DESARROLLO ECONÓMICO Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN INDIA

Pulin B. Nayak

Nehru versus Gandhi

India obtuvo su Independencia del gobierno colonial en 1947 poco después de la Segunda Guerra Mundial. Las ecuaciones económico-políticas en el mundo estaban cambiando con rapidez en esa coyuntura. Un gran número de países en Asia y África estaba destinado a liberarse del dominio colonial, e India fue sin duda preeminente entre ellos al menos en términos de su población y su rico pasado civilizatorio. En la época de su independencia, India era el ejemplo por excelencia del país subdesarrollado, con unos de los niveles de ingreso per cápita más bajos que pudieran hallarse en cualquier parte del mundo y con los indicadores más bajos en materia de alfabetización y salud. Ello se combinaba con un grado extremadamente alto de desigualdad en riqueza y condición social, cosa que derivaba en grado sustancial de un rígido y jerárquico sistema de castas.

A medida que se acerca a cumplir sus 60 años como régimen democrático libre, mucho interés se ha concentrado en cómo India ha logrado prosperar. En gran parte ello se debe a la liberalización del régimen industrial y comercial que, como lo ha reconocido, la misma India ha buscado desde hace una década y media, a principios de los noventa. Sin duda ello ha representado un paso importante en la tasa de crecimiento de la economía. En efecto, en el periodo de 2003 a 2006, el país alcanzó un promedio de tasa de crecimiento del PIB de alrededor de 8%. Las reservas de divisas se encuentran en el punto más alto de todos los tiempos, el mercado accionario ha estado en auge y en fechas recientes ha habido un importante incremento en la afluencia de capitales extranjeros. Sin embargo, todos estos aparentemente atractivos indicadores enmascaran algunos problemas muy profundos en la economía y las acciones políticas que deben ser entendidos con cuidado.

En la fase temprana posterior a la Independencia era bastante común que se culpara al colonialismo por todas las deficiencias en materia económica y política. Pero India ya no es una república joven. Sesenta años es sin duda una etapa en la vida de una persona o de un país en la que uno debe aceptar la responsabilidad de la situación en que uno se encuentra. Si hay males y desigualdades que aún afectan a la economía, entonces ello significa que hay deficiencias dentro del sistema.

Sería justo decir que la experiencia de desarrollo de India no ha sido obstaculizada definitivamente por ninguna falta de los mejores análisis, durante el paso de los años, por parte de economistas, científicos sociales y observadores políticos. De hecho, uno podría pretender que desde que se inició la literatura sobre la economía del desarrollo, que se remonta a finales de la década de 1940, India se ha constituido como el laboratorio de fórmulas alternativas sobre los procesos de desarrollo. Mientras que algunas de las figuras notables de la disciplina asentadas en Europa y América del Norte contribuyeron a este cuerpo bibliográfico, también ha habido muchas aportaciones valiosas de científicos sociales de India (véase, por ejemplo, Amartya Sen, Development as Freedom, 2000).

Por supuesto, la cuestión del desarrollo económico entre los dirigentes políticos indios durante la lucha por la Independencia fue de extraordinaria importancia. El pandit Jawaharlal Nehru, quien habría de ser el primer ministro del país de 1947 a 1964, estaba casado con la idea de un desarrollo económico conducido por el estado, con énfasis en la industria pesada, y con la participación de los sectores públicos y privados. Mahatma Gandhi, el indiscutible líder de masas de los días previos a la Independencia, y el padre de la nación, tenía sus propias y distintas convicciones económicas. Éstas fueron enunciadas en su panfleto Hind Swaraj, publicado en 1908. En él Gandhiji abogaba por repúblicas de aldeas autosuficientes. Estaba muy a favor de industrias de aldeas de pequeña escala y se oponía a la industria pesada porque desplazaba la fuerza de trabajo. Hubo algunos adherentes al punto de vista económico gandhiano, pero fueron una minoría y, en especial después de la muerte de Gandhiji en 1948, el enfoque nehruviano, que también fue considerado consistente con las fuerzas de la modernización, se mantuvo prácticamente incontestado.

Sin embargo, el interrogante que enfrentan todos los científicos sociales es que, a pesar de este prolongado proceso de intervención estatal durante seis largas décadas por parte de un desarrollo orientado al Estado y de análisis que justamente estudian todos los aspectos de la pobreza y el subdesarrollo, el problema sigue ahí, y quizás en una forma más aguda. Aun cuando la economía india parece avanzar con una tasa de crecimiento bastante apreciable respecto de su PIB, hay secciones significativas de la población que claramente se ven excluidas del proceso de desarrollo. Existe una desconexión económica y social entre los que tienen y los que no tienen que parece irse acentuando.

La situación de India después de la independencia

Tras su Independencia India adoptó una forma parlamentaria de democracia basada en el principio del sufragio de los adultos. Aunque incluso esto ofreció teóricamente un grado preciso de igualdad en la esfera política a todos los ciudadanos del país, también es importante que examinemos las bases económicas y sociales de este ideal. En estos dos puntos, la situación era y sigue siendo hasta hoy todo menos satisfactoria. Hay vastas zonas de pobreza y pobreza extrema a lo largo y ancho del país, en áreas tanto urbanas como rurales.

Es bien sabido que la privación económica no son sino otra de las dimensiones de la exclusión. Es preciso examinar también los aspectos sociológicos de la privación. Al analizar el proceso de desarrollo Joseph Schumpeter destacó la influencia mutua de los factores sociológicos y económicos y, en consecuencia, apoyó la defensa del marco "sozialökonomik" de análisis. En el contexto indio esto no es de menor importancia. La constitución india ha dispuesto reservar 22.5% de cupo en las escuelas y universidades así como en empleos pagados por el gobierno para las castas inventariadas (CI) y las tribus inventariadas (TI). La mayor parte de las CI constituyen a los intocables, que en lenguaje coloquial se llaman los dalits, los oprimidos. Son ellos los que están en la parte más baja de la jerarquía de castas, y han sido explotados por las castas superiores y a quienes durante siglos se les ha negado lo mínimo básico para vivir decentemente. Aparte de éstas están las otras clases atrasadas (oca), que no están registrados entre las castas inventariadas y que pertenecen a estratos sociales inferiores. En conjunto, estos grupos suelen abarcar a la mayor parte de los agricultores sin tierra y los trabajadores migrantes. Ellos son los más pobres del país y tienen los niveles de educación más bajos.

Recientemente el gobierno central ha procurado reservar 27% de cupo en las instituciones de educación superior para las oca. Como era de esperarse esto levantó una tormenta de protestas entre las castas superiores del país. Ha habido protestas en toda la nación, en especial en instituciones de educación superior y profesional como son los institutos de administración, tecnología y medicina. Mucho del razonamiento común contra las cuotas o cupos se centra en el argumento debatible de que ello conducirá a una baja en los estándares. Sin embargo no parece haber ninguna prueba empírica clara en este asunto. También suele argumentarse que si van o no a implementarse las cuotas o cupos, éstos deberían basarse en criterios puramente económicos. No obstante, la realidad de India es que la mayoría de los pobres se concentran en las CI, las TI y las OCA.

Algunas de las dimensiones de las condiciones objetivas pueden enunciarse en pocas palabras, aunque no es nuestro propósito ofrecer muchos detalles estadísticos. Según los datos más recientes comparables disponibles en el Informe de Desarrollo Mundial 2007, el ingreso per. cápita en India es de 720 dólares al año, mientras que la cifra estadounidense es de 43740 dólares (Banco Mundial, 2006). El bajo ingreso per. cápita se combina con un grado muy acentuado de distribución sesgada del ingreso. De acuerdo con las cifras señaladas por el gobierno, el porcentaje de la población por debajo del umbral de pobreza oficialmente declarada constituye cerca de 28.6% de la población, lo que convierte a India, por amplio margen, en el país donde reside el mayor número de pobres del mundo. Cerca de una cuarta parte de los pobres del mundo están en India. Alrededor de 34.7% de la población está por debajo del umbral de pobreza de un dólar por persona al día, y el porcentaje llega a 79.9% si el umbral se eleva a dos dólares por persona al día. Un gran número de personas que viven en extrema pobreza reside en áreas remotas e inaccesibles.

La pobreza rural se concentra en los trabajadores agrícolas sin tierra y los hogares artesanos, y la pobreza urbana, en los hogares de trabajadores ocasionales. También hay una dimensión de pobreza en cuanto al género. La incidencia de la pobreza entre las mujeres tiende a ser marginalmente superior tanto en las áreas rurales como en las urbanas. Hay una considerable variación en la incidencia de pobreza a través del país, así como una relativamente alta incidencia de pobreza en Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh y Rajasthan (Council for Social Development, 2006).

La incidencia de la pobreza está íntimamente relacionada con la situación del desempleo en el país. Paradójicamente, el avance en la tasa de crecimiento del PIB en la fase posterior a la liberalización ocurrió junto con un incremento en el porcentaje de población desempleada tanto en las áreas rurales como urbanas, cosa que dio lugar al fenómeno del "crecimiento sin empleos". El gobierno emprendió un programa nacional para garantizar el empleo rural en 2006 que garantiza 100 días de empleo a un miembro de cada una de las 150 millones de familias rurales en el país. Hubo una campaña sostenida contra este esquema en los medios de comunicación de parte de algunos autodesignados guardianes de la rectitud fiscal en el país. El argumento es que ese esquema constituiría un derroche y una sangría a los magros recursos del país. En el primer año de la implementación del programa sobrevino la acostumbrada inercia burocrática, pero las expectativas de este esquema siguen siendo altas entre la amplia masa de los desempleados rurales.

Posiblemente la intervención institucional más significativa que podría tener un impacto tangible en la mitigación de la pobreza tendría que ser la reforma agraria. Pese a los esfuerzos en todos los estados en la fase postindependentista por abolir el sistema feudal del zamindari (terrateniente) y regular el arriendo, consolidar la propiedad de la tierra y distribuir los excedentes tope de tierra entre los agricultores que carecen de ella y a los marginales, los resultados no han sido completamente satisfactorios. Sin embargo, hubo algunas notables excepciones. En Bengala Occidental, la Operación Barga ayudó a 1.4 millones de comuneros a establecer sus derechos al arriendo de tierra, fijar alquileres justos y también obtener acceso al crédito institucional.
La composición social de la pobreza

Como se señaló, para una comprensión adecuada de las dimensiones de la privación y la exclusión social es preciso ir más allá de lo puramente económico hasta los aspectos sociales. En la India contemporánea los dalits llevan la carga del legado posiblemente más prolongado de la opresión social. La palabra dalit se refiere literalmente a una persona pobre y oprimida, que ha sido subyugada, pisoteada por quienes están por encima de ella de una forma activa y deliberada. Suelen ocupar los peldaños más bajos de casi cualquier criterio de logros económicos y sociales, y en India, gran número de ellos, ubicados en las CI, han sufrido la degradación del abandono o contaminación social durante siglos (Zelliot, "Dalit: New Cultural Context for an Old Marathi Word", en Contributions to Asian and African Studies, 1978; Mander, "Status of Dalits and Agenda for State Intervention", en Ghanshyam Shah (comp.), Dalits and the State, 2002).

Las CI constituyen alrededor de 17% de la población india. A lo largo de los siglos han sido excluidos del acceso a los derechos civiles, los derechos de propiedad y la educación, y sólo se les encontrará en los trabajos menores de baja paga. Su privación ha sido especialmente severa debido a su segregación física y social del resto de la sociedad hindú. Ello se institucionalizó, con severas consecuencias para su condición económica y social. Los adivasis o TI constituyen el segundo grupo social más grande con alrededor de 8% de la población de India. En términos de sus privaciones económicas y sociales y la exclusión, están cerca de las CI, aunque hay importantes puntos de diferencia. Desde el punto de vista étnico son diferentes, poseen distintas culturas, lenguas y organizaciones sociales y tradicionalmente han practicado la caza, la recolección de comida y los cultivos irregulares.

Además de las castas y tribus inventariadas están las otras clases atrasadas (oca), que, pese a estar marginalmente mejor ubicadas, de todos modos presentan indicadores económicos y sociales sustancialmente inferiores respecto de las clases superiores. Constituyen alrededor de 27% de la población del país. Las razones de pobreza entre las CI, TI y oca están muy por encima del promedio nacional. Las cifras de desnutrición, morbilidad y mortalidad de infantes también son consistentemente más altas. En las áreas rurales alrededor de 48% de todos los que pertenecen a las CI y están empleados son trabajadores agrícolas, y cerca de un tercio de todos los trabajadores agrícolas, pertenecen a las CI. En las áreas urbanas secciones sustanciales de todas las CI y oca laboran en trabajos no calificados en el sector de servicios no organizado, en su mayor parte como basureros, ladrilleros y trabajadores de cantera, cargadores, porteros o remolcadores de carros rickshaw.

Otra dimensión distinta de la exclusión social en India tiene que ver con la cuestión comunal. Cerca de 13% de la población de India es musulmana, y los cristianos vienen en segundo lugar, con 2.3% de la población. India cuenta con la tercera población más grande de musulmanes en el mundo, después de Indonesia y Bangladesh. Más de 60% de la población musulmana de India reside en Assam, Kerala, Maharashtra, Uttar Pradesh y Bengala Occidental. En promedio, los musulmanes ocupan un peldaño inferior de la escala socioeconómica en comparación con los hindúes, y las diferencias parecen haberse incrementado en las dos últimas décadas (Shariff y Razzack, "Communal Relations and Social Integration", en India: Social Development Report, 2006). El ascenso del fundamentalismo religioso hindú en la esfera política en las dos últimas décadas no anuncia nada bueno para las minorías del país. La destrucción del Babri Masjid en 1993, y el pogromo contra los musulmanes en Gujarat en 2002 realizados con la complicidad del gobierno estatal, han puesto una grave interrogación sobre la naturaleza secular del tejido social en el país.

Otros dos aspectos merecen una mención especial. El primero tiene que ver con las rígidas disparidades de género entre mujeres y hombres. En 2001, la proporción de sexos en India en su conjunto fue de 933 mujeres por 1000 hombres. Los números de Haryana y Punjab son de 861 y 874, respectivamente. Hay informes regulares de infanticidios femeninos realizados en clínicas ilegales de selección de sexo y de la persistente plaga de las muertes por dotes. La correlación entre desarrollo económico y habilitación femenina mediante mejores niveles de alfabetización e instalaciones de salud es indiscutible. El otro aspecto tiene que ver con la persistencia observable del trabajo infantil, aun cuando el gobierno lo ha declarado ilegal. Si los problemas de la exclusión social pudieran resolverse sólo con la introducción de leyes apropiadas, difícilmente el estado indio podría encontrarse en falta. La dificultad surge porque hay un enorme abismo entre la intención legislativa y su implementación en el terreno de la realidad.

La situación económica actual

En lo anterior sólo hemos esbozado algunos de los constituyentes básicos de las privaciones y la exclusión económica y social en India. No pretendemos que la lista sea exhaustiva, y sería razonable considerar muchos otros aspectos. La cuestión de fondo parecería centrarse en el grado en que podríamos esperar que el estado y la sociedad enfrenten estos problemas en los plazos corto y mediano. La verdad es que las aspiraciones están creciendo con rapidez y el tiempo se agota. Lo que implican estas dos cosas no favorece la estabilidad social.

Tras un periodo bastante prolongado de planificación estatal del desarrollo económico emprendida desde principios de la década de 1950, durante el mandato del primer ministro Jawaharlal Nehru y luego el de la señora Indira Gandhi, la tasa de crecimiento del PIB promedió entre 3.5 y 4 puntos porcentuales y no tuvo ningún impacto serio en la mitigación de la pobreza. La industria se vio obstaculizada por un laberinto de reglas y procedimientos burocráticos que tenía que recorrerse antes de realizar cualquier inversión o mejora en la capacidad. La economía interna fue protegida contra la exposición al comercio internacional y, por tanto, careció de un perfil competitivo. A principios de la década de 1980 hubo un amplio consenso intelectual y político para hacer que la economía fuera más sensible a las señales del mercado. Esta actitud recibió una forma definitiva en 1991, cuando el doctor Manmohan Singh ocupó la cartera del Ministerio de Finanzas e introdujo amplias reformas de corte económico que alentaban una economía más liberalizada. Una de las características más importantes del sistema político indio es que, pese a los cambios en el gobierno con diferentes coaliciones de partidos políticos, en la cúspide el compromiso de la reforma económica ha seguido siendo un factor común a todas ellas.

Hay pocas dudas de que el reciente desempeño de la economía de India ha sido fuerte desde los criterios habituales. En el periodo 2005-2006, el año que acaba de pasar, el PIB creció 8.1%. Considerando que esta cifra viene después de 8.5 y 7.5 puntos porcentuales de tasas de crecimiento durante los dos años anteriores, ello constituye una fase decididamente nueva. La tasa de ahorro durante el periodo 2004-2005 fue de 29.1% del PIB, que es un claro ascenso de más de 5.5 puntos porcentuales respecto de 2001-2002. Lo que es especialmente significativo es que los ahorros del sector público han mejorado durante este periodo de menos (-) 2 a 2.2% del PIB. La inversión interna bruta, por primera vez, rebasó la marca de 30% en 2004-2005. Todo ello presagia buenas noticias para las prospecciones de mediano plazo de la economía india.

Hay otros dos aspectos que merecen mención especial. Luego de admitir un déficit de ingresos de alrededor de 4.4% del PIB en el periodo 2001-2002, el gobierno central ahora espera reducir esa cifra a 2.1% del PIB en 2006-2007. No hay ninguna razón por la cual el Centro no debería pretender eliminar del todo el déficit de ingresos, como solía ocurrir hace más de un cuarto de siglo, hasta aproximadamente finales de la década de 1970. Un balance positivo en la cuenta de ingresos puede, marginalmente, servir para financiar los programas de desarrollo.

La segunda característica tiene que ver con la estructura de los ingresos fiscales. En el periodo 2005-2006 los impuestos directos por primera vez alcanzaron el 5% del PIB. Esta cifra es casi el doble del nivel de alrededor de 2.5%, en que su participación se quedó atascada durante varias décadas hasta que India entró en un proceso de reforma fiscal amplia a principios de la década de 1990. La estructura de los impuestos indirectos, asimismo, ahora también se ha racionalizado, y en la actualidad tenemos un impuesto al valor agregado bastante extenso. No se le puede restar importancia a una estructura fiscal racional que pueda asignar recursos para propósitos de desarrollo. La revisión del sistema de impuestos directos para tener una base contribuyente más amplia y tasas moderadas se proponía conservar el espíritu de la reforma sobre los impuestos directos, que fue delineada hace más de tres décadas por teóricos como James Mirrlees, que obtuvo un Premio Nobel.

Siguen los problemas

Aunque las tendencias que acabamos de anotar deberían ser alentadoras, hay algunos aspectos importantes del proceso de crecimiento que deberían ser fuente de preocupación. No obstante la tasa de crecimiento del PIB puede apreciarse en 8.1%, se debe principalmente a un crecimiento de 9% en la industria y a un crecimiento de 9.8% en los servicios. La tasa de crecimiento sectorial de la agricultura ha sido más pobre, de 2.3%. Por supuesto, uno tiene que aceptar que hay límites naturales en las tasas de crecimiento que pueden lograrse en la agricultura. Pero, si consideramos el hecho de que mucho más de 60% de la población depende del sector rural, debería quedar en claro que, en el mejor de los casos, las tasas de crecimiento viables de ingreso real per cápita pueden ser marginales. Las diferencias significativas en las tasas de crecimiento intersectoriales implican que se están acentuando las desigualdades de ingreso en la economía en su conjunto. Hay muchos síntomas obvios de ello. Los salarios iniciales de graduados de buena situación económica de instituciones establecidas de administración y tecnología ocupan a últimas fechas el rango de ingresos superiores. Una gran sección de la clase corporativa profesional ostenta un estilo de vida que competiría con sus homólogos de los países capitalistas avanzados. Ello contrasta con los informes regulares de las remotas aldeas de Andhra Pradesh y Maharashtra de muertes por suicidio debido a la falta de recursos de los agricultores de pagar deudas relativamente menores.

La reciente sexagésima reunión de la Organización Nacional de Encuestas Muestrales revela que la tasa de desempleo se elevó durante el periodo entre 1993-1994 y 2003-2004. La tasa de desempleo de varones hoy se ubica en cerca de 9% en las áreas rurales y de 8.1% en las urbanas. Las tasas de las mujeres también se han elevado. No hay que pensar mucho para comprender que un alza en la tasa de desempleo tendrá un impacto directo en la incidencia de pobreza. Es ante este telón de fondo donde la Ley Nacional de Garantía de Empleo Rural lanzada en febrero de 2006 adquiere especial importancia. El objetivo declarado de la ley es mejorar la seguridad de los medios de vida de la gente en las áreas rurales mediante la generación de empleo asalariado para desarrollar la infraestructura del área y enfrentar problemas como la deforestación y la erosión del suelo. Lamentablemente, el programa sigue padeciendo problemas de implementación.

Una de las consecuencias más severas de las privaciones económicas es que éstas contribuyen sustancialmente a que la gente no reconozca sus derechos. Los pobres y los menesterosos carecen de voz a la hora de presentar su punto de vista ante la sociedad civil. Sobra decir que el poder político de "una persona un voto" permite a los pobres hacer notar su punto de vista durante las elecciones, y este poder no es de poco valor. Pero no se puede negar que también padecen debido a sesgos de clase y de casta. El sentirse sin el pleno derecho se acentúa si se trata de mujeres en familias pobres y de dalits. Se cometen atrocidades brutales contra ellas como si fuera la cosa más normal. Se supone que la policía y los magistrados han de proteger sus intereses, al menos en teoría, pero sería ingenuo creer que el sistema no está sesgado contra ellas.

Quizá la única esperanza para contar con un proceso más inclusivo de desarrollo sería un reconocimiento sustancialmente mayor de los derechos de los pobres y desposeídos. Ello sólo puede lograrse con un proceso de toma de decisiones más participativo, que como mínimo ha de significar trabajo para todos, alfabetización universal y atención de la salud para todos. Éstas no son metas que puedan alcanzarse, ya que no somos capaces de canalizar el proceso de desarrollo para atender a las secciones de la población en peores condiciones.

Sin duda, una de las características positivas cruciales del proceso de desarrollo indio es la democracia liberal y la prensa libre. Es posible sostener que estos dos elementos son intrínsecamente deseables por sí mismos. Desde la perspectiva de las enseñanzas limitadas que se podrían haber aprendido de la experiencia de desarrollo en el periodo posbélico en todo el mundo, parecería que estos dos elementos quizás garantizarían el éxito a la larga. En un escenario así el derecho al desarrollo puede considerarse como un derecho fundamental, como lo son los derechos básicos a la libertad y la prensa libre. Los constituyentes esenciales del desarrollo deben incluir la nutrición básica, la salud, la vivienda y la alfabetización. Pero junto a éstos también existe la necesidad de que los seres humanos perciban que forman parte de un medio social inclusivo.

No es nuestro propósito aquí terminar este artículo con un sentimiento desalentador. La experiencia reciente de una tasa de crecimiento de 8% parece indicar que puede sostenerse la misma, y posiblemente incluso una tasa de crecimiento ligeramente superior de 9 a 10%, durante un horizonte de tiempo razonable. Si esto puede combinarse con redes de seguridad buscadas y adecuadas para los peldaños más bajos de la población, entonces será posible pensar en un escenario donde podamos deshacernos de la pobreza en un horizonte de entre 15 y 20 años. Ello exigirá la máxima calidad de la forma de gobierno y los mejores aspectos de democracia participativa.

COSTA DE MARFIL: UN FRACASO FRANCÉS EN ÁFRICA

Alberto Míguez

Al mediodía del día 6 de noviembre de 2004, un aparato Sukhoi-25 de fabricación soviética y perteneciente a las fuerzas aéreas de Costa de Marfil lanzó varios cohetes de 57 milímetros sobre las instalaciones de un campamento militar francés situado en las afueras de la ciudad de Buake, al norte de Costa de Marfil. Balance de la operación: nueve soldados franceses muertos y una veintena de heridos, algunos muy graves.

Las tropas acantonadas en el campamento de Buake formaban parte del contingente “Licorne”, componente esencial de la fuerza de interposición de la ONU (UNICI).

Minutos después del inesperado ataque, el Estado Mayor francés ordenaba desde París una “operación respuesta” que se saldó con la destrucción de los cazas Sukhoi que participaron en el ataque y estaban tripulados por pilotos bielorrusos. En menos de una hora toda la fuerza aérea marfileña (dos helicópteros MI-25 y uno MI-8) fue aniquilada, incluido un helicóptero de transporte al servicio del presidente Laurent Gbagbo.

Mientras se producía esta operación de castigo, pandillas de “jóvenes patriotas” (las milicias militarizadas del presidente Gbagbo) iniciaban una serie de asaltos, incendios, robos y violencias contra sociedades, instalaciones y residencias de ciudadanos franceses en la capital del país, Abiyán.

Varios liceos, librerías, sociedades comerciales y múltiples residencias fueron incendiados. Se produjeron al menos diez violaciones (denunciadas) y algunos heridos entre los colonos que iniciaron la huida con la ayuda del contingente galo. Por su parte, tropas de comando marfileñas intentaron asaltar la base francesa donde se hallaba concentrada la 43 Bi-Ma (brigada de infantería de marina) situada cerca del aeropuerto internacional. Grupos de alborotadores se colaron en las instalaciones comerciales del propio aeropuerto y, tras robar en algunas tiendas, fueron desalojados por las tropas franceses que a partir de ese momento lograron cortar el camino a una multitud de manifestantes eufóricos y agresivos, algunos de los cuales reivindicaban “un francés por cabeza”. La situación fue especialmente difícil en el exclusivo barrio de Cocody, donde se encuentran la presidencia de la República, las instalaciones de la embajada francesa y el hotel Ivoire, uno de los “puntos de encuentro” donde los residentes franceses fueron citados para ser trasladados por los contingentes del cuerpo “Licorne” hasta el aeropuerto internacional.

Durante tres días, y mientras continuaban en toda la capital del país los incidentes –los asaltos, las violaciones y las palizas a los residentes franceses–, se inició una operación para “extraer” a cinco mil franceses (de los quince mil instalados en Costa de Marfil) y de otras nacionalidades (entre ellos casi un centenar de españoles) en medio de los enfrentamientos entre las turbas de “patriotas” y las tropas de la “Licorne”. Tanto Laurent Gbagbo como el presidente de la Asamblea Nacional marfileña, Mamadú Kulibali, reiteraron sus ataques contra el Estado francés y el propio Jacques Chirac. Gbagbo llegó a establecer semejanzas entre la incursión de “120 carros franceses en los alrededores de la residencia presidencial” con la invasión en 1968 de los tanques soviéticos en Praga”.

El gobierno francés movilizó tras los incidentes contra sus ciudadanos en Costa de Marfil a los presidentes africanos amigos (Abdulaye Wade de Senegal, Omar Bongo de Gabon, Eyadema de Togo, Blaise Campaoré de Burkina Faso) para anunciarles su decisión de convocar al Consejo de Seguridad de la ONU para que éste implementara un embargo de armamento contra el régimen de Costa de Marfil, como así fue tres días después. El presidente Gbagbo había advertido que tras la destrucción de su fuerza aérea estaba dispuesto a reponerla “dos o tres veces si fuese necesario”.

El presidente en ejercicio de la UA (Unión Africana), el nigeriano Obasanjo convocó al respecto una reunión en la ciudad de Abuja para apoyar la resolución presentada por Francia en el Consejo mientras el presidente de Sudáfica, Thabo Mbeki viajaba a Abiyán para tranquilizar al presidente marfileño y conversar con los principales líderes de la oposición, especialmente con el ex primer ministro Alassane Uattara, clave en la actual crisis y, para algunos, un político de futuro.

Tampoco el presidente Jacques Chirac tuvo pelos en la lengua durante los días posteriores al ataque contra las tropas francesas y los sangrientos incidentes posteriores. “No dejaremos que se desarrolle en Costa de Marfil –advirtió en un discurso en Marsella– un régimen que sólo puede conducir a la anarquía o a un sistema de naturaleza fascista”. “En un ambiente desastroso –añadió– se está desarrollando un sistema de enfrentamientos y tensiones: el Norte contra el Sur, los musulmanes contra los cristianos y ahora la caza del blanco, del extranjero, porque en estos momentos no son solamente los franceses que huyen, también hay muchos marfileños que hacen lo mismo”. Quedaban un tanto lejos las críticas del propio Chirac a Bush cuando se produjo la invasión de Irak, como no dejaron de constatar algunos analistas.

Gbagbo no perdió la oportunidad para reprochar a Chirac y a sus correligionarios gaullistas “haber sostenido durante cuarenta años el partido único –durante el “reino” del “padre fundador” del país, Houphouët Boigny– que era lo más parecido al fascismo”. “¡Fuimos nosotros los que estábamos entonces en la cárcel a causa de ese régimen de partido único apoyado por Francia!”.

Mientras este intercambio de declaraciones y epítetos se producía entre Abiyán y Paris, los medios de comunicación marfileños controlados férreamente por los “patriotas” y sus milicias avanzaban algunas propuestas un tanto extravagantes como, por ejemplo, “prender a los franceses y tomarlos como rehenes para obligar a Paris a que negocie”.

El presidente Gbagbo mostraba mientras tanto un talante tranquilo ante quienes le preguntaban angustiados hasta qué punto el país podría sobrevivir sin los “cuadros” franceses que ahora huían. “Volverán –contestó el presidente–. Una cosa es ser director de empresa en Costa de Marfil y otra, parado en Francia”.

El presidente marfileño ha intentado a lo largo de la crisis personalizar en Jacques Chirac el origen y la responsabilidad de la misma: “No sé por qué Chirac me detesta ni por qué ha hecho todo eso. Desde que soy presidente nada hice contra los franceses y sus intereses aquí. No sé por qué se comportan con tanta arrogancia, como si fueran los patrones y nosotros, todavía, los esclavos”.

Mientras la “histeria nacionalista y xenófoba” alcanzaba todos los rangos de un país dividido en dos y Francia intentaba mover sus peones africanos con vistas a una reconciliación a medio plazo, los primeros análisis de riesgos y prospectiva empezaban a menudear en las Cancillerías europeas. Además, el Departamento de Estado no disimulaba su preocupación creciente y su interés por lo que estaba sucediendo en lo que fue la perla de la corona africana de Francia.

Nadie mínimamente informado debiera sorprenderse, sin embargo, por la actual crisis marfileña que es la continuación lógica de un permanente estado de crisis y agitación tras la desaparición de Félix Houphouët Boigny, mas conocido como “El Viejo”, “padre fundador” de la nación que jugó un papel importante en la política de la metrópoli durante la IV República. El régimen de Houphouët se basaba obviamente en el poder supremo y personal del líder y en una estructura autoritaria de partido único arropada por el poder militar francés y la presencia de varios miles de colonos encargados de que la economía –una de las más prósperas del África ecuatorial entonces– funcionara adecuadamente.

Costa de Marfil fue durante bastantes años un ejemplo de estabilidad política y económica. Esto no era óbice para que las peores características del régimen –autoritarismo, arbitrismo y corrupción– terminaran imponiéndose y el descontento creciese entre una población un tanto harta de soportar los sueños faraónicos de “El Viejo”, entre ellos la famosa “catedral” de Yamassukro, más grande que la basílica de San Pedro, una locura tropical digna de cualquier Tirano Banderas africano.

El enfrentamiento entre los dos herederos de “El Viejo”, Henri Konan Bedié y Alassane Ouattara, no tardó en producirse tras la muerte del “padre fundador” del país. Bedié sucedió a Houphouët en diciembre de 1993, pero antes incluso de organizar elecciones presidenciales y presentar su candidatura decidió alejar a Uattara del escenario político marfileño adoptando un nuevo código electoral en noviembre de 1994. En dicho código se limitaba el derecho a la elección presidencial a quienes fuesen hijos de padre y madre marfileña. Así nació un concepto cuyas consecuencias serían fatales y que todavía condiciona la vida política de Costa de Marfil, la “marfileñidad” (ivoirité, en francés), una suerte de xenofobia contra al menos un tercio de la población de origen “burkinés” (de Burkina Faso, uno de los países vecinos) en su inmensa mayoría de religión musulmana –los marfileños se proclaman unánimemente católicos– y que forman la principal fuerza de trabajo en los grandes centros urbanos, concentrados en los barrios periféricos y más pobres. Uattara, cuya madre era burkinesa, no pudo, pues, presentarse a las elecciones y vencer a Konan Bedié. Se rompía así el “clan Houphouët” en el que la metrópoli confiaba para mantener la ejemplar estabilidad. A partir de ese momento muchos analistas convirtieron a Uattara en “el hombre de los americanos”, debido tal vez a los puestos de responsabilidad que desempeñó en el FMI en Washington en otras épocas.

El pucherazo legal de Konan Bedié no fue óbice para que, en diciembre de 1999, el jefe de las fuerzas armadas, general Robert Guei, diera un golpe de Estado y se hiciera con el poder, aunque no logró mantenerlo porque en octubre del 2000 accedió a permitir elecciones presidenciales que fueron ganadas esta vez por Laurent Gbabgo, un oponente histórico a Houphouët durante cuyo régimen fue perseguido y encarcelado.

Gbabgo contó siempre con el apoyo indisimulado del partido socialista francés, a muchos de cuyos dirigentes había conocido en la metrópoli durante los largos años de exilio que allí pasó. Su partido (el FPI, Frente Popular marfileño) forma parte todavía de la Internacional Socialista, aunque podría ser excluido próximamente.

La victoria de Gbabgo en aquellas elecciones presidenciales fue contestada a derecha e izquierda. Y, en primer lugar, por el propio Uattara cuya “no-marfileñidad” le impidió presentarse. Uattara y Konan Bedié terminaron reconciliándose recientemente y formaron una alianza de pequeños partidos a imagen y semejanza de la UMP (Unión de la Mayoría Presidencial) de Jacques Chirac para vencer en las anunciadas elecciones del año próximo a Gbagbo. En estos momentos, y dada la evolución del régimen, parece cada día menos probable que tales elecciones lleguen a celebrarse en la fecha prevista.

En septiembre de 2002 las fuerzas que se oponían al régimen establecido por Gbagbo iniciaron una rebelión que alcanzó a casi todas las regiones del país. El carácter un tanto heterogéneo de los participantes y la confusión que todavía hoy reina sobre sus objetivos y métodos impide, paradójicamente, calibrar los resultados del levantamiento. A partir de entonces, la mitad norte del país cayó en manos de las llamadas “Fuerzas Nuevas”, principal rama de la rebelión que dirige Guillaume Soro, un antiguo correligionario de Gbagbo con quien compartió en el pasado cárcel y exilio.

El enfrentamiento entre las fuerzas regulares de la República (FANCI) y la guerrilla se saldó con varios miles de muertos y produjo un éxodo fatal de poblaciones según fuese el origen tribal, la confesión religiosa y los clanes de pertenencia.

La ex metrópoli, Francia, intentó pacificar al país mediante el recurso al diálogo entre las fuerzas opuestas y convocó con enormes dificultades y reticencias por todas las partes una conferencia de reconciliación en Marcoussis (enero de 2003) a la que asistieron representantes del poder legal de las diversas guerrillas y de los diferentes y variopintos partidos políticos.

De Marcoussis salió un acuerdo –que sigue siendo válido para el Estado francés aunque en la práctica y sobre el terreno pronto se convirtió en papel mojado– que preveía la supresión del concepto de “marfileñidad” en un nuevo código electoral, el desarme de los contendientes, la instalación de fuerzas internacionales de interposición y la constitución de un gobierno en el que participasen también los rebeldes.

La paradoja de este acuerdo es que permitía a los representantes de los rebeldes sentarse en el Consejo de ministros e incluso desempeñar alguna de las carteras más importantes del gobierno, mientras sus correligionarios se enfrentaban con las fuerzas del propio gobierno. Estos “ministros de la rebelión” siguen en los momentos actuales alojados en uno de los principales hoteles turísticos de Abiyán y despachan los asuntos corrientes rodeados de enemigos.

Algunos analistas compararon este extraño modelo de coexistencia con el que estuvo vigente en Angola durante varios años cuando representantes de la guerrilla UNITA participaban en las altas instancias del país junto con los dirigentes del partido único (el MPLA). La muerte en combate del líder máximo de la UNITA, Jonás Savimbi, dio al traste con una situación insostenible.

La UA (Unión Africana) quiso también participar en el impulso de paz inspirado por Francia y tras las reuniones de Marcoussis promovió una reunión en Accra en la que participaron los Estados de la CEDEAO (Estados del Oeste africano) y otros, vecinos. El envío de fuerzas de interposición y de paz al país (UNICI) constituyó el primer signo de que la masacre de Costa de Marfil no se procesaba entre la indiferencia de unos y el excesivo interés de la ex metrópoli que temía, con razón, perder los privilegios conquistados durante la colonización y las importantes inversiones consiguientes.

Tanto los acuerdos de Marcoussis como los de Accra han funcionado irregularmente y el país sigue dividido en dos partes, controladas por el régimen de Gbagbo, una, y las “Fuerzas Nuevas”, otra. Mejor que peor, las fuerzas internacionales de interposición y la misión francesa “Licorne” han logrado establecer una situación de “ni guerra ni paz”, que de vez en cuando uno de los contendientes rompe, como sucedió el pasado 6 de noviembre. En este caso, quienes sufrieron la ruptura del statu quo fueron las tropas francesas. El gobierno de Paris ha declarado que posee la documentación suficiente para demostrar que el ataque no fue ni fruto de la casualidad ni una equivocación, sino intencionado.

A la crisis política marfileña se le añade como es natural una crisis económica igualmente grave y profunda. Por cuarto año consecutivo el país tendrá un crecimiento negativo en 2004 y es poco probable que la cosecha de cacao –primer recurso del país– pueda enjugar el descenso espectacular de la producción. Por lo demás, el precio mínimo garantizado a los productores se ha convertido en precio indicativo a causa de la baja espectacular de precios en el mercado mundial. Si a esto se añade una cosecha de algodón mediocre, a causa precisamente de la huida en masa de los trabajadores burkineses (víctimas como muchos otros emigrantes de la xenofobia reinante en el país), y la caída de un 43% en la producción de café, el panorama resulta más que preocupante. La pobreza de la inmensa mayoría del país, el paro –que en algunas zonas alcanza a la mitad de la población– y la corrupción del régimen han convertido las zonas controladas por el presidente Gbagbo en una bomba de relojería.

Es obvio que el éxodo de los colonos franceses sólo puede intensificar la crisis económica y social, dado que la dependencia del país hacia la ex metrópoli no ha hecho sino crecer en los últimos cinco años. Unos quince mil franceses estaban instalados en Costa de Marfil hasta ahora. Tras los acontecimientos recientes, cinco mil se han ido, además de otros mil ciudadanos originarios de países europeos y de Estados Unidos. Las imágenes de una ciudad –Abiyán– en llamas y en manos de grupos armados y agresivos que los medios franceses han difundido en las últimas semanas para nada tranquilizarán a quienes decidieron tomar unas cortas vacaciones en la ex metrópoli antes de decidir el regreso definitivo. El propio ministro de Defensa marfileño dijo, quitándole importancia a la huida masiva, que “todos volverán y yo estaré aquí, en el aeropuerto, para recibirlos”. De ilusión también se vive.

La sociedad marfileña sufre la lacra del racismo antiblanco y de la xenofobia sobrevenida, como pudo verse días pasados. El problema estriba en que se trata de algo arraigado y difícil de neutralizar porque desde el poder se han incitado este tipo de conductos y prejuicios hasta el punto que el dirigente máximo de los llamados “jóvenes patriotas”, el “general” Charles Blé Gudé cuenta con los medios materiales y políticos provenientes del gobierno y se ha convertido en un líder popular para quien los soldados franceses son apenas una gavilla de asesinos.

La comunidad africana e internacional no sabe en realidad cómo hincarle el diente a la crisis de Costa de Marfil, cuya importancia estratégica está fuera de cualquier duda. En Costa de Marfil se reproducen las causas y los síntomas de otras guerras africanas, tales como las de Ruanda y Burundi y Congo: enfrentamientos tribales y religiosos, crisis económica y social, preponderancia de los antiguos colonos, estructura productiva dependiente de la antigua metrópoli, corrupción, etc.

La esperanza de que las fuerzas africanas de interposición puedan acabar con el enfrentamiento entre las tropas regulares y la guerrilla rebelde se ha ido diluyendo. En cuanto a las tropas francesas, está claro que no abandonarán Costa de Marfil mientras haya cientos de ciudadanos galos amenazados por la locura racista de las milicias marfileñas. Por otra parte, el propio Laurent Gbagbo ha dejado claro en todas sus intervenciones que no desea la salida de la misión “Licorne”, probablemente porque en un momento dado espera utilizarla a su arbitrio y conveniencia una vez pasada la etapa xenófoba y anticolonialista actual.

El interés académico de lo sucedido en Costa de Marfil es que este enfrentamiento fratricida marca el final del modelo neocolonial francés que en este país tenía características ejemplares. Pocos apuestan ya por la supervivencia o la regeneración de dicho modelo.

Algunos analistas han señalado que este conflicto puede inscribirse en la lucha de influencias que Francia mantiene con Estados Unidos en África. Para justificar tal sospecha han recordado que los piquetes de “jóvenes patriotas” que actuaron en Abiyán contra los intereses franceses enarbolaban banderas americanas. Sea como sea, la Administración sigue con mucho interés lo que está sucediendo en este país antaño ejemplar.

La triste realidad de estas guerras africanas es que finalmente serán las organizaciones humanitarias no gubernamentales y las agencias internacionales quienes deberán asumir los resultados de la locura, el racismo, la corrupción y la irresponsabilidad de los dirigentes. Pero la factura principal en dolor y sangre la pagarán, como siempre, los más pobres y olvidados.

Conclusiones

Algunos analistas han querido ver en los incidentes producidos en Costa de Marfil durante los primeros días de noviembre la prueba de que el modelo neocolonial francés ha quebrado y eso explicaría la intervención de las fuerzas militares galas destacadas en la misión “Licorne”, cuyo objetivo principal sería apoyar a las fuerzas de separación y pacificación de Naciones Unidas (UNICI). Costa de Marfil había sido hasta ahora el ejemplo más cuidado de este modelo, aunque hacía ya tiempo que la crisis económica social y étnica se había instalado en todo el territorio.

La ferocidad con que los “jóvenes patriotas” de Laurent Gbagbo atacaron los intereses franceses, sobre todo en la capital, Abiyán, y la respuesta de los comandos galos (medio centenar de víctimas entre la multitud, según fuentes marfileñas) sirvió para profundizar la hostilidad del gobierno galo y especialmente del presidente Chirac contra el régimen “semi-fascista y racista” de Gbagbo.

Será difícil en el futuro que Francia recupere su influencia y presencia en la ex colonia. Y el regreso de los colonos huidos (casi diez mil, de los quince mil instalados) tardará bastante en producirse.

El sistema francófono vigente en África ecuatorial (la reciente cumbre de la francofonía en Burkina Faso no contó con la presencia del presidente marfileño) difícilmente promoverá la normalización rápida de las relaciones entre la ex colonia y la ex metrópoli, que muchos en Paris solicitan y urgen.

Es posible que la actual situación de “ni guerra ni paz” en todo el país y la presencia de tropas africanas de interposición pueda extenderse durante bastante tiempo. Parece excluido que Francia retire sus fuerzas mientras cientos de sus colonos vivan en el territorio y pese sobre ellos la amenaza de que puedan repetirse los incidentes de noviembre pasado.

Para el presidente Laurante Gbagbo y sus seguidores la presencia militar francesa constituye por sí sola una amenaza y un desafío. Los más radicales seguidores del actual presidente no excluyen que el contingente francés pueda en un momento dado apoyar a las fuerzas de la oposición civil o armada en una nueva tentativa para derrocar al régimen de Gbagbo. Pero el remedio –una retirada ahora– sería peor que la enfermedad.

Ninguno de los países vecinos (Ghana, Burkina Faso y Malí) goza en la actualidad de la estabilidad y la riqueza que en otras épocas tuvo Costa de Marfil. Y el síndrome del dominó o del contagio no puede excluirse si la guerra civil en Costa de Marfil continúa. Sólo el despliegue tous azimuts de la diplomacia francesa en el África francófona apoyada por los países más seguros (Senegal, Malí, Gabón, Camerún, etc.) podría en el futuro inmediato facilitar el diálogo entre Abiyán y Paris. Hoy por hoy este diálogo es prácticamente inviable.

PEKÍN Y TAIPEI: ¿ES POSIBLE LA CONVERGENCIA?

Augusto Soto

El acercamiento con China está incluido en el programa presidencial del ganador partido Kuomintang (KMT), que tomará posesión en mayo con el control añadido del Parlamento. Así, tras las elecciones presidenciales del 22 de marzo se inicia un nuevo período en las relaciones entre Taipei y Pekín. Lo evidencian las más recientes y contundentes afirmaciones del presidente electo, Ma Ying-jeou. Pero también hay una variada cantidad de factores que apuntalan una mayor aproximación en el estrecho de Taiwán.

Los resultados y la figura de Ma Ying-jeou

El 4 de abril Ma Ying-jeou manifestó a la Agencia Central de Noticias de Taiwán que no aboga por una exportación directa de la democracia al continente porque el incremento de la interacción entre ambos lados del estrecho conducirá “naturalmente” a cambios positivos en China. Y recalcó que esa era la forma de fortalecer la seguridad nacional. Ma resaltó de esa forma sus credenciales democráticas ante el mundo en unos días en que la crisis del Tíbet está poniendo a Pekín a la defensiva. Así, con una estupenda fórmula verbal, se pone políticamente a cubierto para dar el paso que será ni más ni menos que el de iniciar un nuevo acercamiento al continente.

En las elecciones, Ma Ying-jeou logró el 58,45% de los votos, mientras que el candidato del saliente Partido Progresista Democrático (PPD), encabezado por Frank Hsieh, alcanzó el 41,55%. La participación fue del 76%. El resultado del referéndum con dos preguntas que acompañaba la elección también fue decepcionante para el PPD. De los 17 millones de electores censados, cinco millones y medio respaldaron la candidatura de Taiwán a ingresar en Naciones Unidas bajo el nombre de Taiwán, mientras que cuatro millones novecientos mil votaron a favor de ingresar con el nombre de República de China o bajo otra denominación. Pero se requerían ocho millones y medio de votos para la aprobación de las propuestas. Las preguntas eran ilusorias: Taipei es reconocido por sólo 23 países y Pekín cuenta con poder de veto en Naciones Unidas. Por otra parte, el levantamiento en el Tíbet y su subsiguiente represión, en el mismo mes de marzo, no parecen haber influido en las preferencias del electorado taiwanés en los referendos.

En una democracia semi-presidencial como la taiwanesa no cuenta excesivamente la figura del presidente. Pero en la práctica los presidentes anteriores, desde la primera elección plenamente democrática, en 1996, han dejado su huella. Todo hace indicar que Ma Ying-jeou no será una excepción. A los resultados de marzo se suman los de la victoria en las elecciones legislativas del 12 de enero pasado, que garantizan que el KMT controlara el Parlamento. Por otro lado, no es probable que las tradicionales disensiones del KMT en asuntos internos se repitan en relación con la política a seguir en relación con el continente.

La trayectoria de Ma es inmejorable para acercarse a China. Fue vicepresidente del Consejo de Relaciones con el Continente (Mainland Affairs Council, MAC) entre 1991 y 1993, luego fue ministro de Justicia hasta 1996 y alcalde de Taipei entre 1998 y 2006. Se ha difundido mucho que nació en Hong Kong, pero desde muy pequeño (un año de edad) residió en Taiwán. Fue intérprete de Chiang Ching-kuo (hijo del patriarca del KMT en la isla, Chiang Kai-shek), y también sirvió al ex presidente Lee Teng-hui.

En la arena internacional, como en la nacional, sus credenciales son impecablemente taiwanesas. En relación con EEUU, el valedor de la defensa de la isla, posee los mejores contactos que haya tenido un presidente democrático taiwanés. Estudió Derecho en las Universidades de Nueva York y Harvard, trabajó como consultor en el First National Bank de Boston y como investigador en la Universidad de Maryland, una institución donde se ha fortalecido en los últimos 25 años un notable lobby taiwanés. Allí destaca Hungdah Chiu, respetado asesor del KMT en temas chino-taiwaneses y antiguo diplomático, académico y editor del difundido anuario Chinese Yearbook of International Law and Affairs. Precisamente hace un año Ma Ying-jeou sucedió al influyente editor.

En sus vínculos personales con EEUU el perfil de Ma se asemeja al de Lee Teng-hui, aunque los contactos del nuevo presidente son más consistentes. Por otro lado, comparte con el saliente Chen Shui-bian sólo su condición de jurista. Con Lee Teng-hui se distancia generacionalmente y con Chen lo hace en apertura al mundo. Éste, que no estudió en el exterior, recargó su administración de ocho años con impopulares temas identitarios que saturaron a la población. A diferencia de Lee Teng-hui, el nuevo presidente llega al poder 10 años más joven. Por otro lado, a diferencia de sus predecesores, cuando tome posesión, el 20 de mayo, contará con experiencia en asuntos relativos a Pekín, tras su paso por el MAC.

Las redes y contactos a ambos lados del estrecho

Tras las elecciones, un factor relevante serán las personas que tendrán que llegar a acuerdos con China continental. Tras Ma se sitúa el presidente del KMT, Wu Poh-hsiung. Wu ha prometido que intentará continuar el acercamiento entre su partido y el Partido Comunista Chino (PCC), que contribuyó a restablecer en 2005. Los indicios son más bien auspiciosos. Hace un año, al asumir su cargo, recibió felicitaciones de Hu Jintao. Wu adquirió protagonismo hace dos años, cuando, en su calidad de vicepresidente del KMT, visitó el continente durante 12 días, convirtiéndose en el político de mayor rango del KMT en cruzar el estrecho desde 1949. Wu es un reconocido líder de la poderosa comunidad hakka de la isla, colectivo que en los últimos años ha recuperado sus correspondientes vínculos en China.

Igualmente destacable es el parlamentario Su Chi (a quien han tratado este autor y otros especialistas españoles). Es una figura clave en las relaciones con Pekín y autor del término “consenso de 1992”, acuñado por él en 2000 como calificación retrospectiva de un encuentro que representantes del continente y de la isla celebraron en Hong Kong en 1992. El KMT se empeñará ahora en hacer aceptable el término “consenso” para acercar posiciones. Hay que recordar que Su fue el vicejefe de la campaña presidencial de Ma y es posible que en él recaigan encargos para el acercamiento bilateral.

Por otra parte, el KMT prometía en su programa la creación de un mercado económico común con China, defendido en primera línea por el próximo vicepresidente, Vincent Siew. Éste ha sido diplomático, economista y primer ministro, y tiene redes de contacto entre las comunidades chinas del sudeste asiático, además de en APEC, donde ha representado a Taiwán. Es la eminencia gris de la Fundación para el Mercado Común a través del Estrecho de Taiwán que fundó hace ocho años. Su declarado fin es “establecer la unidad económica primero y la convergencia política después”. Siew tiene una buena oportunidad de retomar contactos e incluso de reunirse con las más altas autoridades chinas en el importante Foro de Boao, previsto para la segunda semana de abril.

Por su parte, el pasado octubre, el presidente chino Hu Jintao, durante el XVII Congreso del PCC, planteó a Taiwán un tratado de paz bajo la condición del “principio de una única China”. La oferta fue declinada, pero se puede decir que está sobre la mesa y tiene aspectos negociables. Por otro lado, Hu, si bien carece de experiencia de gestión en la costa, donde está la mayor parte de las empresas taiwanesas, cuenta en el Gobierno y en los medios empresariales asociados a su administración con una serie de cargos y personalidades que pueden contribuir a acercar posiciones o a allanar vías paralelas de contacto.

En primer lugar destaca su ministro de Exteriores, Yang Jiechi, con más de dos décadas de servicio en EEUU (un país todavía clave en las relaciones a través del estrecho) y cuatro años como embajador en Washington. Distintos observadores le ven como una personalidad de concordia. Además, hasta su nombramiento como jefe de la diplomacia china, Yang estaba a cargo de los asuntos de Hong Kong, Macao y Taiwán.

También se pueden considerar los actores del mundo político y empresarial que están emergiendo durante el período de la administración de Hu Jintao. En primer lugar destacan las personalidades del conocido como partido de los príncipes (taizidang, en chino). Esto es, los hijos de los dirigentes históricos y actuales de la cúpula política y militar. Algunos de los más jóvenes han estudiado en el exterior y luego han entrado en los negocios; o bien han ingresado directamente en la política. El más notable hoy es Xi Jinping, el vicepresidente chino, miembro del Comité Permanente del Politburó y considerado como uno de los probables sucesores de Hu Jintao en 2012. Desde 1985 y durante años ocupó distintos cargos en la región costera. Primero en la provincia de Fujián, la más conectada a Taiwán entonces, y en la que llegó al cargo de gobernador en 2000. Luego pasó a ser secretario general del Partido en la provincia de Zhejiang entre 2002 y 2007, y ese año ocupó el mismo cargo en Shanghai. O sea, casi una generación en las provincias chinas en las que hay una gran inversión taiwanesa.

Otra importante figura es el hijo de Jiang Zemin, Jiang Mianheng, conocido como el “príncipe digital”. Sus intereses empresariales se han orientado a las nuevas tecnologías, entre ellas los chips, la fibra óptica y las telecomunicaciones. Hace ocho años Jiang Mianheng se asoció en Shanghai con Winston Wang, hijo del más connotado empresario de Taiwán. Fundaron la Grace Semiconductor Manufacturing Corporation (GSMC), compañía especializada en la construcción de semiconductores. En este caso la gestión no ha sido la que se esperaba. A nivel político Jiang Mianheng también está a la defensiva por el retiro de su padre. En cualquier caso, lo notable es que este es un tipo de vínculos que innegablemente contribuye a la convergencia en las relaciones a través del estrecho al más alto nivel. Igualmente se dan otras relaciones similares desde hace años en escalones menores de influencia.

La cercanía ya constituye un mecanismo para la convergencia

Los elementos de cercanía para una mayor convergencia son más evidentes que cuando llegó al poder hace ocho años el presidente saliente, Chen Shui-bian. En primer lugar en el aspecto económico. Tras su triunfo, Ma reafirmó que la política económica taiwanesa se apoya en “amar a Taiwán, infraestructuras e industrias y tender la mano a todo el mundo”. Ese mundo está representado por China como tercera economía global convertida en el primer mercado de las exportaciones de Taiwán y primer destino de sus inversiones.

Por su parte, las infraestructuras y la industria de la isla avanzaron considerablemente en la década pasada, pero en ésta el crecimiento económico se ha ralentizado, la inflación ha aumentado y los salarios no han crecido. Hoy China es el primer mercado mundial en telecomunicaciones y hace dos años pasó a ser el segundo mayor inversor en I+D, aspectos que para Taiwán, junto con las posibilidades del turismo hacia la isla, suponen una oportunidad importante para acabar con el estancamiento.

Por otra parte, el empresariado taiwanés en el continente deberá reajustar algunas de sus expectativas. Pekín aprobó en junio de 2007 una nueva ley laboral que establece que los trabajadores chinos tienen derecho a organizarse en sindicatos y a demandar más garantías. A lo anterior se suma una agudización de la falta de terrenos, de agua, electricidad y materias primas en el delta del Río de las Perlas, área de la provincia de Guangdong que concentra una apreciable cantidad de empresas taiwanesas. Con buen tino estratégico Pekín las ha alentado a trasladarse al interior.

En otro plano, la interacción física ofrece nuevas perspectivas de análisis. En diciembre de 2006 se produjo, al suroeste de Taiwán, un terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter. El seísmo rompió seis cables submarinos e imposibilitó y dificultó la comunicación por telefonía fija y el acceso a Internet durante varias semanas en China y en Taiwán. Además, el 60% de las comunicaciones entre Taiwán y EEUU se vio afectada, y también el 98% de las que se dan entre Pekín y Taipei con Malasia, Singapur, Tailandia y Hong Kong. Igualmente se vieron inutilizadas varias líneas bancarias entre Corea del Sur y Taiwán. Este hecho cíclico de la naturaleza muestra los grados de relación en la era digital y la dependencia común de empresas taiwanesas, japonesas, surcoreanas y estadounidenses, que ensamblan muchos más componentes electrónicos e informáticos en China continental que hace una década.

De ahí que la cercanía entre Taiwán y China sea mayor y que las posibilidades de conflicto parezcan menores. Es pertinente la “teoría de Dell”, popularizada por Thomas Friedman en su conocida obra El mundo es plano, que enuncia que “dos países que forman parte de una gran cadena de suministro global, como la empresa de ordenadores Dell, nunca se enfrentarán en una guerra mientras ambos formen parte de la misma cadena de suministro”. Además la idea es progresiva, es decir, entiende que los costes de una guerra hoy son mayores que hace una década porque un conflicto significa desmontar la dinámica de la cadena de suministro. Hace tres años Friedman veía la relación entre China y Taiwán como el mejor ejemplo internacional de la cadena. Con el mapa político post-electoral esta idea se hace más plausible que nunca.

Por añadidura, las culturas se acercan. Paradójicamente, ya durante el mandato de Chen se instauraron dos medidas que apuntan a la convergencia. La primera fue introducir la escritura de izquierda a derecha en los documentos oficiales, como en Occidente y en China continental. La segunda ha sido adoptar el sistema de transcripción de nombres chinos a nuestro alfabeto denominado tongyong pinyin, un sistema cercano al pinyin, utilizado en China continental. Más revelador aún es que el nuevo presidente, Ma Ying-jeou, adoptó en su período de alcalde de Taipei el mismísimo sistema pinyin para la denominación de lugares en la capital.

En cuanto al tránsito de población se ha llegado a un récord. Según el KMT, cerca de 200.000 empresarios taiwaneses que trabajan en China volvieron a la isla para votar mayoritariamente por la candidatura de Ma el pasado marzo. Pero la cifra de taiwaneses viviendo en el continente es mayor, probablemente supere el millón. Muchísimos más taiwaneses viven en el continente y lo visitan, que no a la inversa, por restricciones políticas. Ante el nuevo escenario post-electoral la Oficina de Turismo de Taiwán informó el 6 de abril que, con Ma Ying-jeou, se espera el anuncio de una liberalización que permitirá la llegada de un número significativo de turistas chinos. La Oficina anuncia que se están creando nuevas agencias de viaje y construyéndose nuevos hoteles.

Los procesos de integración regional también apoyan un mayor acercamiento. Hace un año, Pekín y los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) firmaron un acuerdo histórico de cooperación que profundiza la liberalización en sectores como las telecomunicaciones, la energía, la ingeniería, la informática, la banca, el transporte y las comunicaciones, además del turismo. Como es sabido, las economías de la ASEAN tienen por su parte una excelente tradición de relaciones con Taiwán.

Conclusiones

El más que factible reacercamiento a través del estrecho de Taiwán se verá favorecido por los canales políticos existentes y por los contactos empresariales más densos forjados durante las últimas décadas.

Además, las cadenas manufactureras y las vinculaciones propias de la era digital, que posibilitan una mayor cercanía dentro de la variedad de la cultura china, complementan una convergencia de personas que se ha venido constituyendo desde hace años.

Las necesidades de la economía taiwanesa y las posibilidades materiales y de mayor implicación política, que convienen a Pekín, alejan la hipótesis de crisis en el Estrecho que se ha manejado durante décadas. Y no parece plausible que otro partido en el futuro cercano pueda desmontar lo que se consiga.

Las posibilidades para el establecimiento de una comunidad económica aparecen en el horizonte de la relación bilateral. Sin embargo, la firma de un tratado de paz parece una probabilidad posterior aunque más cercana que antes. El tratado de paz es importante pero no es fundamental en la relación estrictamente bilateral. Sin embargo, de lograrse facilitaría lo que el presidente Ma Ying-jeou entiende como nuevas posibilidades de joint-ventures para empresas taiwanesas con las de otros países en el continente.

A su vez, Taiwán tiene amplia experiencia internacional en ejercer lobby y en sacar partido a los encuentros casuales y discretos. En estos días y en los próximos meses se abren varias posibilidades de acercamiento. Primero el Foro de Boao para Asia en abril, luego las fechas posteriores a la toma de posesión de Ma, en mayo, y los Juegos Olímpicos en agosto. Hay que recordar que el COI logró que Pekín aceptase la participación de Taiwán bajo el nombre de “Chinese Taipei”.

Por último, con el probable acercamiento el KMT implícitamente entiende que si bien Taiwán no es parte de China, ésta sí se ha convertido en un asunto interno de Taiwán. Al hacerlo, habría que plantearse si no estaría reconociendo algo más que eso.