Ricardo Lagos
Los años recientes han sido tiempos de cambios profundos en la economía mundial, en las relaciones entre los países, en la producción y la tecnología y en la cultura. El mundo está cada vez más globalizado e interconectado. La Guerra Fría pertenece al pasado. El viejo orden bipolar fue reemplazado por un unipolarismo político-militar, situación que no ocurría desde la paz de Westfalia, pero acompañado de un multipolarismo en el terreno económico. La competencia económica está reemplazando a la rivalidad militar. El antiguo tercer mundo se ha diluido. Algunos de sus integrantes se han convertido en economías emergentes y están en el umbral del desarrollo. Otros, lamentablemente, se debaten en el atraso y la marginalidad.
América Latina no ha permanecido al margen de estas transformaciones. La región tiene una larga historia marcada por cambios de rumbo radicales. Esta vez el rumbo de América Latina parece sólido y seguro. Nuestros países han reformado sus economías para controlar los desequilibrios macroeconómicos heredados del pasado y abrir los mercados internos con el objetivo de aumentar la competitividad internacional de sus economías. La región está ingresando a una etapa única en la que, tal vez por primera vez en su historia, se ha incorporado a las tendencias centrales del sistema internacional y ha asumido la modernidad, tal como ésta es concebida en el presente y es difundida por el proceso de globalización. Ello entraña un delicado balance de riesgos y oportunidades, pero –estoy convencido– donde las promesas de la inserción en el mundo globalizado constituyen el camino más claro hacia el desarrollo de nuestra región.
Paralelamente, los países latinoamericanos iniciaron a partir de la década de los años ochenta procesos de fortalecimiento o de recuperación de la democracia. Ésta fue restablecida en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay; resistió las más diversas presiones en Colombia, Ecuador y Venezuela, y salió fortalecida del avance de los procesos de paz en Centroamérica. El más reciente testimonio de la fuerza con que ha arraigado la democracia en la región es la transición pacífica iniciada en Perú. La presencia de sistemas democráticos de gobierno en toda la región ha demostrado ser una condición esencial para crear el clima de confianza requerido para el aumento de las inversiones, para atraer capitales extranjeros y para dar estabilidad a las reglas del juego de la actividad económica. En suma, los países latinoamericanos han dejado ser parte de los problemas globales y hoy son, más bien, parte de la solución.
El desafío que tenemos por delante consiste en profundizar nuestra inserción activa en la economía globalizada, construir regionalismos abiertos al multipolarismo económico, reforzar la identidad política y cultural latinoamericana para enfrentar los peligros de la globalización e impulsar las reformas de segunda generación para asegurar un crecimiento con equidad para nuestros pueblos.
Política exterior a partir de la región
Chile apuesta a una inserción activa y profunda en el proceso de globalización. Pero creemos en la necesidad de perfilar una inserción global con acento latinoamericano, especialmente en el ámbito de la concertación política.
La integración latinoamericana ha experimentado un resurgimiento y renovación a través de diversos esquemas, desde el Grupo Andino hasta el Sistema de Integración Centroamericano. Cabe señalar, dentro de la actual Comunidad Andina, el excelente comportamiento financiero de la Corporación Andina de Fomento. Pero, el hecho más importante en el campo de la integración ha sido la creación en 1991 del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, al cual Chile pertenece en calidad de miembro asociado.
Pese al impacto de la crisis asiática, en los últimos cinco años el crecimiento del valor de las exportaciones al Mercosur de Argentina, Brasil y Chile aumentó a un ritmo sensiblemente superior al promedio. El bloque se ha constituido, al mismo tiempo, en un referente clave para los países más desarrollados, tanto en sus vinculaciones diplomáticas como políticas, económicas, de inversión y financieras.
El Mercosur ha sido el principal ejemplo del nuevo regionalismo latinoamericano que pretende conformar un mercado común con libre circulación de bienes, servicios, capital y mano de obra. Más allá de los tropiezos suscitados por la crisis asiática y los problemas puntuales de algunos de sus miembros, el Mercosur es un proceso de integración estratégica que abarca aspectos políticos, culturales, sociales y de integración física.
Sabemos bien que la integración más profunda se da entre países vecinos que, además de intereses económicos, comparten fronteras, valores y proyectos. Ésta es la razón por la cual Chile ha planteado su deseo de avanzar en su relación con el Mercosur. Así lo demuestra nuestra participación en todas las reuniones ministeriales asociadas a materias sociales, laborales, de justicia, educativas, de energía e infraestructura. Así también lo demuestran los compromisos que mi gobierno ha adquirido y que apuntan a incrementar los instrumentos de integración física, política y económica con los integrantes de bloque. Asimismo, asignamos gran relevancia a la coordinación de políticas macroeconómicas dentro del Mercosur ampliado, tema que incluso nos parece más importante que el propio tema arancelario.
Chile mantiene su interés en ser miembro pleno del Mercosur. Pero también somos francos al señalar la imposibilidad de elevar nuestros aranceles a los niveles del arancel externo del bloque. Así, tal como fue reconocido por el propio Mercosur, el único camino posible para formar parte es esperar hasta que el arancel externo común del Mercosur se reduzca a niveles similares al arancel chileno. Mientras no se produzca esa convergencia, Chile mantendrá su autonomía comercial.
Pero el comercio no agota nuestra inserción regional. Mantenemos con los países de la zona una nutrida y dinámica agenda, en la que sin duda destacan nuestra creciente integración con Argentina, país con el que exhibimos relaciones políticas, económicas, sociales y culturales cada vez más estrechas, así como nuestros intensos lazos con Brasil y con México. Además estamos fortaleciendo los vínculos económicos y políticos con nuestros otros vecinos, Bolivia y Perú.
Desarrollamos una cooperación regional estrecha con el resto de los países de América Latina a través del Grupo de Río, que Chile encabeza en el 2001, y al cual consideramos de gran importancia como interlocutor de nuestra región con el mundo. Creemos que la convergencia política entre países cercanos es condición esencial para hablar con voz más potente en el escenario mundial.
En el ámbito comercial, en Sudamérica mantenemos tratados económicos con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Hemos negociado un acuerdo marco con América Central, que está siendo complementado con tratados bilaterales con los países del istmo. Disponemos de un acuerdo de libre comercio de última generación con México, país con el cual hemos establecido una relación privilegiada, que pretendemos profundizar en los próximos años, como lo he hablado personalmente con el nuevo presidente de México, Vicente Fox. La mirada del presidente Fox hacia el sur de México puede facilitar la interacción de Estados Unidos y el TLC con América del Sur y enriquecer el diálogo interamericano.
América Latina en su conjunto debe organizarse como un referente vital, dotado de identidad propia. Desde antes de ser presidente de mi país, y con mayor fuerza ahora, he percibido el desarrollo de un proceso de consultas entre los gobernantes del área, en torno a cuestiones de creciente relevancia, cada vez más fluido. Estas consultas tienen que ver a veces con asuntos bilaterales o vecinales. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia involucran aspectos relacionados con la compatibilización de las políticas económicas internas, con las relaciones internacionales y, sobre todo, con delicadas situaciones por las que han atravesado en uno u otro momento algunos países de la región, en cuya solución han sido importantes dichas consultas y las acciones consiguientes. Qué duda cabe de que América Latina tendrá que recorrer un camino semejante al de la Unión Europea, adecuándolo a sus características, que avance desde los acuerdos comerciales hasta la convergencia económica, financiera y de las inversiones, a fin de consolidar crecientes grados de sintonía y de eficacia en nuestras políticas exteriores.
En todo caso, Chile es partidario de un regionalismo abierto al mundo, cuyo horizonte sea la liberalización política y económica y la concreción de relaciones dinámicas con diversas regiones del orbe y esquemas de integración.
La necesidad del regionalismo abierto
La globalización ha ido acompañada de una potente tendencia hacia la regionalización. La Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el Mercosur, el Sistema de Integración Centroamericano, la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe, la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, la Comunidad de Desarrollo del África Austral representan ejemplos elocuentes de esta tendencia y, al mismo tiempo, revelan la diversidad de expresiones que tiene el regionalismo en la actualidad.
América Latina ha estado en la vanguardia del concepto de regionalismo abierto, que implica que los acuerdos comerciales entre agrupaciones de países no son incompatibles con aperturas comerciales más profundas, ya sean unilaterales, bilaterales o subregionales, y que incluso pueden encontrar un estímulo en estos últimos procesos. Una combinación flexible entre políticas de promoción de exportaciones y de regionalismo abierto permitió diversificar los mercados de exportación latinoamericanos, y generó una relación comercial más equilibrada con los grandes bloques económicos regionales.
La creciente internacionalización de las economías latinoamericanas ha llevado a un nuevo énfasis en la diplomacia económica, al estímulo a las inversiones extranjeras y a la incorporación de tecnologías desde el exterior. Al mismo tiempo, Latinoamérica ha acentuado su esfuerzo por diversificar su inserción en los distintos espacios económicos mundiales.
Los países de la región han participado activamente en las negociaciones que se han llevado a cabo en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y han subrayado su preferencia por la liberalización multilateral. Los países latinoamericanos desearían que dichas negociaciones se mantengan como una ronda incluyente, donde todos los temas sean tratados al mismo tiempo y que sólo termine al alcanzarse un compromiso único.
Gran expectativa despertó en América Latina la negociación y formalización de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre Canadá, Estados Unidos y México, a partir de la década de los años noventa. La idea de avanzar hacia un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesta en la primera Cumbre de las Américas en 1994 y lanzada formalmente en la segunda Cumbre en 1998, en Santiago, abre más posibilidades y genera aun mayor interés. El ALCA se irá configurando sobre la base de acuerdos subregionales y bilaterales a fin de ampliar y profundizar la integración económica del hemisferio.
En un mundo que marcha hacia la constitución de grandes bloques económicos regionales, integrados dentro de un sistema global, la formación del ALCA es un objetivo prioritario para América Latina. Chile estima que los plazos para la conclusión del ALCA deben adelantarse al año 2003 para que el área de libre comercio entre en vigencia en 2005. De manera similar, Argentina también ha propuesto un adelanto de los plazos para la implementación del ALCA.
En esta misma perspectiva, Chile aceptó hacia finales de 2000 una invitación del gobierno estadounidense para iniciar negociaciones para un acuerdo bilateral de libre comercio. El inicio de este proceso de negociaciones tiene como antecedente la decisión estadounidense de 1991 de poner a Chile como el primer país en su lista de acuerdos por negociar, y cuya evolución, ante la postergación de la concreción de dicho ofrecimiento, se volcó en los últimos años en la labor de la Comisión Conjunta de Comercio e Inversión.
Estados Unidos es nuestro primer socio comercial en el mundo y la primera fuente de las inversiones extranjeras en Chile. El TLCAN nos permitirá mejorar nuestro acceso a ese mercado, disminuir la calificación del riesgo país e incrementar el flujo de inversiones, tener reglas claras y permanentes para el comercio de bienes de servicios y para el capital, establecer mecanismos de defensa comercial que cuiden adecuadamente nuestros intereses y acordar procedimientos para resolver nuestros conflictos comerciales.
El propósito de Chile es negociar un tratado de libre comercio de última generación, similar a los suscritos con Canadá y México, que incluya el conjunto de los temas comerciales y de inversión de acuerdo con la mejor evaluación del sector exportador. Seguramente también abordaremos temas ambientales y laborales que hoy en día se han incorporado definitivamente a la agenda del comercio internacional.
Concebimos esta negociación acorde a nuestros objetivos en el ALCA, compatible con nuestras obligaciones en la OMC, y actualizada según las exigencias de la globalización, la nueva economía y nuestra experiencia reciente en materia de negociaciones comerciales. Creemos, además, que la negociación del TLC con Estados Unidos, es congruente con nuestro interés de largo plazo por profundizar nuestra presencia en el Mercosur.
A partir de 1994, el Foro de Cooperación Económica en Asia y el Pacífico (APEC) se ha ido transformando en un potente mecanismo de deliberación sobre el comercio y las inversiones, con un gran dinamismo y con características propias. Chile y México, además de Perú, participan en la organización. Dado el dinamismo del bloque creo que los países latinoamericanos del Pacífico gravitarán inevitablemente en torno a él en el mediano plazo. Chile es el país del continente americano que comercia más, en términos relativos, con los países asiáticos. Nos hemos sumado con entusiasmo al proceso de liberalización del APEC, buscando un inicio de negociaciones bilaterales o sub-regionales para avanzar mas rápidamente en la dirección del libre comercio con algunos países de esa área, como es el caso de Corea del Sur, uno de los principales mercados de exportación para Chile en Asia y, si se dan las condiciones, con Singapur, Nueva Zelanda e incluso Japón, que representa el segundo mercado de destino para las exportaciones de Chile al mundo.
La Unión Europea (UE) se ve como una dimensión fundamental de la inserción internacional de Chile y otros países latinoamericanos. Actualmente estamos conduciendo negociaciones para establecer una asociación de carácter político y económico entre Chile y las quince naciones europeas que han formado el mercado integrado más grande del mundo. México ya concluyó un acuerdo similar con la UE en julio de 2000, y el Mercosur negocia un tratado del mismo tipo paralelamente con Chile.
El acuerdo que estamos negociando representará el instrumento para potenciar los vínculos históricos que mantenemos con Europa, incorporando un componente de diálogo político de alto nivel así como diversos elementos de carácter económico, comercial y de cooperación, que tienen importantes consecuencias para el desarrollo del país. A la larga, nos interesa alcanzar la liberalización del intercambio de bienes y servicios entre Chile y la UE, meta que permitirá asegurar el acceso de las exportaciones nacionales al mercado comunitario. Creemos que los valores y objetivos importantes que nos hemos planteado en el plano interno encuentran una contrapartida en las prioridades de Europa: compromiso con los derechos humanos, fortalecimiento de las instituciones democráticas, lucha contra la pobreza, probidad y eficiencia del aparato estatal, expansión del comercio, protección del medio ambiente y cooperación tecnológica.
El aporte latinoamericano al mundo
Desde hace algún tiempo, América Latina es parte de la solución y no parte de los problemas mundiales.
Es verdad que la región latinoamericana aún debe hacer frente a graves problemas como el narcotráfico, la abismal desigualdad en la distribución del ingreso, el desencanto con la política, la pobreza extrema, etc. Pero, la situación de la región es hoy mejor de la que predominaba hace un par de décadas. La crisis asiática afectó fuertemente a nuestras economías, demostrando que su capacidad de defensa frente a los contagios externos no depende solamente de la adopción de políticas macroeconómicas correctas y de la profundización de la inserción internacional de sus gobiernos, sino del comportamiento volátil de los capitales internacionales y otros factores externos. Con todo, en los años que siguieron al descalabro asiático, los países latinoamericanos han crecido a tasas anuales superiores a las de los países industrializados. Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en el año 2000 la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano llegó a 4%, comparado con un 0.4% registrado en 1999. Con puntos altos y bajos en la evolución de algunos países, pero con más estabilidad que en el pasado, la región se está preparando para incorporarse a la nueva economía.
Crecientemente, los mercados de América Latina cobran mayor relevancia. Hacia finales de la década de los años noventa, Estados Unidos exportaba más a Brasil que a China; más a Argentina que a Rusia; más a Chile que a la India, y el doble a Centroamérica y el Caribe que a Europa oriental. Se estima que en un futuro no muy lejano Estados Unidos exportará a América Latina el doble que a Japón, generando así un millón de nuevos empleos. Según algunas proyecciones, en el año 2010 las exportaciones de Estados Unidos a América Latina serán mayores que las realizadas a Japón y a la Unión Europea juntos.
Un segundo aporte que la región ha hecho a la consolidación de las relaciones internacionales es la solidez de sus instituciones. En el campo institucional América Latina ha hecho un enorme esfuerzo de modernización, fortalecimiento y transparencia de sus instituciones. Ese proceso, que representa un gran salto hacia adelante en comparación con el pasado, fue estimulado por las reformas económicas, por una parte, y por la extensión de la democracia por la otra. Ese salto no sólo lo han dado los gobiernos, los poderes públicos o la institucionalidad económica, sino que se observa también en la dirigencia política, los parlamentos, los procesos electorales y en la sociedad civil. En muchas regiones del mundo hay fallas al respecto y América Latina no es una excepción. Pero las instituciones y la movilización democrática han funcionado exitosamente en momentos de grave crisis institucional, como ocurrió en Paraguay, Perú o Ecuador, y como se ha manifestado de diversas maneras en otros países.
Las políticas macroeconómicas seguidas en general por los países latinoamericanos también han constituido una valiosa contribución a la estabilidad de la economía mundial en un periodo no exento de volatilidad y turbulencias. Si bien de alguna manera esas políticas corresponden al decálogo elaborado en 1989 por el llamado consenso de Washington, creo que su adopción se debió a que nuestras sociedades supieron escuchar la voz de la experiencia y a que nuestros gobernantes tuvieron la valentía de emprenderlas, aun cuando cada uno de ellos representaba los más diversos ángulos del espectro político. Estoy convencido de que ese acto de valor, de lucidez y de aprendizaje constituye un legado que nuestra ciudadanía y nuestros gobiernos deben cuidar y desarrollar en el futuro.
Un cuarto aporte emana de la calidad de nuestra gente. La calidad que están alcanzando nuestros recursos humanos en materia de productividad y competitividad debido, entre otras cosas, a los resultados logrados en materia de salud pública y de educación. La calidad de nuestros profesionales, técnicos y científicos formados en una amplia gama de universidades públicas y privadas en proceso de fortalecimiento y de expansión, y con experiencia en sistemas o instituciones tradicionales o innovadores de ciencia y tecnología. Calificados por su creciente acceso a la sociedad de la información, en donde, para poner un ejemplo, Argentina, Brasil y Chile invierten 40, 43 y 63 dólares por habitante en telecomunicaciones y tienen acceso a Internet el 2.4, 4 y 3.34% de la población. Calidad de sus recursos humanos también por la riqueza del mestizaje cultural latinoamericano y por sus raíces hundidas en valores humanistas y en la solidaridad social, especialmente a nivel popular. Hemos aprendido de nuestra propia historia la lección de que el desarrollo depende del capital social acumulado, esto es, aquel conjunto de valores, habilidades, prácticas asociativas e instituciones construidas por una sociedad a lo largo de su historia.
Estamos dando una lucha de valores para insertarnos en el proceso de globalización con nuestras propias identidades. Creo que una cuestión crucial que plantea la globalización es la preservación o construcción de identidades individuales y colectivas. Pienso, además, que el papel protagónico en ese combate no está siendo desempeñado en primer lugar por los gobiernos ni por los sectores privados, sino por nuestras sociedades, por la ciudadanía que elige, respalda o audita a los gobiernos.
La globalización no es sólo una bandera de los sectores de más altos ingresos o de los empresarios en nuestras sociedades. Es también una aspiración de las comunidades y los movimientos más pobres. El movimiento contestatario de base indígena en el sur de México tuvo su primer aliado en Internet. La defensa de los pueblos originarios en los países de la región se sustenta en gran medida por la opinión pública internacional. El grupo musical cubano "Buena Vista Social Club" tal vez habría permanecido en el olvido si no fuese por la globalización de la cultura. En la sociedad civil de los países latinoamericanos hay una base comunitaria y ciudadana fuertemente influida por la educación, la información y los medios de masas, que no quieren quedarse al margen de la globalización, pero que quieren ingresar a ella con su propia mochila cultural.
El protagonismo que han asumido en las relaciones internacionales la sociedad civil y el sector privado de nuestra región, se advierte particularmente en el impulso a ciertos acuerdos comerciales o de integración, pero se percibe también en el desarrollo de los vínculos culturales, sociales y políticos con otros países. Confío en que la inserción internacional latinoamericana se convierta en un proceso cada vez más asociativo, impulsado conjuntamente por los gobiernos, la sociedad civil y el sector empresarial, y basado en la concertación de sus intereses.
Crecimiento con equidad y apertura al mundo
Chile está alejado de los grandes centros de la economía y la política global, pero en los últimos años nos hemos ganado un lugar en el mundo. Lo hemos hecho no gracias a las riquezas naturales, ni a la geopolítica ni al poder, sino sobre la base de ideas creativas, reformas eficientes y coherencia. Exhibimos índices muy elevados para un país en desarrollo en lo que respecta a alfabetización y cobertura educacional. Un tercio de los estudiantes de la educación superior chilena sigue estudios directamente ligados a las tecnologías de la información. Mantenemos el liderazgo en América Latina en materia de telecomunicaciones, como lo demuestran nuestros índices de penetración telefónica fija (20.6 líneas cada cien habitantes) y telefonía móvil (15%). Nuestra tasa de conexiones a Internet de 3.34% es la más alta de la región.
Chile comenzó sus reformas pioneras en los años setenta y ochenta para integrarse a la economía mundial. Pero muchas de esas reformas buscaban un resultado fácil y rápido. La desregulación del mercado fue establecida sin la necesaria protección de los derechos de los consumidores; las privatizaciones de las empresas públicas no fueron siempre transparentes; el mercado de trabajo fue liberalizado sin proteger los derechos laborales.
En el pasado reciente, Chile ha conciliado un proceso de transición a la democracia con la liberalización económica. Hoy, sobre bases sólidas, nos estamos preparando para enfrentar los grandes desafíos del desarrollo. En Chile hemos logrado reducir la pobreza extrema: un millón 600 000 compatriotas, alrededor de 11% de la población ha salido de la pobreza extrema en los últimos seis años y seguimos comprometidos en la reducción de esa brecha. Estamos realizando una modernización profunda de la gestión de los servicios públicos con el fin de aumentar la calidad y oportunidad de acceso a ellos. Estamos llevando a cabo la más vasta reforma de nuestra administración de justicia en este siglo, con el fin de hacerla más accesible, ágil y equitativa.
También pretendemos transformar nuestro sistema educativo. El gasto en ese rubro en Chile aumentó sostenidamente bajo los gobiernos de la Concertación, desde 867 millones de dólares en 1990 a 2 253 millones de dólares en 1999. Gracias a la reforma educacional impulsada en los años noventa, la subvención mensual promedio por alumno aumentó 113% en términos reales. Paralelamente, se incrementaron las posibilidades de acceso a la educación mediante becas y otros recursos; se multiplicaron las inversiones en infraestructura educativa y se mejoraron considerablemente los salarios para los profesores. Como resultado, la escolaridad promedio aumentó de 8.5 años en 1990 a 9.6 años en 1997, mientras que la tasa de analfabetismo cayó de 6.3 a 4.7% en el mismo lapso.
En el área de salud, los avances de los últimos años han sido igualmente impresionantes, aunque falta mucho por hacer. Los índices de mortalidad materna, infantil y de desnutrición y en riesgo de desnutrición han caído sustancialmente, exhibiendo Chile indicadores de salud similares a los de países de mayor desarrollo económico. La recuperación y modernización del sistema público de salud se refleja en el hecho de que el presupuesto anual, en moneda constante, se duplicó entre 1990 y 1998 desde 690 millones de dólares a 1 380 millones de dólares. Actualmente estamos avanzando en la mejora de la atención primaria de salud, en el incremento de la oferta de servicios y en el perfeccionamiento de la regulación del sistema privado de salud.
Los analistas de riesgo coinciden en clasificar a Chile como el país más seguro para las inversiones dentro de América Latina, al ocupar el cuarto lugar entre 93 economías emergentes. El Informe de Competitividad Mundial 2000 sitúa a Chile en el lugar 26 entre las 47 economías más competitivas, en el sexto lugar en las economías emergentes y en primer lugar en América Latina. La Heritage Foundation asigna al país el segundo lugar en América Latina en lo que respecta a libertad económica, lo coloca en el quinto lugar entre los países emergentes, y en el decimotercer lugar entre 125 países considerados. Transparency International, que evalúa el nivel de probidad de los países, coloca a Chile en primer lugar en América Latina, en tercer lugar entre los países emergentes y en el decimoctavo entre los 90 países evaluados.
Sin embargo, queda mucho por hacer para que Chile llegue a su bicentenario siendo un país desarrollado, moderno, con una democracia perfeccionada, más unido y más justo. Éste es un enorme desafío que el gobierno y la sociedad chilena están enfrentando. Para lograrlo, pretendemos poner en marcha siete grandes reformas. Primero, reformaremos el sistema de salud para proteger los derechos y garantías de los pacientes; segundo, mejoraremos las políticas de acceso a las nuevas tecnologías de la información para entrar de lleno al mundo global; tercero, llevaremos a cabo reformas que modernicen el mundo del trabajo para avanzar en equidad y competitividad; cuarto, realizaremos una reforma fiscal para disponer de un horizonte de mayor progreso y estabilidad; quinto, impulsaremos las reformas políticas que necesitamos para tener una Constitución plenamente democrática, en armonía con los requerimientos del siglo XXI; sexto, pondremos en práctica una reforma integral del Estado, incluyendo una mayor descentralización para regiones y comunas, y séptimo, emprenderemos una gran reforma de las ciudades para mejorar la calidad de vida, la integración y la convivencia en las mismas.
En Chile estamos convencidos de que el crecimiento, el desarrollo social, la calidad de vida y la globalización son elementos complementarios y no contradictorios. Nuestra misión es conjugarlos para contribuir a generar una sociedad más democrática y equitativa, aprendiendo de las experiencias de otras naciones.
Chile está abierto al mundo. Nuestras exportaciones han crecido sostenidamente durante más de una década. Nuestro comercio exterior representa ahora alrededor de 50% de nuestro PIB. Estamos convencidos de que las mejores posibilidades de desarrollo para una economía como la chilena radican precisamente en su expansión hacia los mercados externos. Ello nos lleva a ser ardientes defensores del comercio internacional libre y a redoblar los esfuerzos para derribar las barreras proteccionistas.
Nuestro éxito como nación dependerá de que nos vinculemos más estrechamente con los países que están en la vanguardia de la innovación tecnológica de los servicios y de la nueva economía. Por eso, encabecé recientemente una misión gubernamental-empresarial a Silicon Valley para dar un impulso a nuestra inserción tecnológica. Para destacarnos como país ya no basta enarbolar las reformas de libre mercado, puesto que ellas ya son la norma en países tan variados como Estonia o China. Chile pretende conquistar nichos de liderazgo en el mercado global en los sectores donde las empresas nacionales son competitivas.
En Chile se respetan plenamente los derechos humanos. Las instituciones funcionan y los ciudadanos participan con libertad en la construcción de su futuro. Estamos fortaleciendo la democracia llevándola también a nivel local. El estado de derecho rige plenamente y los tribunales de justicia cumplen sus funciones con rigor e imparcialidad. Claro está, el proceso de transición a la democracia no ha estado exento de tensiones, como aquellas provocadas por la detención del general Augusto Pinochet en Londres. El gobierno chileno sostuvo que el general debía y podía ser juzgado en Chile y así ocurrió tras su retorno al país, lo cual ha demostrado la madurez de Chile y de sus instituciones públicas.
Por último, Chile está empeñado en asumir su responsabilidad internacional en un mundo marcado por una creciente interdependencia, porque existen tareas que van mas allá de lo que un país por sí solo puede organizar; grandes objetivos globales que hoy se propone la humanidad. Chile apoya firmemente la universalización de la justicia y el desarrollo del derecho humanitario. Dicho proceso, para ser exitoso, debe ser ordenado y, por ello, el establecimiento del Tribunal Penal Internacional merece todo nuestro apoyo. En esta misma línea Chile estuvo presente en la primera conferencia ministerial "Hacia una Comunidad de Democracias", que tuvo lugar en junio de 2000 en Varsovia, Polonia, donde Chile actuó como país co-convocante. De igual manera, Chile se ha integrado a la Red sobre Seguridad Humana, donde nuestro país, junto a un reducido grupo de naciones, está abocado a proponer medidas que mejoren las condiciones de seguridad en el mundo, no sólo para los estados, sino también, y muy especialmente, para las personas. De allí también nuestro firme apoyo a las operaciones de paz de Naciones Unidas y nuestra participación en la Fuerza de Paz de la ONU en Timor Oriental.
Chile y los demás países de América Latina debemos avanzar unidos hacia el nuevo mundo que se empieza a configurar en los albores del nuevo milenio. Un mundo globalizado donde las distancias se acortan y las fronteras se borran. Un mundo donde la interrelación entre las empresas, los países y las grandes regiones del mundo es progresiva y necesaria, tanto más para los países latinoamericanos que comparten una misma cultura y múltiples intereses. Un mundo donde, en definitiva, Chile y Latinoamérica puedan materializar los ideales comunes de prosperidad, libertad y justicia social.
Los años recientes han sido tiempos de cambios profundos en la economía mundial, en las relaciones entre los países, en la producción y la tecnología y en la cultura. El mundo está cada vez más globalizado e interconectado. La Guerra Fría pertenece al pasado. El viejo orden bipolar fue reemplazado por un unipolarismo político-militar, situación que no ocurría desde la paz de Westfalia, pero acompañado de un multipolarismo en el terreno económico. La competencia económica está reemplazando a la rivalidad militar. El antiguo tercer mundo se ha diluido. Algunos de sus integrantes se han convertido en economías emergentes y están en el umbral del desarrollo. Otros, lamentablemente, se debaten en el atraso y la marginalidad.
América Latina no ha permanecido al margen de estas transformaciones. La región tiene una larga historia marcada por cambios de rumbo radicales. Esta vez el rumbo de América Latina parece sólido y seguro. Nuestros países han reformado sus economías para controlar los desequilibrios macroeconómicos heredados del pasado y abrir los mercados internos con el objetivo de aumentar la competitividad internacional de sus economías. La región está ingresando a una etapa única en la que, tal vez por primera vez en su historia, se ha incorporado a las tendencias centrales del sistema internacional y ha asumido la modernidad, tal como ésta es concebida en el presente y es difundida por el proceso de globalización. Ello entraña un delicado balance de riesgos y oportunidades, pero –estoy convencido– donde las promesas de la inserción en el mundo globalizado constituyen el camino más claro hacia el desarrollo de nuestra región.
Paralelamente, los países latinoamericanos iniciaron a partir de la década de los años ochenta procesos de fortalecimiento o de recuperación de la democracia. Ésta fue restablecida en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay; resistió las más diversas presiones en Colombia, Ecuador y Venezuela, y salió fortalecida del avance de los procesos de paz en Centroamérica. El más reciente testimonio de la fuerza con que ha arraigado la democracia en la región es la transición pacífica iniciada en Perú. La presencia de sistemas democráticos de gobierno en toda la región ha demostrado ser una condición esencial para crear el clima de confianza requerido para el aumento de las inversiones, para atraer capitales extranjeros y para dar estabilidad a las reglas del juego de la actividad económica. En suma, los países latinoamericanos han dejado ser parte de los problemas globales y hoy son, más bien, parte de la solución.
El desafío que tenemos por delante consiste en profundizar nuestra inserción activa en la economía globalizada, construir regionalismos abiertos al multipolarismo económico, reforzar la identidad política y cultural latinoamericana para enfrentar los peligros de la globalización e impulsar las reformas de segunda generación para asegurar un crecimiento con equidad para nuestros pueblos.
Política exterior a partir de la región
Chile apuesta a una inserción activa y profunda en el proceso de globalización. Pero creemos en la necesidad de perfilar una inserción global con acento latinoamericano, especialmente en el ámbito de la concertación política.
La integración latinoamericana ha experimentado un resurgimiento y renovación a través de diversos esquemas, desde el Grupo Andino hasta el Sistema de Integración Centroamericano. Cabe señalar, dentro de la actual Comunidad Andina, el excelente comportamiento financiero de la Corporación Andina de Fomento. Pero, el hecho más importante en el campo de la integración ha sido la creación en 1991 del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, al cual Chile pertenece en calidad de miembro asociado.
Pese al impacto de la crisis asiática, en los últimos cinco años el crecimiento del valor de las exportaciones al Mercosur de Argentina, Brasil y Chile aumentó a un ritmo sensiblemente superior al promedio. El bloque se ha constituido, al mismo tiempo, en un referente clave para los países más desarrollados, tanto en sus vinculaciones diplomáticas como políticas, económicas, de inversión y financieras.
El Mercosur ha sido el principal ejemplo del nuevo regionalismo latinoamericano que pretende conformar un mercado común con libre circulación de bienes, servicios, capital y mano de obra. Más allá de los tropiezos suscitados por la crisis asiática y los problemas puntuales de algunos de sus miembros, el Mercosur es un proceso de integración estratégica que abarca aspectos políticos, culturales, sociales y de integración física.
Sabemos bien que la integración más profunda se da entre países vecinos que, además de intereses económicos, comparten fronteras, valores y proyectos. Ésta es la razón por la cual Chile ha planteado su deseo de avanzar en su relación con el Mercosur. Así lo demuestra nuestra participación en todas las reuniones ministeriales asociadas a materias sociales, laborales, de justicia, educativas, de energía e infraestructura. Así también lo demuestran los compromisos que mi gobierno ha adquirido y que apuntan a incrementar los instrumentos de integración física, política y económica con los integrantes de bloque. Asimismo, asignamos gran relevancia a la coordinación de políticas macroeconómicas dentro del Mercosur ampliado, tema que incluso nos parece más importante que el propio tema arancelario.
Chile mantiene su interés en ser miembro pleno del Mercosur. Pero también somos francos al señalar la imposibilidad de elevar nuestros aranceles a los niveles del arancel externo del bloque. Así, tal como fue reconocido por el propio Mercosur, el único camino posible para formar parte es esperar hasta que el arancel externo común del Mercosur se reduzca a niveles similares al arancel chileno. Mientras no se produzca esa convergencia, Chile mantendrá su autonomía comercial.
Pero el comercio no agota nuestra inserción regional. Mantenemos con los países de la zona una nutrida y dinámica agenda, en la que sin duda destacan nuestra creciente integración con Argentina, país con el que exhibimos relaciones políticas, económicas, sociales y culturales cada vez más estrechas, así como nuestros intensos lazos con Brasil y con México. Además estamos fortaleciendo los vínculos económicos y políticos con nuestros otros vecinos, Bolivia y Perú.
Desarrollamos una cooperación regional estrecha con el resto de los países de América Latina a través del Grupo de Río, que Chile encabeza en el 2001, y al cual consideramos de gran importancia como interlocutor de nuestra región con el mundo. Creemos que la convergencia política entre países cercanos es condición esencial para hablar con voz más potente en el escenario mundial.
En el ámbito comercial, en Sudamérica mantenemos tratados económicos con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Hemos negociado un acuerdo marco con América Central, que está siendo complementado con tratados bilaterales con los países del istmo. Disponemos de un acuerdo de libre comercio de última generación con México, país con el cual hemos establecido una relación privilegiada, que pretendemos profundizar en los próximos años, como lo he hablado personalmente con el nuevo presidente de México, Vicente Fox. La mirada del presidente Fox hacia el sur de México puede facilitar la interacción de Estados Unidos y el TLC con América del Sur y enriquecer el diálogo interamericano.
América Latina en su conjunto debe organizarse como un referente vital, dotado de identidad propia. Desde antes de ser presidente de mi país, y con mayor fuerza ahora, he percibido el desarrollo de un proceso de consultas entre los gobernantes del área, en torno a cuestiones de creciente relevancia, cada vez más fluido. Estas consultas tienen que ver a veces con asuntos bilaterales o vecinales. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia involucran aspectos relacionados con la compatibilización de las políticas económicas internas, con las relaciones internacionales y, sobre todo, con delicadas situaciones por las que han atravesado en uno u otro momento algunos países de la región, en cuya solución han sido importantes dichas consultas y las acciones consiguientes. Qué duda cabe de que América Latina tendrá que recorrer un camino semejante al de la Unión Europea, adecuándolo a sus características, que avance desde los acuerdos comerciales hasta la convergencia económica, financiera y de las inversiones, a fin de consolidar crecientes grados de sintonía y de eficacia en nuestras políticas exteriores.
En todo caso, Chile es partidario de un regionalismo abierto al mundo, cuyo horizonte sea la liberalización política y económica y la concreción de relaciones dinámicas con diversas regiones del orbe y esquemas de integración.
La necesidad del regionalismo abierto
La globalización ha ido acompañada de una potente tendencia hacia la regionalización. La Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el Mercosur, el Sistema de Integración Centroamericano, la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe, la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, la Comunidad de Desarrollo del África Austral representan ejemplos elocuentes de esta tendencia y, al mismo tiempo, revelan la diversidad de expresiones que tiene el regionalismo en la actualidad.
América Latina ha estado en la vanguardia del concepto de regionalismo abierto, que implica que los acuerdos comerciales entre agrupaciones de países no son incompatibles con aperturas comerciales más profundas, ya sean unilaterales, bilaterales o subregionales, y que incluso pueden encontrar un estímulo en estos últimos procesos. Una combinación flexible entre políticas de promoción de exportaciones y de regionalismo abierto permitió diversificar los mercados de exportación latinoamericanos, y generó una relación comercial más equilibrada con los grandes bloques económicos regionales.
La creciente internacionalización de las economías latinoamericanas ha llevado a un nuevo énfasis en la diplomacia económica, al estímulo a las inversiones extranjeras y a la incorporación de tecnologías desde el exterior. Al mismo tiempo, Latinoamérica ha acentuado su esfuerzo por diversificar su inserción en los distintos espacios económicos mundiales.
Los países de la región han participado activamente en las negociaciones que se han llevado a cabo en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y han subrayado su preferencia por la liberalización multilateral. Los países latinoamericanos desearían que dichas negociaciones se mantengan como una ronda incluyente, donde todos los temas sean tratados al mismo tiempo y que sólo termine al alcanzarse un compromiso único.
Gran expectativa despertó en América Latina la negociación y formalización de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre Canadá, Estados Unidos y México, a partir de la década de los años noventa. La idea de avanzar hacia un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesta en la primera Cumbre de las Américas en 1994 y lanzada formalmente en la segunda Cumbre en 1998, en Santiago, abre más posibilidades y genera aun mayor interés. El ALCA se irá configurando sobre la base de acuerdos subregionales y bilaterales a fin de ampliar y profundizar la integración económica del hemisferio.
En un mundo que marcha hacia la constitución de grandes bloques económicos regionales, integrados dentro de un sistema global, la formación del ALCA es un objetivo prioritario para América Latina. Chile estima que los plazos para la conclusión del ALCA deben adelantarse al año 2003 para que el área de libre comercio entre en vigencia en 2005. De manera similar, Argentina también ha propuesto un adelanto de los plazos para la implementación del ALCA.
En esta misma perspectiva, Chile aceptó hacia finales de 2000 una invitación del gobierno estadounidense para iniciar negociaciones para un acuerdo bilateral de libre comercio. El inicio de este proceso de negociaciones tiene como antecedente la decisión estadounidense de 1991 de poner a Chile como el primer país en su lista de acuerdos por negociar, y cuya evolución, ante la postergación de la concreción de dicho ofrecimiento, se volcó en los últimos años en la labor de la Comisión Conjunta de Comercio e Inversión.
Estados Unidos es nuestro primer socio comercial en el mundo y la primera fuente de las inversiones extranjeras en Chile. El TLCAN nos permitirá mejorar nuestro acceso a ese mercado, disminuir la calificación del riesgo país e incrementar el flujo de inversiones, tener reglas claras y permanentes para el comercio de bienes de servicios y para el capital, establecer mecanismos de defensa comercial que cuiden adecuadamente nuestros intereses y acordar procedimientos para resolver nuestros conflictos comerciales.
El propósito de Chile es negociar un tratado de libre comercio de última generación, similar a los suscritos con Canadá y México, que incluya el conjunto de los temas comerciales y de inversión de acuerdo con la mejor evaluación del sector exportador. Seguramente también abordaremos temas ambientales y laborales que hoy en día se han incorporado definitivamente a la agenda del comercio internacional.
Concebimos esta negociación acorde a nuestros objetivos en el ALCA, compatible con nuestras obligaciones en la OMC, y actualizada según las exigencias de la globalización, la nueva economía y nuestra experiencia reciente en materia de negociaciones comerciales. Creemos, además, que la negociación del TLC con Estados Unidos, es congruente con nuestro interés de largo plazo por profundizar nuestra presencia en el Mercosur.
A partir de 1994, el Foro de Cooperación Económica en Asia y el Pacífico (APEC) se ha ido transformando en un potente mecanismo de deliberación sobre el comercio y las inversiones, con un gran dinamismo y con características propias. Chile y México, además de Perú, participan en la organización. Dado el dinamismo del bloque creo que los países latinoamericanos del Pacífico gravitarán inevitablemente en torno a él en el mediano plazo. Chile es el país del continente americano que comercia más, en términos relativos, con los países asiáticos. Nos hemos sumado con entusiasmo al proceso de liberalización del APEC, buscando un inicio de negociaciones bilaterales o sub-regionales para avanzar mas rápidamente en la dirección del libre comercio con algunos países de esa área, como es el caso de Corea del Sur, uno de los principales mercados de exportación para Chile en Asia y, si se dan las condiciones, con Singapur, Nueva Zelanda e incluso Japón, que representa el segundo mercado de destino para las exportaciones de Chile al mundo.
La Unión Europea (UE) se ve como una dimensión fundamental de la inserción internacional de Chile y otros países latinoamericanos. Actualmente estamos conduciendo negociaciones para establecer una asociación de carácter político y económico entre Chile y las quince naciones europeas que han formado el mercado integrado más grande del mundo. México ya concluyó un acuerdo similar con la UE en julio de 2000, y el Mercosur negocia un tratado del mismo tipo paralelamente con Chile.
El acuerdo que estamos negociando representará el instrumento para potenciar los vínculos históricos que mantenemos con Europa, incorporando un componente de diálogo político de alto nivel así como diversos elementos de carácter económico, comercial y de cooperación, que tienen importantes consecuencias para el desarrollo del país. A la larga, nos interesa alcanzar la liberalización del intercambio de bienes y servicios entre Chile y la UE, meta que permitirá asegurar el acceso de las exportaciones nacionales al mercado comunitario. Creemos que los valores y objetivos importantes que nos hemos planteado en el plano interno encuentran una contrapartida en las prioridades de Europa: compromiso con los derechos humanos, fortalecimiento de las instituciones democráticas, lucha contra la pobreza, probidad y eficiencia del aparato estatal, expansión del comercio, protección del medio ambiente y cooperación tecnológica.
El aporte latinoamericano al mundo
Desde hace algún tiempo, América Latina es parte de la solución y no parte de los problemas mundiales.
Es verdad que la región latinoamericana aún debe hacer frente a graves problemas como el narcotráfico, la abismal desigualdad en la distribución del ingreso, el desencanto con la política, la pobreza extrema, etc. Pero, la situación de la región es hoy mejor de la que predominaba hace un par de décadas. La crisis asiática afectó fuertemente a nuestras economías, demostrando que su capacidad de defensa frente a los contagios externos no depende solamente de la adopción de políticas macroeconómicas correctas y de la profundización de la inserción internacional de sus gobiernos, sino del comportamiento volátil de los capitales internacionales y otros factores externos. Con todo, en los años que siguieron al descalabro asiático, los países latinoamericanos han crecido a tasas anuales superiores a las de los países industrializados. Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en el año 2000 la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano llegó a 4%, comparado con un 0.4% registrado en 1999. Con puntos altos y bajos en la evolución de algunos países, pero con más estabilidad que en el pasado, la región se está preparando para incorporarse a la nueva economía.
Crecientemente, los mercados de América Latina cobran mayor relevancia. Hacia finales de la década de los años noventa, Estados Unidos exportaba más a Brasil que a China; más a Argentina que a Rusia; más a Chile que a la India, y el doble a Centroamérica y el Caribe que a Europa oriental. Se estima que en un futuro no muy lejano Estados Unidos exportará a América Latina el doble que a Japón, generando así un millón de nuevos empleos. Según algunas proyecciones, en el año 2010 las exportaciones de Estados Unidos a América Latina serán mayores que las realizadas a Japón y a la Unión Europea juntos.
Un segundo aporte que la región ha hecho a la consolidación de las relaciones internacionales es la solidez de sus instituciones. En el campo institucional América Latina ha hecho un enorme esfuerzo de modernización, fortalecimiento y transparencia de sus instituciones. Ese proceso, que representa un gran salto hacia adelante en comparación con el pasado, fue estimulado por las reformas económicas, por una parte, y por la extensión de la democracia por la otra. Ese salto no sólo lo han dado los gobiernos, los poderes públicos o la institucionalidad económica, sino que se observa también en la dirigencia política, los parlamentos, los procesos electorales y en la sociedad civil. En muchas regiones del mundo hay fallas al respecto y América Latina no es una excepción. Pero las instituciones y la movilización democrática han funcionado exitosamente en momentos de grave crisis institucional, como ocurrió en Paraguay, Perú o Ecuador, y como se ha manifestado de diversas maneras en otros países.
Las políticas macroeconómicas seguidas en general por los países latinoamericanos también han constituido una valiosa contribución a la estabilidad de la economía mundial en un periodo no exento de volatilidad y turbulencias. Si bien de alguna manera esas políticas corresponden al decálogo elaborado en 1989 por el llamado consenso de Washington, creo que su adopción se debió a que nuestras sociedades supieron escuchar la voz de la experiencia y a que nuestros gobernantes tuvieron la valentía de emprenderlas, aun cuando cada uno de ellos representaba los más diversos ángulos del espectro político. Estoy convencido de que ese acto de valor, de lucidez y de aprendizaje constituye un legado que nuestra ciudadanía y nuestros gobiernos deben cuidar y desarrollar en el futuro.
Un cuarto aporte emana de la calidad de nuestra gente. La calidad que están alcanzando nuestros recursos humanos en materia de productividad y competitividad debido, entre otras cosas, a los resultados logrados en materia de salud pública y de educación. La calidad de nuestros profesionales, técnicos y científicos formados en una amplia gama de universidades públicas y privadas en proceso de fortalecimiento y de expansión, y con experiencia en sistemas o instituciones tradicionales o innovadores de ciencia y tecnología. Calificados por su creciente acceso a la sociedad de la información, en donde, para poner un ejemplo, Argentina, Brasil y Chile invierten 40, 43 y 63 dólares por habitante en telecomunicaciones y tienen acceso a Internet el 2.4, 4 y 3.34% de la población. Calidad de sus recursos humanos también por la riqueza del mestizaje cultural latinoamericano y por sus raíces hundidas en valores humanistas y en la solidaridad social, especialmente a nivel popular. Hemos aprendido de nuestra propia historia la lección de que el desarrollo depende del capital social acumulado, esto es, aquel conjunto de valores, habilidades, prácticas asociativas e instituciones construidas por una sociedad a lo largo de su historia.
Estamos dando una lucha de valores para insertarnos en el proceso de globalización con nuestras propias identidades. Creo que una cuestión crucial que plantea la globalización es la preservación o construcción de identidades individuales y colectivas. Pienso, además, que el papel protagónico en ese combate no está siendo desempeñado en primer lugar por los gobiernos ni por los sectores privados, sino por nuestras sociedades, por la ciudadanía que elige, respalda o audita a los gobiernos.
La globalización no es sólo una bandera de los sectores de más altos ingresos o de los empresarios en nuestras sociedades. Es también una aspiración de las comunidades y los movimientos más pobres. El movimiento contestatario de base indígena en el sur de México tuvo su primer aliado en Internet. La defensa de los pueblos originarios en los países de la región se sustenta en gran medida por la opinión pública internacional. El grupo musical cubano "Buena Vista Social Club" tal vez habría permanecido en el olvido si no fuese por la globalización de la cultura. En la sociedad civil de los países latinoamericanos hay una base comunitaria y ciudadana fuertemente influida por la educación, la información y los medios de masas, que no quieren quedarse al margen de la globalización, pero que quieren ingresar a ella con su propia mochila cultural.
El protagonismo que han asumido en las relaciones internacionales la sociedad civil y el sector privado de nuestra región, se advierte particularmente en el impulso a ciertos acuerdos comerciales o de integración, pero se percibe también en el desarrollo de los vínculos culturales, sociales y políticos con otros países. Confío en que la inserción internacional latinoamericana se convierta en un proceso cada vez más asociativo, impulsado conjuntamente por los gobiernos, la sociedad civil y el sector empresarial, y basado en la concertación de sus intereses.
Crecimiento con equidad y apertura al mundo
Chile está alejado de los grandes centros de la economía y la política global, pero en los últimos años nos hemos ganado un lugar en el mundo. Lo hemos hecho no gracias a las riquezas naturales, ni a la geopolítica ni al poder, sino sobre la base de ideas creativas, reformas eficientes y coherencia. Exhibimos índices muy elevados para un país en desarrollo en lo que respecta a alfabetización y cobertura educacional. Un tercio de los estudiantes de la educación superior chilena sigue estudios directamente ligados a las tecnologías de la información. Mantenemos el liderazgo en América Latina en materia de telecomunicaciones, como lo demuestran nuestros índices de penetración telefónica fija (20.6 líneas cada cien habitantes) y telefonía móvil (15%). Nuestra tasa de conexiones a Internet de 3.34% es la más alta de la región.
Chile comenzó sus reformas pioneras en los años setenta y ochenta para integrarse a la economía mundial. Pero muchas de esas reformas buscaban un resultado fácil y rápido. La desregulación del mercado fue establecida sin la necesaria protección de los derechos de los consumidores; las privatizaciones de las empresas públicas no fueron siempre transparentes; el mercado de trabajo fue liberalizado sin proteger los derechos laborales.
En el pasado reciente, Chile ha conciliado un proceso de transición a la democracia con la liberalización económica. Hoy, sobre bases sólidas, nos estamos preparando para enfrentar los grandes desafíos del desarrollo. En Chile hemos logrado reducir la pobreza extrema: un millón 600 000 compatriotas, alrededor de 11% de la población ha salido de la pobreza extrema en los últimos seis años y seguimos comprometidos en la reducción de esa brecha. Estamos realizando una modernización profunda de la gestión de los servicios públicos con el fin de aumentar la calidad y oportunidad de acceso a ellos. Estamos llevando a cabo la más vasta reforma de nuestra administración de justicia en este siglo, con el fin de hacerla más accesible, ágil y equitativa.
También pretendemos transformar nuestro sistema educativo. El gasto en ese rubro en Chile aumentó sostenidamente bajo los gobiernos de la Concertación, desde 867 millones de dólares en 1990 a 2 253 millones de dólares en 1999. Gracias a la reforma educacional impulsada en los años noventa, la subvención mensual promedio por alumno aumentó 113% en términos reales. Paralelamente, se incrementaron las posibilidades de acceso a la educación mediante becas y otros recursos; se multiplicaron las inversiones en infraestructura educativa y se mejoraron considerablemente los salarios para los profesores. Como resultado, la escolaridad promedio aumentó de 8.5 años en 1990 a 9.6 años en 1997, mientras que la tasa de analfabetismo cayó de 6.3 a 4.7% en el mismo lapso.
En el área de salud, los avances de los últimos años han sido igualmente impresionantes, aunque falta mucho por hacer. Los índices de mortalidad materna, infantil y de desnutrición y en riesgo de desnutrición han caído sustancialmente, exhibiendo Chile indicadores de salud similares a los de países de mayor desarrollo económico. La recuperación y modernización del sistema público de salud se refleja en el hecho de que el presupuesto anual, en moneda constante, se duplicó entre 1990 y 1998 desde 690 millones de dólares a 1 380 millones de dólares. Actualmente estamos avanzando en la mejora de la atención primaria de salud, en el incremento de la oferta de servicios y en el perfeccionamiento de la regulación del sistema privado de salud.
Los analistas de riesgo coinciden en clasificar a Chile como el país más seguro para las inversiones dentro de América Latina, al ocupar el cuarto lugar entre 93 economías emergentes. El Informe de Competitividad Mundial 2000 sitúa a Chile en el lugar 26 entre las 47 economías más competitivas, en el sexto lugar en las economías emergentes y en primer lugar en América Latina. La Heritage Foundation asigna al país el segundo lugar en América Latina en lo que respecta a libertad económica, lo coloca en el quinto lugar entre los países emergentes, y en el decimotercer lugar entre 125 países considerados. Transparency International, que evalúa el nivel de probidad de los países, coloca a Chile en primer lugar en América Latina, en tercer lugar entre los países emergentes y en el decimoctavo entre los 90 países evaluados.
Sin embargo, queda mucho por hacer para que Chile llegue a su bicentenario siendo un país desarrollado, moderno, con una democracia perfeccionada, más unido y más justo. Éste es un enorme desafío que el gobierno y la sociedad chilena están enfrentando. Para lograrlo, pretendemos poner en marcha siete grandes reformas. Primero, reformaremos el sistema de salud para proteger los derechos y garantías de los pacientes; segundo, mejoraremos las políticas de acceso a las nuevas tecnologías de la información para entrar de lleno al mundo global; tercero, llevaremos a cabo reformas que modernicen el mundo del trabajo para avanzar en equidad y competitividad; cuarto, realizaremos una reforma fiscal para disponer de un horizonte de mayor progreso y estabilidad; quinto, impulsaremos las reformas políticas que necesitamos para tener una Constitución plenamente democrática, en armonía con los requerimientos del siglo XXI; sexto, pondremos en práctica una reforma integral del Estado, incluyendo una mayor descentralización para regiones y comunas, y séptimo, emprenderemos una gran reforma de las ciudades para mejorar la calidad de vida, la integración y la convivencia en las mismas.
En Chile estamos convencidos de que el crecimiento, el desarrollo social, la calidad de vida y la globalización son elementos complementarios y no contradictorios. Nuestra misión es conjugarlos para contribuir a generar una sociedad más democrática y equitativa, aprendiendo de las experiencias de otras naciones.
Chile está abierto al mundo. Nuestras exportaciones han crecido sostenidamente durante más de una década. Nuestro comercio exterior representa ahora alrededor de 50% de nuestro PIB. Estamos convencidos de que las mejores posibilidades de desarrollo para una economía como la chilena radican precisamente en su expansión hacia los mercados externos. Ello nos lleva a ser ardientes defensores del comercio internacional libre y a redoblar los esfuerzos para derribar las barreras proteccionistas.
Nuestro éxito como nación dependerá de que nos vinculemos más estrechamente con los países que están en la vanguardia de la innovación tecnológica de los servicios y de la nueva economía. Por eso, encabecé recientemente una misión gubernamental-empresarial a Silicon Valley para dar un impulso a nuestra inserción tecnológica. Para destacarnos como país ya no basta enarbolar las reformas de libre mercado, puesto que ellas ya son la norma en países tan variados como Estonia o China. Chile pretende conquistar nichos de liderazgo en el mercado global en los sectores donde las empresas nacionales son competitivas.
En Chile se respetan plenamente los derechos humanos. Las instituciones funcionan y los ciudadanos participan con libertad en la construcción de su futuro. Estamos fortaleciendo la democracia llevándola también a nivel local. El estado de derecho rige plenamente y los tribunales de justicia cumplen sus funciones con rigor e imparcialidad. Claro está, el proceso de transición a la democracia no ha estado exento de tensiones, como aquellas provocadas por la detención del general Augusto Pinochet en Londres. El gobierno chileno sostuvo que el general debía y podía ser juzgado en Chile y así ocurrió tras su retorno al país, lo cual ha demostrado la madurez de Chile y de sus instituciones públicas.
Por último, Chile está empeñado en asumir su responsabilidad internacional en un mundo marcado por una creciente interdependencia, porque existen tareas que van mas allá de lo que un país por sí solo puede organizar; grandes objetivos globales que hoy se propone la humanidad. Chile apoya firmemente la universalización de la justicia y el desarrollo del derecho humanitario. Dicho proceso, para ser exitoso, debe ser ordenado y, por ello, el establecimiento del Tribunal Penal Internacional merece todo nuestro apoyo. En esta misma línea Chile estuvo presente en la primera conferencia ministerial "Hacia una Comunidad de Democracias", que tuvo lugar en junio de 2000 en Varsovia, Polonia, donde Chile actuó como país co-convocante. De igual manera, Chile se ha integrado a la Red sobre Seguridad Humana, donde nuestro país, junto a un reducido grupo de naciones, está abocado a proponer medidas que mejoren las condiciones de seguridad en el mundo, no sólo para los estados, sino también, y muy especialmente, para las personas. De allí también nuestro firme apoyo a las operaciones de paz de Naciones Unidas y nuestra participación en la Fuerza de Paz de la ONU en Timor Oriental.
Chile y los demás países de América Latina debemos avanzar unidos hacia el nuevo mundo que se empieza a configurar en los albores del nuevo milenio. Un mundo globalizado donde las distancias se acortan y las fronteras se borran. Un mundo donde la interrelación entre las empresas, los países y las grandes regiones del mundo es progresiva y necesaria, tanto más para los países latinoamericanos que comparten una misma cultura y múltiples intereses. Un mundo donde, en definitiva, Chile y Latinoamérica puedan materializar los ideales comunes de prosperidad, libertad y justicia social.
Entradas
