lunes, 23 de febrero de 2009

SOMALIA TRAS LA ELECCIÓN DE UN PRESIDENTE ISLAMISTA: PARADOJAS AFRICANAS


Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez-Benita

A finales del mes de enero de 2009, el Parlamento somalí, reunido en Yibuti, elegía de forma mayoritaria a Sheij Sharif Ahmed presidente de la República. Este nombramiento, uno más en la larga lista de designaciones presidenciales desde la caída del dictador Siyad Barre en 1991, tuvo una significación especial por varias razones. En primer lugar, por la identidad misma del elegido: Ahmed es uno de los referentes clásicos de la corriente islamista somalí y desempeñó cargos de máximo dirigente en los Tribunales Islámicos, organización que aglutinó a principios de siglo a numerosas corrientes islamistas y logró derrotar a las bandas armadas de los señores de la guerra del centro y el sur del país.

En segundo lugar, porque la candidatura de Sharif Ahmed había despertado un optimismo inusitado entre numerosos sectores de la población somalí, sumida en el desencanto y la frustración tras lustros de gobiernos y presidentes transitorios incapaces de imponer el orden y acabar con las exacciones de las facciones armadas. Esta predisposición favorable, por cierto, ha calado entre varios Estados africanos y, sobre todo, árabes del Golfo, que han expresado su deseo de participar en la financiación de la reconstrucción del país y sustentar los planes de Ahmed en pos de la reconciliación nacional. Más aún, la diplomacia estadounidense ha dado una bienvenida “esperanzada” al mandatario somalí, en consonancia con la reacción positiva de Francia, el Estado de la UE con mayor ascendente sobre todo el África Oriental.

En tercer lugar, por constituir la culminación de un arduo proceso de negociaciones entre formaciones y personalidades somalíes que representaban, en gran medida, a los principales grupos pro gubernamentales y de oposición y que, hasta fechas recientes, mantenían posturas en apariencia irreconciliables. Y, en cuarto lugar, debido a la impresión –no exenta de grandes dosis de voluntarismo– de que por fin se habrá de contar con la voluntad política necesaria para rehabilitar la autoridad central del Estado y permitir que tanto el gobierno y el Parlamento federales, estructuras inhábiles forjadas por las conferencias de paz celebradas en los Estados adyacentes, sean verdaderamente efectivos y eficaces.

A diferencia de muchos de sus antecesores, Sharif Ahmed tiene una dilatada trayectoria política y no debe acarrear el estigma de haber militado o mantenido vínculos con los señores de la guerra, cuyas milicias han esparcido el caos y la corrupción por la antigua colonia italiana de Somalia y han manipulado a su antojo el gobierno federal transitorio. La breve experiencia de gobierno de los Tribunales Islámicos en el centro y el sur del país, en 2006, al margen de los excesos doctrinales de sus teóricos más intransigentes, puso de relieve la tendencia moderada de Ahmed y su afán por imponer el orden y la seguridad. Asimismo, el encumbramiento de este hombre de poco más de 40 años de edad se ha producido inmediatamente después de la retirada de las tropas etíopes. Éstas, desplegadas hacía dos años en territorio somalí –precisamente para acabar con la aventura islamista de Sharif Ahmed y sus correligionarios– habían tenido que hacer frente a la oposición armada de las milicias islamistas y la hostilidad de los somalíes en general, siempre reacios a cualquier intromisión de la gran potencia regional en sus asuntos internos.

Retos y desafíos

Sharif Ahmed tiene ante sí retos mayúsculos. El más preocupante, el desfonde institucional y económico que sufre Somalia desde 1991 y su partición de facto en cantones regionales controlados por milicias locales o clanes predominantes. La mayor parte de la población malvive en situación de precariedad extrema, y el incesante éxodo de refugiados hacia las regiones más septentrionales y los países vecinos, como Kenia y Yemen, ha contribuido a internacionalizar la crisis humanitaria somalí. La peculiar composición tribal y étnica del país obliga, por otro lado, a tomar en consideración la relación de fuerzas entre las diferentes regiones y los delicados equilibrios de poder entre unos clanes y otros. Sharif Ahmed pertenece, al igual que numerosos representantes de los ya extintos Tribunales Islámicos, al clan Hawiye, mayoritario en la capital, Mogadiscio, y las provincias meridionales –los miembros de este clan han desempeñado una función destacada en las acciones de hostigamiento al ejército etíope a lo largo de 2007 y 2008–. Con el fin de evitar las consabidas acusaciones de connivencia con un clan o sub-clan determinados, el nuevo presidente deberá rodearse de políticos y militares pertenecientes a los otros cuatro clanes relevantes de Somalia, en especial los Darod, predominantes en el noreste y en la región de Puntlandia.

Precisamente, el futuro de los territorios rebeldes compone otro de los grandes desafíos del momento. El gobierno autónomo de Puntlandia, “desvinculada” de forma unilateral del resto de Somalia en 1998, no ha mostrado veleidades independentistas. Al contrario, ha tendido a afirmar de forma periódica su disposición a reincorporarse en una estructura federal estable. Sin embargo, la designación de Sharif Ahmed ha provocado notorias reticencias y objeciones entre los representantes políticos puntlandeses debido, en esencia, a la conocida oposición de aquél y el conjunto de los islamistas a la pervivencia de entidades políticas desvinculadas de Mogadiscio. Su antecesor, Abdullahi Yusuf Ahmed, que había presidido a finales de los 90 la entidad autónoma de Puntlandia, había dimitido por discrepancias con sus valedores etíopes y la elaboración de planes de paz que incluían la implicación de los islamistas moderados en el poder.

Pero en el apartado de la soberanía nacional, el asunto más espinoso es, sin duda, el de Somalilandia, separada de Somalia en 1991 en medio de la confusión originada por el derrocamiento de Barre y el desplome del Estado somalí, y que anunció posteriormente su independencia, no reconocida internacionalmente. Somalilandia cuenta con su propia constitución y organismos estatales, a pesar de tener una precaria estabilidad política en términos objetivos pero ciertamente fiable y sólida si se pone en cotejo con la crisis crónica que padece el resto del territorio somalí. Al contrario que las autoridades de Puntlandia, las de Somalilandia no han mostrado nunca gran interés en la recomposición del tejido político y social somalí y sospechan que sus tesis secesionistas sufrirán un grave revés si Ahmed consigue unificar a las fuerzas sociales y políticas de las zonas meridionales. De hecho, los dirigentes de Somalilandia y de Puntlandia, junto con los sectores islamistas más militantes, han sido quienes han criticado con mayor fuerza la designación presidencial. Curiosamente, los representantes de otras dos entidades autónomas, Maakhir y sobre todo Galmudug, creadas a partir de 2006 y 2007 respectivamente, en el norte, han dado la bienvenida a Sharif Ahmed. Maakhir, enclavada entre Puntlandia y Somalilandia, mantiene una relación tensa con las autoridades de ambas y en especial con las de la segunda, así como una línea de denuncia visceral del “imperialismo abisinio” de Etiopía.

Implicaciones regionales e internacionales

Convertida en tablero de las rivalidades geoestratégicas de las grandes potencias regionales, en especial Etiopía y Eritrea, y en eje fundamental de la llamada lucha contra el terrorismo en el continente africano, la recomposición del Estado de Somalia ha de favorecer la estabilidad regional y la consagración de una corriente islamista moderada dispuesta al diálogo y el consenso con el resto de fuerzas políticas de la zona. Es sintomático que, tras años de lucha incesante y dogmática contra los movimientos islamistas en Somalia, incluida la intervención militar etíope, el ascenso de Ahmed Sharif haya provocado esta inusitada expectación. Guste o no, los islamistas disfrutan de gran popularidad en numerosas zonas de Somalia: se les considera gestores y administradores de probada eficacia, en comparación con los señores de la guerra y los representantes del gobierno local. Las primeras declaraciones de Sharif Ahmed han ido en la dirección de convocar a todos los líderes tribales y formaciones políticas a un diálogo nacional para estabilizar el país y establecer un reparto de funciones. De derivarse resultados positivos de tal iniciativa, se podría proceder al retorno de los desplazados somalíes, cuyo número ronda el millón y medio, y el saneamiento de la desarbolada economía nacional. Esto, a su vez, puede ayudar a normalizar el flujo migratorio de la zona oriental africana y permitir que naciones como Kenia o Yemen reconduzcan la grave situación creada por la existencia de cientos de miles de refugiados somalíes en su territorio.

En materia de seguridad interna y regional, no cabe duda de que la recomposición de un ejército y fuerzas de policía sujetos a la autoridad de Mogadiscio contribuirá a poner fin a la impunidad de los piratas y corsarios que asolan las costas septentrionales y han obligado a numerosos gobiernos europeos, entre ellos el español, a aprobar el envío de destacamentos militares al Golfo de Adén y el Océano Índico. La proliferación de la piratería marítima en las costas somalíes está convulsionando la estabilidad regional; al mismo tiempo, amenaza con agravar las disensiones entre unas regiones y otras dentro del territorio somalí, ya que determinadas imputaciones apuntan a círculos políticos nacionales, concretamente en Puntlandia, como conniventes con las mafias corsarias.

En el aspecto militar y geoestratégico, la estabilización institucional de Somalia ha de servir de preámbulo para un acercamiento entre Eritrea y Etiopía, cuyas disputas ya crónicas ejercen un efecto pernicioso en la situación interna somalí. Hoy por hoy, sin embargo, tal reconciliación sigue siendo improbable, ya que el gobierno eritreo sigue prestando apoyo a los líderes islamistas opuestos a Sharif Ahmed. Por su parte, el ejecutivo etíope mantiene estrechos contactos con numerosos señores de la guerra, sustentados y armados por Addis Abeba. Ésta ha completado la retirada de sus tropas de Somalia tras haber sufrido numerosas bajas y un descrédito enorme de su prestigio como potencia regional –por no hablar del fomento de los sentimientos hostiles de la población somalí–, lo que ha repercutido de forma negativa en la situación interna de la conflictiva región de Ogadén, con población de etnia somalí y escenario de combates recurrentes entre los grupos secesionistas y las tropas etíopes. Pero es de suponer que el interés de Estados como Kenia, Yemen y Yibuti –este último muy activo desde hace décadas como intermediario en el proceso de reconciliación nacional somalí– acabará empujando a etíopes y eritreos a hallar un principio de acuerdo que favorezca la gestación de un nuevo Cuerno de África.

El peligro del islamismo radical

La pacificación del Cuerno de África pasa por una tregua definitiva entre las facciones armadas somalíes y la consagración de un consenso nacional que ponga el énfasis en la reconstrucción del Estado y sus instituciones. No parece que las nuevas autoridades vayan a contar, al menos a corto plazo, con la colaboración de numerosos grupos islamistas. Dahir Aweis, uno de los fundadores de los Tribunales Islámicos y antiguo aliado del presidente actual, ha tachado a éste de haber renunciado a los principios y los ideales que animaron a las primeras asociaciones políticas islamistas. Tras la derrota de los grupos armados de los Tribunales Islámicos y la dispersión de sus líderes, los islamistas habían formado una especie de coalición nacional contra la ocupación, encabezada por el propio Sharif Ahmed; pero, según Aweis, los islamistas moderados acabaron anteponiendo el favor de las prebendas políticas a la prioridad de luchar contra las tropas etíopes y derrocar al gobierno y Parlamento federales, herramientas, en su opinión, de la influencia externa etíope.

Ante la determinación de los islamistas moderados de participar en conversaciones de paz con los representantes del ejecutivo federal y establecer un calendario para la salida de las tropas etíopes, la corriente de Aweis decidió separarse de la de Sharif Ahmed y formar la llamada “Alianza para la Liberación de Somalia – Facción de Asmara” con el objetivo de expulsar al ejército etíope manu militari. Los partidarios de Sharif Ahmed quedaron englobados en la “Alianza para la Liberación de Somalia – Facción de Yibuti” y accedieron a tomar parte en rondas de conversaciones patrocinadas por Naciones Unidas y los Estados de la zona. De estas negociaciones terminaría emanando el Acuerdo de Paz de Yibuti, que incluía la retirada de los contingentes etíopes, el despliegue de tropas africanas de paz y el nombramiento de un nuevo presidente por parte de los parlamentarios somalíes. Resulta evidente que la aceptación por parte de Sharif Ahmed de la interlocución con los representantes del gobierno federal equivalía a reconocer la legitimidad de éstos, en contra de la postura tradicional de los islamistas somalíes. Además, la postura de Ahmed, proclive al diálogo con unos y otros, ha sido tachada de “pro estadounidense”, ya que, sospechan, los acuerdos de paz de Yibuti no habrían sido posibles sin una implicación directa de Washington a favor de aquél.

Aweis y los suyos, entre los que se cuentan representantes de las tendencias más radicales del islamismo somalí, se han opuesto a la presencia de contingentes africanos en sustitución del ejército etíope. De ahí que las milicias islamistas hayan mantenido a lo largo de las últimas semanas enfrentamientos armados con los destacamentos africanos. De gran actividad en los ataques ha sido la organización de al-Shabab, formada inmediatamente después de la disolución de los Tribunales Islámicos e incluida por EEUU en la lista de grupos terroristas coaligados con al-Qaeda. En un primer momento no mantenía relaciones directas ni dependía de la Alianza Nacional para la Liberación de Somalia; con posterioridad, según ha reconocido Daher Aweis, han abundado los contactos entre unos y otros para formar un frente común ante los islamistas moderados y el ejecutivo federal, sobre todo después del avance de al-Shabab en amplias zonas del sur y la toma de ciudades de gran importancia estratégica como Kismanyo. Ya se han producido escaramuzas entre los combatientes de las dos grandes facciones islamistas, en la capital y zonas aledañas. Sin embargo, ciertos rumores apuntaban a principios de febrero de 2009 la existencia de contactos preliminares entre al-Shabab y el nuevo equipo de gobierno; y las mediaciones de líderes tribales y dirigentes religiosos está tratando de suscitar un acuerdo de mínimos que permita la reconciliación nacional tan ansiada por Sharif Ahmed.

Esta última, además, exige una reformulación del protagonismo de Somalia en el contexto de la campaña bélica dirigida por EEUU contra el “terrorismo islámico” y la expansión de al-Qaeda en el Cuerno de África. Entre los argumentos esgrimidos por el presidente etíope, Meles Zenawi, para ordenar la invasión militar a finales de 2006 estaba la vinculación de los islamistas somalíes, incluido Sharif Ahmed, con las redes de al-Qaeda en la región. EEUU, que respaldó la intervención militar etíope, ha bombardeado a lo largo de los últimos años supuestas bases de al-Qaeda en zonas meridionales del país y ha mantenido una extraña connivencia con determinados señores de la guerra, afamados por su supuesto celo en la lucha contra los grupos islamistas. Aun cuando deba suponerse que al-Qaeda u organizaciones afines cuentan con células y campos de entrenamiento dispersos en territorio somalí, la significación real de esta presencia es muy relativa. Y el efecto colateral ha resultado contraproducente, pues se ha generado un estado de animosidad generalizado entre los ciudadanos somalíes y se ha obstaculizado el proceso de regeneración institucional y política de un Estado fallido como es el somalí.

Conclusiones

Hay motivos para creer que, después de tantos años de incertidumbre, Somalia se halle ante el inicio de una nueva etapa. Las dificultades son muchas y el fracaso de una docena larga de intentos de reconstruir el Estado no invita al optimismo; sin embargo, se están produciendo algunos cambios. El marasmo del conflicto somalí ha provocado el hartazgo de los Estados vecinos y alguno de los factores desestabilizadores de antaño, como la presencia de señores de la guerray sus milicias, se han visto superados por los acontecimientos. La sociedad somalí, más allá de los condicionantes tribales y étnicos, ansía como nunca la paz y la estabilidad y ha pasado a apoyar de forma decidida a aquellas formaciones y personalidades empeñadas en restaurar la fortaleza del Estado central y su soberanía.

En cuanto a la repercusión geoestratégica de la cuestión somalí, la mera aceptación de potencias regionales, como Etiopía, e internacionales, como EEUU y la UE, de la designación de Sharif Ahmed como presidente del país pone de relieve que uno de los grandes tabúes de los últimos tiempos –la colaboración con corrientes islamistas nacionalistas– ha de ser revisado cuando la realidad se sobrepone a cualquier otra consideración. La lucha contra el terrorismo internacional y la prioridad de neutralizar la agenda desestabilizadora mundial de al-Qaeda no puede obviar la genuina relevancia de las corrientes y formaciones islamistas dentro del mundo islámico y su capacidad para representar las posturas y particularidades de amplios segmentos sociales.

Cabe aventurar que, en cierta medida, la adopción de soluciones y estrategias militaristas y de ocupación ha provocado un efecto insospechado. El ejemplo de Somalia, como el de Afganistán y sobre todo el de Irak, revela hasta qué punto las aventuras intervencionistas a gran escala derivan en un fomento inversamente proporcional de la violencia terrorista. No sorprende, pues, que la experiencia militar etíope en Somalia se haya saldado con una retirada un tanto apresurada; ni que los mandos militares occidentales reconozcan sin ambages los enormes contratiempos registrados en Afganistán; o que la prioridad para la nueva Administración estadounidense sea la concreción de un plan de retirada en Irak. En contextos de caos y desgobierno es donde los grupos radicales hallan mejor acomodo. La súbita y, hasta hace unos meses, impredecible ascensión política de un islamista somalí como Sharif Ahmed ilustra las intrincadas coordenadas que rigen la realidad política y social del orbe islámico. La gran paradoja de nuestros días quizá se sustancie en el hecho de que, en determinados Estados fallidos y sumidos en el caos, en las querellas fratricidas y la ocupación militar, las versiones más pragmáticas del islam político constituyen un factor de estabilidad y un ingrediente básico para la contención de las tendencias más extremistas.

LA TIERRA DEL ARMA NACIENTE


Robert T. McLean

Con la Conferencia de Washington de 1921 a 1922, el Secretario de Estado Charles Evans Hughes se movió con éxito para garantizar que la Marina Imperial japonesa no adquiría la capacidad para derrotar a Estados Unidos en la batalla por el Pacífico. Hughes estableció una cuota para el número de navíos avanzados que Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón podían producir y desplegar. Prestar poca atención a las siguientes administraciones de la Marina norteamericana y a la región destruyó un tratado que probablemente podría haber evitado la guerra en el Pacífico. Mientras que la administración Bush no ha logrado el triunfo diplomático en la escala de la Conferencia de Washington, ha evitado responsablemente una dejadez similar en la región y ha permanecido comprometida con preservar la primacía americana en Asia.

Un contribuyente importante a la aplastante presencia continua de Estados Unidos en Asia y el Pacífico ha sido Japón. Tokio ha quedado cada vez más aislado recientemente y ha descubierto que los vínculos cercanos con Washington son cada vez más importantes. China y Japón son enemigos históricos que tradicionalmente han combatido por la supremacía regional. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial de Japón contra los chinos continúan siendo tema de contención, y recientemente han aflorado informaciones que indican que Beijing ha estado involucrado en un esfuerzo concertado para garantizar la victoria de un candidato pro-China después de que el ex Primer Ministro Junichiro Kiozumi abandonase el cargo en septiembre de 2006. Willy Lam, un miembro permanente de la Fundación Jamestown, informó que la República Popular de China estaba cortejando a líderes empresariales japoneses que mantienen fuertes intereses económicos en China en un intento por garantizar que un miembro del gabinete de Kiozumi no sucediese al Primer Ministro y prolongase la presente política de gran recelo hacia Beijing (cosa que no sucedió).

El Partido Comunista Chino (CCP) en el poder ha presionado a sus medios para que reflejen su campaña por desacreditar los vínculos japoneses con Estados Unidos y agiten el sentimiento nacional anti-japonés. La República Popular de China, propietaria de Ta Kung Pao[i], clamaba a comienzos de este mes que el esfuerzo de la pasada administración Bush y sus homólogos de Tokio por reforzar la cooperación bilateral en materia de defensa en la región "es simplemente una mentira para engañar a la gente". El realineamiento de las fuerzas norteamericanas en el Pacífico también es castigado: "El plan de Estados Unidos y Japón, que quieren rodear a China, salta por fin".

Está claro que las informaciones de la prensa procedentes de los vecinos de Japón incitan la aprensión regional hacia los crecientes vínculos de Tokio con Washington, y China no es la única. La KCNA, agencia de noticias oficial de Corea del Norte, advertía el 16 de mayo de la "expansión militarista de Japón a ultramar". El comentario proclamaba: "La verdadera intención de Japón al hablar de 'amenaza' procedente de la República Popular de Corea y China es encontrar un pretexto para alimentar su presencia militar, disuadir a China de reforzar su poder nacional y presentarse como el líder de Asia".

El ermitaño reino comunista de Corea del Norte no es el único de los países del noreste de Asia que atestiguan un creciente sentimiento anti-japonés en los medios. Las tensiones entre japoneses y surcoreanos son elevadas a causa de la disputa por los islotes Dokdo, y la enemistad hacia Tokio quedó plasmada recientemente en dos importantes publicaciones surcoreanas. El Korean Times afirmaba que "China parece seguir 'un ascenso pacífico'" al tiempo que Japón "sigue de nuevo la política de agresión". Así, sorprendentemente, muchos surcoreanos ven a Tokio como una amenaza mayor que los dictadores de Beijing.

Un columna del diario de Seúl JoongAng Ilbo desvelaba además las percepciones locales al observar: "El futuro de las relaciones Corea del Sur-Japón parece completamente desolado" mientras Tokio "continúa verificando sus errores del pasado y reclama derechos territoriales sobre la base de 'glorias' pasadas". El autor de la columna no era sorprendido por lo que consideraba una política reminiscencia del Japón imperial, al tiempo que los tres principales políticos de Japón, el Primer Ministro Kiozumi, el Ministro de Exteriores Taro Aso, y el Secretario Jefe del gabinete Shinjo Abe, son "los descendientes de importantes figuras de guerra [y] podrían haber nacido con los genes del fascismo y el nacionalismo".

Llama la atención que los líderes locales y las organizaciones mediáticas hayan buscado culpar de las crecientes tensiones a Kiozumi y su administración, y que muchos izquierdistas americanos tales como Chalmers Johnson, del Japan Policy Research Institute, tiendan a estar de acuerdo. No obstante, cualquier observador objetivo - es decir, uno que no intime con los dictadores de China y Corea del Norte al tiempo que no desprecia a Japón a causa de su creciente relación con Estados Unidos - debería darse cuenta enseguida de que gran parte de la tensión entre Tokio y sus vecinos se deriva de fuerzas internas, y raramente de Japón.

El ex Primer Ministro Kiozumi provocó una rabia espectacular por sus visitas al enclave de Yasukuni - 14 criminales de guerra de primera clase de la Segunda Guerra Mundial son honrados en el lugar - y esto llevó a airadas protestas en la región. Sin embargo, gran parte de la preocupación popular ha derivado de motivaciones infames procedentes de líderes regionales o de cadenas mediáticas. Adicionalmente, mientras que el control de internet por parte del régimen chino se encuentra entre los más férreos del mundo, se permitió que una petición online que pide el rechazo a la apuesta de Japón por convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas permaneciese online de modo que pudiera recoger presuntamente las firmas de 24 millones de ciudadanos chinos.

The Economist observaba apropiadamente a comienzos de este mes que a pesar de las reservas de Beijing y Seúl hacia los esfuerzos japoneses por "normalizar" gradualmente, y construir por tanto su capacidad militar, "contra más estridentes se convierten China y Corea del Sur... más inclinado es el ciudadano ordinario japonés a hacer caso omiso de sus quejas". Esto queda ilustrado por el hecho de que, aunque a casi cuatro de cada cinco japoneses les gustaría ver mejores relaciones con China, el 70% sostiene hoy una opinión desfavorable hacia su vecino occidental.

¿Sugiere esto que el japonés puede hacerse cada vez más nacionalista y llegar a plantear una amenaza para la seguridad de la región? Esto es altamente improbable. La población de Japón está envejeciendo y sus cifras están en declive, lo que probablemente redunde en que temas tales como la seguridad social o el cuidado médico dominarán las futuras preocupaciones. En cuanto a los estallidos de China, Corea del Sur, y los demás porque los japoneses rehúsen reconocer totalmente la destrucción provocada por el militarismo de la Segunda Guerra Mundial de Tokio implementando un libro de texto en las escuelas japonesas que no ilustra las atrocidades de las fuerzas imperiales japonesas, debería observarse que los textos en cuestión sólo han sido adoptados por el 0,4% de las escuelas japonesas. Como escribía Hikari Agakimi para el Japan Institute for International Affairs, es como si "más de medio siglo de pacifismo japonés fuera de alguna manera algo a no creerse".

La pasada administración Bush confíaba acertadamente en que Japón no plantea riesgos para Estados Unidos, nuestros aliados, o su región. Mientras que las consecuencias negativas de la nueva asertividad militar y diplomática de Tokio apenas parecen ser legibles, los beneficios potenciales para Estados Unidos son desbordantes. El Mando del Pacífico de Estados Unidos ya ha comenzado un realineamiento de fuerzas en la región desplegando cifras significativas en Guam. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Japón ha colocado su ejército, marina y fuerzas aéreas bajo un mando unificado, y la cooperación norteamericana y japonesa en sistemas de defensa balísticos ha alcanzado un máximo nunca visto.

Mientras que debería ser obvio que esta alianza es una fuerza en favor de la paz y estabilidad, los hay que siguen convencidos de que sus efectos serán contrarios a esas intenciones. Chalmers Johnson escribía la pasada primavera que un rearme japonés podría tener consecuencias devastadoramente imprevisibles para Estados Unidos y afirmaba: "No está claro si los ideólogos y los amantes de la guerra de Washington comprenden que están desatando - una probable confrontación entre la economía industrial de mayor crecimiento del mundo, China, y... Japón, una que Estados Unidos habría tanto provocado como en la que podría verse consumido". Esta línea de pensamiento tiene cierta atracción entre aquellos que suscriben la opinión de que la defensa proactiva y las medidas de contención por parte de Estados Unidos para afrontar una amenaza percibida trascienden una profecía que se cumple por sí sola.

Johnson ve esto como "un conflicto en donde Estados Unidos perderá casi seguro", mientras pone el acento en los puntos fuertes de Beijing. Señala que el Consejo Nacional de Inteligencia de la CIA ha estimado que el PIB de China será igual al de Estados Unidos hacia el 2042, el país tiene una población que debería alcanzar los 1,4 mil millones con un firme cociente en favor de los varones mientras que la población de Japón está en declive, posee el mayor ejército del mundo, y actualmente posee centenares de miles de millones en divisa americana y bonos del tesoro. Así, Estados Unidos saldría mejor parado, según esta línea de pensamiento, empezando a apaciguar a Beijing y evitando cualquier política encaminada a reforzar la mano de América, puesto que a largo plazo podría demostrar ser contraproductiva.

Mitsuru Kitano, el entonces ministro de asuntos públicos de la embajada japonesa en Washington, escribía a principios de este año en el International Herald Tribune que Japón ya no se involucrará en su "anterior diplomacia pasiva", sino que el camino del país "es de cooperación cercana con Estados Unidos y refuerzo de la comunidad internacional". La diferencia en esta declaración del funcionario de tantas otras que pueden sonar similares es que sus palabras no son retórica vacía, su país no está metido en la doble diplomacia. Mientras que China es quizá el mayor adherente de tal doctrina diplomática, los aliados americanos tradicionales también han entrado en juego.

Un factor significativo en los cálculos de Washington a la hora de impulsar el ascenso de Japón a la prominencia internacional diplomática y militar ha sido la creciente influencia de China en Asia. Al margen de Gran Bretaña y algunos estados de Europa Central y Oriental, los aliados tradicionales occidentales de Estados Unidos han pasado a ser poco fiables e inconsecuentes si estallase un conflicto en Oriente. En la práctica, algunos podrían acabar en el bando opuesto en tal caso. El ex Presidente francés Jacques Chirac dejó prístinas sus intenciones al notar a finales del 2004 que París y Beijing sostenían "una visión común del mundo - un mundo multipolar", y el levantamiento del embargo europeo de armas sobre Beijing "marcaría un hito significativo: un momento en el que Europa tendría que hacer una elección entre los intereses estratégicos de América y China - y elige China".

Mientras que la visión de Chirac de unos Estados Unidos aislados y debilitados ha fracasado con el colapso de la constitución de la Unión Europea y la prolongación del embargo de armas europeo sobre China, Beijing ha comprendido que su nube diplomática en rápida expansión tiene el potencial para atraer no solamente a aliados americanos, sino también a los líderes de Washington. Los líderes chinos esperan que Japón no sea forzado a adoptar una política más resolutiva hacia la República Popular de China, pero, según Willy Lam, "Los diplomáticos y estrategas chinos que piensan que Beijing podría explotar la dinámica siempre cambiante del triángulo China-Estados Unidos-Japón en su favor han citado los sucesos del igualmente intrigante triángulo China-Estados Unidos-Taiwán". En otras palabras, la creciente fuerza de China, pronostican algunos funcionarios chinos, debería crear una situación en la que Washington y Tokio actúen como garantía de que ninguna parte arrastra a la otra a un conflicto con la cada vez más poderosa China.

La realidad sostiene, sin embargo, que tanto Estados Unidos como Japón se necesitan mutuamente para proteger sus intereses en la región. Mientras que Tokio está levantando las fuerzas armadas japonesas, Washington continúa siendo su protector. Los estrategas japoneses - formados muchos en centros especializados americanos y británicos - comprenden las ventajas de que América actúe como el "hegemónico benigno mundial". Además, como observaba el profesor de la Universidad Keio Naoyuki Agawa, "Japón está separado por el mar del resto del continente, un poco distinto al resto de Asia", y por tanto, "siempre tuvo la capacidad de maniobrar versus China". Como resultado, pasar a formar "parte de la esfera china iría contra esa tradición".

Para Estados Unidos, una alianza con Japón en la que Tokio asuma un cierto grado de responsabilidad militar y se involucre en la fuerza diplomática tiene una miríada de ventajas. Los japoneses se han convertido en socios importantes de Estados Unidos en los países del sur de Asia a la hora de combatir el terror, y se han realizado esfuerzos recientes por enmendar el Artículo 9 de la Constitución de Japón de 1947, que garantiza el pacifismo japonés. El Primer Ministro Koizumi se convirtió en el primer líder de su país en desplegar las fuerzas de su nación en el extranjero sin un mandato de la ONU desde la Segunda Guerra Mundial, al enviar a Irak 1000 efectivos de las Fuerzas Japonesas de Autodefensa (SDF) en el 2004. Tal movimiento por parte de Tokio, según el editor de publicaciones del Japan Institute of International Affairs Masaru Tamamoto, "no está relacionado con el cálculo japonés del ascenso de China; la póliza de seguro americana ha subido". Por decirlo simplemente, con una China cada vez más poderosa, Japón se da cuenta de su vulnerabilidad y está dispuesto a plantar cara en la alianza Estados Unidos-Japón.

Animar a un Japón confiado y fuerte no es trasnochado; va en los intereses a largo plazo de América. Chalmers Johnson concluía en su artículo mencionado antes que "probablemente es demasiado tarde para que la administración Bush haga algo más por retrasar la llegada de una comunidad oriental asiática dominada por China, particularmente a causa del declive económico y la fuerza financiera americana". Tanto como le gustaría ver a él una potencia americana dominada por una dictadura comunista de Asia, sería sabio apostar sus ahorros al Tío Sam. Estados Unidos no cometerá dos veces el mismo error una vez más no prestando atención a la Marina norteamericana y la región de Asia-Pacífico.

En 1920, los Demócratas del Senado forzaron una ley que hacía tambalear los gastos americanos en su marina. A pesar de estos esfuerzos aislacionistas orientados nacionalmente, el Tratado de Armamento Naval del Secretario Hughes limitó milagrosamente el tonelaje de los principales bancos japoneses al 60% de lo permitido tanto en Estados Unidos, como en Gran Bretaña. El Secretario, sin embargo, afrontó muchos de los mismos problemas que afronta la administración Bush hoy cuando enfatizó, "no podemos proteger nuestros propios intereses y disfrutar del prestigio y la influencia de la que deberíamos en el mundo si somos traicionados de esta manera en nuestras propia casa".

En circunstancias chocantemente paralelas a las que Asia es testigo hoy con el ascenso de China, el Secretario Hughes advertía en octubre de 1922: "Es esencial que mantengamos la fuerza naval relativa de Estados Unidos. Eso, en mi opinión, es el camino a la paz y la seguridad... Sería una locura minar nuestra postura". Favorablemente, con la presente expansión de la cooperación militar entre Washington y Tokio, la administración garantiza que la posición de Estados Unidos no será minada de nuevo. Al margen de si una potencia asiática en ascenso acabó en un desafío militar directo la última vez que sucedió, el respaldo a un Japón amistoso que refuerza su posición hará muchísimo más probable que el pasado no encuentra el modo de repetirse.

Nota:

[i] Ta Kung Pao (antes L'Impartial) es el periódico más antiguo en chino de China. Radicado en Hong Kong y financiado por el gobierno de la República Popular de China desde 1949, es considerado el portavoz oficial del Partido Comunista de China.

LOS KURDOS Y SU PAPEL EN ORIENTE MEDIO HOY


Carlos Echeverría Jesús

La concentración de tropas turcas en la frontera con Irak, el deterioro progresivo de la seguridad en la Región Autónoma del Kurdistán dentro de este país árabe y la creciente inquietud con que las autoridades de la República Islámica de Irán observan a su propia región kurda y al citado empeoramiento de la situación de seguridad en el Kurdistán irakí hacen necesario explorar en qué momento nos encontramos con respecto a una comunidad sin Estado establecida en los tres países citados además de en Siria que podría convertirse en un actor como tal en la compleja región medioriental si las tendencias arriba señaladas se mantienen.

Un desafío transfronterizo

Con su base en las montañas Qandil, en el norte del Kurdistán irakí, tanto el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) como el Partido de la Vida Libre del Kurdistán (PJAK), el primero creado en Turquía en 1984 y el segundo en Irán en 2004, desafían violentamente a las autoridades de Ankara y de Teherán aprovechando un escenario de progresivo deterioro en términos de seguridad como es el de la región administrada por el Gobierno Autónomo del Kurdistán, hoy compuesto por las provincias de Erbil, Dohuk y Suleimaniya.

En Turquía el Estado Mayor, a cuyo frente está el General Yasar Buyukanit, se ha embarcado en los últimos meses en organizar un despliegue de hombres y material en la frontera con Irak, el mayor realizado hasta la fecha y en el que el protagonismo principal se lo lleva el Ejército de Tierra comandado por el General Ilker Basbug, y en ambientar el despliegue con amenazas de intervención. Esto último lo hace contra la opinión del Primer Ministro, Recep Tayyip Erdogan, quien hoy por hoy descarta el penetrar en Irak para frenar al activismo de unos 4.000 miembros del PKK estimados en su suelo. Se trata de unos 200.000 efectivos, procedentes de las mejores unidades de un país que, no lo olvidemos, tiene las segundas Fuerzas Armadas de más envergadura dentro de la OTAN. La situación está tan deteriorada que una de las primeras medidas que piensa tomar Erdogan tras su victoria en las elecciones generales anticipadas del 22 de julio es entrevistarse con su homólogo iraquí, Nuri Al Maliki, quien visitará Turquía para acercar posturas respecto a cómo actuar frente al PKK. A mediados de julio medios de comunicación presentes en Diyarbakir, en el sur de Turquía, confirmaban la cifra de 200.000 soldados turcos desplegados en la frontera turco-irakí reforzados continuamente por convoyes por carretera y ferrocarril que transportan blindados y piezas de artillería. Con ello las Fuerzas Armadas quieren dar respuesta a diversos ataques terroristas kurdos realizados en los últimos meses, uno de los últimos el cometido por dos suicidas que lanzaron el 23 de junio un camión lleno de combustible contra una comisaría de policía de Tunceli, al este del país, y que fue seguido por un enfrentamiento armado contra otros miembros del PKK en el que hubo que utilizar incluso helicópteros de combate.

En lo que a la arena política respecta, cabe señalar que los 12 millones de kurdos están ya representados en el nuevo Parlamento gracias tanto a haberse presentado a las legislativas como independientes y no como miembros del Partido para una Sociedad Democrática (DTP), que corre el riesgo de ser ilegalizado acusado de tener vínculos con el PKK, como a haber superado el techo del 10% impuesto precisamente para evitar el acceso de minorías problemáticas como la kurda al legislativo. Por de pronto la otrora diputada kurda Leila Zana, encarcelada hace años por hablar en su lengua materna en el Parlamento, señalaba inmediatamente antes de la celebración de las elecciones que su objetivo no es la separación sino crear una república kurda dentro de Turquía: lejos del irredentismo de los terroristas del PKK pero lejos también de los afanes unionistas y nacionalistas de los sectores más fieles al Kemalismo. Por de pronto el activismo kurdo en el Parlamento se va a vivir probablemente con intensidad en los próximos meses gracias a los 27 escaños obtenidos, 8 de ellos para mujeres. Entre estas destacarán Sebahat Tuncel, liberada de prisión el 24 de julio donde estaba recluida por pertenencia al PKK, y Aysel Tugluk, la abogada del líder del PKK Abdulá Oçalán. Es de prever que la presencia kurda y la de los 70 diputados del ultranacionalista Partido de Acción Nacionalista (MHP) liderado por Deviet Bahçeli en el nuevo Parlamento genere tensiones e incluso enfrentamientos. Estos ya se produjeron durante la campaña electoral en la localidad de Dogu Beyazit donde la policía hubo de disolver a tiros una batalla campal entre seguidores de ambos.

En la República Islámica de Irán, las autoridades combaten en su territorio y ocasionalmente también en territorio irakí a los separatistas del PJAK, quienes buscan el apoyo occidental a su lucha aprovechando el enfrentamiento diplomático entre el régimen del Presidente Mahmud Ahmadineyah y la Comunidad Internacional en torno al programa nuclear iraní o a su ingerencia en Oriente Próximo. En noviembre de 2006 el periodista Seymour Hersh afirmaba en el semanario The New Yorker que estadounidenses e israelíes entrenaban y daban apoyo logístico a los miembros del PJAK en un empeño de desestabilizar Irán a través de esta estrategia indirecta. El PJAK asegura tener a 3.000 militantes en pie de guerra y a miles de simpatizantes entre los aproximadamente 7 millones de kurdos que viven en Irán. Esta provocadora presencia del PJAK en el Kurdistán irakí ha llevado al régimen de Teherán a diversas intervenciones quirúrgicas en los últimos dos años, destacándose las llevadas a cabo en mayo de 2005, en las que se utilizaron cazas y artillería, y la más reciente en la que también se ha comenzado a bombardear la zona a partir del 10 de julio de 2007 en respuesta a una incursión del PJAK en territorio iraní. Ese día las autoridades iraníes anunciaban la detención de 20 kurdos acusados de espionaje y la de tres miembros del PJAK en posesión de 10 kilogramos de explosivos. Teherán ha reconocido que el activismo terrorista del PJAK provocó la muerte de 120 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad de Irán tan sólo durante el año 2005. Por otro lado, es significativo que en el verano de 2006 coincidieran los actos de represalia tanto turcos como iraníes, ambos en forma de bombardeos aéreos y de disparos de artillería, en la misma zona-refugio del PKK y del PJAK provocando un número indeterminado de víctimas y el éxodo de miles de familias kurdas.

Mientras todo esto ocurre en los vecinos, dentro de Irak y en la zona de responsabilidad del Gobierno Autónomo del Kurdistán la vida cotidiana ha carecido hasta fechas recientes de la violencia que afecta a otras zonas del país árabe. Debido en gran medida a una homogeneidad étnica que no existe en el resto de Irak la zona kurda irakí ha vivido construyendo infraestructuras y tratando de atraer inversiones extranjeras, en particular de los EEUU y del Reino Unido, bajo el lema de “El otro Irak”. En agosto de 2006 el Gobierno Autónomo puso en marcha una campaña de construcciones de vivienda a la que también concurrió el capital privado hasta alcanzar un montante de 3.000 millones de euros pero aún es necesaria una fuerte inversión en sectores básicos para la vida cotidiana como la electricidad, el agua potable, el alcantarillado, los transportes o las redes bancarias. En paralelo a esta relativa bonanza en términos de estabilidad y desarrollo se viene sufriendo una aproximación paulatina, y muy acelerada en los últimos meses, de la violencia terrorista desde el resto de Irak hacia las hasta ahora plácidas tierras kurdas. Ello es debido al anhelo terrorista de proseguir el ahondamiento de los enfrentamientos intersectarios, de enfrentarse a una comunidad kurda que es percibida como poco respetuosa con las reglas más estrictas del Islam y, también y en clave de calendario político, porque cada vez está más cercana la fecha en la que habrá que decidir sobre el futuro de la rica región de Kirkuk, que los kurdos quieren para ellos así como una franja de tierra situada en el norte de Irak y en disputa con suníes y shiíes.

Para contrarrestar esta penetración de la violencia las autoridades kurdas de Irak confían en sus propias milicias, las más fuertes dentro de Irak en términos militares, y en sus servicios y redes de inteligencia tejidas con perseverancia desde principios de los años noventa, momento en el que la Comunidad Internacional creó un protectorado en el norte de Irak que permitió a los kurdos reforzar sus instrumentos políticos y de seguridad. Las autoridades y líderes kurdos confían también en la presencia internacional en suelo irakí, y en particular la estadounidense, para contener el avance de fuerzas tanto suníes como shiíes que podrían poner en peligro el “statu quo” actual. El Presidente de Irak, Jalal Talabani, y el Ministro de Asuntos Exteriores, Hoshyar Zebari, ambos kurdos, suelen ser las voces más oídas en defensa de tal situación. Así, es significativo que frente a las triunfalistas declaraciones del Primer Ministro Al Maliki, un shií, en las que afirmaba el 15 de julio que su país puede permitirse ya la salida de las tropas estadounidenses porque las fuerzas irakíes ya están preparadas para asumir el control, el Ministro Zebari declarara en paralelo a la CNN que Irak aún necesita a las fuerzas de los EEUU “por un cierto tiempo”.

La inquietud de los líderes kurdos irakíes es comprensible, máxime si tenemos en cuenta que el activismo terrorista contra esta comunidad y en su territorio es cada vez más visible. El 16 de julio sendos atentados suicidas, con un coche y con un camión bomba, provocaban al menos 85 muertos en la sensible ciudad de Kirkuk, donde la tensión entre kurdos, árabes suníes y turcomanos en visible y donde provocaciones de este tipo podrían llevar al enfrentamiento intercomunitario que ansían los terroristas. El coche bomba estallaba frente a la sede de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), el partido del Presidente Talabani. El mismo día y a las afueras de Kirkuk un tercer ataque mataba a un policía y hería a otros tres en el edificio sede del famoso comité olímpico local, uno de los símbolos más visibles del poder kurdo. El 7 de julio en la cercana localidad de Amirli más de 150 personas habían sido asesinadas en uno de los peores atentados suicidas que se recuerdan en Irak. Según las autoridades estadounidenses Kirkuk y sus alrededores habían vivido hasta esas fechas “en un nivel de violencia aceptable” pero ahora la oscura mano de Al Qaida perceptible detrás de estos atentados lleva a muchos a recordar que antes de fin de año y en aplicación del artículo 140 de la Constitución aprobada en 2005 deberá de decidirse en referéndum a celebrarse antes del próximo 31 de diciembre si la ciudad petrolera de Kirkuk se incorpora al Gobierno Autónomo del Kurdistán dejando así de ser la capital de la multiétnica provincia de Al Tamim. Aunque la situación es volátil cabe señalarse que desde la caída del régimen de Saddam Hussein muchos de los kurdos que él expulsara de la ciudad han ido regresando y que hoy tanto el gobierno municipal como la mayor parte de los miembros de las fuerzas de seguridad son kurdos, pero muchos observadores prevén más tensión y violencia si finalmente el referéndum se convoca dentro del plazo previsto. Los “peshmerga”, milicianos kurdos, ocuparon Kirkuk en abril de 2003, poco después de que las tropas estadounidenses tomaran Bagdad, y hoy patrullan como policías del municipio las calles mientras que los soldados estadounidenses controlan el aeropuerto y la seguridad de los campos de petróleo. Los dos principales partidos kurdos, la UPK y el Partido Democrático del Kurdistán (PDK) que encabeza el Gobierno Autónomo, presionan para que el referéndum tenga lugar antes de fin de año pero sobre el terreno la situación es convulsa, marcada por quienes regresan reclamando las casas y negocios que les pertenecen y los árabes implantados que defienden sus derechos adquiridos tras lustros de su establecimiento.

Con las fuerzas iraníes lanzando ataques de represalia contra el territorio kurdo irakí y las tropas turcas dispuestas a penetrar en el mismo las autoridades de Irak han dado la señal de alarma al mundo, y lo han hecho a través de su titular de Exteriores, el kurdo Zebari. El mismo que el 9 de julio advertía que una retirada precipitada de las fuerzas estadounidenses podría provocar una guerra civil, la partición del país y una guerra regional - tres de los posibles escenarios en uno - y denunciaba la inquietante concentración de fuerzas turcas en la frontera llamando a un mayor papel para el Comité de Seguridad Tripartito Turquía-Irak-EEUU.