre. Los ingresos públicos se han beneficiado del enorme aumento de los precios del petróleo en los últimos años, impulsados por la creciente demanda de China y la India, aunque la extremada volatilidad de los precios experimentada recientemente ha hecho estragos en la planificación presupuestaria. Angola está adquiriendo una importancia cada vez mayor en la carrera mundial por la seguridad energética y es el segundo mayor proveedor de petróleo de China y el octavo mayor proveedor de EEUU. El país produce el 1,6% del petróleo mundial y el 3% del petróleo importado por EEUU. Aunque esta cifra es considerablemente inferior a la de Nigeria, actualmente el mayor productor mundial de petróleo de África, Angola es el principal exportador de petróleo a China: satisface el 15% de las necesidades de importación de petróleo del gigante asiático.

El 1 de enero de 2008 Angola fue admitida como 12º miembro de pleno derecho de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), presagio de la asunción por parte de Angola de una posición clave en los mercados energéticos mundiales, y esa mayor influencia ha sido utilizada por el gobierno para enfrentar, en su propio beneficio, a los inversores extranjeros que compiten por hacerse con las concesiones de exploración petrolera. La pertenencia a la OPEP también permitirá a Angola contener la tendencia de las grandes petroleras a aumentar la producción en los bloques de aguas profundas para recuperar los amplios desembolsos de capital necesarios para esa exploración. Aunque en un principio Angola estableció una cuota de 1,9 millones de barriles, tras el reciente desplome de los precios del petróleo, la decisión de la OPEP de reducir la producción hizo que Angola acordase recortar su producción en 99.000 barriles para enero de 2009.

La pertenencia de Angola a la OPEP refleja la intención del país de aumentar su presencia regional y su creciente peso internacional, en particular porque en breve asumirá la Presidencia de esta organización. Todo ello se ha visto favorecido por el hecho de que China y EEUU consideren a Angola un socio geoestratégico cada vez más importante en términos de seguridad energética, en gran medida para alejar sus intereses petroleros de Oriente Medio y de otros petroestados africanos en situación de volatilidad política como Nigeria (Delta del Níger) y Sudán (Darfur). Además, dado que la mayor parte de la riqueza petrolera de Angola se encuentra en yacimientos marítimos, las inversiones se encuentran relativamente a salvo de la inestabilidad política.

Estrategias de diversificación

El rápido crecimiento de Angola se ha visto sin duda estimulado por el boom del petróleo. Sin embargo, el hecho de que las industrias extractivas supongan el 59,4% del PIB hace a la economía angoleña vulnerable a los ciclos de los productos básicos. Por ello, se han adoptado medidas para intentar combatir la excesiva dependencia tanto de la industria del petróleo como de un mero puñado de socios comerciales.

Los esfuerzos concertados por promover la diversificación económica han generado un fuerte crecimiento del sector no petrolero. La Agencia Nacional de Inversión Privada (ANIP), creada en 2003, se centra específicamente en el desarrollo de los sectores no petroleros. En su informe anual de 2005, la ANIP declaró que había aprobado 290 proyectos por valor de 2.600 millones de dólares. De ese total, el 85,4% estaba centrado en la construcción, lo que refleja el elevado crecimiento de este sector. El presidente Eduardo dos Santos ha encomendado recientemente al ex vice-primer ministro, Aguinaldo Jaime, la coordinación del comité de reestructuración de la ANIP. Aguinaldo Jaime es considerado una figura decisiva en la formulación de la política económica de Angola y está previsto que sea nombrado próximo presidente de la ANIP.

De hecho, la mayor confianza en la economía de Angola se atribuye fundamentalmente a que el crecimiento del sector no petrolero ha superado al del sector petrolero (un 18,6% frente a un 11,5%, respectivamente), según el ministro de Economía, Manuel Nunes Júnior. Aun teniendo en cuenta la crisis económica mundial, las previsiones para 2009 son de un crecimiento del 5,9% para el sector petrolero y de un crecimiento del 15,8% para el sector no petrolero, así como de una creación de empleo de 320.000 nuevos puestos de trabajo. El gobierno angoleño ha prometido además invertir un 5% de los ingresos derivados del petróleo en un fondo nacional de desarrollo.

Podría decirse que Angola es uno de los países del África subsahariana más celosos de su soberanía, algo que tiene importantes consecuencias económicas, ya que la elite política del país controla también en gran medida las fuerzas económicas. A pesar de la marcada influencia cultural de importantes socios comerciales como Portugal y Brasil, el Ejecutivo angoleño procura no dejar que ningún socio comercial extranjero domine la escena política o económica del país. A pesar de las preocupaciones que ello suscita en el exterior, en especial en el contexto del fortalecimiento de las relaciones entre Angola y China, Angola se resistirá firmemente a mantener una relación clientelar con cualquier otro país, o a ser percibido como tal.

Los mayores ingresos derivados de los elevados precios del petróleo hacen que el gobierno angoleño pueda permitirse el lujo de elegir a sus socios inversores para el desarrollo de su industria extractiva. Sonangol, petrolera estatal y concesionaria exclusiva de los contratos de exploración petrolera, establece acuerdos de producción una vez que la exploración del bloque petrolero concedido ha demostrado ser comercialmente viable. Además de una política de “angolización”, Sonangol sigue además una política de diversificación de los inversores para mitigar los riesgos derivados de depender de un puñado de grandes petroleras o socios comerciales influyentes.

En consecuencia, a pesar de los considerables acuerdos crediticios de China Exim Bank, las empresas estatales chinas no reciben ningún trato preferente en las licitaciones, contrariamente a lo que muchos temían. También fracasó, en marzo de 2007, una propuesta de joint venture entre Sonangol y la gran petrolera estatal china Sinopec para explotar una refinería de petróleo en Lobito por valor de 3.000 millones de dólares, al parecer por falta de acuerdo sobre los lugares a los que se exportarían los productos del petróleo. El elevado precio del petróleo ha otorgado así al gobierno angoleño, por conducto de Sonangol, una mayor influencia en la negociación de contratos de exploración petrolera.

De hecho, Angola ha adoptado recientemente medidas para reducir aún más el papel de China en su economía, a pesar de los amplios créditos concedidos por ésta. Mientras que en octubre de 2004 Sinopec resultó favorecida con respecto a ONGC en la adquisición del 50% del bloque 18, ONGC está lista para reemplazar a Sinopec como socio en la adquisición conjunta con Sonangol de participaciones en los bloques 17, 18 y 15. Angola ha suscitado recientemente el interés de otras entidades financieras, especialmente del Banco Mundial, que extenderá créditos por valor de 1.000 millones de dólares a partir de 2009-2013 para contribuir a la diversificación económica del país africano. Esto apunta a un considerable deshielo de las relaciones entre Angola y las instituciones financieras internacionales. En 2004, las negociaciones con el FMI fracasaron por las condicionalidades de los créditos, lo que llevó a Angola a volver la vista a China en busca de financiación. Parece que el Banco Mundial ha adoptado un enfoque distinto para evitar una marginación por parte de otras entidades financieras emergentes. El Banco también se ha visto aplacado por la política de normalización de la deuda del gobierno angoleño para intentar dejar de utilizar el petróleo como garantía de pago colateral en los créditos comerciales. También existe un acuerdo para que el gobierno angoleño atienda el servicio de la deuda contraída con el Club de París. El grueso de los 2.300 millones de dólares ya había sido pagado para diciembre de 2007, pero siguen debiéndose más de 800 millones de dólares en intereses. Se han elaborado planes para conseguir cancelar la totalidad de la deuda para 2010. Se espera también que la regularización de la deuda permita al gobierno obtener crédito de un abanico más amplio de países prestamistas, para no depender tanto de China.

Aguinaldo Jaime, en el marco de su nuevo mandato de coordinación de la ANIP, ha subrayado el deseo de Angola de atraer financiación de la UE, y esa petición no ha sido desoída. Sólo España ha proporcionado este año 600 millones de dólares en ayuda a la construcción. Además, este año el banco Export Development Canada ha firmado con el Banco de Poupança e Crédito de Angola un acuerdo por valor de 1.000 millones de dólares para la financiación de proyectos de infraestructura pública y de 16 millones de dólares para proyectos de empresas privadas. El Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) de Brasil ya ha desembolsado 1.500 millones de dólares para financiar la adquisición de equipo de construcción brasileño en Angola en los cinco primeros meses del año y también está ofreciendo 250 millones de dólares para financiar proyectos en el país.

Construcción

Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento de Angola es su obsoleta infraestructura, descuidada durante la guerra civil de 27 años que vivió el país y que desde entonces no ha conseguido mantenerse al nivel del crecimiento impulsado por el petróleo. Con el boom en pleno auge, sigue aumentando la presión a que se ve sometida la limitada infraestructura que quedó tras la guerra. El gobierno está tratando de abordar este problema; ha establecido la reconstrucción nacional como una de las prioridades nacionales y se ha creado un Programa de Inversiones Públicas (PIP) gestionado por el Ministerio de Finanzas.

Para agilizar los trámites burocráticos, el presidente dos Santos creó una Oficina de Reconstrucción Nacional (GRN, por sus siglas en portugués), dirigida por el general Hélder Vieira Dias “Kopelipa”, antiguo jefe del gabinete del presidente y de la Oficina Militar de la Presidencia. La Oficina gestiona líneas de crédito por valor de unos 2.900 millones de dólares del China International Fund Ltd (CIF), una gestora de fondos con sede en Hong Kong que exporta petróleo angoleño a China, algo que no ha hecho sino complicar la cadena de mando, puesto que cada órgano gestiona distintas líneas de crédito concedidas para la reconstrucción nacional.

El problema se ve agravado además por el hecho de que, debido a la falta de capacidad local y la escasez de suministro, la mayoría de los materiales de construcción, y con frecuencia también los conocimientos técnicos, tienen que importarse.

El puerto de Luanda está cada vez más congestionado y carece de la capacidad necesaria para hacer frente a los crecientes volúmenes de importación. Ello retrasa la entrega de materiales, pero además también obstaculiza el acceso al puerto, impidiendo que lleguen otros artículos, como alimentos, lo que hace aumentar aún más sus precios. Está previsto crear un nuevo puerto a 20 kilómetros al norte de Luanda, en Barro do Dande, pero se tardará en ponerlo en marcha.

A mediados de 2007 se aprobó la utilización como puertos de varias otras áreas, entre ellas Lobito, Namibe y la base de Sonils, pero el problema sigue siendo acuciante. El valor del total de proyectos eléctricos que se llevarán a cabo en Angola hasta 2012 se calcula en más de 2.500 millones de dólares. Esto incluye la rehabilitación de la red existente y la construcción de nuevas plantas eléctricas provinciales. El gobierno también tiene previsto construir unos 5.000 kilómetros de carreteras al año. Asimismo, están previstos una importante modernización del aeropuerto de Luanda (por valor de 2.000 millones de dólares) y el desarrollo de la Bahía de Luanda (por valor de 2.500 millones de dólares). El gobierno también pretende emplear 50.000 millones de dólares en un millón de viviendas para la población angoleña en los próximos cuatro años.

Sin embargo, el grueso de las obras de infraestructura contratadas en el marco del PIP ha sufrido enormes retrasos, entre ellas las comenzadas por empresas chinas. China Exim Bank concedió al Ministerio de Finanzas de Angola un préstamo blando de 4.000 millones de dólares para la financiación de proyectos de reconstrucción, anunciado por primera vez en 2004. El crédito, pagadero en 17 años con un período de gracia de cinco años, se concedió a un tipo de interés favorable de Libor +1,5%. En mayo de 2006 se negociaron otros 500 millones de dólares para “actuaciones complementarias”. A finales de septiembre de 2007 se habían desembolsado menos de 1.100 millones de dólares. Los principales obstáculos son la capacidad burocrática, un escaso entendimiento del entorno en que se opera por parte de las empresas chinas y los estrangulamientos en el suministro. Es poco probable que esta situación mejore a corto plazo, aunque probablemente las empresas chinas contratadas aprendan a ser menos ambiciosas al fijar las fechas objetivo de finalización de los proyectos. También existe el temor de que el gasto masivo en infraestructura previsto por el gobierno se malemplee si no se ve acompañado de programas de capacitación que mejoren la capacidad de Angola para absorber inversiones de semejante magnitud.

Siguen existiendo desigualdades y una gran pobreza, fuertemente arraigada, que requieren un conjunto más amplio de políticas, no exclusivamente centradas en el desarrollo de infraestructuras. En la década de 1990 la desigualdad en la distribución de los ingresos de Angola aumentó considerablemente, con un coeficiente de Gini estimado en 0,62, superior al de Nigeria. En la actualidad se calcula que más del 65% de los angoleños vive con 2 dólares al día. A pesar del aumento de los ingresos públicos derivado del petróleo, no ha aumentado la prestación de servicios, en apariencia por falta de capacidad y un exceso de burocracia.

La única prestación directa que la población pobre de Angola recibe del gobierno son subsidios, en particular el del combustible, que se situó en el 3% del PIB en 2006. A pesar de la presión del FMI para que se redirija ese gasto y se invierta en favor de los pobres, lo más probable es que las mayores rentas derivadas del petróleo permitan al gobierno mantener esos subsidios, algo potencialmente positivo dado que los angoleños más pobres dependen de productos del petróleo como el queroseno para cocinar. Además, gracias a los ingresos petroleros, el impuesto sobre la renta se mantiene bajo, en un 15%.

Capeando el temporal de los mercados financieros

Independientemente de estos problemas, se espera que Angola consiga capear bastante bien los efectos de la crisis financiera. Aunque las perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja desde el 20% del año pasado, sigue estando previsto un crecimiento del 15% este año y del 11,8% para 2009.

Protegida de un contagio financiero directo por su relativa falta de integración financiera con los mercados internacionales y la existencia de controles sobre las cuentas patrimoniales, la preocupación más acuciante de Angola son las enormes fluctuaciones del precio del petróleo y la contracción prevista de la demanda mundial de petróleo, sobre todo porque el 90% de los ingresos públicos del país dependen de este producto y el gasto público en infraestructura resultante es en la actualidad uno de los principales motores del crecimiento interno de Angola. La caída de los precios de mercado desde un máximo de 147 dólares hasta prácticamente un tercio de esa cifra hizo que el gobierno modificara el valor de referencia del petróleo en el presupuesto nacional de 2009, de 65 a 55 dólares/barril. Esto podría hacer peligrar los planes del gobierno de gastar 42.000 millones de dólares el año próximo en su programa de reconstrucción, como ha advertido el presidente dos Santos. Los analistas de mercado se mantienen optimistas, sin embargo. La debacle financiera de Occidente ofrece importantes lecciones para Angola en el desarrollo de sus propios mercados financieros y la caída de los precios del petróleo brinda un incentivo para centrarse en el sector no petrolero.

Conclusión

Transcurridos seis años desde el fin de una guerra civil que azotó a Angola durante decenios, el país se encuentra posiblemente en la mejor situación económica de su historia. El gobierno angoleño ha utilizado el potencial brindado por sus reservas de petróleo para aumentar su relevancia internacional mediante acciones como su ingreso en la OPEP. Además, el boom del petróleo de los últimos años ha fomentado unas elevadas tasas de crecimiento, especialmente en el sector no petrolero, que bien podría mantener a flote a Angola en los próximos años de vacas flacas tras la crisis crediticia mundial y la consiguiente falta de liquidez de los inversores.

Más preocupante resulta la situación sociopolítica del país. A pesar de gozar, en teoría, de unos buenos indicadores de crecimiento, la clasificación de Angola en los indicadores de desarrollo humano no es buena. Éstos muestran que la riqueza petrolera está concentrada en las manos de unos pocos miembros de la elite política y que la mayoría de la población está sumida en la más absoluta pobreza. Las recientes elecciones legislativas no han servido más que para afianzar aún más la posición del partido en el poder. Aunque esto puede favorecer la estabilidad política y permitir al gobierno actual formular planes de desarrollo a largo plazo, no es buen augurio en términos de responsabilidad política, especialmente porque el gobierno angoleño no depende de los impuestos para obtener sus ingresos. Años de gobierno autoritario unidos a una pésima prestación de servicios han alejado a los funcionarios públicos del resto de la sociedad. La aplastante victoria del MPLA en las urnas no refleja el cada vez mayor resentimiento por unos niveles de desigualdad cada vez mayores. Los recién elegidos parlamentarios han hecho numerosas declaraciones sobre la prioridad otorgada al desarrollo social y de las infraestructuras. Está por ver si se trata de algo más que de un mero gesto de cara a la galería. La prueba en sentido afirmativo sería que se adoptaran decisiones que permitieran una distribución más equitativa de la riqueza de Angola entre la población y, por consiguiente, una crecimiento económico más sostenible.

ATENTADOS SUICIDAS EN ARGELIA, 2007-2008: AL-QAEDA EN EL MAGREB ISLÁMICO (AQMI)


Anneli Botha

El alineamiento oficial del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) con al-Qaeda en enero de 2007 suscitó un enorme interés entre los analistas. Como ya se mencionó en un análisis previo[1] publicado el 2 de febrero de 2007, aquella decisión no supuso una total sorpresa si se tiene en cuenta que, desde 2004, el GSPC había ido mostrando gradualmente una afinidad cada vez mayor con al-Qaeda, además de que al-Qaeda influyó en su separación del Grupo Islámico Armado (GIA) en 1998. En aquel análisis se mencionó ya que ese alineamiento con al-Qaeda evidenciaba lo siguiente:

- El compromiso del GSPC con la causa de al-Qaeda en los actuales puntos conflictivos (Irak y Afganistán), entre otras cosas mediante la realización de tareas de reclutamiento.

- La utilización de la red del GSPC en Europa, y particularmente en Francia.

- La posibilidad cada vez mayor de que se llevaran a cabo operaciones suicidas, algo que quedó claramente de manifiesto en la retórica empleada en los últimos tiempos por el GSPC, en que se adhiere a la estrategia y los principios filosóficos de al-Qaeda. La creciente influencia del GSPC en la región del Magreb, a pesar del descenso del número de atentados en Argelia. El GSPC integra a yihadistas argelinos, libios, marroquíes, libios, tunecinos y mauritanos, y por tanto ha dejado de ser una organización exclusivamente argelina para convertirse más bien en una organización terrorista transnacional.

Sinopsis de las operaciones suicidas

Resultaba particularmente importante que este alineamiento con al-Qaeda supondría, entre otras cosas, una “posibilidad cada vez mayor de que se llevaran a cabo operaciones suicidas”. Los hechos ocurridos en Argelia desde entonces respaldan esta triste conclusión, ya que el país ha sufrido los siguientes atentados suicidas:

- 11 de abril de 2007 – Tres terroristas suicidas eligieron como blanco de su ataque la oficina del primer ministro y una comisaría de Bab Ezzouar, en Argel.

- 11 de julio de 2007 – Diez soldados murieron y otras 35 personas resultaron heridas cuando un terrorista suicida empotró un camión cargado de explosivos contra un cuartel cercano a Lakhdaria, a unos 80 kilómetros de Argel.

- 6 de septiembre de 2007 – Un terrorista suicida a pie detonó un dispositivo explosivo junto a una multitud que aguardaba al presidente Bouteflika en Batna.

- 8 de septiembre de 2007 – Un camión bomba conducido por un suicida se empotró contra un cuartel de la guardia costera en Dellys, a unos 100 kilómetros al este de Argel.

- 21 de septiembre de 2007 – Un terrorista suicida se inmoló contra un convoy de trabajadores extranjeros contratados por una empresa francesa cerca de Lakhdaria.

- 11 de diciembre de 2007 – Dos camiones conducidos por suicidas atentaron contra el Consejo Constitucional de Argelia y el edificio de las Naciones Unidas que albergaba el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argel.

- 2 de enero de 2008 – Un terrorista suicida empotró un camión contra la comisaría de Naciria, a 50 kilómetros de Argel.

- 29 de enero de 2008 – La comisaría de Thenia, al este de Argel, fue atacada por un camión conducido por un suicida.

- 4 de junio de 2008 – Un terrorista suicida detonó el dispositivo explosivo que portaba junto a la verja de un cuartel militar. Aunque los militares le dispararon, consiguió detonar el dispositivo. En un segundo atentado, un terrorista colocó un dispositivo explosivo cerca de un café en Bordj El Kiffan, posiblemente en un intento de llamar la atención del personal militar (aunque AQMI declaró que los responsables de los atentados habían sido dos terroristas suicidas, sólo el atentado contra el cuartel fue perpetrado por un terrorista suicida). Dos días más tarde, el 6 de junio, seis soldados perdieron la vida al estallar una bomba al borde de la carretera cerca de Cap Djinet. Ese atentado se vio seguido de otros dos el 8 de junio: el primero se dirigió contra una estación de tren de Beni Amrane, y el segundo contra el personal de primeros auxilios. El objetivo del primer atentado eran un ingeniero francés que trabajaba para Razel (una empresa francesa) y los soldados que lo acompañaban.

- 24 de julio de 2008 – Un terrorista suicida en una motocicleta atentó contra un vehículo militar cerca de Lakhdaria.

- 3 de agosto de 2008 – Un coche bomba suicida que estalló cerca de una comisaría en Tizi Ouzou causó 25 heridos, entre ellos 21 civiles y cuatro agentes de policía.

- 9 de agosto de 2008 – Un terrorista suicida empotró una furgoneta cargada con entre 200 y 300 kilos de explosivos contra un puesto de la policía en Zemmouri El Bahri, en la zona oriental de Argelia, matando a ocho personas e hiriendo a otras 19. Sin embargo, aquel ataque se produjo de noche, a diferencia de la mayoría de los demás atentados. Los documentos recuperados en la escena de la explosión sirvieron para identificar al terrorista suicida de Tizi Ouzou, lo que demuestra que ambos atentados fueron cometidos por el mismo grupo.

- 19 de agosto de 2008 – Un coche bomba suicida explotó junto a un grupo de personas que hacían cola para inscribirse en la academia de policía en el distrito de Issers de la región de Boumerdes, a 56 kilómetros al este de Argel, matando al menos a 43 personas e hiriendo a otras 45. Cuarenta y dos de los muertos y 32 de los heridos en el atentado eran civiles. También resultó muerto un policía y otros 13 resultaron heridos. La mayoría de los civiles asesinados eran personas que esperaban para inscribirse en la academia, aunque según los testigos también murieron varios automovilistas que pasaban por allí en el momento de la explosión. Este atentado es el que más víctimas ha producido por sí solo hasta el momento.

- 20 de agosto de 2008 – Dos atentados con coche bomba en el este de Argelia mataron al menos a 12 personas: una de las bombas fue detonada cerca del cuartel general de Bouira, mientras que el principal ataque se dirigió contra empleados de SNC-Lavalin, empresa canadiense de ingeniería. El terrorista suicida, que posteriormente fue identificado como Abdul Rahman Abu Zeinab Al Mauritani, atentó contra un autobús que transportaba a empleados de SNC-Lavalin cerca del Hotel Sophie. Aunque, al reivindicar la autoría del atentado, AQMI se refirió a los empleados de SNC-Lavalin como canadienses, en realidad eran ciudadanos argelinos que trabajaban para la empresa. Otro elemento importante de este atentado fue la nacionalidad mauritana de su autor, ya que los autores de los otros 17 atentados suicidas cometidos anteriormente en Argelia habían sido ciudadanos argelinos. En otras palabras, implicar a otras nacionalidades en los atentados cometidos en Argelia, frente a la utilización de Argelia como campo de reclutamiento y adiestramiento de combatientes extranjeros con destino a Irak y, en menor medida, Afganistán, podría ser reflejo de importantes aspectos de las posibles desastrosas consecuencias para la estabilidad, no sólo de Argelia, sino de toda la región en su conjunto:

- AQMI consiguió venderse como organización regional y representante de al-Qaeda.

- En vez de usar Argelia o la región en general para adiestrar a posibles combatientes extranjeros, mientras Irak experimenta una reducción de los éxitos y la influencia de al-Qaeda (que ha llevado a que la estructura se establezca en Pakistán y Afganistán), AQMI podría argüir que, en vez de luchar contra el mismo enemigo (véase el párrafo siguiente) en un país extranjero, las operaciones debería más bien dirigirse contra objetivos dentro de Argelia.

- 28 de septiembre de 2008 – Un coche bomba suicida mata a tres personas y hiere a otras seis. El atentado tuvo lugar en el distrito de Takdemt, cerca de la localidad costera de Dellys, unos 100 kilómetros al este de la capital. El suicida tenía como blanco un control conjunto del Ejército y la policía que protegía unos barracones militares cercanos.

Tendencias y posibles cambios en las operaciones suicidas

Aunque los atentados suicidas son una nueva táctica en Argelia (un país que ya ha experimentado 17 años de terrorismo), estos atentados siguen estando dirigidos principalmente contra las fuerzas de seguridad (policía y ejército), considerados representantes del gobierno argelino. La novedad en cuanto a la selección de objetivos es que ahora los atentados se dirigen también contra empresas y representantes extranjeros:

- Los empleados franceses se consideran un objetivo históricamente justificado por la violenta guerra de liberación que Argelia mantuvo con Francia para obtener su independencia.

- Los atentados dirigidos contra representantes estadounidenses (el atentado contra la empresa Brown and Root-Condor el 9 de diciembre de 2006 podría considerarse un ejemplo) están motivados fundamentalmente por la idea de que EEUU es el principal objetivo como consecuencia de la guerra que libra contra el terrorismo.

- Entre los atentados contra aliados de EEUU en su guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán se incluye el reciente intento de atentado contra intereses canadienses. Estos atentados podrían tener que ver con el mayor número de llamamientos a atentar contra representantes canadienses en Afganistán, en particular tras la advertencia de los talibán a Canadá, el 17 de agosto, de que si no retiraba sus tropas de Afganistán, los canadienses en el país seguirían siendo blanco de los insurgentes. El mismo día en que se produjo el atentado en Argelia, la explosión de una bomba al borde de un camino en el sur de Afganistán acabó con la vida de tres soldados canadienses (dos días más tarde, 10 soldados franceses murieron en una emboscada talibán). Aunque podría pensarse en una relación entre ambos atentados, AQMI declaró, sin embargo, que su atentado había requerido una planificación de tres meses antes de ser perpetrado. Aun así, la condición de Canadá como aliado de EEUU en Afganistán, en particular en el sur del país (el centro de las operaciones contra los talibán en las zonas tribales de Pakistán) apuntaría a la posibilidad de que AQMI estuviera imitando en Argelia las operaciones llevadas a cabo por los talibán y al-Qaeda en Afganistán y, en menor medida, en Irak, para “vender” aún más su alianza con esta organización.

La elección de intereses extranjeros, y en particular franceses, como objetivo casi podría describirse como un regreso al objetivo primigenio del GIA. El primer atentado contra extranjeros tuvo lugar el 21 de septiembre de 1993, cuando se encontró a dos topógrafos franceses degollados cerca de Sidi Bel Abbès. El atentado contra las Naciones Unidas sorprendió a todos, si bien podía haberse previsto aunque sólo fuera por lo que la ONU representa para los islamistas: “un enemigo del islam controlado por EEUU”.

Además de los objetivos seleccionados, hay otro elemento que merece atención: el modo de ejecución. Hasta ahora, la mayoría de los atentados suicidas se habían llevado a cabo con vehículos (muchos de ellos, coches y camiones robados y, últimamente, por primera vez, una motocicleta). Una novedad preocupante es que el atentado de Batna del 6 se septiembre y el atentado del 4 de junio fueron cometidos por terroristas suicidas con “chalecos bomba”, que también se han incautado en operaciones de contraterrorismo. A medida que se fue dificultando el acceso a los objetivos, por el uso de barreras y el acordonamiento de zonas de seguridad, los terroristas empezaron a aproximarse a sus objetivos a pie, con la ventaja de que, de esta forma, pueden acercarse a ellos todo lo que quieran. Al intentar combatir esta tendencia, la mayoría de los países definieron como perfil del posible terrorista suicida a un hombre, lo que hizo que los terroristas empezaran a reclutar a mujeres para llevar a cabo este tipo de atentados. Aunque ninguna mujer ha cometido un atentado suicida en Argelia todavía, este hecho merece ser tenido en cuenta, dados los escasos (o incluso, en algunas áreas estratégicas, inexistentes) controles de seguridad efectuados a las mujeres. Los siguientes dos ejemplos muestran cómo se está alentando a las mujeres a aumentar su participación en estos atentados:

- El 23 de enero de 2008 las fuerzas de seguridad argelinas detuvieron en Nedroma a un sospechoso de querer cometer un atentado suicida. Al registrar su vivienda se encontró un ordenador que había sido escondido por su hermana. Su propietario había dañado deliberadamente el teclado y el sistema operativo del microordenador en cuestión, así como los componentes electrónicos del ordenador de escritorio principal, para borrar sus contenidos. A pesar de sus esfuerzos, con la ayuda de programas de recuperación de datos, las fuerzas de seguridad consiguieron recuperar la información. Para el presente análisis resulta importante que, en muchos de los documentos, se instaba a las mujeres a tomar parte en la guerra en Irak y en actividades terroristas en Argelia. Entre los ficheros recuperados también se encontraron manuales de capacitación sobre el manejo de armas y explosivos, así como documentos en que se enseñaba a los nuevos reclutas métodos que les permitirían resistir los interrogatorios de los organismos de seguridad argelinos.[2]

- El 13 de febrero de 2008 un hombre y dos mujeres fueron detenidos por la policía en Lakhdaria después de que el hombre (identificado por sus iniciales B.T., de 31 años) amenazara con cometer un atentado suicida en una de las comisarías de los organismos de seguridad. Dos mujeres jóvenes que vivían en Lakhdaria, una de ellas de 21 años, llamada Sabrina, fueron arrestadas. B.T., conocido por la policía, fue detenido en 1996 y pasó 15 años en prisión antes de ser liberado el 25 de julio de 2004 como parte de un proceso de amnistía. Como miembro del GIA, se le consideraba un experto en explosivos y especialista en la fabricación de bombas caseras.[3]

Un posible motivo del cambio de táctica puede tener que ver con su valor propagandístico y con la fortaleza real de la organización. Cabe esperar que una organización que no deja de perder combatientes experimentados termine optando por una estrategia de menor confrontación. Esto explicaría el creciente uso de explosivos en vez de armas de fuego, puesto que en el segundo caso el terrorista puede morir durante el tiroteo. El uso de explosivos también permite que un pequeño núcleo de extremistas experimentados se dedique a crear los dispositivos y deje la parte ejecutiva a terroristas suicidas o combatientes menos expertos, y por tanto más fáciles de reemplazar. Asimismo, el impacto que provoca la muerte de un terrorista suicida en un área densamente poblada es mayor que el provocado por la muerte de unos cuantos miembros de las fuerzas de seguridad en áreas remotas. Tras la pérdida de miembros experimentados del GSPC como consecuencia de rendiciones y detenciones, o de su eliminación por las fuerzas de seguridad, el GSPC/AQMI está incrementando sus esfuerzos por atraer tanto a combatientes extranjeros como a jóvenes voluntarios (de entre 16 y 25 años), a menudo inexpertos pero idealistas. Básicamente, la fortaleza de la organización, medida por el número de combatientes, ha dejado de ser indicativa de su nivel de amenaza. La capacidad para reclutar a potenciales terroristas suicidas resulta ahora más indicativa que el número de combatientes dispuestos a enfrentarse a las fuerzas de seguridad en actos de insurgencia o guerras de guerrillas.

Las nuevas técnicas de reclutamiento también han planteado un nuevo desafío para las fuerzas de seguridad, en el sentido de que resulta más difícil aplicar medidas proactivas contra individuos sin antecedentes penales o que no han levantado sospechas y, por lo tanto, resultan desconocidos para las fuerzas de seguridad. Los nuevos reclutas se buscan sobre todo en las mezquitas, aunque Internet es también una herramienta extremadamente eficaz para llegar a los jóvenes y radicalizarlos, tanto en Argelia como en otras partes del mundo. Muchos jóvenes, incluso de entornos socioeconómicos pobres, frecuentan los cibercafés, donde tienen acceso a material de vídeo, manuales de capacitación y mensajes de carácter terrorista. Además de este interés en los jóvenes, el perfil de los terroristas suicidas que cometieron los atentados del 11 de abril de 2007 plantea además otra preocupación: el reclutamiento de antiguos delincuentes, en particular de personas implicadas en delitos de narcotráfico y alcohol. Por ejemplo, Benchihab Mouloud Hossine, alias Abu Dujanah, había cumplido penas de prisión en los correccionales de Serkaji, Berouaghia y Ouargla, por múltiples delitos, entre ellos “la promoción y el consumo de drogas”, mientras que Marwan Boudina, alias Nabil o Muadz bin Jabal, que había atentado contra el Palacio del Gobierno, también había participado en delitos, hasta que en enero de 2007 se convirtió en musulmán devoto.[4] Es bien sabido que la ingesta de alcohol y drogas está prohibida por el islam. Tanto Argelia como Marruecos están registrando aumentos en el consumo de drogas, lo que proporciona una importante fuente de posibles terroristas suicidas, explotados por los extremistas en beneficio propio.

El adiestramiento de los terroristas suicidas tiene lugar tras un breve período de radicalización, relativamente cerca de la zona donde fueron reclutados, a diferencia de los campos de adiestramiento móviles que se emplean fundamentalmente para individuos (tanto locales como extranjeros) de camino a Irak. A este respecto, Argelia sirve como base de combatientes extranjeros con destino a Irak, especialmente procedentes de Marruecos, Túnez, Libia, Nigeria, Níger, Malí y Senegal. Sin embargo, el ejemplo del nacional mauritano que participó en el atentado del 20 de agosto puede apuntar a que esta táctica podría cambiar en el futuro.

Resulta igualmente importante señalar que los atentados suicidas se han venido produciendo en conjunción con atentados con bombas al borde de caminos (que no son una nueva táctica), dirigidos fundamentalmente a los miembros de las fuerzas de seguridad. Otro motivo de preocupación es que, aunque la mayor parte de los atentados se cometen en localidades de menor tamaño al este de Argel, los operativos de AQMI también han demostrado ser capaces de ejecutar atentados con éxito en grandes ciudades como Argel. Aunque la parte occidental de Argelia se considera a menudo “tranquila”, a pesar de que la región fronteriza con Marruecos se utiliza para pasar de contrabando armas y explosivos hacia la parte oriental del país (el 24 de agosto de 2008 las fuerzas de seguridad argelinas acabaron con 10 militantes en un tiroteo cerca de Tarek Ibn Ziad, a 250 kilómetros al oeste de Argel),[5] esta zona podría empezar a escogerse como objetivo de atentados en el futuro, en particular tras la adopción de nuevas medidas de seguridad, más duras, en el centro y el este del país. Según el diario Echourouk El Youmi,[6] las Fuerzas Armadas han aumentado y reforzado sus controles en los pueblos y las ciudades del este de Argelia y en sus alrededores. También se ha equipado con escáneres móviles a las unidades combinadas de seguridad antiterrorista, para que puedan registrar los contenidos de las bolsas, las maletas y los maleteros de los vehículos en la región oriental del país. En otras palabras, aunque cabe esperar que los atentados suicidas se produzcan en Argel, Boumerdes y Tizi Ouzou, no deben descartarse otras zonas altamente pobladas al oeste de Argel.

A pesar del devastador impacto de los atentados suicidas, este nuevo modus operandi tiene dos consecuencias “positivas”: la indignación de la opinión pública y la disensión, dentro de la propia organización, de individuos contrarios a que se asesine indiscriminadamente a civiles inocentes. Aunque un objetivo pueda considerarse “legítimo”, detonar un dispositivo explosivo en un área pública no mata o hiere solamente a aquéllos contra quienes va dirigido el atentado. En otras palabras, siempre habrá “víctimas no buscadas”. En respuesta, en su última declaración tras los atentados del 20 de agosto, AQMI afirmó que sus autores “se aseguraron de que los pasajeros del autobús escoltado eran ciudadanos canadienses. Por tanto, el objetivo era el autobús y no, como afirman los apóstatas, nuestros hermanos, trabajadores musulmanes... escogemos nuestros objetivos con mucho cuidado y siempre nos preocupamos de no derramar vuestra sangre. No atacamos a inocentes”.[7]

Conclusión

Lamentablemente, la experiencia de Argelia no puede resumirse en pocas palabras, pero sí que convendría aprender una lección. Ésta es que los terroristas siempre adaptarán su objetivo y su estrategia para lograr sus fines, o incluso para no perder relevancia. La lección que deben extraer las fuerzas de seguridad es no dejar de pensar nunca y prepararse siempre para lo inimaginable, puesto que los terroristas tienen que estar siempre un paso por delante para ser capaces de lograr sus objetivos.

Notas:

[1] Véase http://www.issafrica.org/index.php?link_id=5&slink_id=4046&link_type=12&slink_type=12&tmpl_id=3.

[2] “Algerian would-be suicide bomber arrested in Nedroma”, BBC Middle East, 25/I/2008.

[3] “Algerian security forces foil suicide bombing attempt in Lakhdaria”, BBC Middle East, 13/II/2008.

[4] Echourouk El Youmi, 16-17/IV/2007.

[5] A. de Montesquiou, “10 suspected militants killed in Algeria”, Associated Press, 24/VIII/2008.

[6] Véasehttp://www.echoroukonline.com/fra/selection/1872.html.

[7] “Months of planning to kill Canadians brought only Algerian deaths in blast”, Edmonton Journal, 23/VIII/2008.