viernes, 2 de mayo de 2008

TEMOR Y ODIO: AUSTRALIA Y EL ANTITERRORISMO


David Wright-Neville

Poco después de los atentados del 11 de septiembre, Davis Bobrow comentó que:

“(…) el gobierno actual ha adoptado políticas con escasas probabilidades de cumplir lo que en vísperas de la 2ª Guerra Mundial se definió como la piedra de toque de una política de seguridad de éxito: un contexto en el que los estadounidenses puedan vivir en gran medida libres de temor... En gran parte ello se debe a los incentivos y dinámicas incorporados a nuestros procesos políticos y nuestras creencias populares profundamente arraigadas. Bien por esos o por otros motivos, la consecuencia ha sido una guerra contra el terrorismo llevada a cabo de modo contrario a los criterios establecidos para un Gobierno de éxito, propio de una gran potencia. Estamos en una senda peligrosa por motivos mucho más inquietantes que los enfatizados en las críticas acerca de la dinámica psicológica del actual presidente Bush o la sinceridad o el carácter moral de su Administración.”[1]

El mismo análisis crítico puede aplicarse al enfoque dado por Australia al contraterrorismo, que, bajo la dirección del Gobierno nacional conservador del primer ministro John Howard, ha sido cuidadosamente calibrado para ajustarse al de Estados Unidos. De hecho, el Gobierno de Howard ve tal simetría entre los intereses australianos y estadounidenses en este aspecto que ha creado deliberadamente un enfoque contraterrorista, sobre todo por lo que respecta a la amenaza de violencia terrorista en el vecino sudeste asiático, que es poco más que un apéndice asiático-pacífico de la estrategia más amplia a nivel mundial de la Administración Bush.

Obviamente, la cooperación excepcionalmente estrecha entre Canberra y Washington da sus frutos, especialmente en lo que se refiere a compartir la información aun no procesada y a aprovechar los intercambios regulares de análisis de inteligencia entre los servicios secretos de Australia y Estados Unidos para poner a punto la capacidad de ambos Estados para prever acciones terroristas en el sudeste asiático. Y, en este frente, la cooperación entre ambos países ha reportado algunos logros importantes en materia antiterrorista.

Sin embargo, también existen importantes costes asociados al apoyo inequívoco del Gobierno de Howard a la Guerra contra el Terrorismo de la Administración Bush, siendo uno de ellos la presión política ejercida sobre los analistas de inteligencia australianos para que elaboren valoraciones que concuerden con las preferencias de la Casa Blanca. De esta forma, muchos de los mismos errores de diagnóstico y tergiversaciones de los “hechos” por motivaciones políticas que aparecen en el enfoque de la Administración Bush sobre el terrorismo quedan reproducidos en el contexto australiano.

La mayoría de estos costes, que a nivel empírico rudimentario pueden medirse por la difusión, más que por el repliegue, de la violencia contra Occidente desde que se declaró la Guerra contra el Terrorismo, pueden atribuirse a una tendencia a basarse en una concepción simplificada en exceso del fenómeno del terrorismo en sí. En vez de concebir el terrorismo como el resultado de una compleja interacción de diversas fuerzas económicas, históricas, políticas y socio-psicológicas, Canberra ha seguido el ejemplo de Washington y concibe el terrorismo como un problema generalmente unidimensional. En su contexto moderno, esto significa que Canberra considera que la amenaza del terrorismo está en gran parte enraizada en el Islam. Esta explicación reduccionista ha sido expresada abiertamente en la retórica del propio primer ministro Howard, así como en los comentarios de altos cargos del Gobierno y la burocracia. Es también un tema recurrente en los documentos oficiales que pretenden explicar el razonamiento que subyace a las políticas antiterroristas de Canberra. Por ejemplo, el propio Libro Blanco del Gobierno que establecía las políticas antiterroristas de Canberra declara lo siguiente:

“[n]os cuesta comprender la retórica de estos terroristas, que condenan a todo el que no esté de acuerdo con su concepción del Islam. Para nosotros, las aseveraciones de los terroristas de que existe una conspiración internacional para reprimir y derrotar al Islam no tienen ningún sentido. No se corresponden con la realidad cotidiana, por mucho que comprendamos y entendamos la difícil situación de los musulmanes y de otras comunidades en dificultades. Nos cuesta asociar sus afirmaciones con una disputa territorial, una ideología política o una injusticia histórica.”[2]

La regularidad con la que Canberra identifica el terrorismo con el Islam como religión desdice las habituales afirmaciones de Howard de que Canberra respeta el Islam y de que su participación en la Guerra contra el Terrorismo liderada por Estados Unidos no debería considerarse una indicación de ningún tipo de hostilidad hacia el Islam como religión ni hacia los musulmanes como pueblo. Y de hecho, en Howard se reproducen los problemas de credibilidad que han perseguido al presidente Bush por todo el mundo musulmán, si bien a una escala sustancialmente menor.

Este problema de credibilidad se ve reforzado por la rotunda negativa de Canberra a reconocer la existencia de unas causas fundamentales del terrorismo. Para Howard, al igual que para Bush, el terrorismo nace de la capacidad humana para la envidia y el mal. Es un fenómeno metafísico más que una forma de acción humana enraizada en experiencias humanas reales. Este análisis en exceso simplista también aparece abiertamente expresado en el Libro Blanco del Gobierno australiano, que explica el comportamiento terrorista en los siguientes términos:

“[Los terroristas] se sienten amenazados por nuestros valores y por el lugar que ocupamos en el mundo. Nuestras alianzas internacionales y nuestra firme política exterior son invocadas de forma oportunista en nombre de su ‘guerra’. Nuestro notable ejemplo de prosperidad económica y social se considera una amenaza para su causa. Oímos como se atacan nuestros valores y nuestro tejido social.”[3]

La ingenuidad del enfoque dado por el Gobierno australiano a la lucha antiterrorista puede explicarse en cierta medida por lo afortunado de la situación de Australia como país que ha tenido poca experiencia directa de este tipo de violencia. Aparte de un puñado de atentados a muy pequeña escala y poco graves contra instalaciones diplomáticas yugoslavas y turcas perpetrados por refugiados políticos descontentos en la década de los 70 y las muertes accidentales de varios jóvenes australianos en Europa como resultado de actos perpetrados por el IRA, hasta hace poco Australia no había experimentado directamente el terrorismo. Como potencia media aislada geográficamente de la mayoría de los puntos conflictivos del mundo, el terrorismo ha sido considerado siempre por la mayor parte de los australianos como un fenómeno ajeno y distante.

La autocomplacencia generada por esta ausencia de familiaridad con el terrorismo empezó a cambiar rápidamente con los atentados del 11-S. Casualmente, el primer ministro Howard se encontraba de visita oficial en Estados Unidos el día de los atentados y fue testigo de primera mano del daño físico y psicológico causado por los terroristas. Poco después de regresar a Australia, Howard convocó elecciones federales y, en la campaña, la seguridad nacional figuró como elemento clave.

Aun así, fueron los atentados contra dos clubes nocturnos en la turística isla indonesia de Bali el 12 de octubre de 2002, perpetrados por Yemaa Islamiya, un grupo vinculado a al-Qaeda, los que confirmaron la posición central ocupada por el terrorismo en la política australiana actual. Los atentados, que acabaron con la vida de más de 200 personas, incluidos 88 australianos, constituyeron la primera experiencia directa australiana del terrorismo con un número masivo de víctimas. A pesar del testimonio de los cabecillas de los atentados de que iban dirigidos contra los occidentales en general, una percepción errónea muy extendida en Australia es que los atentados fueron un ataque deliberado contra los australianos. El Gobierno no se ha esforzado en sacar a los australianos de su error, quizá porque desde aquel ataque el perfil de Australia como objetivo terrorista en el sudeste asiático ha aumentado radicalmente. A diferencia de lo que sucedió con los atentados de Bali en 2002, una serie de atentados terroristas posteriores en Indonesia sí se han dirigido directamente contra intereses australianos. De especial importancia fue un atentado con camión bomba contra la embajada australiana en Yakarta el 9 de septiembre de 2004, que mató a once indonesios pero a ningún australiano.

En respuesta a estos acontecimientos el Gobierno australiano ha adoptado un enfoque doble con respecto a la lucha antiterrorista.

A nivel internacional, el Gobierno de Canberra está convencido de que el terrorismo internacional puede combatirse principalmente mediante un régimen político en el que se dé especial prioridad al uso de la fuerza militar convencional contra Estados que alberguen o respalden el terrorismo. Por este motivo, aunque el Gobierno de Howard se adhiere de boquilla a las Naciones Unidas y a otras iniciativas multilaterales destinadas a desarrollar una respuesta mundial coordinada a la amenaza del terrorismo, la mayor parte de sus esfuerzos se han dirigido a renovar la alianza militar de su país con Estados Unidos.

En este contexto, Canberra fue un conspirador clave en la falsa campaña de las Armas de Destrucción Masiva que precedió a la invasión de Irak, encabezada por Estados Unidos, y en la que Australia participó de buen grado. Casi dos años después de la invasión, Australia sigue manteniendo una considerable presencia militar en ese país. La ferviente aceptación de la política estadounidense con respecto a Irak por parte del Gobierno de Howard quedó de manifiesto, por ejemplo, en los comentarios realizados por el ministro australiano de Asuntos Exteriores Alexander Downer, quien criticó duramente la decisión del recién elegido Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de retirar las tropas españolas de Irak tras los trágicos atentados terroristas del 11 de marzo. A pesar de la vergüenza causada por estos comentarios, que muchos australianos consideraron faltos de tacto, zafios y bochornosos, Downer se apresuró a salir nuevamente en defensa de Washington cuando criticó una decisión similar por parte del Gobierno filipino de retirar su minúsculo contingente de Irak menos de 30 días antes de lo previsto como parte de un acuerdo para salvar la vida de un ciudadano filipino –padre de ocho hijos– secuestrado por insurgentes iraquíes. Australia también prestó apoyo diplomático a Estados Unidos en los esfuerzos diplomáticos de Washington contra Siria e Irán y sigue siendo un firme defensor del modelo israelí de lucha antiterrorista dentro del Estado de Israel.

En línea con este férreo apoyo a la creencia de la Administración Bush de que el mejor antídoto contra la violencia terrorista es una dosis de democracia liberal al estilo estadounidense, aplicada por la fuerza en caso necesario, Canberra ha incrementado también su presupuesto militar basándose en la afirmación (altamente controvertida) de que poner a punto la capacidad australiana para proyectar su fuerza militar en la región sudasiática inmediata (pero también de forma más general en el mundo entero) junto con Estados Unidos resulta vital para la capacidad de combatir, a largo plazo, la amenaza del terrorismo.

Sin embargo, esta estrategia no ha estado ausente de problemas diplomáticos, los cuales se hicieron especialmente graves a finales de 2002, cuando Howard respondió a una pregunta de un periodista negándose a descartar la posibilidad de que Australia pudiese llegar a plantearse un ataque militar preventivo contra un país vecino si considerase que éste no había evitado atentados terroristas contra intereses australianos. No obstante, Howard se dio cuenta rápidamente de que reproducir la doctrina de prevención de la Administración Bush era una estrategia cargada de dificultades, especialmente para un país con una influencia tan limitada en los asuntos regionales como la de Australia. La negativa reacción sudasiática a los comentarios de Howard sorprendió a Canberra, y desde entonces el primer ministro se ha ido distanciando discretamente para pasar a adoptar una postura más conciliadora y colaboradora en materia de cooperación antiterrorista con los vecinos de Australia.[4]

Este enfoque conciliador se ha hecho operativo fundamentalmente a través de un aumento significativo de la cooperación de Australia con países sudasiáticos en materia de inteligencia. Sin excepción, las relaciones de Australia con sus vecinos en materia de inteligencia nunca han sido estrechas. Bajo la previsible cordialidad diplomática, Australia siempre se ha sentido más cómoda con sus aliados occidentales tradicionales –Estados Unidos y el Reino Unido– que con sus vecinos. A pesar del desarrollo gradual de intercambios regularizados de inteligencia entre las principales agencias australianas y sus homólogas sudasiáticas, la calidad de la información sin procesar y del análisis de inteligencia intercambiados entre las partes ha tendido a ser de escaso nivel. Existen varios motivos para ello, siendo el más importante el hecho de que Australia no haya considerado a sus agencias homólogas capaces de generar material de alta calidad, libre de influencias políticas. Al mismo tiempo, los sudasiáticos consideraban a Australia un actor mayoritariamente periférico con pretensiones de grandeza respecto a su importancia e influencia en la región y que ofrecía tan sólo una versión de la información transmitida por Washington, pero con una etiqueta distinta.

Todo esto ha cambiado en los últimos años, en los que Canberra ha firmado una serie de acuerdos bilaterales en materia de lucha antiterrorista con Gobiernos sudasiáticos que incluyen intercambios más frecuentes y amplios de material de inteligencia, así como el desarrollo de una serie de iniciativas de formación financiadas por Australia, impartidas por las agencias de seguridad australianas y destinadas a incrementar la capacidad antiterrorista de sus homólogos sudasiáticos.[5]

Resulta difícil juzgar con algún tipo de certeza el grado en el que la ayuda australiana ha desempeñado un papel importante en alguno de los recientes éxitos de la lucha antiterrorista en el sudeste asiático. Como mínimo, la ayuda en el área de investigación forense prestada por la policía australiana a sus homólogos de Indonesia sí ha jugado un papel importante en la detención con éxito de varios miembros clave de grupos terroristas involucrados en los atentados en la embajada australiana en Yakarta y en una segunda serie de atentados en Bali, menos mortíferos, el 1 de octubre de 2005.

Pero también es cierto que dicha ayuda ha hecho poco en frenar el atractivo del mensaje terrorista en el sudeste asiático. En concreto, la ayuda australiana ha contribuido poco a obstaculizar la capacidad de regeneración de los grupos terroristas sudasiáticos. Los últimos tiempos han proporcionado amplias pruebas de que grupos como Yemaa Islamiya pueden todavía reponer su personal con facilidad, adaptar y ajustar sus estructuras para encajar las pérdidas de miembros clave y recalibrar su selección de objetivos para burlar unas técnicas de seguridad y vigilancia más rigurosas. Existen pruebas suficientes como para elaborar un argumento convincente de que las políticas australianas en materia de lucha antiterrorista a nivel internacional siguen presentando un carácter extremadamente reactivo: tratan los síntomas, en vez de las causas. También queda claro, aunque Canberra se niegue categóricamente a reconocerlo, que su prominente apoyo a la Guerra contra el Terrorismo de la Administración Bush, y especialmente a su desventura militar en Irak, han llevado a una situación en la que el enojo hacia Estados Unidos se ha desviado también hacia Australia. En gran parte del sudeste asiático, Australia supone un sustitutivo para el sentimiento de antiamericanismo en particular, pero también para el antioccidentalismo en general.

La negativa dogmática de Canberra a reconocer este hecho y su rechazo a la posibilidad de que dicho sentimiento pueda tener sus orígenes en dinámicas fuertemente enraizadas en una compleja mezcla de malestares sociales y políticos, reales o percibidos como tales, implica que la contribución internacional australiana a la lucha antiterrorista seguirá siendo limitada.

El segundo nivel del enfoque australiano ha sido un endurecimiento de las leyes nacionales de lucha antiterrorista. Estas reformas se han llevado a cabo en diversas fases, cada una de ellas tras grandes atentados terroristas en el exterior. Este patrón de endurecimiento incremental de las competencias coercitivas del Estado resulta importante porque subraya el carácter reactivo del enfoque del Gobierno de Howard al contraterrorismo. Al carecer de una estrategia de gestión del terrorismo a largo plazo, de por sí reflejo de la incapacidad de Canberra para entender la complejidad del problema al que nos enfrentamos, la reforma legal en materia de contraterrorismo a nivel nacional ha sido poco sistemática; cada bloque de modificaciones legales ha sido introducido en el ambiente confuso posterior a los atentados del 11-S, de Bali, de Madrid y, más recientemente, de Londres en julio de 2005 contra el sistema de transporte público de dicha ciudad.

No es ocasión de documentar en detalle la compleja naturaleza de estas reformas, pero baste con señalar que la mayor parte de ellas se han centrado en ampliar las competencias de lucha antiterrorista de la agencia nacional de inteligencia, la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia (Australian Secret Intelligence Organisation, ASIO), y de la Policía Federal Australiana (Australian Federal Police, AFP).[6] Hasta el 11-S, ninguna de estas agencias tenía experiencia significativa en materia de terrorismo, aunque como parte de sus obligaciones en el período previo a los Juegos Olímpicos de Sidney de 2000 la ASIO adquirió sustancialmente más experiencia que la AFP. Aun así, son estas dos agencias las que más se han beneficiado de las reformas legislativas: a ambas se les ha aumentado considerablemente su presupuesto anual y se les ha concedido un amplio abanico de competencias de investigación y de detención que han sido criticadas por los grupos pro derechos civiles y los profesionales del Derecho por considerar que constituyen un ataque contra los principios fundamentales de defensa de los derechos humanos.[7]

A otro nivel, el Gobierno de Howard ha invertido importantes recursos en su “Terrorist Hotline”, un servicio telefónico gratuito, respaldado por una amplia publicidad en los medios, que alienta al australiano de a pie a vigilar las acciones de sus compatriotas y notificar cualquier actividad sospechosa. Lo que no queda claro es cómo pueden llegar a conseguir los australianos de a pie lo que los agentes secretos formados para ello no consiguen a menudo (identificar a un terrorista en un autobús, un tren o un mercado), pero esto no ha impedido que más de 64.000 australianos vigilantes hayan hecho uso de este servicio. La mayor parte de ellos ha dado parte de actividades de musulmanes respetuosos de la ley que tan sólo se ocupaban de sus asuntos cotidianos.

En concreto, el uso desproporcionado de este aumento de competencias de vigilancia e interrogatorio contra la población musulmana en Australia, relativamente pequeña (300.000 individuos aproximadamente, de una población total de alrededor de 20 millones, es decir, el 1,5% de la población total de Australia) ha empezado a minar la experiencia australiana, por lo demás armoniosa, como sociedad multicultural diversa y rica. Las tensiones sociales generadas por problemas básicos de orden público en algunas ciudades australianas, sobre todo en Sidney, se ven ahora impregnadas de un trasfondo de seguridad nacional.

Existe un riesgo real de que la mezcla actual de sospechas colectivas y mayores competencias de vigilancia e interrogatorio puedan empujar a ciudadanos, por lo demás respetuosos de la ley, a buscar protección refugiándose en enclaves culturales y religiosos aislados. Sabemos por la experiencia de Europa occidental que tales sentimientos de alienación cultural de la comunidad en general crean un entorno ideal para que los individuos pertenecientes a células terroristas puedan esconderse. Sin que los miembros de su comunidad conozcan o aprueben sus acciones, los terroristas individuales a menudo se ocultan en el seno de dichas comunidades, haciendo uso de la sospecha generalizada de las autoridades como una medida adicional de seguridad tras la cual pueden proseguir sus actividades, más a menudo no violentas que violentas: blanqueo de dinero, adquisición de equipo, monitoreo de prensa y, ocasionalmente, búsqueda de nuevos adeptos.

La importancia del multiculturalismo como arma en el arsenal australiano de contraterrorismo está siendo infravalorada por el Gobierno federal. Varios miembros del Gobierno, apoyados por elementos de los medios sensacionalistas, continúan insistiendo en que la amenaza para Australia radica en el Islam y que los musulmanes australianos deben demostrar un mayor nivel de conformidad con los valores dominantes (léase: no musulmanes). Las tensiones y el creciente sentimiento de marginación de la comunidad musulmana de Australia se vieron exacerbados a principios de noviembre de 2005, cuando una operación conjunta antiterrorista en la que participaron las fuerzas de policía estatales y federales de Nueva Gales del Sur y Victoria condujo a la detención de una red de australianos de origen mayoritariamente libanés por haber planeado supuestamente atentados terroristas parecidos a los de Madrid en dos de las mayores ciudades de Australia, Melbourne y Sidney.

Perdido entre gran parte de la histeria que rodeó estas detenciones quedó el hecho de que éstos no habrían sido posibles sin que miembros de la población musulmana de Australia hubiesen proporcionado de motu proprio la información que alertó en primer lugar a la policía sobre el plan. En este caso, como en otros, no ha sido un mayor arsenal policial y de competencias de inteligencia lo que ha llevado a éxitos nacionales en la lucha antiterrorista en Australia, sino la buena voluntad y el civismo de la pequeña comunidad musulmana del país.

Conclusiones

Australia ha actuado rápidamente para hacer frente a la amenaza del terrorismo transnacional, y en algunos aspectos ha puesto en marcha algunas reformas importantes y útiles. De especial importancia han sido los pasos dados para coordinar mejor la cooperación antiterrorista entre las agencias federales de inteligencia y mantenimiento del orden y los órganos correspondientes en los seis estados y los dos territorios federales del país. También han resultado importantes las iniciativas destinadas a aumentar la cooperación en materia de inteligencia con países sudasiáticos, así como los programas auspiciados por el Gobierno australiano para desarrollar técnicas de contraterrorismo de los servicios regionales de inteligencia y de la policía.

Sin embargo, una serie de problemas de interpretación profundamente arraigados en los prejuicios culturales del Gobierno federal minan la efectividad de estas iniciativas. El conservadurismo instintivo del Gobierno de Howard, que queda plenamente de manifiesto en su claro apoyo a la Guerra mundial contra el Terrorismo de la Administración Bush, ha contribuido a una mayor visibilidad de Australia como objetivo potencial de atentados terroristas, principalmente en el sudeste asiático pero con bastante probabilidad también entre jóvenes militantes marginados. Al mismo tiempo, los beneficios para las agencias nacionales de contraterrorismo de tener comunidades multiculturales unidas y bien integradas están viéndose minados por una peligrosa mezcla de oportunismo político e histeria mediática, que contribuyen a fomentar tensiones étnicas y culturales.

Australia seguirá logrando éxitos menores en su lucha antiterrorista, tanto a nivel nacional como en cooperación con agencias extranjeras en el sudeste asiático, pero su modelo actual es incapaz de hacer frente a la dinámica más profunda que hace de Australia un blanco de la hostilidad cada vez mayor de los círculos militantes y terroristas. Como resultado, en el futuro inmediato el desafío antiterrorista al que se enfrenta Australia continuará en aumento.

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[1] Davis B. Bobrow, “Losing to Terrorism: An American Work in Progress”, Metaphilosophy, vol. 35, nº 3, 2004, pp. 362-363.

[2] Commonwealth of Australia, Transnational Terrorism and the Threat to Australia, ministerio australiano de Asuntos Exteriores y Comercio, Canberra, 2004, p. 2.

[3] Ibíd., p. xi.

[4] Véase Mohamed Mova al Afgani, “Spread of ‘Preemptive-ism’ and Indonesia Sovereignty”, Jakarta Post, 7/X/2004.

[5] Véase “Counter-Terrorism: Regional Coordination and Cooperation”, discurso ante National Security Australia, 2004; conferencia de Les Luck, embajador para el contraterrorismo, Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, Sidney, 23/III/2004. Disponible en
http://www.dfat.gov.au/media/speeches/department/040323_nsc_amb_cntterr.html (acceso 1/V/2004).

[6] Para acceder a un resumen cronológico de la legislación nacional australiana en materia de lucha antiterrorista, véase Biblioteca del Parlamento Australiano, Terrorism Chronology, en
http://www.aph.gov.au/library/intguide/law/terrorism.htm

[7]Para un debate más detallado sobre este asunto, véase Jenny Hocking, “Counter-Terrorism and the Criminalisation of Politics: Australia’s New Security Powers of Detention, Proscription and Control”, Australian Journal of Politics and History, vol. 49, nº 3, 2003, pp. 355-371.

martes, 29 de abril de 2008

CHILE EN UN MUNDO EN CAMBIO


Ricardo Lagos

Los años recientes han sido tiempos de cambios profundos en la economía mundial, en las relaciones entre los países, en la producción y la tecnología y en la cultura. El mundo está cada vez más globalizado e interconectado. La Guerra Fría pertenece al pasado. El viejo orden bipolar fue reemplazado por un unipolarismo político-militar, situación que no ocurría desde la paz de Westfalia, pero acompañado de un multipolarismo en el terreno económico. La competencia económica está reemplazando a la rivalidad militar. El antiguo tercer mundo se ha diluido. Algunos de sus integrantes se han convertido en economías emergentes y están en el umbral del desarrollo. Otros, lamentablemente, se debaten en el atraso y la marginalidad.

América Latina no ha permanecido al margen de estas transformaciones. La región tiene una larga historia marcada por cambios de rumbo radicales. Esta vez el rumbo de América Latina parece sólido y seguro. Nuestros países han reformado sus economías para controlar los desequilibrios macroeconómicos heredados del pasado y abrir los mercados internos con el objetivo de aumentar la competitividad internacional de sus economías. La región está ingresando a una etapa única en la que, tal vez por primera vez en su historia, se ha incorporado a las tendencias centrales del sistema internacional y ha asumido la modernidad, tal como ésta es concebida en el presente y es difundida por el proceso de globalización. Ello entraña un delicado balance de riesgos y oportunidades, pero –estoy convencido– donde las promesas de la inserción en el mundo globalizado constituyen el camino más claro hacia el desarrollo de nuestra región.

Paralelamente, los países latinoamericanos iniciaron a partir de la década de los años ochenta procesos de fortalecimiento o de recuperación de la democracia. Ésta fue restablecida en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay; resistió las más diversas presiones en Colombia, Ecuador y Venezuela, y salió fortalecida del avance de los procesos de paz en Centroamérica. El más reciente testimonio de la fuerza con que ha arraigado la democracia en la región es la transición pacífica iniciada en Perú. La presencia de sistemas democráticos de gobierno en toda la región ha demostrado ser una condición esencial para crear el clima de confianza requerido para el aumento de las inversiones, para atraer capitales extranjeros y para dar estabilidad a las reglas del juego de la actividad económica. En suma, los países latinoamericanos han dejado ser parte de los problemas globales y hoy son, más bien, parte de la solución.

El desafío que tenemos por delante consiste en profundizar nuestra inserción activa en la economía globalizada, construir regionalismos abiertos al multipolarismo económico, reforzar la identidad política y cultural latinoamericana para enfrentar los peligros de la globalización e impulsar las reformas de segunda generación para asegurar un crecimiento con equidad para nuestros pueblos.

Política exterior a partir de la región

Chile apuesta a una inserción activa y profunda en el proceso de globalización. Pero creemos en la necesidad de perfilar una inserción global con acento latinoamericano, especialmente en el ámbito de la concertación política.

La integración latinoamericana ha experimentado un resurgimiento y renovación a través de diversos esquemas, desde el Grupo Andino hasta el Sistema de Integración Centroamericano. Cabe señalar, dentro de la actual Comunidad Andina, el excelente comportamiento financiero de la Corporación Andina de Fomento. Pero, el hecho más importante en el campo de la integración ha sido la creación en 1991 del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, al cual Chile pertenece en calidad de miembro asociado.

Pese al impacto de la crisis asiática, en los últimos cinco años el crecimiento del valor de las exportaciones al Mercosur de Argentina, Brasil y Chile aumentó a un ritmo sensiblemente superior al promedio. El bloque se ha constituido, al mismo tiempo, en un referente clave para los países más desarrollados, tanto en sus vinculaciones diplomáticas como políticas, económicas, de inversión y financieras.

El Mercosur ha sido el principal ejemplo del nuevo regionalismo latinoamericano que pretende conformar un mercado común con libre circulación de bienes, servicios, capital y mano de obra. Más allá de los tropiezos suscitados por la crisis asiática y los problemas puntuales de algunos de sus miembros, el Mercosur es un proceso de integración estratégica que abarca aspectos políticos, culturales, sociales y de integración física.

Sabemos bien que la integración más profunda se da entre países vecinos que, además de intereses económicos, comparten fronteras, valores y proyectos. Ésta es la razón por la cual Chile ha planteado su deseo de avanzar en su relación con el Mercosur. Así lo demuestra nuestra participación en todas las reuniones ministeriales asociadas a materias sociales, laborales, de justicia, educativas, de energía e infraestructura. Así también lo demuestran los compromisos que mi gobierno ha adquirido y que apuntan a incrementar los instrumentos de integración física, política y económica con los integrantes de bloque. Asimismo, asignamos gran relevancia a la coordinación de políticas macroeconómicas dentro del Mercosur ampliado, tema que incluso nos parece más importante que el propio tema arancelario.

Chile mantiene su interés en ser miembro pleno del Mercosur. Pero también somos francos al señalar la imposibilidad de elevar nuestros aranceles a los niveles del arancel externo del bloque. Así, tal como fue reconocido por el propio Mercosur, el único camino posible para formar parte es esperar hasta que el arancel externo común del Mercosur se reduzca a niveles similares al arancel chileno. Mientras no se produzca esa convergencia, Chile mantendrá su autonomía comercial.

Pero el comercio no agota nuestra inserción regional. Mantenemos con los países de la zona una nutrida y dinámica agenda, en la que sin duda destacan nuestra creciente integración con Argentina, país con el que exhibimos relaciones políticas, económicas, sociales y culturales cada vez más estrechas, así como nuestros intensos lazos con Brasil y con México. Además estamos fortaleciendo los vínculos económicos y políticos con nuestros otros vecinos, Bolivia y Perú.

Desarrollamos una cooperación regional estrecha con el resto de los países de América Latina a través del Grupo de Río, que Chile encabeza en el 2001, y al cual consideramos de gran importancia como interlocutor de nuestra región con el mundo. Creemos que la convergencia política entre países cercanos es condición esencial para hablar con voz más potente en el escenario mundial.

En el ámbito comercial, en Sudamérica mantenemos tratados económicos con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Hemos negociado un acuerdo marco con América Central, que está siendo complementado con tratados bilaterales con los países del istmo. Disponemos de un acuerdo de libre comercio de última generación con México, país con el cual hemos establecido una relación privilegiada, que pretendemos profundizar en los próximos años, como lo he hablado personalmente con el nuevo presidente de México, Vicente Fox. La mirada del presidente Fox hacia el sur de México puede facilitar la interacción de Estados Unidos y el TLC con América del Sur y enriquecer el diálogo interamericano.

América Latina en su conjunto debe organizarse como un referente vital, dotado de identidad propia. Desde antes de ser presidente de mi país, y con mayor fuerza ahora, he percibido el desarrollo de un proceso de consultas entre los gobernantes del área, en torno a cuestiones de creciente relevancia, cada vez más fluido. Estas consultas tienen que ver a veces con asuntos bilaterales o vecinales. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia involucran aspectos relacionados con la compatibilización de las políticas económicas internas, con las relaciones internacionales y, sobre todo, con delicadas situaciones por las que han atravesado en uno u otro momento algunos países de la región, en cuya solución han sido importantes dichas consultas y las acciones consiguientes. Qué duda cabe de que América Latina tendrá que recorrer un camino semejante al de la Unión Europea, adecuándolo a sus características, que avance desde los acuerdos comerciales hasta la convergencia económica, financiera y de las inversiones, a fin de consolidar crecientes grados de sintonía y de eficacia en nuestras políticas exteriores.

En todo caso, Chile es partidario de un regionalismo abierto al mundo, cuyo horizonte sea la liberalización política y económica y la concreción de relaciones dinámicas con diversas regiones del orbe y esquemas de integración.

La necesidad del regionalismo abierto

La globalización ha ido acompañada de una potente tendencia hacia la regionalización. La Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el Mercosur, el Sistema de Integración Centroamericano, la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe, la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, la Comunidad de Desarrollo del África Austral representan ejemplos elocuentes de esta tendencia y, al mismo tiempo, revelan la diversidad de expresiones que tiene el regionalismo en la actualidad.

América Latina ha estado en la vanguardia del concepto de regionalismo abierto, que implica que los acuerdos comerciales entre agrupaciones de países no son incompatibles con aperturas comerciales más profundas, ya sean unilaterales, bilaterales o subregionales, y que incluso pueden encontrar un estímulo en estos últimos procesos. Una combinación flexible entre políticas de promoción de exportaciones y de regionalismo abierto permitió diversificar los mercados de exportación latinoamericanos, y generó una relación comercial más equilibrada con los grandes bloques económicos regionales.

La creciente internacionalización de las economías latinoamericanas ha llevado a un nuevo énfasis en la diplomacia económica, al estímulo a las inversiones extranjeras y a la incorporación de tecnologías desde el exterior. Al mismo tiempo, Latinoamérica ha acentuado su esfuerzo por diversificar su inserción en los distintos espacios económicos mundiales.

Los países de la región han participado activamente en las negociaciones que se han llevado a cabo en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y han subrayado su preferencia por la liberalización multilateral. Los países latinoamericanos desearían que dichas negociaciones se mantengan como una ronda incluyente, donde todos los temas sean tratados al mismo tiempo y que sólo termine al alcanzarse un compromiso único.

Gran expectativa despertó en América Latina la negociación y formalización de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre Canadá, Estados Unidos y México, a partir de la década de los años noventa. La idea de avanzar hacia un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesta en la primera Cumbre de las Américas en 1994 y lanzada formalmente en la segunda Cumbre en 1998, en Santiago, abre más posibilidades y genera aun mayor interés. El ALCA se irá configurando sobre la base de acuerdos subregionales y bilaterales a fin de ampliar y profundizar la integración económica del hemisferio.

En un mundo que marcha hacia la constitución de grandes bloques económicos regionales, integrados dentro de un sistema global, la formación del ALCA es un objetivo prioritario para América Latina. Chile estima que los plazos para la conclusión del ALCA deben adelantarse al año 2003 para que el área de libre comercio entre en vigencia en 2005. De manera similar, Argentina también ha propuesto un adelanto de los plazos para la implementación del ALCA.

En esta misma perspectiva, Chile aceptó hacia finales de 2000 una invitación del gobierno estadounidense para iniciar negociaciones para un acuerdo bilateral de libre comercio. El inicio de este proceso de negociaciones tiene como antecedente la decisión estadounidense de 1991 de poner a Chile como el primer país en su lista de acuerdos por negociar, y cuya evolución, ante la postergación de la concreción de dicho ofrecimiento, se volcó en los últimos años en la labor de la Comisión Conjunta de Comercio e Inversión.

Estados Unidos es nuestro primer socio comercial en el mundo y la primera fuente de las inversiones extranjeras en Chile. El TLCAN nos permitirá mejorar nuestro acceso a ese mercado, disminuir la calificación del riesgo país e incrementar el flujo de inversiones, tener reglas claras y permanentes para el comercio de bienes de servicios y para el capital, establecer mecanismos de defensa comercial que cuiden adecuadamente nuestros intereses y acordar procedimientos para resolver nuestros conflictos comerciales.

El propósito de Chile es negociar un tratado de libre comercio de última generación, similar a los suscritos con Canadá y México, que incluya el conjunto de los temas comerciales y de inversión de acuerdo con la mejor evaluación del sector exportador. Seguramente también abordaremos temas ambientales y laborales que hoy en día se han incorporado definitivamente a la agenda del comercio internacional.

Concebimos esta negociación acorde a nuestros objetivos en el ALCA, compatible con nuestras obligaciones en la OMC, y actualizada según las exigencias de la globalización, la nueva economía y nuestra experiencia reciente en materia de negociaciones comerciales. Creemos, además, que la negociación del TLC con Estados Unidos, es congruente con nuestro interés de largo plazo por profundizar nuestra presencia en el Mercosur.

A partir de 1994, el Foro de Cooperación Económica en Asia y el Pacífico (APEC) se ha ido transformando en un potente mecanismo de deliberación sobre el comercio y las inversiones, con un gran dinamismo y con características propias. Chile y México, además de Perú, participan en la organización. Dado el dinamismo del bloque creo que los países latinoamericanos del Pacífico gravitarán inevitablemente en torno a él en el mediano plazo. Chile es el país del continente americano que comercia más, en términos relativos, con los países asiáticos. Nos hemos sumado con entusiasmo al proceso de liberalización del APEC, buscando un inicio de negociaciones bilaterales o sub-regionales para avanzar mas rápidamente en la dirección del libre comercio con algunos países de esa área, como es el caso de Corea del Sur, uno de los principales mercados de exportación para Chile en Asia y, si se dan las condiciones, con Singapur, Nueva Zelanda e incluso Japón, que representa el segundo mercado de destino para las exportaciones de Chile al mundo.

La Unión Europea (UE) se ve como una dimensión fundamental de la inserción internacional de Chile y otros países latinoamericanos. Actualmente estamos conduciendo negociaciones para establecer una asociación de carácter político y económico entre Chile y las quince naciones europeas que han formado el mercado integrado más grande del mundo. México ya concluyó un acuerdo similar con la UE en julio de 2000, y el Mercosur negocia un tratado del mismo tipo paralelamente con Chile.

El acuerdo que estamos negociando representará el instrumento para potenciar los vínculos históricos que mantenemos con Europa, incorporando un componente de diálogo político de alto nivel así como diversos elementos de carácter económico, comercial y de cooperación, que tienen importantes consecuencias para el desarrollo del país. A la larga, nos interesa alcanzar la liberalización del intercambio de bienes y servicios entre Chile y la UE, meta que permitirá asegurar el acceso de las exportaciones nacionales al mercado comunitario. Creemos que los valores y objetivos importantes que nos hemos planteado en el plano interno encuentran una contrapartida en las prioridades de Europa: compromiso con los derechos humanos, fortalecimiento de las instituciones democráticas, lucha contra la pobreza, probidad y eficiencia del aparato estatal, expansión del comercio, protección del medio ambiente y cooperación tecnológica.

El aporte latinoamericano al mundo

Desde hace algún tiempo, América Latina es parte de la solución y no parte de los problemas mundiales.

Es verdad que la región latinoamericana aún debe hacer frente a graves problemas como el narcotráfico, la abismal desigualdad en la distribución del ingreso, el desencanto con la política, la pobreza extrema, etc. Pero, la situación de la región es hoy mejor de la que predominaba hace un par de décadas. La crisis asiática afectó fuertemente a nuestras economías, demostrando que su capacidad de defensa frente a los contagios externos no depende solamente de la adopción de políticas macroeconómicas correctas y de la profundización de la inserción internacional de sus gobiernos, sino del comportamiento volátil de los capitales internacionales y otros factores externos. Con todo, en los años que siguieron al descalabro asiático, los países latinoamericanos han crecido a tasas anuales superiores a las de los países industrializados. Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en el año 2000 la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano llegó a 4%, comparado con un 0.4% registrado en 1999. Con puntos altos y bajos en la evolución de algunos países, pero con más estabilidad que en el pasado, la región se está preparando para incorporarse a la nueva economía.

Crecientemente, los mercados de América Latina cobran mayor relevancia. Hacia finales de la década de los años noventa, Estados Unidos exportaba más a Brasil que a China; más a Argentina que a Rusia; más a Chile que a la India, y el doble a Centroamérica y el Caribe que a Europa oriental. Se estima que en un futuro no muy lejano Estados Unidos exportará a América Latina el doble que a Japón, generando así un millón de nuevos empleos. Según algunas proyecciones, en el año 2010 las exportaciones de Estados Unidos a América Latina serán mayores que las realizadas a Japón y a la Unión Europea juntos.

Un segundo aporte que la región ha hecho a la consolidación de las relaciones internacionales es la solidez de sus instituciones. En el campo institucional América Latina ha hecho un enorme esfuerzo de modernización, fortalecimiento y transparencia de sus instituciones. Ese proceso, que representa un gran salto hacia adelante en comparación con el pasado, fue estimulado por las reformas económicas, por una parte, y por la extensión de la democracia por la otra. Ese salto no sólo lo han dado los gobiernos, los poderes públicos o la institucionalidad económica, sino que se observa también en la dirigencia política, los parlamentos, los procesos electorales y en la sociedad civil. En muchas regiones del mundo hay fallas al respecto y América Latina no es una excepción. Pero las instituciones y la movilización democrática han funcionado exitosamente en momentos de grave crisis institucional, como ocurrió en Paraguay, Perú o Ecuador, y como se ha manifestado de diversas maneras en otros países.

Las políticas macroeconómicas seguidas en general por los países latinoamericanos también han constituido una valiosa contribución a la estabilidad de la economía mundial en un periodo no exento de volatilidad y turbulencias. Si bien de alguna manera esas políticas corresponden al decálogo elaborado en 1989 por el llamado consenso de Washington, creo que su adopción se debió a que nuestras sociedades supieron escuchar la voz de la experiencia y a que nuestros gobernantes tuvieron la valentía de emprenderlas, aun cuando cada uno de ellos representaba los más diversos ángulos del espectro político. Estoy convencido de que ese acto de valor, de lucidez y de aprendizaje constituye un legado que nuestra ciudadanía y nuestros gobiernos deben cuidar y desarrollar en el futuro.

Un cuarto aporte emana de la calidad de nuestra gente. La calidad que están alcanzando nuestros recursos humanos en materia de productividad y competitividad debido, entre otras cosas, a los resultados logrados en materia de salud pública y de educación. La calidad de nuestros profesionales, técnicos y científicos formados en una amplia gama de universidades públicas y privadas en proceso de fortalecimiento y de expansión, y con experiencia en sistemas o instituciones tradicionales o innovadores de ciencia y tecnología. Calificados por su creciente acceso a la sociedad de la información, en donde, para poner un ejemplo, Argentina, Brasil y Chile invierten 40, 43 y 63 dólares por habitante en telecomunicaciones y tienen acceso a Internet el 2.4, 4 y 3.34% de la población. Calidad de sus recursos humanos también por la riqueza del mestizaje cultural latinoamericano y por sus raíces hundidas en valores humanistas y en la solidaridad social, especialmente a nivel popular. Hemos aprendido de nuestra propia historia la lección de que el desarrollo depende del capital social acumulado, esto es, aquel conjunto de valores, habilidades, prácticas asociativas e instituciones construidas por una sociedad a lo largo de su historia.

Estamos dando una lucha de valores para insertarnos en el proceso de globalización con nuestras propias identidades. Creo que una cuestión crucial que plantea la globalización es la preservación o construcción de identidades individuales y colectivas. Pienso, además, que el papel protagónico en ese combate no está siendo desempeñado en primer lugar por los gobiernos ni por los sectores privados, sino por nuestras sociedades, por la ciudadanía que elige, respalda o audita a los gobiernos.

La globalización no es sólo una bandera de los sectores de más altos ingresos o de los empresarios en nuestras sociedades. Es también una aspiración de las comunidades y los movimientos más pobres. El movimiento contestatario de base indígena en el sur de México tuvo su primer aliado en Internet. La defensa de los pueblos originarios en los países de la región se sustenta en gran medida por la opinión pública internacional. El grupo musical cubano "Buena Vista Social Club" tal vez habría permanecido en el olvido si no fuese por la globalización de la cultura. En la sociedad civil de los países latinoamericanos hay una base comunitaria y ciudadana fuertemente influida por la educación, la información y los medios de masas, que no quieren quedarse al margen de la globalización, pero que quieren ingresar a ella con su propia mochila cultural.

El protagonismo que han asumido en las relaciones internacionales la sociedad civil y el sector privado de nuestra región, se advierte particularmente en el impulso a ciertos acuerdos comerciales o de integración, pero se percibe también en el desarrollo de los vínculos culturales, sociales y políticos con otros países. Confío en que la inserción internacional latinoamericana se convierta en un proceso cada vez más asociativo, impulsado conjuntamente por los gobiernos, la sociedad civil y el sector empresarial, y basado en la concertación de sus intereses.

Crecimiento con equidad y apertura al mundo

Chile está alejado de los grandes centros de la economía y la política global, pero en los últimos años nos hemos ganado un lugar en el mundo. Lo hemos hecho no gracias a las riquezas naturales, ni a la geopolítica ni al poder, sino sobre la base de ideas creativas, reformas eficientes y coherencia. Exhibimos índices muy elevados para un país en desarrollo en lo que respecta a alfabetización y cobertura educacional. Un tercio de los estudiantes de la educación superior chilena sigue estudios directamente ligados a las tecnologías de la información. Mantenemos el liderazgo en América Latina en materia de telecomunicaciones, como lo demuestran nuestros índices de penetración telefónica fija (20.6 líneas cada cien habitantes) y telefonía móvil (15%). Nuestra tasa de conexiones a Internet de 3.34% es la más alta de la región.

Chile comenzó sus reformas pioneras en los años setenta y ochenta para integrarse a la economía mundial. Pero muchas de esas reformas buscaban un resultado fácil y rápido. La desregulación del mercado fue establecida sin la necesaria protección de los derechos de los consumidores; las privatizaciones de las empresas públicas no fueron siempre transparentes; el mercado de trabajo fue liberalizado sin proteger los derechos laborales.

En el pasado reciente, Chile ha conciliado un proceso de transición a la democracia con la liberalización económica. Hoy, sobre bases sólidas, nos estamos preparando para enfrentar los grandes desafíos del desarrollo. En Chile hemos logrado reducir la pobreza extrema: un millón 600 000 compatriotas, alrededor de 11% de la población ha salido de la pobreza extrema en los últimos seis años y seguimos comprometidos en la reducción de esa brecha. Estamos realizando una modernización profunda de la gestión de los servicios públicos con el fin de aumentar la calidad y oportunidad de acceso a ellos. Estamos llevando a cabo la más vasta reforma de nuestra administración de justicia en este siglo, con el fin de hacerla más accesible, ágil y equitativa.

También pretendemos transformar nuestro sistema educativo. El gasto en ese rubro en Chile aumentó sostenidamente bajo los gobiernos de la Concertación, desde 867 millones de dólares en 1990 a 2 253 millones de dólares en 1999. Gracias a la reforma educacional impulsada en los años noventa, la subvención mensual promedio por alumno aumentó 113% en términos reales. Paralelamente, se incrementaron las posibilidades de acceso a la educación mediante becas y otros recursos; se multiplicaron las inversiones en infraestructura educativa y se mejoraron considerablemente los salarios para los profesores. Como resultado, la escolaridad promedio aumentó de 8.5 años en 1990 a 9.6 años en 1997, mientras que la tasa de analfabetismo cayó de 6.3 a 4.7% en el mismo lapso.

En el área de salud, los avances de los últimos años han sido igualmente impresionantes, aunque falta mucho por hacer. Los índices de mortalidad materna, infantil y de desnutrición y en riesgo de desnutrición han caído sustancialmente, exhibiendo Chile indicadores de salud similares a los de países de mayor desarrollo económico. La recuperación y modernización del sistema público de salud se refleja en el hecho de que el presupuesto anual, en moneda constante, se duplicó entre 1990 y 1998 desde 690 millones de dólares a 1 380 millones de dólares. Actualmente estamos avanzando en la mejora de la atención primaria de salud, en el incremento de la oferta de servicios y en el perfeccionamiento de la regulación del sistema privado de salud.

Los analistas de riesgo coinciden en clasificar a Chile como el país más seguro para las inversiones dentro de América Latina, al ocupar el cuarto lugar entre 93 economías emergentes. El Informe de Competitividad Mundial 2000 sitúa a Chile en el lugar 26 entre las 47 economías más competitivas, en el sexto lugar en las economías emergentes y en primer lugar en América Latina. La Heritage Foundation asigna al país el segundo lugar en América Latina en lo que respecta a libertad económica, lo coloca en el quinto lugar entre los países emergentes, y en el decimotercer lugar entre 125 países considerados. Transparency International, que evalúa el nivel de probidad de los países, coloca a Chile en primer lugar en América Latina, en tercer lugar entre los países emergentes y en el decimoctavo entre los 90 países evaluados.

Sin embargo, queda mucho por hacer para que Chile llegue a su bicentenario siendo un país desarrollado, moderno, con una democracia perfeccionada, más unido y más justo. Éste es un enorme desafío que el gobierno y la sociedad chilena están enfrentando. Para lograrlo, pretendemos poner en marcha siete grandes reformas. Primero, reformaremos el sistema de salud para proteger los derechos y garantías de los pacientes; segundo, mejoraremos las políticas de acceso a las nuevas tecnologías de la información para entrar de lleno al mundo global; tercero, llevaremos a cabo reformas que modernicen el mundo del trabajo para avanzar en equidad y competitividad; cuarto, realizaremos una reforma fiscal para disponer de un horizonte de mayor progreso y estabilidad; quinto, impulsaremos las reformas políticas que necesitamos para tener una Constitución plenamente democrática, en armonía con los requerimientos del siglo XXI; sexto, pondremos en práctica una reforma integral del Estado, incluyendo una mayor descentralización para regiones y comunas, y séptimo, emprenderemos una gran reforma de las ciudades para mejorar la calidad de vida, la integración y la convivencia en las mismas.

En Chile estamos convencidos de que el crecimiento, el desarrollo social, la calidad de vida y la globalización son elementos complementarios y no contradictorios. Nuestra misión es conjugarlos para contribuir a generar una sociedad más democrática y equitativa, aprendiendo de las experiencias de otras naciones.

Chile está abierto al mundo. Nuestras exportaciones han crecido sostenidamente durante más de una década. Nuestro comercio exterior representa ahora alrededor de 50% de nuestro PIB. Estamos convencidos de que las mejores posibilidades de desarrollo para una economía como la chilena radican precisamente en su expansión hacia los mercados externos. Ello nos lleva a ser ardientes defensores del comercio internacional libre y a redoblar los esfuerzos para derribar las barreras proteccionistas.

Nuestro éxito como nación dependerá de que nos vinculemos más estrechamente con los países que están en la vanguardia de la innovación tecnológica de los servicios y de la nueva economía. Por eso, encabecé recientemente una misión gubernamental-empresarial a Silicon Valley para dar un impulso a nuestra inserción tecnológica. Para destacarnos como país ya no basta enarbolar las reformas de libre mercado, puesto que ellas ya son la norma en países tan variados como Estonia o China. Chile pretende conquistar nichos de liderazgo en el mercado global en los sectores donde las empresas nacionales son competitivas.

En Chile se respetan plenamente los derechos humanos. Las instituciones funcionan y los ciudadanos participan con libertad en la construcción de su futuro. Estamos fortaleciendo la democracia llevándola también a nivel local. El estado de derecho rige plenamente y los tribunales de justicia cumplen sus funciones con rigor e imparcialidad. Claro está, el proceso de transición a la democracia no ha estado exento de tensiones, como aquellas provocadas por la detención del general Augusto Pinochet en Londres. El gobierno chileno sostuvo que el general debía y podía ser juzgado en Chile y así ocurrió tras su retorno al país, lo cual ha demostrado la madurez de Chile y de sus instituciones públicas.

Por último, Chile está empeñado en asumir su responsabilidad internacional en un mundo marcado por una creciente interdependencia, porque existen tareas que van mas allá de lo que un país por sí solo puede organizar; grandes objetivos globales que hoy se propone la humanidad. Chile apoya firmemente la universalización de la justicia y el desarrollo del derecho humanitario. Dicho proceso, para ser exitoso, debe ser ordenado y, por ello, el establecimiento del Tribunal Penal Internacional merece todo nuestro apoyo. En esta misma línea Chile estuvo presente en la primera conferencia ministerial "Hacia una Comunidad de Democracias", que tuvo lugar en junio de 2000 en Varsovia, Polonia, donde Chile actuó como país co-convocante. De igual manera, Chile se ha integrado a la Red sobre Seguridad Humana, donde nuestro país, junto a un reducido grupo de naciones, está abocado a proponer medidas que mejoren las condiciones de seguridad en el mundo, no sólo para los estados, sino también, y muy especialmente, para las personas. De allí también nuestro firme apoyo a las operaciones de paz de Naciones Unidas y nuestra participación en la Fuerza de Paz de la ONU en Timor Oriental.

Chile y los demás países de América Latina debemos avanzar unidos hacia el nuevo mundo que se empieza a configurar en los albores del nuevo milenio. Un mundo globalizado donde las distancias se acortan y las fronteras se borran. Un mundo donde la interrelación entre las empresas, los países y las grandes regiones del mundo es progresiva y necesaria, tanto más para los países latinoamericanos que comparten una misma cultura y múltiples intereses. Un mundo donde, en definitiva, Chile y Latinoamérica puedan materializar los ideales comunes de prosperidad, libertad y justicia social.

CHILE, LATIN AMERICA, AND THE ASIA-PACIFIC REGION


Manfred Wilhelmy

Let me begin by thanking Paul and the University for the invitation to this Colloquium, and allow me to take a minute with a short personal recollection concerning Princeton and Paul Sigmund. I started my graduate program in Politics in 1969. Those years of study, first in course work, then doing my dissertation project, precepting, and finally taking some courses just to enjoy great teaching by Princeton professors, remain an unforgettable time. I had the wonderful experience of Paul’s teaching in the history of political theory. I will always remember the lively evening discussions in the warm, congenial atmosphere at 8 Evelyn Place, the home of Paul and Barbara Sigmund. I appreciated especially Paul’s ability to relate the writings of thinkers to contemporary political discussion, especially debates going on in my own country. Actually, the origin of Paul’s long-term interest in the study of Chilean politics lies, at least in part, in the role of political ideas in our political processes, especially in the crucial period from the mid-1950s to the 1990s. From 1971 to 1973, Paul was, with Robert Gilpin, my adviser in the thesis I was writing on Chilean foreign policy in the government of President Eduardo Frei, who served from 1964 to 1970. Over the years, I have enjoyed Paul’s friendship and benefitted from his support. Ten years after my Ph.D., I was honored by an invitation to teach on Latin American foreign policies, an opportunity I enjoyed tremendously. In Chile, Paul, as a leading scholar and seasoned observer of our politics, has witnessed most Presidential and Congressional elections, and his regular visits have helped us to keep in touch. I hope he will come again this December, when we will have a general election, and I wish that we will continue reading his perceptive analyses of Chile and the region.

With the excellent presentations we have had on Chile’s foreign relations and economic policies, I can turn directly to the topic of Chile, Latin America, and East Asia. In this presentation, I will argue that Latin America greatly benefits from closer economic, political, scientific and technological as well as cultural ties to East Asia, but that, at the same time, the development of such ties is still at an incipient stage.

This subject is very important for Chile’s political and economic external relations. First, in proportion to the size of our economy, our foreign trade with East Asia is the highest in Latin America. One third of Chile’s exports flows to East Asian economies. In 2004, close to 35 per cent of Chilean exports went to Asia, compared to 24.6% to the EU, 17.3% to Latin America, and 15.1% to the United States (Source: Central Bank of Chile, quoted by Felipe Larrain, paper in Japan-Chile Joint Study Group). This diversified geographic structure of exports is a feature not found in many Latin American economies that depend very heavily on a single destination market. Of course, the growing importance of Asia stands out.

Second, Chile would like to play a bridging role between East Asia and the Southern Cone. While Chile’s size is small, we strive to promote the advantages of basing regional operations in Chile. The key messages to our partners are that Chile offers political stability and the rule of law, openness to foreign investment, an efficient financial system, modern infrastructure, in some cases, a growing network of agreements on free trade, the protection of investments, and avoidance of double taxation. Of course, much remains to be done in each of these areas.


Efforts to bridge the traditional gap between these two regions are a recent trend, manifested both in bilateral diplomacy and through participation of Latin American governments and other actors in various interregional fora. The domestic constituencies supporting these processes are growing, but they are still small compared to groups involved in our relations with traditional political, economic, and social-cultural partners in the Americas and Europe. And, while we are making progress in discovering the Asia Pacific region, and have actually developed relations, mostly diplomatic and commercial, the task of consolidating deeper and stronger links remains largely ahead of us.


Historically, relations between East Asia and Latin America have been weak, intermittent, and mostly indirect. Explanations for this situation can be found in both regions. Let me mention some factors

1- In East Asia, the increasing isolation of China since the 17th century, that is, the late Ming period and the Qing dynasty, and the encapsulation of Japan under the Tokugawa shogunate until its demise in the mid-19th century, effectively suppressed potential interest in what, from the vantage point of these ancient empires, was an alien, distant, and unimportant part of the world;

-South of these countries, the colonial status of most of what today is called Southeast Asia had a similar effect. One partial exception was the experience of Spanish colonialism shared by the Philippines and Spanish America. The Manila galleon, which sailed for centuries between the Pacific coast of Mexico and the island of Luzon, provided a tenuous but durable Asian- Spanish American connection, though this was of course guided by Spain’s mercantilist policies. While the Western Hemisphere was in the grip of Spanish and Portuguese colonial masters, external relations beyond the metropolitan powers were difficult if not impossible to be developed. Authorities deemed them suspicious, sometimes for good reasons. At one point, the leader of Chilean independence, Bernardo O’Higgins, said that the newly independent American countries should promote the liberation of the Philippines. But more generally, both East Asia and Latin America were parts of systems of “hubs and spokes”, where the “spokes” were linked to different “hubs”, in Madrid, Lisbon, London, and other metropolitan centers.

2-In the 19th century, the political, economic, and cultural priorities of the newly independent Latin American nations were to build relations with their neighbors, the United States, and the European powers. Under the Monroe Doctrine, the United States was eager to exclude non-regional powers in the Western Hemisphere. But some South American countries were integrated, at least in part, into an informal empire under the “Pax Britannica”. These patterns left little room for other dimensions of diplomacy. Only exceptionally, thought was given to Asia. One such case was Chile’s interest in Meiji Japan, which was motivated mainly by the interest in opening a new, promising market for nitrate fertlizer in Asia. Chile’s indirect sale to Japan of a cruiser being built in Britain for the Chilean navy added to the Japanese naval forces in the war with China in 1894-95. This was of course well received in Tokyo. By 1897, a treaty of Navigation and Commerce between the two countries was being signed.

3- Third, Asian immigration into Latin America was relatively small. Although Chinese laborers arrived in countries such as Cuba, Peru, and Chile in the 19th century, the communities of overseas Chinese in Latin America did not grow to achieve “critical mass” in relations with China. The large inflow of Japanese migrants to Brazil, and to a lesser extent in Peru and Mexico, remained exceptions. Incidentally, a degree of return migration has taken place (perhaps 250,000 from Brazil and 50,000 from Peru), and the question has come up whether return migrants and their children are “real” Japanese (the term “dekasegi” has occasionally been used to refer to these migrants – which is said to have the connotation of low social status). The IADB is now engaged in a project to support people who want to again resettle from Japan to Peru, so they can set up small businesses. Recently, Korean communities have been growing in several Latin American countries. Their future role in relations with Korea is an open question.

4-A brief observation about mutual perceptions, starting from the Latin American perspective: We have to admit that in our patterns of social attitudes, there is ambivalence towards Asians and the cultures they represent. While many Latin Americans of Asian descent have successfully integrated, social and cultural distance is still a factor. East Asian economic achievements are valued, even admired; Asian imports, upmarket, mass market, even counterfeit, sell extremely well. We are increasingly exposed to Asian cars, electronics, appliances, foods, design, and animation. There is perhaps
a recognition of a degree of Asian “soft power” in our region, especially in elite circles. But the people-to-people dimension remains underdeveloped. Many Latin Americans still have trouble differentiating between different Asian cultural and national identities. The fact that Peruvian President Fujimori was nicknamed “El Chino” is illustrative. The stereotype of Asians being inscrutable, enigmatic, lingers on. In general, diplomats perform competently in their interactions with Asian counterparts, but beyond the limited official sphere, much more should be done to help overcome “parochialism” in Latin American social-cultural perspectives toward Asian countries and peoples. In Asia, images of Latin America are fuzzy. The perception of the region as a backyard of the United States persists, as do stereotypes of political instability, economic underachievement, and social exclusion. To develop better mutual understanding requires complementing intergovernmental relations with social and cultural initiatives.

5-The role of geography cannot be ignored. Even in the context of globalization, physical distance remains a factor raising the cost of interactions between the two regions. Shipping routes are long and in many cases indirect. This is changing fast, but bottlenecks remain on both sides of the Pacific. Proposals to develop East-West overland infrastructure linking South America to Asia via the Pacific ports have potential, especially for the heartland areas faraway from the Atlantic coast, but have not made sufficient progress. Air connections are mostly via North America and Europe. The route to Southeast Asia via the Atlantic and Indian Oceans remains secondary, as does the new South Pacific route via New Zealand and Australia. On this last route traffic is growing very fast due to an alliance between airlines from Chile and Australia. This is making a real contribution to make air transport links more efficient. Lowering barriers to entry into the air transport industry should be a common interest in both regions. This is of course a large challenge, both economic and political.

6-The bipolar structure of the Cold War international system kept the two regions apart. While revolutionary changes in both regions influenced interregional relations, this happened mostly in the context of the superpower contest. Colombia sent a military force to fight in the Korean war. Our region was a distant observer of the Chinese revolution, but in the 1960s the influence of Maoism and the Sino-Soviet dispute on the Latin American Communist parties and other groups was significant. On the Taiwan issue, to the late 60s, most Latin American governments followed the lead of the United States and were supporters of Taipei. The Vietnam war was closely followed in Latin America, but its effect had more to do with attitudes towards the United States than vis-a-vis Southeast Asia, though in Chile the government of President Allende established diplomatic relations with Hanoi (by the way, Chile has just reopened the embassy in Vietnam). Of course, Cuba has a long tradition of relations with Asian communist countries. The Non-Aligned Movement and the Group of 77 helped to develop some contacts between Latin America and Asia within broader political and economic frameworks. But even considering such initiatives, the influence of Washington’s East Asian policies, and in general the Cold War diplomacy of the US, remained a central factor in shaping Latin America’s limited relations with that region.


Interregional, East Asian-Latin American engagement is mostly a recent, post-Cold War development. The end of the Cold War allowed some “breathing space” to our foreign policies. Of course, this was changed by the war on terrorism after September 11, 2001, but governments in the region mostly do not want a single-issue approach to international relations. Also, the successful record of the economic policies in several East Asian countries was followed in Latin America. Even though the Asian financial crisis affected our region, Latin American interest in East Asia did not subside. Steps to increase cooperation, mostly but not exclusively economic, have been taking shape. For the official actors involved, this is an exciting experience, since

- It is a line of policy innovation, a learning experience about countries, economies, and societies that, as we have seen, have been largely unknown to us for a long time;

- It offers opportunities to career diplomats to do their work with relatively little political interference. The political class remains less interested in East Asia than in other areas of our foreign relations, and thus, for example, political parties are less keen to secure ambassadorial appointments. Put in a more positive light, actors across a broad spectrum of political options are generally supportive of developing ties with East Asia, regardless of domestic differences on other issues, which helps to build continuity into our interregional diplomacies, and

- Developing these ties holds promise of substantial and growing returns, especially in trade and investment. To give an example, Professor Vittorio Corbo, Governor of the Central Bank of Chile, has stated that:

“Chile has been one of the countries most benefited by China’s surge, as, in relative terms, it is currently Latin America’s main exporter to China, with 8.6% of Chile’s total exports. The increased demand for copper and its consequent rise in price has been reflected in the fact that more than 70% of Chile’s total exports to China correspond to copper. But also, some other Chilean products are gaining some market in China, like fishery and wooden products. Strengthening commercial links with China can reinforce the mutual benefits that our relation is already reaping. In this matter, a Free Trade Agreement between both countries would be highly welcomed.” (“Implications of China’s Regional and Global Integration”, paper presented at the conference “China’s Peaceful Rise: Implications for the Asia Pacific Region”, Santiago, CSIS-Chile Pacific Foundation, 16 November 2004, pp. 5-6)

Since these remarks were made, bilateral FTA negotiations have started. I might add that Chile runs a large trade surplus with China, which helps us with our overall trade balance, as Chile runs large deficits in other areas, especially the Mercosur.

Chile is also holding preliminary talks with Japan via a committee called the Joint Study Group, which was set up after Prime Minister Koizumi and President Lagos announced last November their commitment to look into the feasibility of a FTA negotiation. The goal is to be able to make an announcement of the start of formal negotiations, hopefully by the time of the APEC summit in Korea, this November. Chile has another FTA project in the area, with Singapore (plus Brunei) and New Zealand, the so-called “P 3”. To complete the picture of bilaterals, a FTA with Korea is in force; the initial effect of this agreement has been a substantial increase in two-way trade.

The main arena for the new interregional diplomacy has been the Asia Pacific Economic Cooperation forum (APEC), established in 1989, which after modest beginnings as a ministerial conference, grew in the 1990s, today comprising 21 members in East and Southeast Asia, Australia and New Zealand, as well as the NAFTA area and South America, where Chile and Peru are participants.

The initiators of APEC in Australia, Japan and Southeast Asia did not contemplate Latin American membership in their blueprint of this forum. In fact, the conventional map of Pacific diplomacy mostly ignored Latin America. In the older academic literature, this was mirrored as Latin America was overlooked by most authors discussing Pacific Basin affairs.

But the admission of Mexico into APEC in 1993, which was related to the establishment of NAFTA, was seized as a precedent in the Latin American Pacific Basin countries. Chile actively lobbied to join, with help from unlikely allies such as Malaysia. In the early 1990’s, Prime Minister Mahathir, a supporter of East Asian regionalism, saw potential for a South-South alliance with Latin America, which from his per4spective might have created a counterweight to Western influence in APEC. The fact that Australia and the United States did not seem enthusiastic about Chile’s application may have provided an additional incentive to Mahathir. Chile was successful between the 1993 Seattle (or Blake Island) summit, and the Bogor, Indonesia summit, which is remembered for the “Bogor Goals” of full liberalization for developed members by year 2010 and for all by 2020. This, incidentally, is now seen as a problem as there are growing concerns that the 2010 target might not be reached. This is a central issue in APEC’s 2005 policy cycle, led by Korea, which must conclude the Mid Term Review of APEC’s progress toward the Bogor goals. The crucial limiting factors seem to lie in the voluntary, non-binding nature of commitments in APEC, and with the very structure of the network, which was not designed as a negotiating body. I will return to this.

In 1998, Peru became a member, with Russia and Vietnam. Since then, a moratorium on new applications has “frozen” APEC membership. Some Asian members, perhaps more interested in developing East Asian regional arrangements, may think that Latin Americans are marginal participants in APEC. A related concern, not publicly voiced, is that a growing Latin American membership might lead to the formation of a “Latin caucus” within the forum. In any case, as in other organizations, it appears that with regard to the membership issue, APEC faced the classic dilemma of extension vs. consolidation. Some observers suspect that, while the options for extension have not been exhausted, consolidation has not been achieved either, especially in the context of a perception of “drift” spreading in the membership. I will briefly elaborate on this point because it is of central importance in APEC so-called Mid-Term Review as the timelines for the Bogor Goals get closer.

At present it is not clear whether APEC is suited to function as a vehicle for trade liberalization, as the approach to opening based on so-called “concerted unilateral action” advanced in the mid-1990s, with liberalization measures favoring members and non-members alike (open regionalism) is widely seen as a “toothless” mechanism because commitments are not binding among members. Chile tried, during her 2004 turn in leading APEC, to give the forum a renewed sense of direction by addressing this problem. Specifically, the leadership of the APEC Business Advisory Council (ABAC) persuaded the Chilean government that the purely voluntary nature of APEC decisions should be reviewed, and also suggested a feasibility study of an APEC-wide Free Trade Area, which would stem the proliferation of bilateral deals, reinforce the trans-Pacific dimension of APEC, and send a message to the WTO that the Doha Development Agenda should be completed soon. However, to achieve such ambitious goals several years of sustained regional diplomacy are needed, and continuity of leadership between Chile, Korea, Vietnam, Australia, Peru, and Singapore, the leaders of APEC until 2009, is uncertain.Chile’s Senior Official, Ricardo Lagos Jr., has said that the Chilean government understands the demands from the business sector, and that President Lagos will return to the issue in this year’s summit. However, he also warned that APEC cannot be transformed overnight (Diario Financiero, March 31, 2005). In the meantime, APEC’s proposed answer to the wave of bilaterals is to examine them in terms of compatibility with APEC and WTO principles and timetables. No one however is sure whether such reviews will actually be undertaken, and if so, whether they could carry weight with contracting parties.

In this context, it would seem that the main attractions of APEC, especially for the smaller members like Chile, lie less in the agenda of the forum, than in the opportunities to showcase the country to the Asia Pacific partners, and, second, to engage in political networking at the highest level. Leaders place high value on yearly opportunities to conduct APEC and non-APEC diplomacy (mostly bilateral) on the neutral ground provided by the host economy, without the diplomatic complexities involved in bilateral official visits. One example is the FTA between the US and Chile, an initiative that was rescued from stagnation by Presidents Clinton and Lagos after an informal conversation during the 2000 APEC Summit in Brunei. For this reason, former Australian Prime Minister Paul Keating has called the APEC Leaders’ Meeting (AELM), “the principal piece of political architecture in the Asia-Pacific.” (The Sydney Morning Herald, April 4, 2005). So long as political leaders feel this way, APEC will continue, even if its role were reduced to exchanges on policy collaboration and “best practices”.

What is the limit of Latin America’s potential in APEC? If and when the moratorium on new members is lifted, Latin American applicants might be Ecuador and Colombia (on Colombia, Carolina Barco, “La política exterior colombiana: gobernabilidad democrática, responsabilidad compartida y solidaridad”, DEP Diplomacia-Estrategia-Política, I No.1, 2004, p. 88) Both already participate in other Pacific Basin bodies (especially the Pacific Economic Cooperation Council, PECC). Perhaps Panama could join the queue. Of course, even if this limited expansion of participation by Latin American economies in APEC should materialize, a large degree of asymmetry vis-a-vis East Asians, in terms of numbers, economic size, and political-economic bases of power will remain. So even if Latin Americans have made, and can continue making, some contributions to the APEC forum, the “center of gravity” of interactions in this network will continue being around the large East Asian members and between them and the United States.

There are some Latin American political initiatives vis-a-vis specific countries, like the Rio Group talks with China. But there is only one specifically East Asian-Latin American network, the Forum for East Asian-Latin American Cooperation, FEALAC (in Spanish, Focalae), first launched in late 1998 as an initiative of Singapore and Chile. FEALAC is built on the following criteria. It is not a Pacific Rim body, which means that Latin American membership extends to non-Pacific countries. By definition, FEALAC excludes the United States and Canada. The agenda is open-ended, thus harboring a potential for dialogue in areas such as political and cultural affairs. Members are governments of sovereign states (so far, a total of 32). On the East Asian side, this excludes Taiwan (Chinese Taipei) and Hong Kong. On the other hand, the new members of ASEAN (Cambodia, Laos, and Myanmar) are members. Australia and New Zealand are in FEALAC, as Singaporean pragmatism was able prevail over a strict definition of East Asian identity, advocated by Malaysia. This marks an important and positive difference with the Asia-Europe Meetings system, which I believe was the implicit model for FEALAC.

But in the comparison with ASEM a crucial weakness of FEALAC becomes apparent, which is the lack of a body or institution to implement actual cooperation programs. In ASEM, this is the Asia-Europe Foundation (ASEF), based in Singapore. Suggestions to establish an Asia-Latin America Foundation along the lines of ASEF have not been taken up by governments. Two ministerial meetings have been held, the first in Santiago in 2001, the second in Manila last year. In this last conference, governments were clear in not overemphasizing the importance of FEALAC, described by foreign ministers as a mechanism that should complement other areas of multilateral engagement of the participants. In other words, both regions have other priorities, but think that FEALAC is a secondary avenue still worth exploring. The problem is that so far no substantial resources have been committed to do this. Governments recongnize that FEALAC needs to work on the people-to-people dimension to add to the official level. One initiative on this so-called “track two” is to build academic links among institutions working on subjetcs that are on the FEALAC agenda. This Chilean project is still small scale and in a virtual stage, but work is underway to organize substantive meetings on issues of common interest.

Some final remarks:

1-In this presentation, I have looked at the development of relations between Latin America and East Asia, emphasizing the case of Chile. In our country, there is a growing consensus across the political spectrum that these relations are of growing importance, although much remains to be done to understand our neighbors across the Pacific. Deepening and strengthening economic, political, and other areas of relations with Asia requires sustained efforts to improve our diplomacy, build up business ties, engage in cooperation projects, and develop cultural awareness and understanding. In all these dimensions, we have less experience than in relations with Western countries.

.2- While Latin America in general, and Chile in particular, is not an actor on the East Asian international scene, our region, and my country, share an interest in peace and stability in East Asia as a precondition for developing closer relations.

3- Pacific Basin cooperation networks and inter-regional networks play important bridging roles. They have helped to put us “on the map” of East Asian actors, and viceversa, but regional and inter-regional levels of interaction, while useful, must be complemented by sound bilateral policies vis-a-vis Japan, Korea, China, and Southeast Asia.

4- Progress has been made in developing official relations with East Asia, but at the domestic level, constituencies supporting such relations remain limited, mostly to big business; the “people to people” dimension remains mostly undeveloped.

5.- The composition of trade between Chile and the East Asian economies shows a heavy incidence of commodities on the export side, and of manufactures on the import side. With few exceptions, similar patterns prevail in the rest of Latin America. Of course, natural resources are very important, but what we would like to see is higher value-added exports as well as more investments and exchanges of services, i.e., we would not like to limit economic relations to a new version of a North-South scheme, and we believe that economic relations should develop in a broader framework of political, cultural, and social exchanges. This is easier said than done, but it summarizes the task ahead of us.

LOS CAMBIOS DE LATINOAMÉRICA Y LAS RELACIONES ENTRE CHINA Y LATINOAMÉRICA


Zhang Xinsheng

¿Qué es América latina para los chinos?

Desde la década de 1980, a medida que el mundo sufría grandes cambios, en América Latina ocurrieron renovaciones en las áreas política, económica y social. Las renovaciones de América Latina se puede resumir, en lo político, en una transición de poderes militares y autocráticos a los de civiles elegidos; y en lo económico, de modelos económicos de predominio estatal y de carácter interno a los de liberalización con el neoliberalismo como guía y orientación.

La otra renovación importante que se dio en América Latina fue el progreso a grandes pasos del proceso de integración económica regional. En la época del desarrollo profundo de la globalización económica, los países latinoamericanos, con el objetivo de afianzar la unidad y cooperación y de perseguir el desarrollo, se dedicaron desde los años sesenta a la promoción de la integración económica regional; y con la reforma y el crecimiento económico de los años ochenta y noventa, el proceso de integración se ha reanudado y ha avanzado notoriamente. En la actualidad ya se ha configurado un sistema de integración regional, que comprende una serie de organizaciones, tratados y mecanismos de integración regional, para aumentar la cooperación económico-comercial entre los países miembro de diversas organizaciones, tales como los organismos subregionales del Mercosur, la Comunidad Andina, el Mercado Común de Centroamérica (MCCA), el Mercado Común del Caribe (conocido también como Caricom) y la Asociación de Integración Económica de América Latina -- en calidad de organización coordinadora y orientadora de integración económica de toda la región -- , que aún desempeña cierto papel; además, hay una gran cantidad de tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales, acuerdos de complementariedad mutua y de promoción y protección de inversiones. Actualmente, todos los países latinoamericanos ya han sido incluidos en uno o más mecanismos de integración regional.

Por otra parte, la supuesta Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) aún está presente como una opción de los países. México, Chile y los países centroamericanos han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos. Se trata de una situación de existencia paralela del proceso de integración regional y el de integrarse con Estados Unidos.

Promovida por estas renovaciones, la situación interna de los países se ha estabilizado, las economías se han desarrollado y se han registrado progresos en algunos sectores económicos, zonas y países, mientras ciertos grupos sociales han elevado su nivel de vida. Sin embargo, la unilateralidad del pensamiento económico del neoliberalismo produce muchos desvíos. Ciertas medidas de apertura y de reajuste, tomadas por algunos gobiernos, en formas demasiado radicales y rápidas, también generan desequilibrios graves entre la economía y la sociedad: la inestabilidad del proceso de crecimiento económico, la polarización entre los pobres y los ricos, el desequilibrio del desarrollo entre diversos sectores económicos, zonas y países. Entrando en el nuevo siglo, el entorno de la división social sigue sin sufrir mejora, y aunque las situaciones políticas se mantienen estables en general, aún existen múltiples elementos de inestabilidad. En cuanto a la integración regional, son obvias las debilidades ocasionadas por las diferencias entre diversos países; las contradicciones de la integración intrarregional y la integración de las Américas, que encarna la diferencia entre los países latinoamericanos y Estados Unidos, sigue viéndose con claridad, ya que desde 2004 las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de las Américas se estancaron.

La situación actual de América Latina

Los 33 países latinoamericanos forman parte importante del mundo en desarrollo, y han desempeñado papeles muy importantes en los sucesos de la historia moderna y del tiempo actual del mundo. Muchos países latinoamericanos atravesaron por largos periodos de esclavitud y dominación colonialistas, así como de control e intervención imperialistas; también han realizado guerras para conquistar la independencia nacional y la liberación popular, y luchas en contra de la dominación imperialista. En el mundo actual, en que la globalización económica avanza a fondo y el terrorismo internacional constituye una amenaza para toda la humanidad y, al mismo tiempo, se entrelazan la multipolarización política del mundo y el unilateralismo, los países latinoamericanos se están esforzando por lograr un desarrollo equilibrado e integral en aspectos socioeconómicos y por promover el establecimiento de nuevos órdenes internacionales más justos y razonables.

Desde el ángulo político-académico, generalmente, se considera a América Latina como un conjunto integral por cuatro razones: 1) los 33 países latinoamericanos se ubican geográficamente en el hemisferio occidental, al sur de Estados Unidos; 2) estos países padecen las mismas o similares experiencias históricas, y tienen similitudes en aspectos de historia, cultura y raza; 3) los diversos países latinoamericanos se encuentran actualmente en procesos semejantes de desarrollo económico y social y, por ende, persiguen objetivos políticos comunes o similares en el interior y abrigan aspiraciones internacionales semejantes, y 4) las relaciones entre estos países son muy estrechas, al grado que se está constituyendo una serie de mecanismos de integración económica y de coordinación política. Estos cuatro elementos siguen siendo inalterables, y la integridad y similitudes del continente latinoamericano son aún las bases y argumentos para manejar las situaciones latinoamericanas.

Sin embargo, vale la pena mencionar las nuevas tendencias al respecto, en tiempos actuales: la globalización económica marcha sin cesar y el desequilibrio en el desarrollo se destaca cada vez más; entre los países de América Latina y del Caribe aparecen diferentes tendencias de intereses y de relaciones exteriores, de donde se derivan divisiones de intereses estatales y diferencias en políticas con el exterior. Lo anterior se demuestra con los hechos siguientes: 1) los países latinoamericanos y caribeños están formados por diversos grupos subregionales y, aunque se intercambian y se infiltran entre sí, existe una desarticulación entre diversas subregiones; 2) no hubo grandes avances en la promoción del proceso de integración de toda la región latinoamericana y caribeña; hemos visto un comienzo con la Comunidad de Países Sudamericanos, pero tanto la voluntad política como las medidas de integración política de la región no alcanzan los fines esperados; 3) se han ensanchado las diferencias en las relaciones con el exterior entre los diversos países -- México, por ejemplo, con un porcentaje muy alto en sus exportaciones (90%) a América del Norte, sobre todo con Estados Unidos; Chile maneja una tercera parte de sus exportaciones a cada una de las regiones de las Américas, Europa y Asia del Este, lo que es de gran importancia; y en México, América Central y el Caribe predominan las inversiones estadounidenses, mientras en América del Sur, las de Europa -- , y 4) hubo opiniones diferentes entre los países latinoamericanos sobre importantes temas internacionales, tales como la reforma de la Organización de las Naciones Unidas.

Las cada vez más evidentes diferencias antes mencionadas y las diferencias inherentes, tradicionales e históricas entre diversos países -- por ejemplo, las disputas fronterizas y territoriales entre algunos de ellos -- hacen que la gente cuestione cada vez más la identidad y la integridad de América Latina.

La tendencia al distanciamiento entre las naciones latinoamericanas es producto del desarrollo de la situación mundial. Por una parte, la globalización económica, basada en el sistema económico de mercado de múltiples países, ha promovido el crecimiento económico internacional y ha afianzado las relaciones de interdependencia de diversas regiones y países del mundo, y por la otra, las participaciones de diversos países en la globalización han sido muy desequilibradas, además de que cada vez se hacen más grandes las diferencias y brechas entre varios países y regiones, y entre diversas zonas, sectores económicos y grupos de gente dentro de los países.

Actualmente, estas diferencias y brechas entre los países latinoamericanos se encuentran en segundo lugar, ya que aún predominan la cooperación y voluntad de integración, pero hay que estar atentos para manejarlo a cada momento.

América Latina y el mundo

En la actualidad, la situación mundial se caracteriza por sus complicaciones e incertidumbres; tanto los problemas de seguridad tradicional como los de la seguridad no tradicional revisten un carácter urgente. En especial, en el campo político se entrelazan la tendencia a la unipolarización de la política mundial representada por Estados Unidos y la de muchos esfuerzos de diversos países por promover la multipolarización política del mundo. Aún predominan la coexistencia, el intercambio, la negociación y la cooperación. Sin embargo, no hay que menospreciar las diferencias, las divisiones, el contraste y la confrontación. Después de los ataques del 11 de septiembre, el tema del terrorismo internacional desvía y acapara la atención de la gente; las guerras desencadenadas por Estados Unidos contra Afganistán e Irak constituyen un cambio muy significativo de la situación mundial tras la desintegración de la Unión Soviética y el término de la Guerra Fría, lo cual influye mucho en la situación mundial, incluida la de América Latina.

Por otra parte, para los países latinoamericanos, al ser naciones en desarrollo, las tareas más importantes son, como siempre, la conquista del desarrollo económico-social equilibrado y el establecimiento de órdenes internacionales más justos y razonables. En ese proceso, se necesitan recursos financieros, tecnologías, mercado de comercio e inversiones, así como el entendimiento, el apoyo y políticas adecuadas de parte de Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con importantes intereses políticos, económicos y diplomáticos en América Latina, y en ciertos tiempos o periodos puede otorgar atención a problemas relevantes de América Latina, como el tráfico de drogas en Colombia, las conductas de Cuba y Venezuela, el tema del supuesto Tratado de Libre Comercio de las Américas, etc., pero con el objetivo de salvaguardar los intereses estadounidenses y, concretamente, para asegurar que la situación quede dentro de su control. Ahora, Estados Unidos se preocupa más por la guerra contra el terrorismo y la seguridad de su territorio; la atención principal de Estados Unidos no se dirige hacia América Latina ni antes ni después del 11 de septiembre, como tampoco en la actualidad.

China y América Latina

China siempre aplica una política exterior de independencia, autonomía y paz. Los amplios países del Tercer Mundo, incluidos los de América Latina, constituyen la base de las relaciones exteriores de China. Las relaciones entre China y América Latina se desarrollan, desde la década de 1980, a una rapidez sin precedentes, y se basan en los cinco principios de coexistencia pacífica, a saber: respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial; no agresión; no intervención en los asuntos internos; igualdad, y beneficio recíproco y coexistencia pacífica.

Las relaciones entre China y América Latina se desarrollan sobre las bases nacionales muy sólidas de China y de los países latinoamericanos. Por parte de China, se registró, desde finales de los años setenta, el comienzo de la aplicación de políticas de reforma y apertura que impulsaban con gran ímpetu el desarrollo económico y el progreso social, y con la creación y salvaguarda de entornos regionales e internacionales de seguridad y estabilidad; mientras en América Latina, los diversos países que la conforman se esfuerzan, desde los ochenta, por impulsar reformas de mercado, liberalización y privatización, así como la apertura hacia el exterior. En cuanto a las relaciones con el extranjero, se aplica una política exterior basada en el pragmatismo y la diversificación. De los cambios internos de ambas partes se derivan las condiciones favorables para el desarrollo de grandes avances en las relaciones entre China y América Latina, ya que ambos ven la explotación de relaciones recíprocas como medio específico para crear un ambiente favorable internacional. Desde los años noventa, hay cada vez más visitas bilaterales de dirigentes de alto rango; se establecen mecanismos gubernamentales de promoción de relaciones recíprocas entre China y una serie de países y organizaciones latinoamericanas. Ha sido muy llamativo el desarrollo de la cooperación económico-comercial entre China y los países latinoamericanos: el volumen del comercio ha aumentado de menos de 3000 millones de dólares estadounidenses a finales de los ochenta hasta 40000 millones en 2004, con un crecimiento anual promedio de dos dígitos, y también han sido cada vez más frecuentes las cooperaciones e intercambios científico-tecnológicos, culturales, sociales y de personal. En el nuevo siglo, con el empuje del crecimiento rápido y duradero de la economía china y la recuperación y crecimiento económico de los países latinoamericanos, las relaciones económico-comerciales han crecido con más rapidez; el promedio anual del aumento del comercio ha sido de 50%. Actualmente, los principales socios de cooperación económico-comercial de China en América Latina son: Argentina, Brasil, Chile, México y Panamá. Las consultas y el diálogo político en torno a importantes temas internacionales entre China, por una parte, y Argentina, Brasil, Chile, México y otros países latinoamericanos, por la otra, avanzan sin dificultades. Mirando hacia adelante, se puede afirmar que hay enormes potencialidades en las relaciones sino-latinoamericanas, lo que se basa en: 1) desde la crisis financiera de Asia del Este, China se ha esforzado por ampliar las necesidades internas, contando en ello consumos e inversiones interiores, para sostener un crecimiento económico de alta velocidad y duradero, promoviendo así la transición de un modelo de crecimiento que alimenta las exportaciones a un modelo de crecimiento basado en las necesidades locales; se prevé que por parte de China se mantendrá una necesidad muy activa de los productos latinoamericanos, como son los productos mineros, agrícolas, energéticos y manufacturados, y que será muy favorable para el desarrollo de las relaciones de cooperación entre ambas partes; 2) ya está firmada una serie de acuerdos y tratados de cooperación económica, comercial y científica entre China y países latinoamericanos como México, Brasil, Argentina, Cuba, Chile y Venezuela, etc., y con la entrada en vigor de estos acuerdos se promoverán las relaciones económico-comerciales entre ambos lados.

Por otra parte, existen aún problemas y dificultades en las relaciones sino-latinoamericanas, a saber: 1) el conocimiento y entendimiento mutuos entre diversos sectores sociales y distintos niveles administrativos no alcanzan aún los objetivos esperados, y todavía falta la consulta y el intercambio de opiniones sobre importantes temas internacionales, por lo que habría que afianzar coordinaciones sobre problemas como la reforma de la ONU, las negociaciones del comercio mundial, la lucha contra el terrorismo, los derechos humanos y las cooperaciones Sur-Sur, etc.; 2) con respecto a las relaciones económico-comerciales, existen entre China y diversos países y subregiones latinoamericanas ciertas semejanzas en cuanto a productos, exportaciones y estructuras económicas, ya que se necesitan esfuerzos de ambas partes para explotar y abrir nuevas áreas de cooperación a fin de que las relaciones sean más sostenibles, y 3) existe un desequilibrio de relaciones entre China y varios países y subregiones latinoamericanos: con países sudamericanos hay más complementariedad, y con los países centroamericanos y México, hay cierto grado de competencia.

Además, el problema de Taiwán aún limita las relaciones entre China y algunos países latinoamericanos que mantienen "relaciones diplomáticas" con Taiwán. Las autoridades de Taiwán aprovechan a estos países para poner en práctica en foros internacionales actividades de "deschinización" y a favor de la "independencia de Taiwán", todo lo cual constituye un desafío para la seguridad, la integridad territorial y la dignidad nacional china. China no intenta intervenir en los asuntos internos de estos países que mantienen relaciones oficiales con Taiwán; al contrario, alberga buena voluntad hacia ellos; ya que son países en desarrollo, pueden tener mucho en común con China en temas políticos, económicos y en importantes asuntos internacionales. Se esperaría que tanto China como estos países puedan mostrar perspicacia política para superar de común acuerdo el obstáculo político del problema de Taiwán, y normalizar sus relaciones para gozar de grandes espacios de cooperación.

En resumen, con condiciones más favorables, como los sólidos argumentos anteriores, enérgica voluntad, medios y mecanismos adecuados y sólidas bases como las actuales, se prevería un gran desarrollo dentro de poco tiempo de las relaciones entre China y las naciones latinoamericanas.