lunes, 8 de septiembre de 2008

ARGUMENTOS EN CONTRA DE OCCIDENTE


Kishore Mahbubani

Hay un error fundamental en el pensamiento estratégico occidental: en todos sus análisis sobre los desafíos globales, Occidente asume que es la fuente de las soluciones a los problemas cruciales del mundo. Sin embargo, es un hecho que Occidente es también la mayor fuente de dichos problemas. A menos que los formuladores clave de políticas públicas en Occidente aprendan a comprender y a afrontar esta realidad, el mundo se dirigirá hacia una fase aún más problemática.

Es comprensible que Occidente se rehúse a aceptar que está llegando al final de la era de su dominio y que ha iniciado el siglo asiático. Ninguna civilización cede el poder con facilidad y es lógica la resistencia occidental para entregar el control de las instituciones mundiales y de los procesos fundamentales. Sin embargo, Occidente participa en un extraordinario acto de autoengaño, creyendo que está abierto al cambio. De hecho, Occidente se ha convertido en la fuerza más poderosa impidiendo el surgimiento de una nueva ola en la historia, aferrándose a su posición privilegiada en los foros mundiales fundamentales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el G8 (el grupo de los países altamente industrializados), y negándose a considerar cómo tendrá que adaptarse al siglo asiático.
En parte como resultado de su creciente inseguridad, Occidente también se ha vuelto cada vez más incompetente en el manejo de los problemas mundiales clave. Muchos observadores occidentales pueden identificar con facilidad anomalías específicas, como la frustrada invasión y ocupación de Iraq por el gobierno de Bush. Pero pocos pueden ver que esto refleja un problema estructural más profundo: la incapacidad de Occidente para ver que el mundo ha entrado en una nueva era.

Además de representar un fracaso específico en la ejecución de una política, la guerra en Iraq también puso de manifiesto la brecha entre la realidad y lo que Occidente había esperado que sucediera después de la invasión. Podría darse el beneficio de la duda a que Estados Unidos y el Reino Unido sólo pretendían liberar al pueblo iraquí de un gobernante déspota y librar al mundo de un hombre peligroso, Saddam Hussein. Incluso si George W. Bush y Tony Blair no hubieran tenido malas intenciones, sus estrategias, no obstante, estaban atrapadas en la disposición mental occidental de creer que sus intervenciones sólo podían conducir al bien, nunca ocasionar ni daño ni desastres. Esto los llevó a creer que las tropas invasoras de Estados Unidos serían recibidas por unos iraquíes felices que lanzarían rosas a sus pies. Pero el siglo XX demostró que ningún país da la bienvenida a los invasores extranjeros. La idea de que cualquier país islámico aprobaría las botas militares occidentales en su suelo era ridícula. Incluso a principios del siglo XX, la invasión y ocupación británicas de Iraq tropezaron con una resistencia armada. En 1920, Winston Churchill, entonces Secretario de Estado británico para Guerra y Aire, sofocó la rebelión de los kurdos y árabes en el Iraq bajo ocupación británica al autorizarles a sus tropas el uso de armas químicas. “Estoy fuertemente a favor del uso de gases venenosos contra tribus salvajes”, dijo Churchill. Desde entonces, el mundo ha cambiado, pero muchos funcionarios occidentales no han abandonado la vieja idea de que un ejército de soldados cristianos puede invadir, ocupar y transformar con éxito a una sociedad islámica.

Muchos líderes occidentales empiezan con frecuencia sus conferencias con la observación de cuán peligroso se está tornando el mundo. En un discurso posterior al descubrimiento, en agosto de 2006, de un complot para hacer estallar vuelos trasatlánticos provenientes de Londres, el presidente Bush dijo: “El pueblo estadounidense debe saber que vivimos en un mundo peligroso”. Pero así como los líderes occidentales hablan de estas amenazas, parecen incapaces de reconocer que Occidente mismo podría ser la fuente fundamental de dicha peligrosidad. Después de todo, Occidente engloba a los países mejor gobernados del mundo, los más desarrollados en lo económico, los que tienen las instituciones democráticas más sólidas. Pero no se puede asumir que un gobierno que ejerce competentemente el poder en casa, sea igualmente capaz de afrontar los desafíos en el extranjero. De hecho, es más probable que lo opuesto sea verdadero. Aunque las mentes occidentales están obsesionadas con la amenaza terrorista islámica, Occidente hace un manejo indebido de los dos desafíos más inmediatos y urgentes: Afganistán e Iraq. A pesar de la grave amenaza del terrorismo nuclear, los guardianes occidentales del régimen de no proliferación de armas nucleares han permitido que éste se debilite de manera significativa. El desafío que plantean los esfuerzos de Irán para enriquecer uranio se ha agravado por la incompetencia de Estados Unidos y de la Unión Europea. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, en el frente económico parece inminente el fracaso de una ronda de negociaciones comerciales internacionales, la Ronda Doha. Por último, también el peligro del calentamiento global está mal manejado.

A pesar de todo, los occidentales rara vez hacen un ejercicio de introspección para entender las razones más profundas por las que estos problemas mundiales están mal manejados. ¿Existen razones estructurales internas que lo expliquen? ¿Acaso las democracias occidentales han sido secuestradas por el populismo competitivo y el “cortoplacismo” estructural que les impiden enfrentar los desafíos de largo plazo desde una perspectiva mundial más amplia?

Por fortuna, hoy algunos Estados asiáticos son capaces de asumir más responsabilidades debido a la fortaleza que adquirieron con la instauración de los principios occidentales. En septiembre de 2005, Robert Zoellick, entonces Subsecretario de Estado, hizo un llamado a China para que se convirtiera en una “parte interesada responsable (responsible stakeholder)” en el sistema internacional. China ha respondido de forma positiva, al igual que otros Estados asiáticos. En décadas recientes, los asiáticos han estado entre los mayores beneficiarios del orden multilateral abierto creado por Estados Unidos y los otros vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y hoy pocos desean desestabilizarlo. Nunca hubo tantos asiáticos en busca del confortable estilo de vida de la clase media. Durante siglos, los chinos y los indios sólo podían soñar con lograrlo; hoy está al alcance de casi 500 millones de personas en India y China. Su ideal es lograr lo que Estados Unidos y Europa alcanzaron. Quieren imitar a Occidente, no dominarlo. La universalización del sueño occidental representa un triunfo para Occidente, de modo que Occidente debe aceptar el hecho de que los países asiáticos se están volviendo competentes para manejar los desafíos regionales y mundiales.

El desorden de Medio Oriente

Las políticas occidentales han sido muy perjudiciales en Medio Oriente. Ésta es también la región más peligrosa del mundo. Sus problemas no sólo afectan a 7 millones de israelíes, a unos 4 millones de palestinos y a 200 millones de árabes; también afectan a más de 1 000 millones de musulmanes del mundo entero. Cada vez que hay un acontecimiento trascendental en Medio Oriente, como la invasión estadounidense a Iraq o el bombardeo israelí del Líbano, las comunidades islámicas de todo el mundo se preocupan, se angustian y se encolerizan. Y pocos de ellos tienen dudas sobre el origen del problema: Occidente.

La invasión y ocupación de Iraq, por ejemplo, fue un error multidimensional. La teoría y práctica del Derecho Internacional legitiman el uso de la fuerza sólo cuando se trata de un acto de autodefensa o cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad de la ONU. La invasión a Iraq, encabezada por Estados Unidos, no pudo justificarse por ninguna de estas razones. Estados Unidos y el Reino Unido procuraron la autorización del Consejo de Seguridad para invadir Iraq, pero el Consejo se negó. Por lo tanto, para la comunidad internacional quedaba claro que la guerra posterior era ilegal y que causaría graves daños al Derecho Internacional.

Esto ha creado un grave problema, debido, en parte, a que hasta este punto tanto Estados Unidos como el Reino Unido habían sido los principales guardianes del Derecho Internacional. Los pensadores estadounidenses y británicos, como James Brierly, Philip Jessup, Hersch Lauterpacht y Hans Morgenthau, desarrollaron la infraestructura conceptual base del Derecho Internacional, y los líderes estadounidenses y británicos pusieron la voluntad política necesaria para hacer que se le aceptara en la práctica. Pero ni Estados Unidos ni el Reino Unido admitirán que la invasión y la ocupación de Iraq fueron ilegales, ni abandonarán su papel histórico de guardianes principales del Derecho Internacional. Desde 2003, ambos países han hecho frecuentes llamados a Irán y a Corea del Norte para que pongan en práctica las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero ¿cómo pueden los transgresores de los principios de la ONU ser también quienes exijan su ejecución?

Un beneficio inesperado de la guerra de Iraq puede ser que ha despertado un nuevo temor a Irán entre los Estados árabes suníes. Arabia Saudita, Egipto y Jordania, entre otros, no desean tratar con dos adversarios y se inclinan a hacer la paz con Israel. El rey Abdullah de Arabia Saudita aprovechó la oportunidad de la Cumbre Especial de la Liga Árabe, en marzo de 2007, para relanzar su antigua propuesta para una solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí. Por desgracia, el gobierno de Bush ni aprovechó la oportunidad ni revivió los Acuerdos de Taba, en los que había trabajado el presidente Bill Clinton en enero de 2001, a pesar de que podían proporcionar la base para un acuerdo duradero, y los saudíes estaban preparados para respaldarlo. Durante sus primeros días, el gobierno de Bush se mostró listo para apoyar una solución de dos Estados. Fue la primera vez que un gobierno de Estados Unidos votó a favor en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinada a la creación de un Estado palestino y, en marzo de 2002, anunció que intentaría alcanzar dicho objetivo en 2005. Pero estamos en 2008 y se ha avanzado poco.

Estados Unidos ha hecho del ya de por sí complicado conflicto palestino-israelí un problema mayor. Muchas opiniones extremistas en Tel Aviv y Washington consideran que el tiempo siempre estará del lado de Israel. Los grupos de presión a favor de Israel que tienen el dominio completo del Congreso de Estados Unidos, la cobardía política de los políticos estadounidenses cuando se trata de crear un Estado palestino y el prolongado historial de ayuda de Estados Unidos a Israel respaldan este punto de vista. Pero ninguna gran potencia sacrifica para siempre sus intereses nacionales más amplios a favor de los intereses de un pequeño Estado. Si Israel se niega a aceptar los Acuerdos de Taba, inevitablemente acabará mal. Si lo hace y cuando lo haga, la incompetencia occidental se considerará su principal causa.

Nunca digas nunca

La no proliferación de armas nucleares es otro tema en el que Occidente, en especial Estados Unidos, ha empeorado las cosas. Durante mucho tiempo, Occidente ha estado obsesionado con el peligro de la proliferación de armas de destrucción masiva, en particular con las armas nucleares. Presionó con éxito para la ratificación casi universal de la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, la Convención sobre Armas Químicas y el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP).

Pero Occidente desperdició muchos de sus logros. Hoy, el TNP está legalmente vivo, pero espiritualmente muerto. El TNP fue problemático por naturaleza desde que el mundo se dividió entre los que tienen armas nucleares (los Estados que habían probado un dispositivo nuclear para 1967) y los que no las tienen (aquellos que no habían probado dispositivos nucleares). Pero durante 2 décadas, el tratado fue más o menos efectivo para prevenir la proliferación horizontal (esto es, la propagación de armas nucleares a otros Estados). Por desgracia, el TNP no ha hecho nada para prevenir la proliferación vertical, es decir, el incremento de la cantidad y la sofisticación de las armas nucleares entre los Estados nucleares existentes. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron trabajar juntos para limitar la proliferación. Los gobiernos de numerosos países que podrían haber desarrollado armas nucleares, como Alemania, Argentina, Brasil, Corea del Sur y Japón, se contuvieron debido a que consideraban que el TNP reflejaba un trato justo entre China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética (los 5 Estados nucleares oficiales y también los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) y el resto del mundo. Ambas partes acordaron que el mundo sería más seguro si los 5 Estados con capacidad nuclear tomaban medidas para reducir sus arsenales y trabajaban hacia un objetivo final de desarme mundial, y si los otros Estados se abstenían por completo de adquirir armas nucleares.

Entonces ¿qué salió mal? El primer problema fue que Estados Unidos, principal precursor del TNP, decidió alejarse del orden que tenía su fundamento en las reglas de la posguerra que él mismo creó, y mermó de este modo la infraestructura de la que depende la aplicación del TNP. Durante la época en que fui Embajador de Singapur ante la ONU, entre 1984 y 1989, Jean Kirkpatrick, Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, trató a la organización con desdén. De manera despreciable dijo: “Lo que sucede en el Consejo de Seguridad se parece más a un atraco que a un debate político o a un esfuerzo para resolver problemas”. Vio el orden de la posguerra como un conjunto de restricciones, no como un grupo de reglas que el mundo debía observar y que Estados Unidos debía ayudar a preservar. Esto debilitó al TNP porque sin “dientes propios”, sin mecanismos de autorregulación o sanción y una cláusula que permitía a los signatarios ignorar las obligaciones en el nombre de “intereses nacionales supremos”, sólo el Consejo de Seguridad de la ONU podía hacer respetar realmente el tratado. Y una vez que Estados Unidos empezó a desarmar todo el sistema, creó espacios para la violación del TNP y de sus principios. Por último, al ir a la guerra contra Iraq sin autorización de la ONU, Estados Unidos perdió su autoridad moral para, por ejemplo, pedir a Irán que se apegara a las resoluciones del Consejo de Seguridad.

El ataque directo al tratado por parte de Estados Unidos ha sido otro problema (y el de otros Estados con armas nucleares). El TNP es fundamentalmente un contrato social entre los 5 Estados nucleares y el resto del mundo, asentado, en parte, en el entendimiento de que las potencias nucleares deben, al final, renunciar a sus armas. En lugar de esto, durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética aumentaron la cantidad y la sofisticación de sus armas nucleares: en 1966, el arsenal nuclear de Estados Unidos alcanzó su nivel máximo con 31 700 ojivas nucleares y, en 1986, el de la Unión Soviética llegó a 40 723. Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron a tal grado sus arsenales nucleares que, de hecho, se quedaron sin objetivos militar y económicamente significativos. Desde entonces, las cifras han disminuido de forma considerable, pero incluso la cantidad de armas nucleares que poseen Estados Unidos y Rusia en la actualidad podría causar grandes daños a la civilización humana.

La decisión de los Estados nucleares de ignorar el programa de armas nucleares de Israel fue especialmente dañino para su autoridad. Ninguna potencia nuclear ha reconocido públicamente que Israel posee armas nucleares. Su silencio ha creado una laguna jurídica en el TNP y le ha quitado legitimidad ante los ojos de los países musulmanes. Las consecuencias han sido enormes. Hoy, el mundo musulmán se encoge de hombros cuando Occidente predica que el mundo se convertirá en un lugar más peligroso cuando Irán adquiera armas nucleares.

Para 1998, India y Pakistán ya se mostraban indiferentes al probar sus primeras armas nucleares. Cuando la comunidad internacional condenó las pruebas y aplicó sanciones a India, en esencia, todos los indios vieron a través de la hipocresía y de la doble moral de sus críticos. Al no respetar sus propias obligaciones bajo el TNP, las cinco potencias nucleares han privado a sus condenas de cualquier legitimidad moral; las críticas de Australia y Canadá, que también permanecieron indiferentes acerca de la bomba de Israel, tampoco tenían autoridad moral. El rechazo casi unánime del TNP por parte del establishment indio, que, por otro lado, está muy consciente de la opinión internacional, mostró cuán muerto estaba ya el tratado.

De vez en cuando, en las discusiones sobre armas nucleares, ha cabido el sentido común. El presidente Ronald Reagan dijo, más categóricamente que cualquier otro presidente de Estados Unidos, que el mundo estaría mejor sin armas nucleares. El año pasado, cuando todos tenían en mente la muerte inminente del TNP y la creciente amenaza de que las armas nucleares cayeran en manos de terroristas, el ex secretario de Estado George Shultz, el ex secretario de Defensa William Perry y el ex secretario de Estado Henry Kissinger, así como el ex senador Sam Nunn advirtieron en The Wall Street Journal que el mundo “está al borde de una nueva y peligrosa era nuclear”. Argumentaron que “a menos que se emprendan nuevas acciones, pronto Estados Unidos se verá obligado a entrar en una nueva era nuclear que será más precaria, psicológicamente confusa y, en el plano económico, aún más costosa que la disuasión de la Guerra Fría”. Pero es posible que estas advertencias hayan llegado demasiado tarde. El mundo ha perdido su confianza en las 5 potencias nucleares y ahora, en lugar de verlas como las guardianas del TNP, las ve como sus principales transgresoras. El cinismo privado de dichos Estados acerca de sus obligaciones con el TNP se volvió del conocimiento público.

Contrario a lo que Occidente desea que el resto del mundo crea, los Estados con armas nucleares, en particular Estados Unidos y Rusia, que conservan miles de armas, son la mayor fuente de proliferación nuclear. Mohamed ElBaradei, Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, advirtió en The Economist, en 2003: “La existencia misma de armas nucleares ocasiona su búsqueda. Son vistas como fuente de influencia mundial y se les valora por el efecto disuasivo que de ellas se percibe. Y mientras algunos países las posean (o estén protegidos por ellas mediante alianzas) y otros no, esta asimetría engendra una inseguridad mundial crónica”. A pesar de la Guerra Fría, la segunda mitad del siglo XX pareció mover al mundo hacia un orden más civilizado. A medida que el siglo XXI avanza, el mundo parece retroceder.

Partes interesadas irresponsables

Después de conducir al mundo hacia un período de crecimiento económico espectacular durante la segunda mitad del siglo XX, mediante la promoción del libre comercio mundial, recientemente se ha visto tambalear a Occidente en el ejercicio de su propio liderazgo económico mundial. Al creer que las bajas barreras comerciales y el incremento de la interdependencia comercial traerían como resultado altos estándares de vida para todos, los economistas y los formuladores de políticas públicas, tanto europeos como estadounidenses, ejercieron presión para una liberalización económica mundial. Como resultado, el comercio mundial creció de 7% del PIB mundial, en 1940, a 30%, en 2005.

Pero las actitudes occidentales dieron un giro radical desde que finalizó la Guerra Fría. Sin más ni más, Estados Unidos y Europa ya no tienen un interés especial en el éxito de las economías de Asia del Este, a las que ven menos como aliadas y más como competidoras. El cambio en los intereses occidentales se reflejó en el hecho de que Occidente proporcionó en realidad muy poca ayuda a Asia del Este durante la crisis financiera asiática de 1997 y 1998. El ingreso de China al mercado mundial, en especial después de su admisión en la Organización Mundial del Comercio, ha significado una gran diferencia, tanto en términos económicos como psicológicos. Muchos europeos han perdido la confianza en su habilidad para competir con los asiáticos, y muchos estadounidenses han perdido la confianza en las virtudes de la competencia.

Hay algunos asuntos complejos que es necesario resolver durante la ronda comercial actual, pero las negociaciones están, en esencia, estancadas debido a la convicción de los “campeones” occidentales del libre comercio de que el liberalismo comercial benéfico ha empezado a vacilar. Cuando los estadounidenses y los europeos empiezan a percibirse a sí mismos como perdedores en el comercio internacional, también pierden su voluntad para impulsar una mayor liberalización comercial. Desafortunadamente, al menos en este frente, ni China ni India (tampoco Brasil ni Sudáfrica ni ningún otro país en desarrollo importante) están listas para ocupar el lugar de Occidente. China, por ejemplo, teme que cualquier esfuerzo por buscar el liderazgo en esta área avive los temores estadounidenses de que está buscando la hegemonía mundial. Por lo tanto, China mantiene un perfil bajo.

Así están también Estados Unidos y Europa. De ahí que las conversaciones sobre comercio estén estancadas. El fin de la promoción occidental de la liberalización del comercio mundial podría muy bien significar el final del más espectacular crecimiento económico que el mundo haya visto. Pocos en Occidente parecen estar reflexionando sobre las consecuencias de abandonar una de las políticas occidentales más exitosas, que es lo que haría si permite que la Ronda Doha fracase.

Al mismo tiempo que los gobiernos occidentales están renunciando a su conducción de la economía mundial, también están fallando al asumir el liderazgo en el combate al cambio climático. Conceder el Premio Nobel de la Paz a Al Gore, ex Vicepresidente de Estados Unidos, ambientalista desde hace mucho tiempo, y al Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU, confirma que existe un consenso internacional de que el calentamiento global es una amenaza real. Los más enérgicos partidarios de que se ataque este problema provienen de las comunidades científicas estadounidenses y europeas, pero la mayor resistencia a cualquier tipo de acción efectiva proviene del gobierno de Estados Unidos. Esto ha confundido y dejado perplejo al resto del mundo. Mucha gente considera que el flujo de las emisiones actuales ocasiona principalmente el efecto invernadero. Éstas agravan el problema, pero la causa fundamental es la concentración de emisiones que se han acumulado desde la Revolución Industrial. Encontrar una solución justa y equitativa al problema de las emisiones de gas de efecto invernadero debe empezar por asignar su responsabilidad tanto al flujo actual como a la existencia de gases invernadero ya acumulados. Y en ambos aspectos, los países occidentales deberían tener mayor responsabilidad.

Cuando se trata de enfrentar cualquier problema perteneciente a la comunidad mundial, como el medio ambiente, parece apenas justo que los miembros más ricos de la comunidad tengan mayor responsabilidad. Se trata de un principio natural de justicia. También es equitativo, en este caso, debido al papel primario de los países desarrollados en la liberación de gases dañinos en la atmósfera. R. K. Pachauri, Director del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, expuso el año pasado que “China e India con seguridad han incrementado su participación, pero no están cerca de aumentar su nivel de emisiones per cápita al nivel de aquéllas del mundo desarrollado”. Desde 1850, China ha contribuido en menos de un 8% al total mundial de emisiones de dióxido de carbono, mientras que Estados Unidos es responsable del 29% y Europa Occidental es causante del 27%. Hoy, las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita en India equivalen sólo al 4% de las de Estados Unidos y al 12% de las de la Unión Europea. Aun así, los gobiernos occidentales no reconocen claramente sus responsabilidades y están permitiendo que muchos de sus ciudadanos crean que China e India son los obstáculos fundamentales para cualquier solución al calentamiento global.

Si un presidente demócrata sucede a Bush en 2009, Washington podría ser más responsable en este frente. Pero la gente de Occidente deberá hacer algunas concesiones auténticas si desea reducir de modo significativo su participación per cápita en las emisiones globales. Un sistema de fijación de límites máximos y de intercambio de los derechos de emisión podría resolver el problema. Lo más probable es que los países occidentales deban hacer sacrificios económicos. Una opción sugerida por el periodista Thomas Friedman puede ser aplicar un impuesto de 1 dólar por galón al consumo de gasolina en Estados Unidos. Gore propuso un impuesto al carbón. Sin embargo, hasta el momento, pocos políticos estadounidenses se han atrevido a hacer semejantes sugerencias públicamente.

Las tentaciones de Oriente

Occidente está fracasando en sus intentos por resolver los problemas de Medio Oriente, de la proliferación de armas nucleares, del estancamiento de la liberación comercial y del calentamiento global. Y este fracaso sugiere que está surgiendo un problema sistémico en la conducción occidental del orden internacional (uno que las mentes occidentales se niegan a analizar y a enfrentar abiertamente). Después de haber disfrutado durante siglos del dominio mundial, Occidente debe aprender a compartir el poder y la responsabilidad del manejo de las cuestiones mundiales con el resto del mundo. Debe renunciar a las organizaciones obsoletas, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y a otros procesos caducos, como el G8, y tratar con organizaciones y procesos con un alcance más amplio y una mayor representación.

Siempre ha sido contra natura que el 12% de la población mundial de Occidente disfrute de tanto poder mundial. Es comprensible que el otro 88% de la población mundial desee cada vez con mayor vehemencia tomar las riendas de la historia mundial.

En primer lugar, Occidente necesita reconocer que compartir el poder que ha acumulado en los foros mundiales debería servir a sus intereses. Reestructurar las instituciones internacionales para reflejar el orden mundial actual sería complicado con la ausencia de líderes naturales que realicen el trabajo. Occidente se ha convertido en parte del problema y los países asiáticos aún no están listos para tomar cartas en el asunto. Por otro lado, el mundo no necesita inventar ningún nuevo principio para mejorar la gobernanza global; los conceptos de buena gobernabilidad interna pueden y deben aplicarse a la comunidad internacional. Entre las mejores apuestas del mundo, se encuentran los principios occidentales de democracia, Estado de derecho y justicia social. Las antiguas virtudes de la asociación y el pragmatismo pueden ser un complemento.

La democracia, fundamento del gobierno en Occidente, se basa en la premisa de que cada ser humano en una sociedad es igualmente una parte interesada en el orden interno. Así, se elige a los gobiernos con base en “una persona, un voto”. En las sociedades occidentales, esto ha producido estabilidad y orden en el largo plazo. Con el fin de producir estabilidad y orden de largo plazo en todo mundo, la piedra angular de la sociedad mundial debe ser la democracia, y los 6 600 millones de habitantes del planeta deben convertirse en partes interesadas por igual. Para inyectar un espíritu democrático a la gobernanza mundial y a su toma de decisiones, se debe volver a las instituciones con representación universal, especialmente a la ONU. Las instituciones de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Internacional, gozan de amplia legitimidad debido a su afiliación universal, lo que significa que todos los países del mundo aceptan, por lo general, sus decisiones.

Hoy, el problema es que, a pesar de que muchos actores occidentales están dispuestos a trabajar con agencias especializadas de la ONU, se niegan a fortalecer a la institución central de esa organización, es decir, la Asamblea General, de donde emanan todas las agencias especializadas. La Asamblea General de la ONU es el órgano más representativo en el planeta y, sin embargo, muchos países occidentales aún son muy escépticos al respecto. Tienen derecho a señalar sus imperfecciones, pero pasan por alto el hecho de que esta asamblea imperfecta goza de legitimidad ante los ojos de los pueblos de este mundo imperfecto. Además, a veces la Asamblea General ha demostrado tener más sentido común y prudencia que algunas de las más sofisticadas democracias occidentales. Por supuesto que persuadir a todos los miembros de la ONU para que caminen en la misma dirección toma tiempo, pero la construcción del consenso es precisamente lo que otorga legitimidad al resultado. La mayoría de los países del mundo respeta y obedece la mayor parte de las decisiones de la ONU porque confía en su autoridad. Bien empleada, dicha institución puede ser un poderoso vehículo para tomar decisiones importantes en relación con la gobernanza mundial.

Hoy, el mundo no está dirigido por medio de la Asamblea General sino a través del Consejo de Seguridad, que, de hecho, está siendo manejado por los 5 Estados miembros permanentes. Si Estados Unidos adoptara este modelo, su Congreso sería reemplazado por un consejo selectivo constituido sólo por los representantes de los cinco estados más poderosos del país. ¿Sería posible que los otros 45 estados no consideraran absurda esta propuesta? Occidente debe cesar sus esfuerzos para prolongar su manejo antidemocrático del orden mundial y encontrar medios para incluir eficazmente a la mayoría de la población mundial en la toma de decisiones globales.

Otro principio fundamental en el que se debería basar el orden mundial es el Estado de derecho. Este venerado principio occidental insiste en que nadie, a pesar de su estatus, está por encima de la ley. Resulta irónico que, a pesar de ser ejemplar en la aplicación del principio del Estado de derecho en su territorio, Estados Unidos se destaque internacionalmente por mantenerse al margen de la ley, al rehusarse a reconocer las limitaciones del Derecho Internacional. Muchos estadounidenses viven cómodos con dicha contradicción, mientras esperan que otros países obedezcan mediante tratados aceptados por la mayoría. Los estadounidenses reaccionan con terror cuando Irán trata de abandonar el TNP. Sin embargo, están sorprendidos de que el mundo quede igualmente conmocionado cuando Washington abandona un tratado aceptado universalmente, como el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares.

Aún más dañina es la decisión del gobierno de Bush de exentar a Estados Unidos de las cláusulas del Derecho Internacional con respecto a los derechos humanos. Durante más de medio siglo, desde que Eleanor Roosevelt encabezara la lucha para la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Estados Unidos fue el campeón mundial de los derechos humanos. Esto fue el resultado de la sólida convicción ideológica de que Estados Unidos era el designado por Dios para crear un mundo más civilizado. También fue una buena arma ideológica durante la Guerra Fría: un Estados Unidos libre que luchaba contra una Unión Soviética oprimida. Pero el gobierno de Bush ha asombrado al mundo al alejarse de las convenciones de derechos humanos universalmente aceptadas, especialmente las de la tortura. Y así como no se podía esperar que el electorado estadounidense tolerara a un Procurador General que rompiera sus propias reglas de vez en cuando, ¿cómo puede esperarse que el cuerpo político mundial respete a un guardián del Derecho Internacional que viola estas mismas reglas?

Por último, en cuanto a la justicia social, los países occidentales se han vuelto negligentes. La justicia social es la piedra angular del orden y la estabilidad en las sociedades occidentales modernas y en el resto del mundo. La gente acepta la desigualdad, siempre y cuando exista alguna red de seguridad social para ayudar a los desposeídos. Muchos de los gobiernos europeos occidentales tomaron a pecho este principio después de la Segunda Guerra Mundial e introdujeron medidas de asistencia para prevenir revoluciones marxistas en busca de la creación de sociedades socialistas. Hoy, muchos occidentales consideran que están diseminando la justicia social globalmente con su ayuda masiva exterior para los países en desarrollo. De hecho, cada año, los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de acuerdo con las propias estimaciones de la organización, otorgan aproximadamente 104 000 millones de dólares a los países en desarrollo. Pero la historia de la ayuda occidental a los países en desarrollo es, en esencia, un mito. Los países occidentales han consagrado cantidades significativas de dinero a sus presupuestos de ayuda para el desarrollo, pero el propósito principal de dichos fondos es servir a los intereses de seguridad y a los intereses nacionales inmediatos y de corto plazo de los donadores, más que a los intereses de largo plazo de los receptores.

La experiencia de Asia muestra que ahí donde la ayuda occidental fracasó, el buen gobierno interno ha tenido éxito. Ésta es, quizá, la mayor contribución de Asia a la historia mundial. El éxito de Asia inspirará a otras sociedades de diferentes continentes para emularla. Además, el viaje de Asia hacia la modernidad puede ayudar a crear un orden mundial más estable. Hoy, algunos países asiáticos están listos para unirse a Occidente y convertirse en guardianes responsables del orden mundial; como los mayores beneficiarios del sistema actual, tienen poderosos incentivos para hacerlo. Occidente no acoge con beneplácito el progreso asiático, y sus intereses de corto plazo para conservar su posición privilegiada en diversas instituciones mundiales superan a sus intereses de largo plazo para crear un orden mundial más justo y estable. Por desgracia, Occidente ha pasado de ser el que solucionaba los problemas del mundo a ser su principal causante.

CHINA BUSCA ENERGÍA EN AMÉRICA LATINA


Wenran Jiang

El rápido crecimiento económico de China, que en promedio es de casi 10% anual desde finales de la década de 1970, ha generado una demanda sin precedentes de consumo de energía en los últimos años. A fin de satisfacer este enorme apetito energético, que es la clave para seguir industrializándose, Beijing ha seguido una estrategia "de salir al mundo", para lo cual alienta a sus compañías petroleras nacionales (NOC, por sus siglas en inglés) a comprar activos energéticos y derechos de producción en todo el planeta. Es así como China llegó a América Latina. Las aceleradas importaciones chinas de petróleo, gas natural y otros recursos naturales han constituido una presión sustancial en los mercados globales de energéticos. En Estados Unidos y otros países hay seria preocupación por las intenciones geopolíticas y geoestratégicas de Beijing, que se traslucen en su cada vez mayor presencia en África, Medio Oriente, Asia Central y América Latina.

Este artículo se concentra en la participación energética de China en América Latina. Primero plantea la búsqueda china de seguridad energética en América Latina en los contextos interno e internacional: qué impulsa el apetito de China de más energía, y cuál es el marco más amplio en lo económico y lo político en el cual Beijing opera en la región. En segundo lugar, revisa los esfuerzos para garantizar sus abastos energéticos de la región: cuáles son las más importantes iniciativas que ha emprendido ese país para entablar relaciones energéticas con América Latina, cómo han respondido los países anfitriones y otros actores, y si Beijing conduce su política exterior, a la hora de buscar seguridad energética en América Latina, en forma similar o distinta de sus compromisos energéticos en otras partes del mundo. Por último, examina el debate en torno a la llegada de China al hemisferio y sus implicaciones: cuáles son los beneficios y los impedimentos de los intereses energéticos chinos en la región, qué significa para Estados Unidos la llegada de China a América Latina, y cómo todos los actores implicados pueden evitar conflictos, entablando una coordinación de políticas mutuamente beneficiosa.

La rápida creación de vínculos entre China y América latina

Las relaciones económicas de China con los países latinoamericanos entraron en una fase de "luna de miel" con el cambio de siglo. En 2004, 49% de la inversión extranjera total de China fue a dar a América Latina: Perú fue el principal receptor regional de esa inversión en 2004, con 126 millones de dólares, seguido en segundo lugar por México, con 125 millones. El comercio de China con América Latina creció 600% de 1993 a 2003 y llegó a unos 50,000 millones de dólares a principios de 2005; y los compromisos empresariales entre China y los países latinoamericanos alcanzaron la cifra de 400 en los últimos años. En el contexto bilateral, Argentina llegó a un acuerdo con Beijing para elevar sus exportaciones a China de 3,000 millones a 7,000 millones de dólares en un plazo de cinco años; China se convirtió en el segundo mayor socio comercial de Chile después de Estados Unidos en 2004, en lo cual el volumen bilateral de negocios aumentó repentinamente 52% hasta los 5.5 miles de millones de dólares. En noviembre de 2005, China y Chile suscribieron un tratado de libre comercio, el primero en su clase de China en América Latina; y están en proceso negociaciones similares con otros países.

En el frente diplomático, la atención de Beijing hacia la región se intensificó al iniciarse el siglo XXI, cuando el presidente Jiang Zemin hizo una gira por América Latina en 2001, en la cual incluyó Venezuela, Cuba, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. La visita de Jiang a Caracas fue especialmente notable por sus conversaciones sobre cooperación energética con el presidente Hugo Chávez. El primer ministro Wen Jiabao viajó a México a finales de 2003, a lo que siguió la participación del nuevo presidente Hu Jintao en el duodécimo encuentro de mandatarios para la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y una visita de 13 días en otoño de 2004 a Brasil, Argentina, Chile y Cuba. Tan sólo un par de meses después, el vicepresidente Zeng Qinghong encabezó una delegación a México, Perú, Venezuela, Trinidad y Tobago y Jamaica, para fomentar aún más los lazos con la región. Luego Hu hizo una visita a México a finales de 2005 como parte de su gira norteamericana, que también lo llevó a Canadá y las Naciones Unidas. Y la más reciente visita china de alto nivel en marzo de 2007 fue de Li Changchun, miembro del Comité Permanente del Politburó del PCC y encargado del aparato de propaganda de China. Casi todas estas visitas fueron correspondidas por los jefes de Estado de esos países y algunos otros mandatarios de la región.

En lo político, Beijing ha establecido hasta ahora cuatro "alianzas estratégicas" con países latinoamericanos: Brasil, Venezuela, México y Argentina. Canadá se agregó a la lista en el otoño de 2005, cuando el presidente Hu Jintao visitó Ottawa. También existe el tradicional vínculo ideológico de Beijing con Cuba. En un contexto más amplio, China ha fortalecido compromisos de canales múltiples con la región. Además de su pertenencia al foro de la APEC y de su condición de observador en la Organización de Estados Americanos (OEA), Beijing está comprometido en organizaciones regionales como el Foro China-América Latina, el Diálogo para un Mercado Común China-América del Sur y las consultas China-Comunidad Andina, entre otras. En el viaje de alto perfil de 16 días que hizo Hu Jintao a América Latina en 2004, se firmaron 39 acuerdos que trataban de energía, inversión, educación y turismo. Como señaló William Ratliff, en su viaje Hu dedicó "más tiempo que [el que] George W. Bush pasó en toda América Latina durante su primer periodo de cuatro años como presidente".

El mayor socio comercial de China en América Latina es Brasil. En 2005 el comercio bilateral alcanzó los 14,800 millones de dólares. China es hoy el tercer socio comercial más grande de Brasil. Los cada vez mayores lazos económicos se basan en sólidos fundamentos políticos. Brasil, ya desde 1993, fue el primer país latinoamericano con el cual China decidió establecer una "alianza estratégica", término que en ese país se interpreta como el más alto grado de confianza mutua e interdependencia. Desde la década de 1990, 15 altos dignatarios y siete altos mandos militares chinos han visitado Brasil, y casi el mismo número de líderes brasileños visitó el país oriental.

México es uno de los mercados de más rápido crecimiento para China en el hemisferio occidental. En 2003, sustituyó a Japón como el segundo mayor socio de importaciones de México. Según datos del Banco de México, las importaciones mexicanas de China llegaron a 14,400 millones de dólares en 2005, cifra casi cinco veces la alcanzada en 2000.

El auge chino ha sido evidente en toda América Latina desde hace algún tiempo; sin embargo, las relaciones de China con Venezuela experimentaron un importante salto tan sólo en los últimos años. De acuerdo con las más recientes estadísticas aduaneras chinas, el comercio en ambos sentidos entre estos dos países se septuplicó de 2000 a 2005. Tras haberse casi duplicado el comercio bilateral en 2004, dio un salto de 60.6% en 2005, para alcanzar los 2,140 millones de dólares. En 2006 el volumen comercial de nuevo casi se duplicó llegando a los 4,000 millones de dólares. Y por primera vez, Venezuela envió un buque-tanque que transportaba 1.8 millones de barriles de petróleo a China en el verano de 2005 como parte del compromiso de que Venezuela llegaría alguna vez a proporcionarle 30,000 barriles de petróleo al día.

Cabe preguntarse si esta expansión en los lazos económicos y comerciales en América Latina constituye un patrón sustancialmente diferente del rápido desarrollo de las relaciones económicas de ambos países con otros continentes. Una simple comparación de los volúmenes comerciales de China con otras regiones del mundo no indica que haya alguna irregularidad. El comercio de China con América Latina se ha duplicado desde 2000, a 50,000 millones de dólares al año, y Beijing espera elevar su valor a 100,000 millones para 2010. Aunque ha alcanzado la posición de Japón en América Latina, la cifra palidece en comparación con los 800,000 millones de dólares que Estados Unidos negocia con la región cada año. La parte que representa América Latina en el comercio exterior de China es insignificante: su porción de importaciones chinas ascendió de 2% en 1990 a 4% en 2004, mientras que la de sus exportaciones se elevó de 1 a 3% en el mismo periodo. El comercio de China con otras partes del mundo creció en forma comparable. El comercio de China con sus principales socios comerciales, como se ilustra en la gráfica, creció más o menos al mismo ritmo que el que tuvo con América Latina. Incluso en África, donde el crecimiento económico ha sido lento, el comercio chino con el continente se cuadruplicó de 2000 a 2005. Los valores del comercio de China con África y Medio Oriente crecieron a una tasa más rápida que los habidos entre China y América Latina en el periodo 2001-2005.

La energía como nuevo tema central de las relaciones entre China y América Latina

A mediados de la década de 1990, China había cuadruplicado su economía desde finales de la década de 1970. Para 1993, se había transformado de exportador de petróleo en importador, y para principios del siglo XXI, su dependencia del petróleo extranjero se catapultó a alrededor de 40%. Ya ubicado como la cuarta mayor economía del mundo dado el impulso de cerca de 10% anual en el crecimiento del PIB, Beijing se ha propuesto la meta de cuadruplicar de nuevo su economía para 2020. A fin de lograr ese objetivo, China debe contar cada vez más con un abasto energético externo. Hoy China está consumiendo alrededor de 7 millones de barriles de petróleo al día. Aunque aún está muy atrás de Estados Unidos, que consume unos 20 millones de barriles diarios, se prevé que China alcance un nivel de consumo diario de 10 millones de barriles en las próximas dos décadas.

Es natural que Beijing haya hecho de la seguridad energética una prioridad nacional. China está importando cada vez más petróleo y gas, y sus demandas actual, potencial y percibida de petróleo y gas se cuentan entre los principales factores que han elevado los precios mundiales de los energéticos. Sus actividades extensivas en todo el mundo a la búsqueda de activos petroleros y gaseros han creado cierta ansiedad sobre el futuro del abasto energético mundial, acarreando incluso especulaciones en torno a un nuevo "gran juego", término que tradicionalmente se asocia con la competencia por el control de los recursos petroleros de Eurasia desde finales del siglo XIX. La búsqueda de energía de China ha llegado también a América Latina en años recientes, la región que durante mucho tiempo fue considerada el patio trasero de Estados Unidos.

En la llamada estrategia de salir al mundo (adquisición de derechos de exploración y operación en yacimientos petroleros y gaseros en el extranjero) para lograr la seguridad energética, Beijing ha identificado a América Latina como una de las tres principales regiones (junto con Rusia/Asia Central y Medio Oriente/África) que pueden ser los proveedores emergentes de energía para China. De hecho, la primera acción de una NOC china en una adquisición en el extranjero fue la compra por 250 millones de dólares de los derechos de explotación de yacimientos petroleros en Perú por parte de la Corporación Nacional de Petróleo de China en 1993, año en que China se convirtió de exportadora de crudo en importadora.

Muchos países latinoamericanos han obtenido una conveniente posición para atraer el interés chino en la cooperación en materia de energéticos y de recursos. En años recientes, la diplomacia de mayor nivel de Beijing en la región ha tenido el claro objetivo de incrementar las importaciones de energía y materias primas de América Latina. Por ejemplo, cuando el presidente Hu visitó el continente en 2004 llevó consigo varias docenas de altos ejecutivos de compañías relacionadas con los energéticos. A cambio de una provisión de largo plazo de combustibles y recursos, Beijing prometió hasta 100,000 millones de inversión en la región para los próximos 10 a 15 años y propuso duplicar el volumen comercial de 50,000 millones a 100,000 millones para el año 2010.

En Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo en América Latina, China entró en el sector energético mediante inversiones que van de un proyecto de infraestructura de 350 millones de dólares en 15 yacimientos petroleros a un proyecto de un yacimiento gasero de 60 millones de dólares para modernizar los ferrocarriles y las refinerías del país. La mayor NOC de China, la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), inició operaciones en Venezuela en 1997. Adquirió el acceso a explotar yacimientos petroleros y gaseros en el país. A cambio, Venezuela proporcionaría a China 100,000 barriles de crudo al día y otros combustibles. Según lo planeado, las exportaciones venezolanas diarias de petróleo a China habrían llegado a 160,000 barriles diarios para mediados de 2006, y alcanzarían los proyectados 200,000 barriles diarios para marzo de 2007. Para ampliar su capacidad de embarcar más productos petroleros a Asia, la compañía nacional de energéticos de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), anunció en mayo de 2006 que había firmado un acuerdo por 1,300 millones de dólares con la Corporación Constructora Naviera Estatal de China y la Corporación de la Industria Constructora Naviera de China para comprar 18 buques-tanque a ese país. Actualmente, Venezuela sostiene que 15% de su petróleo y productos relacionados son exportados a China, y espera que el porcentaje se eleve a 45% para 2012.

Además, en repetidas ocasiones el presidente Chávez ha propuesto y prometido a Beijing lazos más estrechos en el sector energético, incluso mediante una declaración provocadora: "Hemos estado produciendo y exportando petróleo por más de 100 años, pero han sido años de dependencia de Estados Unidos. Ahora somos libres y ponemos nuestros recursos a disposición del gran país que es China". Parece que a la fecha Chávez ha llevado sus palabras a la acción concreta. En marzo de 2007, el presidente de la CNPC firmó un acuerdo con Rafael Ramírez, su homólogo en PDVSA, para fundar la Compañía Petrozumano, una empresa conjunta encargada de transportar y almacenar hidrocarburos. Según un informe a Reuters:

Una empresa de 800,000 barriles diarios formada con la Corporación Nacional de Petróleo de China extraería 200,000 barriles diarios del bloque Junín 4 en el Orinoco y 400,000 barriles diarios del bloque Caraboro allí mismo. Otros 200,000 barriles diarios provendrían de un área llamada MPE3. La CNPC ya está certificando reservas en Junín 4. Tendría una contribución de 40% en la explotación de crudo de estas áreas. La calendarización aún no está determinada, pero Chávez ha dicho que quiere enviar 1 millón de barriles de petróleo a China para 2012.

Un orden de desarrollo así, si se realiza como pretende Chávez, hará que China se acerque a Estados Unidos como comprador de crudo de Venezuela. En la actualidad, Venezuela exporta alrededor de 1.5 millones de barriles diarios a Estados Unidos.

Brasil, el socio comercial más grande de China en la región, ha estado profundizando en sus relaciones energéticas con China en los últimos años. Cuando el presidente Hu visitó Brasil en 2004, llevó consigo el valor de casi 1,000 millones de dólares en contratos de inversión para los sectores portuario, ferroviario, minero y energético de Brasil. Grandes firmas chinas de energía suscribieron una serie de acuerdos con Petrobras, la compañía estatal brasileña de petróleo, para exportar crudo a China, y el establecimiento de empresas conjuntas para la construcción de gasoductos y otro tipo de infraestructura de energéticos. Pese a algunos recelos, estos contratos de inversión se han ido cumpliendo gradualmente. Durante la visita a Beijing del ministro brasileño de Minas y Energía, Silas Rondeau, en junio de 2006, los dos países firmaron un memorando de acuerdo para establecer un comité que aliente la cooperación en los sectores energético y minero. La comisión de desarrollo y reforma nacional de China declaró que ambas partes "intercambiarán información sobre políticas y regulaciones, estrategias de desarrollo e importantes proyectos en la esfera energética y minera" y fomentarían también la cooperación en petróleo, gas natural, energía renovable y electricidad. Apenas unos días después, el Ministerio de Minas y Energía de Brasil anunció que la Corporación de Inversión y Fiduciaria Internacional de China invertiría 1,100 millones de dólares para trabajar en proyectos nuevos y ya operantes en Brasil. Desde el otoño de 2006, Petrobras inició negociaciones con las empresas chinas Sinopec, CNOOC [China National Offshore Oil Corporation] y PetroChina para crear asociaciones potenciales en la exploración petrolera en aguas profundas.

En Ecuador, Andes Petroleum, con el respaldo de la CNPC, gastó 1,420 millones de dólares a finales de 2005 en la compra de yacimientos petroleros desarrollados por la compañía canadiense de exploración EnCana. Los yacimientos contienen reservas probadas de 143 millones de barriles de petróleo. Con un volumen comercial bilateral anual de 5,000 millones de dólares, el ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, Francisco Carrión, expresó un fuerte interés en llevar adelante aún más las relaciones en materia energética con China. Su posición era la de alcanzar una mayor diversificación: "No sólo queremos mirar al norte [es decir, a Estados Unidos], queremos mirar a todos lados; ya que el mundo se está haciendo más pequeño, queremos ser más pragmáticos". En Argentina, China prometió una inversión de 20,000 millones de dólares en ferrocarriles (8,000 millones), exploración de energéticos (5,000 millones), comunicaciones (700 millones) y otros proyectos de infraestructura (6,000 millones). China ya es el segundo mayor productor de petróleo en Perú (después de Argentina) tras su anterior entrada en el país. China también realizó negociaciones con México sobre cooperación energética. Beijing ha invertido en Cuba, concedido créditos a La Habana y recibido contratos para explorar un yacimiento petrolero mar adentro en la costa cubana.

La amplia participación china en materia energética en América Latina en los últimos años plantea una pregunta similar a la propuesta sobre las relaciones generales comerciales y económicas de China con la región: ¿acaso es desproporcionadamente mayor que la que China ha estado haciendo en otras zonas del mundo en su búsqueda de nuevas fuentes de energía y recursos? La respuesta parece ser "no", si esta actividad se considera en un contexto más amplio. Pese a todo su discurso y entusiasmo, Venezuela aún exporta la mayor parte de su producción de petróleo a Estados Unidos. La participación de China en África es de mayor alcance que en América Latina. Hoy China obtiene más de un tercio de sus importaciones petroleras totales de África, y Angola es el segundo lugar sólo después de Arabia Saudita en el suministro de crudo a China, con casi medio millón de barriles diarios. América Latina todavía debe recorrer un largo camino para emparejarse con África como proveedor petrolero de China. Las importaciones chinas de crudo de América Latina fueron de alrededor de 1% de sus importaciones petroleras totales en 2003, y con el reciente crecimiento fue apenas superior a 5% en 2006.

¿Está "invadiendo" China el patio trasero estadounidense?

Si bien China ha limitado hasta ahora su participación en el mercado energético y otras actividades económicas en América Latina, hay evaluaciones que difieren drásticamente acerca de su penetración futura en la región. No se han singularizado otros países en forma especial, pero la acelerada presencia de China en el subcontinente ha sido una fuente de creciente preocupación.

El primer grupo de pensadores tiende al alarmismo. Los titulares que atraen la atención proyectan una imagen de que es inminente una apropiación china de América Latina. Así lo advierte Phil Brennan en "China Trying to Control Latin American Oil" [China trata de controlar el petróleo latinoamericano] y en "China Filling U.S. Vacuum in Latin America" [China ocupa el vacío estadounidense en América Latina]. Otros ya creen que el continente está "Living in China's Shadow" [Viviendo a la sombra de China]. Willy Lam, el veterano periodista e investigador numerario de la Fundación Jamestown, catalogó la "invasión del patio trasero de Estados Unidos por parte de China" como "el inicio del saneamiento de América Latina". Humphrey Hawksley, de la BBC, declaró que la presencia china en la región era una "nueva revolución china en América Latina". Ante la "invasión de América Latina" de parte de China, como la llamó Saul Landau, surge la pregunta: "¿Está comiéndose China el almuerzo de América Latina?". Como lo resume June Teufel Dreyer, la especialista en China y miembro de la comisión económica y de seguridad Estados Unidos-China establecida por el Congreso estadounidense, Beijing tiene una estrategia calculada y claramente trazada en América Latina: extraer recursos y energéticos para continuar alimentando su continuo crecimiento económico, a menudo a expensas de sus socios comerciales en la región; ganar fuerza política mediante la construcción de diplomacia multilateral en el patio trasero de Estados Unidos en una campaña global contra la influencia de éste, y contener o reducir la presencia de Taiwán, que aún tiene relaciones diplomáticas con 12 pequeñas naciones caribeñas. "Sea como sea, las actividades de China en América Latina muestran una notable aceleración", concluyó Dreyer.

La segunda escuela de pensamiento es casi opuesta. La mayor parte de la gente de América Latina ve el ascenso de China como un acontecimiento positivo. Algunos valoran el inmenso potencial de mercado. Otros admiran el sostenido desarrollo económico que China ha logrado en contraste con los altibajos de los países latinoamericanos. A algunos países, como México, les preocupa la competencia que representa una China en ascenso. Sin embargo, mandatarios populistas como el presidente Chávez de Venezuela, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y otros en Argentina y Chile defienden la idea de forjar lazos más estrechos con China como parte de sus propios esfuerzos por diversificar sus economías de la dependencia del mercado estadounidense. Críticos de la política exterior de Estados Unidos, como Noam Chomsky, han ido más allá para arrojar una luz positiva sobre la alianza potencial entre los gobiernos que se inclinan a la izquierda en América Latina y una China en ascenso. Sostienen que la región se beneficiará de esa nueva alianza y pueden finalmente empezar a sacudirse el control tradicional impuesto por Washington; estos críticos sostienen que Estados Unidos es responsable en gran medida de los persistentes problemas en muchos de los países latinoamericanos.

Estas reacciones a la llegada de China a América Latina sin duda han acaparado la atención de los políticos de Washington, D.C. Congresistas estadounidenses están expresando sus preocupaciones por el incremento de las actividades chinas en América Latina valiéndose de diatribas parecidas a las de la Guerra Fría. Como dijo el congresista republicano Dan Burton: "Es extremadamente importante que no permitamos que un enemigo potencial de Estados Unidos se convierta en una fuerza dominante en esta parte del mundo". Su preocupación la expresó como sigue: "Chávez, Castro, Ortega, [y] Morales en Bolivia, y su conexión con China comunista... Creo que debemos prestar una atención especial a eso". El senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, quien emprendió un viaje a China en la primavera de 2006, coincide con Burton: "Este país no puede aceptar ni tolerar el estado actual de cosas más de lo que Ronald Reagan toleró las prácticas de la Unión Soviética".

El presente estudio corresponde a una tercera escuela de pensamiento, a saber: las actividades en materia energética y relacionadas de China en América Latina, que han estado incrementándose en los últimos años, no constituyen un patrón específico de expansión planeada en la región. No existe una fuerte correlación entre los movimientos económicos o políticos chinos en esta zona del mundo y una agenda calculada de antiyanquismo. Tampoco el involucramiento de China en los países latinoamericanos tiene una clara línea de preferencia ideológica. En general, la imagen de un incremento comercial con China y el crecimiento de la inversión china en América Latina son positivos. Los chinos han proporcionado a los países latinoamericanos las oportunidades para elevar su crecimiento y su comercio. La demanda china de importaciones está contribuyendo a las economías latinoamericanas. La competencia instigada por el país asiático es una preocupación considerable, pero la amenaza es conducida por los mercados y no se debe a una política mercantilista trazada por el gobierno chino.

La investigación no muestra pruebas convincentes con las cuales se pueda afirmar una clara correlación entre una serie de visitas chinas de alto nivel a la región en los últimos años y unas políticas económicas, políticas y estratégicas coordinadas de parte de China dirigidas a socavar los intereses de Estados Unidos. Al parecer, la pregunta es menos sobre que China esté amenazando a Estados Unidos y más sobre cómo las economías de la región pueden volverse más competitivas y desarrollar industrias y bienes con valor agregado más allá de las exportaciones de recursos. Jorge I. Domínguez, de la Harvard University, en un estudio reciente concuerda con muchas de las observaciones y buena parte del análisis de este escrito. Este estudio no se concentra particularmente en el sector energético, sino que tiene una visión más amplia sobre las relaciones de China con América Latina desde una perspectiva histórica. Según Domínguez, las relaciones sino-latinoamericanas sí tienen un tono antihegemónico, pero no tienen una base ideológica; más bien son de naturaleza pragmática. El incremento de los lazos comerciales entre China y la región no han afectado el comportamiento de votación de los países latinoamericanos en las Naciones Unidas. Muchos estados latinoamericanos disfrutan de un superávit comercial con Beijing.

La preocupación estadounidense por el desafío potencial de China para sus intereses en la región ha sido correspondida por los políticos, académicos y los medios chinos. Cuando Washington y Beijing sostuvieron por primera vez conversaciones de alto nivel sobre la presencia de China en América Latina en la primavera de 2006, la agenda estadounidense fue clara. "Queremos asegurarnos de que no haya cortocircuitos entre nosotros", dijo uno de los funcionarios que en ellas participaban. Por su parte, los chinos cubrieron el evento de una manera mucho más positiva, al considerar las discusiones como pasos alentadores hacia la eliminación de malentendidos y la construcción de confianza. Desde entonces, los diplomáticos y académicos chinos se han esforzado por aliviar las preocupaciones estadounidenses. El embajador de China en Estados Unidos, Zhou Wenzhong, aseguró a politólogos estadounidenses que Washington no debe preocuparse por las inversiones chinas en América Latina. "Mientras la inversión china en la región es de sólo 40,000 millones de dólares, la inversión estadounidense se ubica en alrededor de 300,000 millones de dólares", subrayaba Zhou; "las dos partes no deberían tener ningún problema en cuanto a la cooperación en la región."


Un desafío importante para los países latinoamericanos, China y Estados Unidos es el de formular políticas que promuevan la cooperación, beneficios mutuos y el desarrollo para fomentar la prosperidad regional en el largo plazo. Washington necesita una clara evaluación sobre el arribo de China a América Latina en su búsqueda de energía y otros recursos; debe asegurar que ambos países estén bien integrados en un patrón orientado al mercado para satisfacer las necesidades energéticas de todas las partes implicadas. Beijing necesita ser sensible al papel tradicional desempeñado por Estados Unidos en la región y no debe continuar con políticas fundamentalmente opuestas a los intereses de Washington; éstas serían perjudiciales para los intereses económicos chinos. Los gobiernos latinoamericanos deben considerar en qué medida los intereses de largo plazo pueden ser fomentados con la construcción de lazos más estrechos con China, y a la vez valorar lo suficiente la importancia de su tradicional mercado estadounidense.

INDIA Y SU ESTADO DE DERECHO



Simón Levy-Dabbah

El defecto inherente al capitalismo es la desigualdad en la distribución de los beneficios, mientras que el defecto inherente al socialismo es la igualdad en la distribución de la miseria. -- Winston Churchill

El progreso económico de Asia puede parecer seductor si se le considera superficialmente. En apariencia exitoso, sus logros hipnotizan y vuelven endebles las críticas de sus opositores. El caso de India en particular, al ostentar la "mayor democracia del mundo", ha puesto en jaque diversos modelos ideológicos y políticos e incluso el significado occidental tradicional de "estado de derecho", debido a que las características de los negocios en la globalidad -- viciados por la virtualidad -- privilegian la competitividad de los costos y dejan en segundo plano la legalidad.

India, país experto en crear sistemas de offshoring y outsourcing, que no ha abandonado la idea de un sistema legal ágil y promotor de la seguridad, obliga a una reflexión. Detengamos por un momento la incesante velocidad de sus espléndidos resultados económicos y tratemos de entender si su rumbo económico está creando en verdad un modelo de desarrollo sostenible, un aparato público sensible que reconozca al "estado de derecho" más como herramienta y garantía de crecimiento social que como un lastre o impedimento ante el nuevo pragmatismo político asiático que recorren, como una suerte de pandemia ideológica, varios países en busca de un modelo de buen gobierno.

Numerosos rascacielos de acero y cristal se elevan en el Distrito Bancario de la capital financiera de India. Allí se genera más de un cuarto de los impuestos directos del país, pese a que dos tercios de la población de Mumbai viven en zonas de abrumadora pobreza, donde la mayoría de los hogares carece de saneamiento y hasta de baño.

Un país cuya ley de quiebras y suspensión de pagos establece un procedimiento tedioso para cerrar una empresa y reorientar la fuerza laboral y empresarial hacia nuevas áreas parecería no tener demasiado rumbo. Sin embargo, pese a que India cuenta con ese tipo de inconvenientes, es ya la octava economía más grande del mundo, con un crecimiento de 8% anual, y se proyecta como una verdadera potencia al tiempo que su población ocupa el segundo sitio mundial.

Para describir el modelo político y jurídico de India podríamos decir que la tesis central de su estado de derecho -- con base en sus lastres del pasado -- consiste en promover en forma dinámica la facilitación administrativa, la capacitación y educación de excelencia y el desarrollo de inversiones, aunque no se ha ocupado de resolver la inoperatividad de su andamiaje legal. (Si no lo ha hecho ha sido porque su oferta de estabilidad jurídica representa una oportunidad mucho más clara de tranquilidad empresarial ante los retos e impensables problemas de quienes decidieron, en primer término, invertir en China.)

La competencia comercial que India sostiene con China ha sido tan fuerte que ha impedido que el primer país en comercio base su modelo de competitividad en una nueva dinámica jurídica, pues se ha concentrado en generar mayor talento en innovación empresarial y mano de obra altamente calificada para contrarrestar lo atractivo que resulta invertir en China -- todavía --, aunque India presente una propuesta que otorga a los inversionistas mayor certeza frente a la oferta china.

Crecimiento económico o desarrollo sostenible: ¿base para el estado de derecho?

El estado de derecho, al menos en la concepción occidental tradicional, obliga al funcionamiento imparcial del Estado, que dignifica y hace justicia a los débiles. Garantiza la separación de poderes y salvaguarda a los ciudadanos de las arbitrariedades del mando absoluto. Protege las libertades individuales y civiles. Sin la protección del estado de derecho, una democracia puede pasar rápidamente de la regla de la mayoría a la regla de la masa. Hay suficientes ejemplos, incluso hoy, que advierten que las sociedades que carecen de un estado de derecho vivirán algún día sin instituciones que promuevan la estabilidad social, donde el poder se proclame como la razón y quienes dispongan de armas establezcan las reglas.

Sin embargo, la estructura política de países como India ha adoptado el pragmatismo y el "dirigismo" para demostrar que el estado de derecho -- según sostiene el Partido Comunista de China -- radica en el progreso social y el desarrollo económico sistemático como fórmula y garantía de prosperidad. Es decir, de acuerdo con el gobierno de India la mayor protección social y jurídica para los gobernados es que el propio Estado sea el auténtico promotor del crecimiento económico, que garantice la posibilidad de convertir a su población en un ejército de fabricantes de valor agregado para establecer una oportunidad de acceso a bienes a su población. Asimismo, esta nueva izquierda pragmática, amante de los resultados y no de las ideologías, no abandona el dirigismo pero empieza a agilizar la necesaria privatización de las empresas estatales: por ello, observamos una mayor liberación del intercambio comercial y una mayor apertura a las inversiones extranjeras. El resultado es un marcado contraste entre un puñado de ricos y millones de seres en estado de miseria, que han renunciado al ideal de una equidad relativa, de una comunidad con oportunidades para todos.

Aunque 70% de la población de India vive en áreas rurales (Mumbai, Bangalore, Chennai), éstas son la expresión concentrada de sus múltiples contradicciones: economía orientada a la globalización, desarrollo disparejo, creciente, desigualdad entre géneros, delincuencia floreciente, inseguridad social, derrumbe de los servicios públicos y del estado de derecho, corrupción masiva y democracia en riesgo. De cualquier manera, la realidad de esas ciudades, como de India en su conjunto, no tiene nada que ver con los discursos del gobierno, según los cuales la globalización, las privatizaciones y la desregulación han mejorado la calidad de vida de la población y abierto el camino al desarrollo genuino.

La propaganda celebra 7% de crecimiento económico, aumento de la actividad bursátil, reducción de las tasas de interés, auge de la tecnología informática y telefonía celular (las líneas se triplicaron en dos años) y acelerada construcción de autopistas. Para muchos indios, estos anuncios, como el del auge de la bolsa, carecen de significado; menos de 60 millones de los 1100 millones de habitantes poseen ahorros en bonos o acciones. La caída de las tasas de interés, por otra parte, se inscribe en un proceso deflacionario que parece destinado a reducir los salarios, la capacidad de la industria nacional y la economía en general. Además, el auge de la tecnología informática origina una nueva clase de trabajadores de bajos salarios y duramente explotados en el extremo inferior de la cadena de valor agregado, en cuya cúspide se encuentran las empresas estadounidenses radicadas en Silicon Valley.

Call centers o ley laboral: ¿qué atrae la inversión?

El fenómeno del offshoring, es decir el traslado de inversiones para abaratar costos, ha propiciado que la infraestructura y la oferta de costos -- y no las debidas protecciones legales -- sean los verdaderos focos de decisiones para el establecimiento de operaciones de las multinacionales en la nueva oferta global.

El sector de crecimiento más acelerado es, tal vez, el más indigno de todos: los centros de atención telefónica en los que miles de jóvenes atienden consultas de todo el mundo durante 12 a 14 horas diarias por un salario de 150 dólares mensuales.

Sin embargo, empresas como Wipro o Infosys en India se ven ampliamente atraídas por la innovación, el pragmatismo, la capacidad y versatilidad de la mano de obra local más que por analizar metódicamente la seguridad legal del país. (No en balde descendió al puesto 124 del mundo en el Índice de Desarrollo Humano calculado por la Organización de las Naciones Unidas; según los datos, 47% de los menores de cinco años pesa menos de lo aconsejable; un cuarto de la población está desnutrida, y 35% vive con menos de un dólar por día.)

La realidad actual del estado de derecho indio

"El constitucionalismo, el imperio de la ley y la democracia se han arraigado en India a pesar de los antecedentes coloniales de esas formas institucionales, sometidas a las tensiones provocadas por un sistema de gobierno diverso y multicultural", afirma Pablo Bustelo, experto en economías asiáticas.

El Poder Judicial, con grandes atribuciones, corre peligro de politizarse, mientras que varias controversias políticas que deben resolverse mediante procedimientos democráticos se han convertido en cuestiones de derecho constitucional. Aunque existen límites para estas formas institucionales, el proceso de consolidación de la democracia y la descentralización gubernamental permite ver con optimismo el futuro de India como democracia constitucional. En lo jurídico son sintomáticos los retrasos en los ámbitos civil y penal. El proceso legal es siempre largo y requiere un desembolso monetario ilimitado por parte de los litigantes. En los casos civiles, los retrasos se deben principalmente a obstáculos técnicos y a estrategias de los abogados para desagilizar el proceso. Otro factor que contribuye a este escenario es que los jueces no dictan sentencia después de años de haber escuchado a las partes. En los casos penales, los retrasos se dan a causa de la incapacidad y, a menudo, la negativa del organismo que investiga de presentar cargos oportunamente después de finalizada una investigación. Incluso si se presentan los cargos, la fiscalía también puede contribuir a la demora del proceso. Un elemento adicional que provoca el retraso en los procedimientos es la falta de infraestructuras para analizar las pruebas. En India, la policía no está entrenada para reunir científicamente las evidencias ni para comprender su importancia.

Asimismo, es frecuente que muchos tribunales no cuenten con suficientes fiscales para representar a la parte acusatoria, lo que se traduce en la acumulación de casos año tras año. Es preocupante que, según la Asociación de Juristas de Asia, el exceso de trabajo hace que algunos jueces se pongan de acuerdo con los oficiales de policía para obligar a la gente a declararse culpable, ya que algunos casos pueden juzgarse en forma sumaria.

Según estadísticas recientes, el número de jueces por cada millón de habitantes es de 12 a 13. En 2004, había 163 vacantes en varios altos tribunales de todo el país. Otros estudios señalan que se necesitarían 324 años para resolver todos los casos; hay registros de que más de dos millones de procesos están pendientes de resolución (dos tercios son penales), lo cual afecta inevitablemente la confianza de la ciudadanía en el estado de derecho.

India se aferra a leyes laborales arcaicas pero, tanto allí como en China, el crecimiento dinámico no está relacionado con ideologías, sino que se concentra en sectores considerados por el gobierno como de menor importancia: las pequeñas empresas rurales chinas y los servicios de información y computación en India. Ésos son los sectores donde se permitió al capitalismo funcionar libremente y, una vez desmanteladas las barreras gubernamentales, la inventiva empresarial, sin el peso de la intervención, generó un dinamismo imposible de alcanzar por los planificadores

Modelos de buen gobierno: Occidente vs. Asia

El modernismo político occidental señala que no existe sociedad civilizada que no se esfuerce por proteger a sus miembros más débiles y desfavorecidos sobre la base misma de los derechos y valores humanos fundamentales, entre ellos: los derechos civiles y políticos; el derecho a la vida, la libertad y la seguridad; el derecho a la propiedad, a la no discriminación, al sufragio; el derecho a la libertad de expresión y de prensa; el derecho a la protección contra invasiones arbitrarias de la privacidad, la familia o el hogar, etc. También se ha reconocido que el espectro de los derechos humanos no puede excluir los derechos sociales, económicos y culturales esenciales, sobre todo el derecho al desarrollo y los derechos de los más endebles, como las minorías, las mujeres, los niños y los pueblos tribales.

Más que una filosofía eterna, India ve en el buen gobierno una herramienta para crear riqueza a su estilo. De acuerdo con la arquitectura política e ideológica de Occidente, gran parte de los axiomas políticos concluyen que el buen gobierno reside en el estado de derecho. En efecto, si hay algún elemento que, más que cualquier otro, constituye el núcleo interno de la democracia y distingue una sociedad progresista y moderna de una sociedad atrasada y medieval, es el estado de derecho. Sin embargo, la definición de las políticas públicas y la configuración cultural india muestran lo contrario. India trata desesperadamente de eliminar los vestigios del pasado monolítico mediante enormes empresas estatales que no hacen sino arrojar pérdidas.

¿Es sostenible el crecimiento económico sin seguridad jurídica?

La economía de India registra un sobresaliente crecimiento anual promedio del PIB desde 2003: 8.1% entre 2003-2004 y 2005-2006 (años fiscales, entre abril y marzo). Esa tasa no sólo es muy superior a la del trienio anterior (5.4%), sino la segunda mayor del mundo, después de China.

Tal crecimiento radica en la fuerte expansión del sector servicios (que supone la mitad del PIB) y, en menor medida, de la industria (27% del PIB); el sector primario muestra gran inestabilidad, resultado de la fuerte dependencia de la agricultura en la cantidad y distribución geográfica de las lluvias monzónicas. Pablo Bustelo señala que las causas principales de ese crecimiento son tres: 1) el consumo privado ha experimentado un gran aumento como consecuencia de la consolidación de una ya numerosa clase media, 2) el aumento de la proporción, en la población total, de la población en edad de trabajar, y 3) el auge del crédito al consumo.

La clase media india puede definirse de muy diversas maneras; utilizamos la del National Council of Applied Economic Research (NCAER), un prestigioso consejo de expertos de Delhi, según el cual el número de hogares con una renta anual de 200000 a un millón de rupias (4550-22500 dólares) habría pasado de 4.5 millones en 1995 a 16 millones en 2005. En número de personas, el incremento habría sido de 24 millones a 87 millones. La clase más acomodada (con ingresos anuales superiores al millón de rupias) habría pasado de 300000 hogares (1.7 millones de personas) en 1995 a 1.5 millones (8 millones de personas) en 2005.

Además, dada la juventud de la población india (la edad media es de 24 años, frente a los 33 años en China), la proporción de entre quienes están en edad de trabajar (15-64 años) y la población total aumentó de 59% en 1995 a 63% en 2005.

El crédito al consumo se elevó a una tasa anual media de 40% en 2000-2005 y su peso relativo en el total del crédito bancario se ha duplicado con creces. La segunda causa principal del alto crecimiento del PIB es el incremento de la inversión, que pasó de 26% del PIB en 2000 a 30% en 2005, beneficiada por bajas tasas de interés, ya que la tasa de descuento del Banco Central pasó de 6.5% en 2002 a 4.5% entre abril y octubre de 2004. Llegó a darse la paradoja de que, a mediados de 2004, los rendimientos de los bonos gubernamentales de India fueran inferiores a los de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que implicaba que, en teoría, el riesgo soberano de Estados Unidos fuera mayor que el de India.

Tales bajas tasas de interés se pudieron alcanzar y mantener gracias a la gran liquidez mundial y, en particular, a la entrada masiva de capital extranjero. El ingreso neto de capital foráneo fue de 28000 millones de dólares en el trienio 2000-2002 y de 72000 millones en 2003-2005; entre 2001 y 2004, pasó de 8500 millones de dólares (1.8% del PIB) a 31000 millones (4.5% del PIB), un incremento considerable en apenas tres años.

El tercer factor que cabe destacar es el aumento de las exportaciones de bienes y, sobre todo, de servicios. Las exportaciones de mercancías pasaron de 44500 millones de dólares en 2000 a 100660 millones en 2005, mientras que las de servicios crecieron aún más al pasar de 16300 millones a 52000 millones. En particular, las exportaciones de servicios de tecnologías de la información (STI) aumentaron de 6300 millones a 20000 millones, en buena medida a causa de la subcontratación internacional de esas actividades por parte de grandes empresas estadounidenses y europeas.

El crecimiento del PIB, debido principalmente a factores de demanda, se basa en un fuerte endeudamiento público y privado, propiciado por las bajas tasas de interés y por el aumento del crédito. La proporción de la deuda total (pública y privada) en el PIB pasó de 90% en 1999 a 125% en 2005.

Otra afirmación que sustenta Bustelo es que, aunque la renta per cápita ha aumentado con rapidez, la pobreza ha disminuido apreciablemente y otros indicadores sociales han mejorado de manera sustancial. El crecimiento ha ido acompañado de mayor desigualdad y desempleo, y ha sido más intenso en los estados occidentales (Gujarat, Maharashtra) y meridionales (Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh) que en los septentrionales (Punjab, Rajastán, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh) y orientales (Bengala Occidental, Assam). En términos generales, la renta per cápita de los primeros es mayor que la de los segundos, de manera que la expansión de los últimos años ha ensanchado la brecha entre estados. En cuanto a la distribución personal de la renta, las estimaciones del NCAER indican que, entre 1995 y 2005, la población de renta baja (con ingresos anuales de menos de 90000 rupias en 1995 o de 250000 rupias en 2005) pasó de 80 a 90% de la población total, de modo que el crecimiento reciente benefició principalmente al 10% más rico de la población, cuya brecha con el resto de la sociedad se ha ampliado. Los datos de la Comisión de Planificación indican que la tasa de desempleo aumentó de 7.3% en 2000 (27 millones de personas) a 9.1% en 2005 (36 millones). Algunas estimaciones señalan que, considerando el subempleo, los problemas de empleo en India podrían afectar al menos a 20% de la población económicamente activa (80 millones).

El crecimiento se ha manifestado también en un rápido deterioro del saldo exterior. Entre 2002 y 2005 las exportaciones de mercancías crecieron a una tasa anual media de 23.1%, y 28.7% las correspondientes a las importaciones. Especialmente notable es el incremento de las compras de petróleo (33.7%) y las importaciones no energéticas (28.7%). Así, el déficit comercial se triplicó en dos años (de 13700 millones de dólares en 2003 a 39600 millones en 2005), no sólo por el aumento internacional de los precios del petróleo, sino además por el de las importaciones de bienes de consumo, de capital e intermedios, inducido por el auge de la demanda interna. El déficit de la balanza comercial creció tanto que, desde 2004, excedió los superávits en servicios (por las exportaciones de STI) y transferencias (por las remesas de emigrantes). El saldo de la balanza por cuenta corriente, que fue positivo en 2003 (1.8% del PIB), pasó a ser ligeramente negativo en 2004, y deficitario en 17900 millones de dólares en 2005 (2.5% del PIB).

Una manifestación más del crecimiento es el aumento excesivo del crédito bancario (37% en 2004 y 36% en 2005), que provocó que el cociente entre depósitos y créditos pasara de 232% en junio de 2001 a 156% en abril de 2005, y a 138% en marzo de 2006. De seguir dicha tendencia, el porcentaje podría acercarse peligrosamente a 100%. En las grandes ciudades, el precio del suelo y de los edificios de oficinas y apartamentos también aumentó considerablemente: por ejemplo, el precio de las viviendas creció 40% en Mumbai desde 2003, y sólo en 2005 el precio de la propiedad residencial se incrementó una media de 25% en las 10 principales ciudades del país. El auge del crédito bancario y de los precios de los activos inmobiliarios (los bursátiles han sufrido ya una severa corrección) implica un riesgo de deterioro en la calidad de los préstamos y en la liquidez del sector financiero, así como un posible estallido de la burbuja especulativa en algunos segmentos de la propiedad inmobiliaria.

El creciente déficit corriente también representa riesgo y, sobre todo, implica que ese desequilibrio descanse en un déficit presupuestario muy elevado (7.7% del PIB en 2005), financiado, en buena medida, con capital extranjero volátil. En 2003 y 2004 la entrada acumulada neta de capital extranjero fue de 47700 millones de dólares, de los que 42% corresponde a la inversión en cartera y 11% a los créditos comerciales de corto plazo, es decir, un porcentaje conjunto de 53%, frente a un escaso 12% de inversión directa.

La virtualidad: ¿fábrica de riesgos para las inversiones?

Según datos del Reserve Bank of India, la proporción de capital volátil en la entrada neta de capital extranjero fue: 76% en 2003, 41% en 2004 y 77% en 2005. Con tales proporciones, existe el riesgo de que el país se vea muy afectado por un eventual cambio de dirección en los flujos de capital; por ejemplo, si hay un aumento más rápido de las tasas de interés en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, o si se extiende entre los inversionistas el temor a una desaceleración generalizada del crecimiento en la economía mundial en general y en las economías emergentes en particular.

Con todo, es cierto que India ha acumulado una cantidad significativa de reservas en divisas (163000 millones de dólares a principios de junio de 2006), que puede recurrir a una depreciación ordenada de la rupia al tener un sistema de flotación gestionada, y que ya exporta una cantidad apreciable y diversificada de bienes y servicios. En otros términos, la vulnerabilidad es menor que la que precedió a la crisis financiera de 1991.

La otra fragilidad principal se relaciona con la escasa creación de empleos. En concreto, el gobierno debe aumentar la inversión en infraestructura y modernizar la legislación laboral, al tiempo que el sector privado debe incrementar la inversión empresarial para mantener alto el crecimiento del PIB. Por su parte, el único sector capaz de crear empleos de forma masiva es el manufacturero. Los STI ocupan hoy a poco más de un millón de personas, y se cree que en 2010 darán empleo a 2.3 millones. Ese incremento equivale apenas a 2% del aumento previsto en la población en edad de trabajar. Por tanto, India necesita imperativamente un sector manufacturero de trabajo muy intensivo, como el que tiene China en textiles, artículos de confección, calzado, juguetes, componentes electrónicos, etcétera.

Después de la expectativa. . . La realidad de la legalidad india

El sistema judicial de India aún presenta aspectos discriminatorios en función de la casta, la tribu o las minorías, y afecta negativamente a los pobres, ya que no pueden darse el lujo de tener acceso a la justicia. Además, la gestión del sistema de justicia penal es ineficiente y obsoleta, y los recursos técnicos y humanos son insuficientes.

En India existe una maniobra para abandonar el sistema acusatorio que se instauró bajo la colonia británica y que, en la práctica, no ha demostrado todas sus ventajas. De todos modos, se considera un error que India pudiera asumir los aspectos del sistema inquisitivo criticado por la Corte Europea de Derechos Humanos, entre otros. Por consiguiente, la solución a los problemas de justicia en India pasaría por intentar mejorar el funcionamiento real del sistema de averiguaciones: refuerzo del sistema policial, del sistema de acusación, etcétera.

Se sostiene que la norma contra el inculparse a sí mismo es fundamento de la libertad individual y forma parte de la estructura básica de la constitución de India. El deber de la acusación es probar la culpabilidad. El cambio en la carga de la prueba sobre el acusado crearía una situación muy desfavorable. Además, en India es casi imposible tener acceso a abogados preparados y competentes, situación que podría proyectar una sombra sobre la libertad individual. En conclusión, el principio de la presunción de inocencia se vulneraría en detrimento de los más marginados.

Dado el contexto social de India, donde muchos pobres son objeto de acusaciones, éstos podrían sufrir presiones para pactar incluso cuando no estén implicados en ningún delito. De esta manera, si se contempla la figura jurídica del "pacto", la posición legalmente débil del acusado que no recibe la asistencia de un abogado competente podría abrir espacios de explotación. Hay una postura en contra de la pena de muerte, y más en el caso de India donde los errores judiciales son numerosos además de afectar sobre todo a los más pobres. También se apuesta por la introducción de penas, como el servicio a la comunidad, con el fin de fomentar la rehabilitación, y para que no sólo haya penas pecuniarias o penales. Si las víctimas son grupos sociales especialmente sensibles -- mujeres o pertenecientes a castas bajas --, los acusados podrían recibir cursos de orientación o de servicios a la comunidad.

Otro de los grandes retos es la lucha contra la corrupción. (En Hong Kong, como ejemplo paradigmático, hubo problemas de corrupción muy marcados en el sector público -- policía, sanidad, educación, vivienda, etc. -- hasta que la presión de la opinión pública obligó al gobierno a tomar cartas en el asunto.) India debe establecer una estrategia contra la corrupción a través de una agencia independiente.

Por último, es aconsejable que el sistema de averiguaciones vigente en India introduzca los cambios necesarios para mejorar sus resultados, ya aprobados en Reino Unido, Estados Unidos o Australia. Por ahora, aún existen deficiencias importantes en el sistema de justicia penal para proteger los derechos humanos y reparar o compensar los daños.

Faltas de competitividad en el proceso y sistema judicial

La constitución de India ha previsto órganos judiciales federales y estatales. Antes de la independencia, competía a los tribunales la aplicación de todas las leyes imperiales, fueran centrales o provinciales. Actualmente la Corte Suprema posee la facultad de interpretar la constitución y todas las leyes del país, factor que impide la competitividad judicial.

En India, las cuestiones constitucionales y las estrictamente legales pueden plantearse ante cualquier juez, si bien determinadas leyes sólo tienen aplicación local. Estas facultades han ocasionado que a veces se presenten, en cualquier rama del derecho, sentencias contradictorias dictadas por tribunales de primera instancia. Pero el problema crece porque unas pueden estar fundadas en el derecho indio y otras en códigos diversos; la contradicción surge también cuando existen diferentes interpretaciones a las leyes del Parlamento. En todos estos casos, se tiende a unificar criterios por medio de las sentencias de la Corte Suprema para dar uniformidad y seguridad jurídica.

De acuerdo con el artículo 141 constitucional, las sentencias de la Corte Suprema obligan a todos los tribunales de India, es decir, tienen efectos erga omnes. En la constitución se exhorta al Parlamento a ampliar las medidas que considere pertinentes con el propósito de que sus sentencias se cumplan en cualquier parte del territorio, y se determina que todas las autoridades civiles y judiciales están obligadas a auxiliarla en el cumplimiento de sus funciones (Art. 144).

Hacia un modelo de desarrollo sustentable de la globalidad

La transferencia del poder a los nuevos centros de toma de decisiones, y a los nuevos factores para el sector empresarial en el mismo sentido, están reconfigurando en términos absolutos el pensamiento y modelo occidentales de un "estado de derecho".

Advertíamos que hoy, y sobre todo debido a la virtualidad, en el mundo se privilegia la innovación humana y la competitividad de los costos más que la propia garantía de control y protección legal.



En los tiempos que corren es tan fácil optar por un nuevo territorio de competitividad, que ya resulta poco atractivo fijar posturas para entablar procesos judiciales. La facilidad para hacer negocios y la velocidad que requieren han obligado a las empresas a optar por la competitividad y la innovación comercial más que a la apuesta de un estado que proteja las leyes. En primer lugar, la apertura de la economía, por sí sola, no creará ni sostendrá un ambiente de competitividad. En segundo, los cambios legislativos surgen como consecuencia de la iniciativa de grupos determinados. En este sentido, se afirma que no debería suponerse que la industria, incluso en la era de la "globalización-liberalización", necesariamente demandará cambios en materia legislativa que conduzcan a la competitividad. En esencia, esto puede producirse por varios motivos y las empresas pueden llegar a organizar sus prácticas en torno a las leyes ya existentes, puesto que el contexto actual de India es nuevo y, por tanto, que se requieren nuevos marcos de acción para comprender y gestionar esta incipiente etapa económica y social, que concilien los aspectos más básicos para un desarrollo permanente, y no virtual, del despertar del gigante asiático.