lunes, 30 de junio de 2008

BOOM INVERSOR EN ARGELIA: ¿HACIA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE?


Sofiane Khatib

Argelia es hoy un país muy distinto al que, en la década de los noventa, padecía una terrible guerra civil, sufría una marcada inestabilidad política y soportaba una situación económica desastrosa. A pesar del recrudecimiento de los ataques terroristas desde abril pasado debido a la creciente actividad del Grupo al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), la violencia está muy lejos de los niveles de la pasada década. Como resultado del efecto conjunto de un proceso de paz, de la incorporación de las corrientes islamistas moderadas en los círculos de poder y de la mayor eficacia de los cuerpos de seguridad,se ha conseguido debilitar de forma significativa la insurgencia islamista.

Gracias a los altos precios alcanzados por los hidrocarburos en los últimos años y a un aumento de su producción de gas, Argelia disfruta desde el año 2002 de una situación económica envidiable. En los cinco últimos años, el PIB real creció una media del 4,9% anual,[2] y se estima que crecerá un 4,8% en 2007 y un 5,7% en 2008. Las balanzas comercial y por cuenta corriente registran un fuerte superávit, las reservas de divisas del país alcanzan más de 70.000 millones de dólares y se espera que lleguen hasta los 80.000 millones en 2008.[3] Una buena disciplina monetaria ha permitido mantener la inflación bajo control a pesar de las fuertes tasas de crecimiento, por lo que el Foro Económico Mundial considera que la situación macroeconómica del país es excelente.[4]

Esta riqueza se está canalizando principalmente a reducir la deuda externa, que ha pasado de 25.900 millones de dólares en 2000 a 6.400 mil millones en 2006 y a financiar un ambicioso programa de infraestructuras públicas y de construcción de vivienda, para el que se prevén inversiones por valor de 60.000 millones de dólares entre 2005 y 2009. Mediante este plan el ejecutivo argelino busca abordar tres grandes retos:[5]

(1) Reducir un nivel de desempleo que, según datos oficiales, alcanzaba en 2005 el 15,3% de la población activa, incluyendo prácticamente la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años, y también la mitad de la población activa femenina.

(2) Resolver la grave crisis de la vivienda, que coloca a Argelia, con 7,6 habitantes por hogar, entre los países con mayor tasa de ocupación del mundo.

(3) Reducir los desequilibrios regionales enfocando las inversiones en infraestructuras, educación y servicios sanitarios en las regiones más pobres del centro y sur del país.

El sector público argelino ante los retos a los que se enfrenta el país

Los retos a los que se enfrenta el Gobierno para cumplir los objetivos marcados en su plan de desarrollo reflejan cómo la actual estructura de la economía argelina y del sistema administrativo lastra el crecimiento del país. Esto queda patente en cuestiones como el incumplimiento de plazos en los grandes proyectos de infraestructura e inmobiliarios provocado por la limitada oferta de insumos. Asimismo, numerosos proyectos se ven frenados, no por falta de recursos financieros, sino por un sistema administrativo centralizado, poco transparente y burocratizado. A esto se suma la falta de capacidad de la administración para realizar un seguimiento activo de los cientos de proyectos en marcha, tanto por falta de personal cualificado como por la inexistencia de procesos adecuados. Esto tiende a producir un sobre-coste de los proyectos, no favorece el cumplimiento de plazos e incide negativamente en la calidad del trabajo realizado.[6]

Las empresas públicas de construcción están desbordadas, y en muchos grandes proyectos se acaban importando tanto los insumos como la mano de obra, y esto a pesar de la alta tasa de desempleo del país. Esto sin duda reduce la capacidad de arrastre del programa de inversiones sobre el desarrollo de sectores clave de la economía argelina y limita el impacto positivo del plan sobre la sociedad en general, y sobre los niveles de desempleo en particular. El sector privado sólo puede asumir un papel limitado en el plan de desarrollo debido, entre otras razones, al difícil acceso al sistema financiero.

Así pues, el Gobierno está perdiendo la oportunidad de aprovechar la buena coyuntura económica y el boom inversor para dar un fuerte empuje al desarrollo del sector privado. Esto contribuiría a la diversificación de la economía argelina, que en la actualidad sigue dominada por empresas públicas y depende casi totalmente de las exportaciones de hidrocarburos. Una estrategia de desarrollo que diese más espacio a la iniciativa privada sentaría las bases para que un sector privado fuerte y dinámico fuese capaz de contribuir de forma sostenible al crecimiento del país, creando empleo y riqueza en los sectores más competitivos de la economía argelina.

Este es el caso por ejemplo de las industrias intensivas en energía como la siderurgia y las industrias químicas (en particular la fabricación de fertilizantes) que podrían aprovechar dos claras ventajas competitivas de la economía argelina: precios de la energía por debajo de los mercados internacionales y cercanía geográfica a la UE. El sector servicios, particularmente la banca y los seguros, tiene un enorme potencial de desarrollo. Cabe también destacar que, con las medidas adecuadas, la demanda generada por el programa de desarrollo del Gobierno puede beneficiar el crecimiento de empresas privadas de construcción.

El Estado no puede asumir por sí solo los retos que el país deberá afrontar en las próximas décadas. Se estima que la economía argelina tendrá que crecer entre un 6% y un 8% hasta 2020 para absorber la mano de obra que cada año se incorpora al mercado del trabajo. En estos últimos cinco años, gracias principalmente a la creación de empleo público, el desempleo ha pasado de un 30% de la población activa a un 15%. Pero este ritmo de absorción no es sostenible a medio plazo; el Estado está financiando la creación de empleo gracias a los ingentes recursos generados por la venta de hidrocarburos, redistribuyendo así la renta petrolífera entre sus ciudadanos. Pero ni el gas es eterno, ni nadie asegura que su precio se mantendrá en los niveles actuales. Se está perdiendo la oportunidad de crear las condiciones para generar riqueza, en vez de consumirla.[7]

Modernizar el sistema financiero: una necesidad urgente[8]

El Estado debe retirarse paulatinamente de los sectores económicos en los que la iniciativa privada pueda contribuir de forma más significativa al crecimiento de la economía. Las experiencias de otros países árabes aconsejan liberalizar los sectores de servicios, y en particular la banca y el sector asegurador. En efecto, la modernización del sector financiero es la piedra angular del proceso de liberalización de la economía argelina. En la actualidad, según datos del Foro Económico Mundial, la sofisticación del sistema financiero argelino se sitúa a la cola de 128 economías analizadas.

El sector bancario argelino está totalmente dominado por instituciones públicas, y la gran mayoría de los créditos se otorgan a empresas públicas deficitarias, quedando sólo el remanente para la empresa privada. El sistema financiero argelino no cumple con su labor de intermediación financiera; no se canalizan eficazmente fondos a las empresas, que ven su crecimiento frenado por falta de acceso a créditos y a otros servicios financieros. Una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial a empresarios argelinos reveló que el difícil acceso al sistema financiero constituye el principal impedimento para hacer negocios en el país.

Así pues, es urgente aumentar el flujo de crédito hacia el sector privado, asegurándose que estos recursos se asignan siguiendo un criterio de rentabilidad económica y no de amiguismo o interés político. Para ello es importante reformar los bancos públicos y los organismos reguladores del sector. También es urgente introducir mejores capacidades de gestión y tecnología en el sistema financiero argelino. Esto implica abrir el capital de los grandes bancos públicos argelinos a socios que puedan aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para la modernización del sistema financiero.

Por otro lado, la liberalización del sector asegurador permitirá una mejor gestión del riesgo, incentivando así la inversión a largo plazo del sector privado. Además, con un marco regulatorio adecuado, un sector asegurador liberalizado fomentaría el ahorro y canalizaría los ingresos por primas a oportunidades de inversión en el país. Sin embargo, es de vital importancia que la liberalización del sector financiero venga acompañada de un refuerzo de la capacidad de control de los entes reguladores.

Sin Estado eficaz no habrá un sector privado dinámico y transparente

El descontrol de la administración argelina en materia de regulación de los mercados financieros quedó patente con la quiebra de la mayor empresa privada del país, el Grupo Khalifa, en 2003. A partir de 1998, el Grupo Khalifa se desarrolló de forma fulgurante, abarcando actividades como servicios financieros, transporte aéreo, comercialización de medicamentos, construcción y medios de comunicación. A partir de 2000 el grupo empezó a invertir en Europa, dándose a conocer fuera de las fronteras del país.

Sin embargo, este modelo de crecimiento estaba abocado al fracaso; el banco del grupo comercializó depósitos con unas condiciones extremadamente atractivas, ofreciendo tipos de interés cinco veces más altos que el mercado. Los depósitos, provenientes sobre todo de empresas e instituciones públicas argelinas, se dedicaron a financiar el crecimiento de las otras empresas del grupo en Argelia y Europa, la mayoría no rentables. El banco también realizó préstamos a particulares guiados más por criterios de orden político y mediático que económico, ganándose así simpatías y evitando controles demasiado minuciosos.

La situación se hizo insostenible en 2003, cuando el banco se quedó sin liquidez suficiente para hacer frente a las obligaciones contraídas. En todo este tiempo el Banco Khalifa no sólo no comunicó información financiera fiable, sino que en algunos casos ni siquiera transmitió la información que por ley debía entregar al Banco Central y al Ministerio de Finanzas. Esto fue posible gracias a una red de connivencias con personas clave de los círculos de poder y a la falta de sistemas de control adecuados. La quiebra del Grupo Khalifa costo al Estado argelino cerca de 3.000 millones de dólares, y un sonado escándalo político, con juicio público incluido.[9]

Argelia no es un caso aislado. Las crisis bancarias son fenómenos relativamente frecuentes en las economías que se liberalizan y este “error de juventud” del capitalismo argelino tuvo algunas consecuencias positivas: el Estado reforzó los controles sobre el sector bancario, lo cual llevó al cierre de cinco bancos privados que no contaban con unas cuentas saneadas. Pero la magnitud política del escándalo y el coste económico asumido hicieron que el ejecutivo paralizase bruscamente todo intento de liberalización del sector financiero. La privatización del tercer banco del país, el Crédit Populaire d’Algérie (CPA), que cuenta con el 14% de los depósitos nacionales, lleva retrasándose varios años. Los bancos interesados, entre los cuales figura el Banco Santander, deberán esperar, como mínimo, hasta finales de 2007. Tampoco hay planes para privatizar los otros grandes bancos públicos: Banque de Developpement Locale (BDL), Banque Nationale D’Algerie (BNA), Banque de L’Agriculture et du Développemment Rural (BADR) y Banque Exterieure d’Algerie (BEA).[10]

El escándalo Khalifa redujo a mínimos la confianza del ejecutivo en la propia capacidad del Estado para controlar el proceso de liberalización y, de hecho, reforzó la voluntad del Gobierno de mantener el control sobre el sistema financiero. Las medidas de control impuestas a los bancos redujeron drásticamente el acceso al crédito de las empresas privadas, lo cual está frenando el crecimiento de sectores clave de la economía argelina. Con el fin de evitar situaciones como la del Grupo Khalifa, se han de reforzar los requisitos de transparencia de las empresas, sean estas públicas o privadas. La falta de transparencia constituye un freno al desarrollo de un entorno competitivo sano y reduce la capacidad de control de los entes reguladores. De hecho, los datos del Foro Económico Mundial indican que se deben de modernizar los sistemas de control interno de las empresas argelinas, por ejemplo promoviendo una mejor regulación del funcionamiento de los consejos de administración y mediante la realización de auditorías regulares e independientes.

Cabe también mencionar que 40 años de dominio estatal de la economía argelina han tenido otros efectos que hoy en día también lastran la iniciativa privada y que sólo pueden corregirse paulatinamente. La falta de ejecutivos con conocimientos de gestión actualizados, particularmente en los niveles de responsabilidad media, el uso limitado de tecnologías de la información y la baja sofisticación de las estrategias y operaciones limitan el impacto que el sector privado puede tener en el desarrollo del país. Sin embargo, este panorama está cambiando; a medida que se avance en la liberalización y se abra la economía argelina al exterior, cada vez más ejecutivos argelinos se verán expuestos a nuevas tecnologías y técnicas de gestión. Por otro lado, son cada vez más frecuentes los programas de educación empresarial con participación de escuelas de negocios de primer orden. Un buen ejemplo de ello es la Escuela Superior Argelina de Negocios (ESAA), creada en 2004 con el apoyo de las prestigiosas escuelas de negocios francesas HEC y ESCP. Adicionalmente, a medida que el crecimiento económico y la liberalización ofrezcan nuevas oportunidades es de esperar que cada vez más ejecutivos y cargos intermedios argelinos expatriados vuelvan a su país de origen llevándose de vuelta los conocimientos y las relaciones de negocios que han adquirido en Europa o América del Norte. Según un estudio del Centro Argelino de Investigación en Economía Aplicada para el Desarrollo (CREAD), cerca de 6.000 emigrantes argelinos que volvieron a Argelia en 2006 respondían a este perfil.[11]

La entrada de Argelia en la OMC y el Acuerdo de Asociación con la UE

En caso de confirmarse el ingreso del país en la Organización Mundial del Comercio, el desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento económico para Argelia, con mayor participación de la iniciativa privada, será ineluctable. El Gobierno lleva negociando desde 1998 el desmantelamiento progresivo de aranceles y la apertura al capital extranjero del sector industrial y de servicios. Sin embargo, sin un sistema financiero eficaz, el débil sector privado argelino no podrá sobrevivir a la competencia internacional. Por ejemplo, el Gobierno se verá obligado a bajar las tarifas arancelarias de la mayoría de bienes industriales desde el actual 45% de media hasta un 15% como máximo. A día de hoy, los productores de bienes industriales argelinos son en general poco competitivos en los mercados internacionales, y tampoco cuentan con financiación adecuada para modernizar sus procesos de producción y sistemas de gestión. Por ello, sin un sistema financiero moderno, la incipiente industria privada argelina difícilmente sobrevivirá a la apertura del mercado.[12]

Asimismo, la progresiva entrada en vigor de un área de libre cambio con la UE durante los próximos 10 años, según lo previsto en el Acuerdo de Asociación entre Argelia y la UE, firmado en Valencia en 2002, supondrá una mayor exposición de las empresas argelinas a la competencia internacional. Un sistema financiero moderno permitiría a la economía argelina sacar el máximo provecho de esta oportunidad, canalizando los recursos para que los sectores más competitivos de la economía argelina se beneficiende nuevas oportunidades de expansión.

Conclusión

Las reformas preconizadas contribuirán a que el sector financiero se convierta en el pulmón de la iniciativa privada. La disponibilidad de financiación, la existencia de una fuerte demanda nacional, y la posibilidad de acceder a los mercados de la UE,serán elementos claves en el desarrollo de un tejido de pequeñas y medianas empresas y de grupos industriales en los sectores más competitivos de la economía. Gracias al tamaño del mercado argelino, algunas empresas del sector de la construcción y del agroalimentario pueden alcanzar una masa crítica que les permita competir en los mercados internacionales. El bajo coste de la energía también puedefomentar la creación de grandes grupos industriales privados en la rama de la química y la siderurgia, principalmente enfocados a la exportación. Una mayor participaciónde la iniciativa privada en el desarrollo del país permitirá a su vez al Estado liberar recursos y canalizarlos hacia áreas que puedan contribuir a mantener una dinámica de crecimiento como es el desarrollo de las infraestructuras modernas y de un sistema educativo universitario de calidad.

La modernización del sistema financiero argelino implica entre otras medidas, abrir el capital de los grandes bancos públicos argelinos a socios que puedan aportar, sobre todo, tecnología y buena experiencia en gestión. Pero ninguna reforma será eficaz sin una batería de medidas que aumenten la transparencia del sector financiero y doten al Estado de los instrumentos necesarios para una regulación eficaz de la banca. Algunos indicadores permiten ser optimistas: en estos últimos cinco años se han saneado las cuentas de los bancos públicos, se ha producido un aumento significativo del flujo de crédito hacia el sector privado y la calidad de las instituciones argelinas ha mejorado sustancialmente.[13] Hoy existen los recursos económicos y las condiciones políticas para acelerar el ritmo de las reformas. Es de esperar que también exista la suficiente voluntad política para realizarlas.

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[1] Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan la posición del Foro Económico Mundial.

[2] World Economic Outlook Database, Fondo Monetario Internacional, abril de 2007, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/data/index.aspx

[3] Algeria Country Reports 2006 y 2007, The Economist Intelligence Unit.

[4] Margareta Drzeniek Hanouz & Tarik Yousef, “Assessing the Competitiveness in the Arab World: Strategies for Sustaining the Growth Momentum”, Arab World Competitiveness Report 2007, World Economic Forum, pp. 3-20.

[5] Programme Complémentaire de Soutien à la Croissance – Plan de Développement 2005-2009, République Algérienne Démocratique et Populaire.

[6] José R. Lopez Calix, “Revue des Dépense Publiques 2005-2006 en Algérie”, Nawafid: La lettre d’information trimestrielle du Groupe de la Banque Mondiale au Maghreb, junio de 2007.

[7] Paul Dyer y Tarek Yousef, “Will the Current Oil Boom Solve the Employment Crisis in the Middle East?”, Arab World Competitiveness Report 2007, World Economic Forum.

[8] Sofiane Khatib, “Algeria: Stability Sets Basis for Transition to Efficiency-Driven Economy”, Arab World Competitiveness Report 2007, World Economic Forum, p. 152.

[9] Ihsane el Kadi, “Khalifa, plus qu’une ‘erreur de jeunesse du capitalisme algérien”, AFKAR/IDEES, verano de 2007.

[10] Chérif Bennaceur, “Libéralisation du secteur bancaire. Les banques françaises favorisées”, Le Soir d’Algérie, 19/III/2007.

[11] Dossier de Prensa del “Réseau des algériens diplômés des grandes écoles françaises”, http://www.reage.org/docs/DOSSIER_DE_PRESSE_FORUM.pdf

[12] Ali Benyahia, “L’accession de l’Algérie à l’OMC retardée d’une année”, El Watan, 31/X/2004.

[13] Governance Matters 2007: Worldwide Governance Indicators 1996-2006, World Bank Policy Research Working Paper 4280, julio de 2007, http://info.worldbank.org/governance/wgi2007/sc_country.asp

EN UN AÑO ESPECIAL: DERECHOS HUMANOS Y DISIDENCIA EN CHINA


Augusto Soto

En el año de los Juegos Olímpicos (JJOO) China atrae las miradas del mundo y las críticas de distintos colectivos sobre su balance de derechos humanos. Es éste un tema que debe abordarse desde el realismo de lo que es posible conocer, denunciar y defender dentro de China y en el marco posibilista de los márgenes de influencia desde el exterior.

En un mismo año: olimpismo y derechos humanos

Por su verosimilitud y alcance global, se destacan y exponen aquí algunos aspectos del balance de Amnistía Internacional 2008 (además de ciertas declaraciones de la organización relacionadas con los JJOO), y a la vez la carta “La China real y los Juegos Olímpicos”, difundida en abril por Hu Jia y Teng Biao. El primero es un motivado activista y el segundo es profesor de la Universidad de China de Ciencias Políticas y Derecho en Pekín y habitual conferenciante internacional.

Un primer aspecto a rebatir es el documento específico que Amnistía dedica a los JJOO desde hace años. Cita el párrafo 2 de la Carta Olímpica que establece que “el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales”. Pero lo cierto es que en su párrafo 8 sólo precisa que “la práctica del deporte es un derecho humano”. Por su parte, la carta de Hu y Teng sostiene que el eslogan de los Juegos, “Un mundo, un sueño”, debe ser congruente con el espíritu de dignidad y de paz del movimiento olímpico original.

Sin embargo, no hay relación directa entre el respeto por los derechos humanos y el deporte, ni hoy ni ayer, porque, por un lado, los valores olímpicos (culto al deporte y plusmarcas) han avanzado mucho en los regímenes autoritarios y en los totalitarios de distinto signo. Y en segundo lugar, porque decenas de países que enviarán a sus atletas a Pekín son abanderados en el incumplimiento de las libertades básicas.

Tanto Amnistía como la carta afirman que, cuando se eligió a China como sede, el COI explicó claramente que esperaba que los JJOO comportaran un avance en el respeto a los derechos humanos. Amnistía cita al alcalde de Pekín y al vicepresidente del Comité de la Candidatura Olímpica Pekín 2008, quienes se comprometieron hace siete años a que los Juegos “contribuirían” o “mejorarían” la situación de los derechos humanos. Las afirmaciones chinas son huidizas, no un compromiso.

En verdad, el inesperado terremoto de Sichuán, el pasado mayo, ha servido para que el Estado chino se reafirme en el resguardo a los derechos humanos de los necesitados y en la justicia social, autojustificaciones de la existencia del Partido Comunista. Paradójicamente es el motivo que ostensiblemente ha descuidado el Estado en los últimos años al aceptar elementos de economía de mercado a un ritmo inaudito y alabado en el mundo.

El rápido despliegue de la ayuda a las víctimas contrasta absolutamente con las reacciones de otros dos vecinos autoritarios como Myanmar y Corea del Norte ante catástrofes similares. Hoy los dirigentes y el pueblo chinos aparecen unidos en el propósito de paliar el sufrimiento, mostrar una nación unida y fuerte y celebrar con éxito los JJOO. Esta unidad de propósito abarca a un quinto de la población mundial ante su peor catástrofe en una generación. Incluso el extraordinario levantamiento tibetano de marzo ha remitido. Es más, no ha habido un espíritu similar en previas sedes olímpicas.

A la vez Pekín, en su mejor tradición leninista-maoísta, heredera del confucianismo legalista, ha anunciado que los que resulten responsables del colapso de miles de edificios, especialmente de las escuelas donde murieron miles de niños, serán castigados con la máxima pena.

Así que más serio y aplicable a los derechos humanos es la denuncia específica. En 2008 Amnistía recuerda que 68 delitos son susceptibles de la pena capital en China y calcula que en 2007 por lo menos 470 personas fueron ejecutadas y 1.860 sentenciadas a muerte. La cifra real es un secreto de Estado y según la carta de Hu y Teng, anualmente debiera rondar entre los 8.000 y 10.000 ajusticiados.

Tanto Amnistía como la carta denuncian la desprotección judicial de quienes ejercen la libertad de expresión y asociación, arriesgándose a la detención domiciliaria, al maltrato, a la incomunicación o a la desaparición. Estima que en 2007 cerca de medio millón de personas fueron detenidas sin cargo o juicio a través de la “reeducación para el trabajo”. Hay que tener en cuenta que esta cifra es aproximada y por definición imposible de precisarse.

Ambos textos recogen denuncias de tortura y malos tratos de varios activistas en distintas causas sociales, desde los derechos humanos básicos hasta las expropiaciones sin compensación. Se trata de un dato cargado de verosimilitud sobre un fenómeno recogido en los últimos años, aunque sólo parcialmente, por la propia prensa china.

En cuanto a la libertad de expresión, Amnistía destaca la presión sobre los periodistas, el bloqueo y el filtrado de páginas web y de determinados conceptos, así como el encarcelamiento de una treintena de periodistas y de medio centenar de personas por sus opiniones en Internet. Se trata de testimonios reales, corroborados parcialmente in situ por este autor.

Amnistía también menciona que se impidió a millones de personas practicar su religión fuera de las iglesias patrióticas establecidos para el culto. Y denuncia la existencia de detenidos desatendidos legalmente y expuestos a la tortura. Especialmente destacan los musulmanes uigures, los budistas tibetanos, los grupos cristianos underground y los seguidores de la sincrética corriente del Falun Gong, con varios muertos en detención. También lo denuncia la carta.

Sin embargo, las fuentes no explican que todos estos abusos se desencadenan contra religiones y credos organizados con una referencia central en el extranjero. En lo que se refiere a las creencias chinas ancestrales, donde se mezclan taoísmo, budismo y otras influencias, el Estado simplemente no llega. Ni Amnistía ni la carta mencionan el dato de que las autoridades no interfieren en la impresión en China de la Biblia más vendida en Latinoamérica.

En fin, Amnistía se refiere a los casos de violencia doméstica contra mujeres, cuya denuncia se incrementó en un 120% en los tres primeros meses de 2007, un dato que se valora como una mayor voluntad de denunciar. Esto significa que hay un avance, como está ocurriendo en ese tema en Occidente. A la vez, se destaca el tráfico de miles de mujeres y a unas docenas de mujeres forzadas a abortar, algunas en el noveno mes de embarazo. De hecho, los abortos presionados son una realidad muchísimo mayor que Amnistía apenas roza esta vez.

A la vez Amnistía reconoce que, primero, el espacio de acción de la sociedad civil se ha ido ampliando, y, segundo, que la persecución contra los activistas y defensores de los derechos humanos se ha intensificado. En ese último aspecto coinciden la carta y distintas valoraciones que en los últimos meses han dado sinólogos extranjeros de distintas corrientes ideológicas.

Los intelectuales chinos ante los derechos humanos

Los progresos en derechos humanos o en nuevos espacios de libertades se dan por decisión del Estado, o bien por el margen de actuación que posibilita la reforma económica y que incluye la apertura al exterior. No ocurren por el impacto de una disidencia o de unos intelectuales al margen del Partido Comunista, con notabilísimas excepciones.

La lucha por los derechos humanos en China ha tenido un impacto considerable en Occidente desde el movimiento prodemocrático de 1989 y su cruenta represión en la plaza de Tiananmen. Entonces se denunciaron diversos asuntos. Entre ellos la liberación de disidentes, los desniveles salariales, la inflación, la corrupción y el nepotismo. Se demandó libertad de expresión, asociación y prensa. El movimiento no cristalizó en una organización, y menos aún en un partido, y tuvo una dimensión inevitablemente urbana. Fracasado, los líderes más conocidos se exiliaron y otros fueron detenidos y juzgados (algunos están aún en prisión).

Durante los últimos 19 años Pekín ha omitido de los medios de comunicación referencias a las protestas o se ha referido a ellas destacando su carácter “contrarrevolucionario”. Esto ha supuesto un vacío en la memoria colectiva del país. Y sin referencias históricas de disidencia no hay prerrequisito para un movimiento de oposición coherente, o por lo menos para una organización autónoma defensora de los derechos humanos en China. Hoy los jóvenes desconocen los nombres de los disidentes de 1989.

Y es más, muchos simpatizantes de entonces con el movimiento de Tiananmen se olvidaron de las preocupaciones políticas. Han desplegado sus energías en el arte o en las actividades empresariales propicias en una economía de expectativas en alza. Allí han desarrollado una extraordinaria independencia como personas, de la que carecían incluso a mediados de la década de los años ochenta.

Minxin Pei, profesor en EEUU, destaca el grado de autonomía social logrado por los ciudadanos como producto de la autonomía económica. Constata que las empresas no estatales, de propiedad colectiva y extranjeras, han permitido ampliar la libertad en el empleo, la residencia y en las opciones de consumo y han hecho a los ciudadanos menos dependientes del Estado.

Por supuesto, en el marco de las gigantescas transformaciones, sin un sistema multipartidista, sin un Estado de derecho como en Occidente y con recientes leyes civiles a perfeccionarse en la realidad, es inevitable la emergencia pública de conflictos de intereses y de denuncia de injusticias. En el último tiempo se han superado las 80.000 protestas anuales.

Por otro lado, el sistema considera la crítica velada o franca, generalmente escrita, de alto nivel y bajo perfil. Esta última se puede discutir en el seno del Partido Comunista. Eventualmente puede desembocar en una reforma o en la lucha expeditiva contra algunas injusticias.

En orden decreciente de influencia destacan una serie de intelectuales. Primero habría que mencionar a aquellos intelectuales del Partido con auctoritas y permanente contacto internacional, impulsores de ideas con una incidencia indirecta en las libertades a partir de ideas posibilistas. Tales son los casos de Zheng Bijian o Liu Ji. Fuera del Partido el más señalado es el excepcional Wang Hui, editor de la revista Dushu. Se estima que su preocupación por la corrupción y los excesos del mercado puede estar tras la intensificación de algunas medidas correctoras adoptadas por el Gobierno en los últimos meses. En un escalón muy menor, pese a la publicidad internacional de sus recientes denuncias, se sitúan los intelectuales Hu Jia y Teng Biao, citados al inicio de este análisis, además de un variopinto colectivo de profesores, escritores, periodistas y editores que les apoyan o sostienen causas similares. En el reciente levantamiento tibetano de marzo ha destacado Woeser, una disidente virtual tibetana que escribe desde Pekín. En un último escalón, invisibles para el público chino y famosos en ciertos círculos occidentales se sitúan los críticos más acérrimos cuyas biografías se basan en largas condenas de prisión. En primer lugar el histórico Wei Jingsheng, y a distancia el controvertido Harry Wu, famoso por denunciar la magnitud de la reforma por el trabajo (laogai en chino).

¿Funciona la presión internacional con China?

Tras Tiananmen hubo una inútil presión sobre Pekín. En parte porque la decisión represora la adoptó una gerontocracia muy curtida, que había sido víctima o ejecutora en períodos más enconados del pasado, y en parte por la actitud conciliatoria entre bambalinas de la Administración Bush (padre).

Se impuso un enfriamiento transitorio de los contactos comerciales y un embargo de armas a China aún vigente. Es perfectamente legítimo mantenerlo, pero es absurdo apoyarlo alegando que las armas compradas en el exterior podrían ser usadas por Pekín contra su propio pueblo, como se ha expresado en los últimos años. Las víctimas de Tiananmen fueron agredidas con armas menores (ametralladoras autónomas o de los tanques; no dispararon los cañones). Tampoco incide el material bélico sofisticado en quienes mueren detenidos o cumpliendo trabajos forzados. Una consecuencia del embargo fue que China se convirtió durante más de una década en principal cliente de las armas producidas por Rusia, incidiendo en el impulso de ambos complejos industriales. Tampoco la presión y la crítica internacional paralizaron a Pekín, que reajustó e impulsó sus vínculos en Asia, África y América Latina, hoy partes esenciales de su red de relaciones internacionales.

También hay que destacar que la presión hizo posible que en los años siguientes el régimen jugase con los detenidos del movimiento de Tiananmen como moneda de cambio, liberando a algunos en momentos propicios, por ejemplo antes de las cumbres China-EEUU, ante la visita del Comité Olímpico Internacional o en negociaciones para ingresar en la Organización Mundial de Comercio. En esos tres contextos China ha fortalecido su posición.

Así, las presiones ofrecen un balance testimonial. China lleva su propio ritmo sin más porque teme abrir brechas internas. Conviene recordar que fue hace apenas un lustro, con el advenimiento de la Administración de Hu Jintao, cuando se produjo la primera transición pacífica del máximo liderazgo en toda la historia de la China contemporánea.

Desde su sosegada soberanía Pekín ha reforzado el control en la Región Autónoma del Xinjiang y a la vez incrementado los vuelos desde allí hacia La Meca y hacia los países musulmanes. También está en curso un acercamiento discreto entre Pekín y el Vaticano que puede incidir en una mayor libertad de culto para la pequeña pero potencialmente influyente comunidad católica.

En lo inmediato, para hablar directamente de derechos humanos con Pekín cuentan los dirigentes excepcionales. Es el caso del actual primer ministro australiano, Kevin Rudd, que habla mandarín y es experto en disidencia china. En un plano muy menor (porque cuesta dialogar bien en este tema con Pekín), en la UE entre Alemania y Estonia hay dirigentes crecidos en las restricciones soviéticas. Destaca la canciller alemana, de origen germano-oriental, Angela Merkel. Por otro lado se puede esperar un mayor protagonismo de los derechos humanos en la relación entre EEUU y China con Obama o McCain. Pero probablemente comience de nuevo casi como una farsa a ojos de las autoridades chinas porque, más allá de muchos argumentos válidos, el tema lleva demasiado tiempo evidentemente instrumentalizado.

Más importante es el ejemplo de otras sociedades de cultura china, como Taiwán y Singapur, que entraron a su ritmo y de acuerdo a su escala en la senda democrática. La probidad de la administración de Singapur era ya modelo en época de Deng Xiaoping.

Desde nuestra perspectiva es perfectamente realista simplemente mostrar un sendero hacia un Estado de derecho. Cabe plantearse que las transiciones de los países de la Europa meridional puedan ser una referencia (no un modelo) para China. Es un interés planteado de manera oficiosa en Lisboa en noviembre pasado por el profesor Feng Shaolei, de la Universidad Normal del Este de China en Shanghai y asesor de la ciudad, en el marco del Sexto Foro China Europa co-organizado por la Academia Sinica Europaea de Shanghai. Sería el indicio de un interés oficial futuro chino sobre algunos aspectos de la transición española. De ser así, sería la confirmación de una hipótesis planteada hace tres años por un alto diplomático español conocedor de China.

Conclusiones

Es imposible cuantificar con exactitud los abusos a los derechos humanos. Pero la denuncia genérica y específica de Amnistía y de la carta de Hu y Teng parecen consistentes en sentido amplio con las aproximaciones de otras organizaciones, como Human Rights in China, e incluso con los datos de arbitrariedades (muy circunscritas) denunciados por los controlados medios gubernamentales chinos.

En perspectiva, en relación con años previos, se puede seguir constatando una ampliación del espacio de acción de la sociedad civil y una paradoja entre espacios de libertad y derechos humanos. Los primeros aparecen muy expandidos, los segundos con relevantes restricciones.

Igualmente es importante recordar que hablamos de una quinta parte de la Humanidad. Eso hace que el balance numérico de distintas injusticias (algunas combatidas con poco éxito por el Gobierno central, como el tráfico de personas o el infanticidio femenino) nos aparezca ampliado hasta lo monstruoso.

La carta de Hu y Teng contiene denuncias creíbles. A la vez, al exponerlas incurren en el exabrupto de decir que con sus acusaciones “no desean el aislamiento del país del resto del mundo”, como si eso fuera posible. La triste realidad es que ellos son los aislados (Hu ha sido encarcelado y a Teng se le hostiga). A la vez esa grandilocuencia contribuye a alimentar la extendida idea en Occidente de un país poco conectado a la globalidad, como si fuera Corea del Norte, Myanmar o Cuba.

Las presiones tradicionales sobre Pekín simplemente no funcionan (denuncia altisonante y pública, boicot deportivo, comercial o embargo de armas). Es más, nos pueden resultar perjudiciales. Si estimamos que tenemos algo que aportar en el ámbito de los derechos humanos hay que seguir reforzando los canales de información de que disponemos, además de todos los vínculos y especialmente los contactos con intelectuales y personalidades influyentes dentro del Partido y cercanos a él.

Por último, a causa de la gigantesca movilización oficial y ciudadana tras el terremoto, se podría afirmar que el Ejército y el Partido se habrían de alguna forma reconciliado con quienes en las ciudades aún recuerden la represión de Tiananmen de 1989.

LAS REMESAS PUEDEN LAMINAR LA POBREZA EN ÁFRICA SUBSAHARIANA


Íñigo Moré

La agenda internacional en materia de ayuda al desarrollo está copada por los Objetivos del Milenio, que tienen en la reducción de la pobreza su primer objetivo. En concreto se aspira a reducir a la mitad el número de personas que viven con un dólar al día, y a reducir a la mitad el número de personas que sufren hambre.[1] Conviene recordar que las remesas de los emigrantes son el medio conocido más eficaz para alcanzar este objetivo debido a que se trata de flujos sin contrapartida; regalos en lenguaje coloquial. Cualquiera que reciba 300 euros es justo 300 euros menos pobre que antes. Si el receptor pertenecía al grupo más precario, los que viven con menos de un dólar al día, esta cantidad justo le permitiría salir durante un año de esa aguda carencia.

Las remesas que los emigrantes envían al África subsahariana tienen muchas posibilidades de terminar en manos de una persona de estas características. Según Naciones Unidas, en 2001 el 46,4% de la población de la región pertenecía a este grupo. Esto supone 313 millones de personas, o el 30% de todos los pobres de estas características en el mundo. Además, la ONU señala que los pobres de solemnidad africanos solo disponen de una media de 0,60 dólares al día mientras que en el resto del mundo la media asciende a 0,80 dólares.[2]

Por ejemplo, una remesa de 300 euros apenas permite vivir un mes a una familia tipo en Ecuador. Pero si este mismo dinero llega a Ruanda, representaría la producción media de tres años, considerando que el FMI cifró en 91 dólares anuales el PIB per cápita del país en 2004.

Pudiera pensarse que el envío de remesas está tan sometido a la incertidumbre como cualquier otro flujo económico tradicional. Pero las remesas se caracterizan por ser “mucho más estables y menos cíclicas que cualquier otro flujo de capitales”.[3] Por ello, representan un seguro frente a las inestabilidades económicas. Por ejemplo, cuando las remesas superan el 3% del PIB adquieren masa crítica suficiente como para hacer “menos probables las crisis financieras cuando se reducen las reservas en divisas”.[4]

Una de las razones es que el más evidente de sus determinantes son los vínculos familiares que suelen unir al que envía y recibe los fondos. Este vínculo es permanente y no se atenúa, por ejemplo, por las condiciones de los mercados financieros que, en cambio, afectan a la inversión extranjera. Incluso, esos vínculos son más estrechos cuando el país de destino atraviesa situaciones de crisis, como catástrofes naturales, que tienen efectos demoledores sobre flujos como los ingresos por turismo internacional.

En el caso de África, esos vínculos familiares tienen una dimensión más amplia que el núcleo tradicional europeo, tanto por su característica informalidad como por la poligamia allí donde es legal. Esto hace que el número de receptores por cada remisor sea mayor que en otras zonas, ampliando la relación entre familias y remesas.[5] Y, con ello, también se amplía el efecto que tienen las remesas sobre la pobreza.

¿Cuántas remesas recibe África?

La cifra oficial de remesas recibidas por África subsahariana es de 4.357 millones de dólares según la UNCTAD para 2003. Pero esta cifra infravalora al menos tres veces la real, como delata su desproporción con el número de emigrantes de la región. Según la Population Division de Naciones Unidas, para el período 2000-2005 la migración neta anual de los países de África es de 455.000 personas mientras que el stock de emigrantes de la región es de 16 millones de personas, de los que 3 millones corresponderían al norte de África.

La descompensación entre cifras de emigrantes y de remesas se explica, en parte, por la mala calidad de la estadística. De los 44 países de África subsahariana, hay 10 que no ofrecen cifras de remesas, entre los que figuran algunos con diásporas tan relevantes como Angola. Además, los países que ofrecen las cifras lo hacen de forma irregular y, en muchos casos, retrasada. Hay cinco casos en los que la última cifra de remesas data de 1995, como ocurre con Nigeria, cuya diáspora tiene una muy relevante dimensión. Es evidente que en la situación de extrema pobreza de la región hay otras tareas más urgentes que realizar una contabilidad nacional precisa.

Otra parte de la explicación está en que las condiciones de África hacen que el grado de informalidad en las remesas sea superior a la media mundial.

Un informe conjunto del FMI y el Banco Mundial señala que las remesas informales podrían representar a nivel mundial hasta un 75% más que las contabilizadas.[6] Estas remesas informales viajan frecuentemente por sistemas paralegales, organizados de forma clandestina y que reciben diferentes nombres según la región geográfica: de fei-ch’ien (China), hasta hundi (Pakistán, Bangladesh), siendo conocidas en los países árabes como hawala. Se han encontrado vínculos entre estas redes informales y la financiación de actividades ilegales e incluso de terrorismo.[7] El mismo informe señala que este fenómeno informal es más agudo en África que en otros continentes.

Por su parte, el Banco de España afirma que su cifra oficial de las remesas que salen del país infraestima su dimensión real entre un “17% y un 46%”.[8] Estos porcentajes son más elevados para los países africanos. Por ejemplo, un informe de Eurostat señala que “el 95% de las remesas de Ghana son en especie”[9] mientras un informe de la ILO calcula que el 85% de las remesas recibidas por Sudán son informales[10] y otros análisis revelan que la importancia de las remesas supera su cifra oficial. Por ejemplo, “los depósitos bancarios de los emigrantes suponen un tercio de todos los depósitos privados en el sistema bancario de Mali”.[11]

Esta mayor propensión del África subsahariana a las remesas informales se explica por la debilidad de sus sistemas financieros, inexistentes en algunos países. Por este motivo, es imposible en la práctica enviar remesas por medio de sistemas formales y los usuarios deben recurrir a sistemas informales. Otro motivo es la alta proporción de migraciones intraregionales, en los que el emigrante va y viene llevando consigo sus remesas por fenómenos laborales, como el temporeo agrícola, o culturales, como el nomadismo.

Por ello, una estimación mínima de las remesas que realmente recibe África subsahariana podría ser tres veces la cifra oficial, colocándola en torno a los 13.000 millones de dólares anuales, una cantidad superior a las inversiones extranjeras que recibe la región y aproximadamente la mitad de toda la Ayuda Oficial al Desarrollo que, en términos netos, es el principal flujo económico de la región.

África subsahariana siempre ha sido el principal destino mundial de la ayuda oficial al desarrollo y su liderazgo se viene incrementando en las últimas décadas. Entre 1973 y 1982 absorbió el 26% de toda la ayuda concedida por los países miembros del DAC, departamento de la OCDE que analiza estos flujos. El porcentaje se incrementó al 31% en la siguiente década (1983-1992), llegando al 32% entre 1993 y 2002. En el caso de la ayuda europea, este porcentaje supera el 40% para todos los períodos.[12] En 2002 África completa recibió Ayuda al Desarrollo por valor de 22.296 millones de dólares.[13]

Por otro lado, la región recibió inversiones extranjeras por valor de 9.249,6 millones de dólares en 2003, con tres países petroleros en cabeza, Guinea Ecuatorial (1.430,7 millones de dólares), Angola (1.414,7 millones) y Nigeria (1.200,0 millones).

En este contexto, las remesas son uno de los principales flujos de divisas que recibe la región y, por tanto, su efecto tiene una importancia muy relevante.

¿Cuánto sale de España?

No existe un mapa de los destinos de las remesas de España. El Banco de España reportó por primera vez y para el año 2003 un reparto fragmentario de los tres principales destinos (Colombia, Ecuador y Marruecos). En octubre de 2004 amplió este ejercicio de transparencia, ofreciendo los diez primeros destinos de las remesas para 2003 y 2004. El único país subsahariano en este top ten es Senegal, que ocupa la 10ª posición en 2004 con el 2,1% de todas las remesas. Se puede calcular que esto supone 58 millones de euros para el ejercicio. No obstante, se puede estimar el potencial de estas remesas calculando que el último padrón contiene 163.014 subsaharianos, encabezados por los nacidos en Senegal, con 28.463, y Nigeria, con 25.800.

En ese mismo padrón se informa de una cifra de extranjeros de casi 5 millones. De estos, 1,5 vienen de países desarrollados y, en su mayoría, no realizan actividades económicas en España donde muchos residen como turistas de largo plazo. Por ello, cabe suponer que no envían remesas. Otros 3,5 millones vienen de países en desarrollo. Si dividimos la cifra oficial de remesas de 2004, 3.436 millones de euros, entre el número de emigrantes empadronados susceptibles de enviar remesas, tenemos una media anual aproximada de 1.000 euros por cada uno. Aplicando esta media al número de subsaharianos empadronados, podríamos estimar que su capacidad para enviar fondos a sus familias es de 163 millones de euros anuales como mínimo. En el caso concreto de Senegal, aproximadamente la media de remesas por cada empadronado es casi de 2.000 euros, el doble de la media general. Algo que podría obedecer a tres razones: bien son más reacios que el resto a empadronarse, bien tienen una mayor propensión a remesar o bien disponen de mayores rentas (posiblemente, la explicación más realista sea una combinación de las dos primeras). El caso es que aplicando esos 2.000 euros al universo de subsaharianos tendríamos 326 millones de euros anuales como estimación máxima de la horquilla. En su grado mínimo, la estimación supondría una cifra capaz de sacar de la extrema pobreza a medio millón de personas al año, mientras que, al máximo, la cifra supondría un millón de pobres menos.

No obstante, esta cifra potencial muy posiblemente supera a la real debido a las patologías descritas que dificultan el flujo de remesas hacia la región. La debilidad de sus sistemas financieros hace que sean muy pocas las entidades locales capaces de abonar en destino estos giros y, por ello, sus servicios son caros. Según un informe de remesas.org,[14] el precio medio de enviar una remesa de 150 euros desde España al África subsahariana es del 9,8% de la cantidad enviada, lo que supone un 63% más que hacerlo a Ecuador, donde el precio medio es del 6%. Como es natural, en la diferencia de precios influye la menor demanda (163.014 subsaharianos empadronados frente a casi medio millón de ecuatorianos), pero también refleja problemas en la oferta pues apenas la mitad de los remesadores autorizados trabajan con África subsahariana, mientras que casi todos lo hacen con Ecuador. Esta situación deriva de la escasez de pagadores fiables en destino, aunque también influye el escaso atractivo que puede tener para una empresa cualquiera emprender un viaje para encontrar un corresponsal digamos en Gambia, pudiendo buscarlo en destinos como Colombia donde, para empezar, existe una pluralidad de entidades pagadoras para elegir, una jurisdicción más o menos fiable en caso de conflictos y donde se puede viajar sin necesidad de vacunarse contra una larga lista de enfermedades exóticas.

Todo ello sugiere que no se está aprovechando el potencial de los emigrantes africanos para reducir la pobreza en sus países de origen, puesto que estos fondos no se remiten o lo hacen en condiciones precarias o más onerosas que otros destinos.

¿Generan desarrollo?

Mientras que el demoledor efecto de las remesas sobre la pobreza es evidente, no existe un consenso sobre su efecto en el concepto más amplio de desarrollo. La razón parece estar más en a dónde se mira que en las remesas en sí mismas. Mientras que las remesas reducen la pobreza de forma automática y autónoma, el efecto que tengan sobre el desarrollo depende de lo que haga con ellas el receptor. Si las guarda debajo del colchón sin utilizarlas, no generan efecto alguno. Si las utiliza para gastos relacionados con salud, educación o las invierte, aunque sea en reformar una vivienda, producirán un efecto positivo. No tanto si las gasta en artículos suntuarios, como un lector de DVD importado.

Resulta imposible determinar el desarrollo que producen las remesas que salen de España pues carecemos de un mapa oficial de sus destinos.

No obstante, se puede aventurar que este efecto desarrollo sobre el África subsahariana es muy limitado. La forma más sencilla de darles un rendimiento es bancarizarlas. Si el receptor no es capaz de invertirlas, las entidades financieras pueden encontrar un destino productivo. Pero los sistemas financieros de África son extremadamente frágiles y su tamaño suele ser minúsculo. Hay países con menos de cincuenta oficinas bancarias, contando las sucursales del Banco Central.

En caso de que el receptor decidiera invertirlas por sí mismo, se encontraría con escasas opciones por la ausencia de mercados especializados. En muchos países de África es necesario hacer más de 100 km para encontrar un mercado donde adquirir bienes esenciales como bombas de agua, para transformar secanos en regadíos, o sacos de cemento, para construcciones.

Y eso sin contar con que en algunas sociedades africanas aún perviven vestigios de la tradicional aversión al trabajo de las elites aristocráticas que consideran, por ejemplo, la agricultura como una actividad deshonrosa, prefiriendo la ganadería.

Respecto del marco institucional, hay que señalar que África en general es una región que no se destaca por el interés que demuestra por sus emigrantes. En parte debido a que las prioridades de la región son diferentes, pero también debido a la asimetría entre una diáspora que ha adquirido una perspectiva democrática y a la naturaleza tiránica de muchos regímenes africanos. Esto lleva a que los emigrantes sean considerados por sus Estados como potenciales opositores dispuestos, cuando menos, a financiar el derrocamiento del régimen. Parece incluso que esta percepción no está tan alejada de la realidad, pues el Banco Mundial[15] llegó a la conclusión de que “una diáspora amplia incrementa el riesgo de que un conflicto civil se repita en cualquier país”.

Conclusiones

En resumen, la extrema precariedad de África afila la capacidad para reducir la pobreza de las remesas de los emigrantes. Pero esa misma precariedad reduce la posibilidad que tienen las remesas para generar desarrollo, debido al subdesarrollo de su sector financiero, lo que hace particularmente caro enviar fondos a la región.

Una forma de solventar este primer problema podría ser fomentar que en España haya más remesadores que ofrezcan servicios sobre la región. Esto podría lograrse fácilmente por dos vías. Por un lado, autorizando la creación de pequeños remesadores especializados en emitir fondos a la región. Sería factible reduciendo los requisitos establecidos por el Banco de España para otorgar licencias de remesadores. En la actualidad, se exige un capital mínimo de 300.000 euros para emprender esta actividad. Esta cantidad podría reducirse para entidades que deseen especializarse en solo unos pocos países, por ejemplo de África subsahariana. De este modo se estimularía la competencia en el sector, lo que reduciría los precios.

El mismo resultado se lograría tratando a las empresas remesadoras como a cualquier otra empresa en lo que se refiere a disfrutar de los estímulos a la internacionalización que otorga el Estado, creando un programa específico para ellas. De este modo más entidades viajarían a África para cerrar acuerdos con pagadores, incrementándose de este modo la oferta y reduciéndose los precios. Por cualquiera de estas dos vías se lograría ofrecer a los usuarios caminos alternativos al de las remesas informales, muy frecuentemente controlados por las mismas mafias responsables de la emigración ilegal.

En cuanto al desarrollo que generan estas remesas, sería fácil incrementarlo con tratar a los emigrantes como a cualquier otro particular, ofreciéndoles los mismos apoyos que el Estado concede a cualquier otro que intente invertir en el exterior. Por ejemplo, facilitándoles acceso a las pólizas de inversiones donde Cesce cubre por cuenta del Estado riesgos políticos. Es cierto que las cantidades que puede invertir un emigrante con sus remesas son escasas. Pero está igual de expuesto a su expropiación como cualquier otro. Otro ejemplo sería facilitarles acceso en igualdad de condiciones a las líneas de financiación estatal para acometer inversiones en el exterior. Hay que señalar que ninguna de estas alternativas está expresamente prohibida para emigrantes y/o operaciones de pequeños montantes, pero las entidades que ejecutan estas actividades no han realizado acercamientos a esta comunidad, cuyas especiales características quizá hagan aconsejable la creación de una entidad específica que canalice estos apoyos, proporcionando asistencia y asesoramiento.

El resultado final sería un flujo estable de remesas que ofrecería una vía alternativa para el desarrollo de la región, hasta ahora confiado a la ayuda al desarrollo tradicional que viene teniendo dificultades para insertarse en una acción eficaz de los países receptores. Por ello, en ocasiones los proyectos no se llevan a término, mientras los casos de corrupción no son desconocidos en la región. Frente a este problema, las remesas son flujos de persona a persona. Individuos conscientes de las condiciones locales y que se van a preocupar por elegir cuidadosamente el destino de sus fondos y darles el rendimiento esperado. Al fin y al cabo es su dinero.

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[1] La División de Estadística de las Naciones Unidas ha creado una página específica sobre los Objetivos del milenio y el grado de cumplimiento: http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_worldmillennium_new.asp

[2] The Millennium Development Goals Report, Naciones Unidas, 2005.

[3] Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, abril, capítulo II.

[4] Matteo Bugamelli (Banca d’Italia), Do Migrants’ Remittances Reduce the Probability of Financial Crises in Emerging Markets, Working Paper presentado en el Third Workshop on Emerging Markets, Banco de España, Madrid, 24-25/XI/2005.

[5] Richmond Tiemoko, Migration, Return and Socio-Economic Change in West Africa: The Role of Family, Working Paper nº 15, Sussex Centre for Migration Research, University of Sussex, 2003.

[6]Caroline Freund y Nikola Spatafora, Remittances: Transaction Costs, Determinants, and Informal Flows, Policy Research Working Paper, Banco Mundial, 2005.

[7] Para un análisis de este aspecto, y otros de las remesas como flujo económico en general, véase Íñigo Moré, Las remesas de los emigrantes en España: una oportunidad para la acción exterior, Real Instituto Elcano, DT nº 3/2005, disponible en http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/167.asp

[8] Banco de España, Balanza de Pagos 2004.

[9] John K. Anarfi, K. Awusabo-Asare y N.N.N. Nsowah-Nuamah, Push and Pull Factors of International Migration: Country Report Ghana, Eurostat, 2000.

[10] Shivani Puri y Tineke Ritzeme, Migrant Worker Remittances, Micro-finance and the Informal Economy: Prospects and Issues, Working Paper nº 21, Social Finance Unit, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1999.

[11] A.S. Fall, “Enjeux et défis de la migration internationale de travail ouest-africaine”, Cahiers de Migrations Internationales, nº 62, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2002.

[12] Carlos Montes y Stefano Migliorisi, EU Donor Atlas, Mapping Official Development Assistance, informe financiado por la Unión Europea, mayo de 2004.

[13] OCDE DAC, Net Aid by Region.

[14] www.remesas.org

[15] P. Collier y A Hoeffler, Greed and Grievance in Civil War, Working Paper nº 2355, Banco Mundial, Washington, 2000.