lunes, 1 de septiembre de 2008

BIOGRAFIA: DMITRI MEDVEDEV


1. Un joven jurista de San Petersburgo

Hijo único de un matrimonio perteneciente a la intelligentsia leningradense, su padre, Anatoli Medvédev, era profesor de matemáticas en el Instituto Tecnológico y su madre, Yulia Shaposhnikova, impartía clases de lengua rusa en el Instituto Pedagógico Hertzen antes de emplearse como guía en un museo local. La familia vivía en un pequeño apartamento de 40 metros cuadrados en el suburbio de Kupchino. Chico serio y aplicado en sus estudios, asistió a la Escuela de Secundaria 301 de su ciudad natal para después matricularse en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado, un centro prestigioso que surtía de cuadros especializados en cuestiones legales y jurídicas a los distintos escalafones burocráticos del Estado y el Partido, aunque a la codiciada plaza de apparatchik sólo se accedía mediante rigurosa recomendación, algo que por el momento Medvédev no tenía a su alcance.

Corrían los primeros años ochenta y Medvédev, como otros muchos jóvenes de su generación, y más los habitantes de Leningrado, de siempre la urbe soviética más receptiva a las influencias extranjeras, se sentía vivamente atraído por la música rock occidental, que primero tenía que comprar a elevados precios en el mercado negro y luego, a partir de 1985, con más facilidad al socaire de la liberalización informativa y cultural impulsada por el nuevo secretario general del PCUS, el reformista Mijaíl Gorbachov. En su caso, era un entusiasta de grupos de heavy metal, como Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple, amén de los psicodélicos Pink Floyd, según ha explicado en entrevistas. También, era un aficionado de la fotografía y practicaba la halterofilia.

En 1987 Medvédev terminó la carrera de Derecho pero continuó estudiando dentro de un programa de posgrado, hasta 1990, año en que obtuvo el doctorado y la plaza de profesor auxiliar en la especialidad de Derecho Civil. El año anterior a la conclusión de su formación, 1989, el doctorando contrajo matrimonio con su novia desde la escuela infantil, Svetlana Linnik, una paisana de su misma edad, graduada en Economía y Finanzas, hija de militar y con genealogía judía. Precisamente el mismo origen, de creer un rumor extendido en su posterior etapa como político, que tendría él mismo por parte de los abuelos maternos, aunque el interesado ha negado implícitamente esta filiación familiar al precisar que los padres de su madre eran oriundos del óblast de Belgorod y portaban dos apellidos típicamente rusos, Shaposhnikov y Kovalyov. Por otra parte, el bautismo de él en la fe cristiana ortodoxa meses antes de la boda es comúnmente achacado a la influencia de Linnik, una mujer de convicciones religiosas. La pareja iba a tener su primer y único retoño, un niño, Iliá, en 1996.

1989 fue también el año en que Medvédev tuvo su primer contacto con la política participativa, al hilo de sus actividades en el Komsomol, la organización juvenil del PCUS, en la órbita de su profesor de Derecho, el carismático Anatoli Sobchak, un jurista muy popular entre los alumnos de la Universidad Estatal por su discurso reformista y sus maneras liberales, que le convirtió en una de las figuras más influyentes en los años de la perestroika. Entonces, Sobchak, con Medvédev de ayudante, se presentó con éxito a las elecciones directas al primer Congreso de Diputados Populares de la URSS, el nuevo superparlamento soviético ideado por Gorbachov, que estaba abierto a candidaturas no comunistas.

Ya en 1990, coincidiendo con la terminación del doctorado, Medvédev prolongó la colaboración con su mentor desde el Consejo Municipal de Leningrado. Tras convertirse en junio de 1991 en el primer alcalde democráticamente elegido de la capital del Neva, en lo sucesivo vuelta a llamar San Petersburgo, Sobchak retuvo a Medvédev en su entorno en calidad de experto legal asignado al Comité de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento; allí, el jurista se puso a las órdenes directas de Vladímir Putin, un paisano y condiscípulo de Sobchak en la Facultad de Derecho, trece años mayor que él, quien desde su licenciatura en 1975 había servido en el KGB durante década y media y que a partir de 1994 iba a ejercer de primer teniente de alcalde.

Su encuentro con Medvédev determinaría, años después, la entrada del joven doctor en Derecho en el escalafón de altos funcionarios del Kremlin, primer jalón de un vertiginoso ascenso institucional sólo superado por el fulgurante salto al poder del propio Putin, convertido en el protegido y el heredero del primer presidente de la Rusia independiente, Borís Yeltsin.

En 1991 Medvédev fue también coautor de un denso y muy elogiado manual de texto para universidades dedicado monográficamente al Derecho Civil ruso. En 1992, sin dejar de impartir clases en la Universidad y asesoría legal en el Ayuntamiento, prestó servicios legales a la compañía de seguros Rus, propiedad del empresario Borís Reznik, y probó fortuna en los negocios privados de tipo corporativo como socio fundador de una procesadora de celulosa llamada Fintsel. Un medio tan bien documentado como Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) indica que el futuro estadista aportó la mitad del capital societario de Fintsel, dando a entender la tenencia de un confortable colchón financiero que no casa bien con la humildad económica que otros informes de prensa adjudican a los Medvédev en sus primeros años de casados.

Se asegura que la señora Medvédeva, una mujer de fuerte personalidad, dinámica y emprendedora -si bien abandonó pronto una prometedora carrera como economista-, animó a su marido a no conformarse con su agradable pero escasamente remunerada plaza de profesor y con sus servicios asesores al consistorio, y a hacer también lucrativos negocios en un sector privado lleno de posibilidades. Gracias a sus múltiples contactos conseguidos en veladas sociales y actividades benéficas que absorbían su quehacer, y en las cuales se codeaba con personalidades de la renacida Iglesia Ortodoxa Rusa, Svetlana allanó la briosa incursión empresarial de su esposo.

En 1993 Fintsel constituyó con capitalistas suecos la compañía Ilim Pulp, que, con Medvédev de director de asuntos legales a la vez que dueño del 25% del capital societario, creció rápidamente hasta convertirse en la principal empresa papelera del país. En 1998 el jurista tomó asiento en la junta directiva de Bratskiy LPK, una planta procesadora del óblast de Irkutsk adquirida por Ilim Pulp el año anterior.

La pérdida por Sobchak de la alcaldía de San Petersburgo, como colofón a un dilatado período de acusaciones de corrupción y mala gestión del personal bajo su cargo, en las elecciones municipales de junio de 1996 puso término a la trayectoria de Putin como edil y de paso a la de Medvédev como asesor del Comité de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento. Pero la amistad y la confianza entre los dos coterráneos ya estaban cimentadas, y al cabo de tres años iban a generar un importante fruto.

2. Aterrizaje en el Kremlin de la mano de Vladímir Putin

En agosto de 1999 Putin, en su penúltima promoción antes de su encumbramiento definitivo por Yeltsin, que en el último año ya le había entregado la dirección del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y la secretaría del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa (SBRF), fue nombrado por el achacoso jefe del Estado primer viceprimer ministro y, sin solución de continuidad, primer ministro en sustitución de Serguéi Stepashin. Putin empezó a colocar en los puestos clave del Gobierno a toda una serie de paisanos, amigos y antiguos colaboradores de confianza, algunos de los cuales procedían del extinto KGB y los aparatos de seguridad –los informalmente llamados siloviki, u hombres de poder-, y otros del servicio civil y el mundo de los negocios de San Petersburgo.

Simplificadamente, cabía detectar en el primer grupo, del que Putin mismo era un perfecto exponente, una serie de enfoques políticos duros, con matices promilitares, nacionalistas y filosoviéticos, propios de antiguos uniformados amantes de la disciplina y el control social del Estado. Los segundos, en cambio, ofrecían un perfil más tecnocrático y pragmático que les haría interesarse sobre todo por los aspectos administrativos, económicos y puramente civiles de la cosa pública, dando pie a posicionamientos reformistas y liberales. Medvédev pertenecía obviamente a la camarilla petersburguesa de bagaje civil, pese a la ambigüedad que desprendía su desdén por las etiquetas de corte político, como en lo sucesivo iba a poner de manifiesto en comentarios y entrevistas.

En noviembre de 1999 Medvédev fue nombrado por Putin vicejefe del aparato administrativo del Gobierno ruso. Poco después, el 31 de diciembre, nada más convertirse en presidente de la Federación en funciones en virtud de la dimisión voluntaria de Yeltsin, Putin alineó una nueva Oficina Ejecutiva Presidencial o Administración Presidencial de la Federación Rusa (APRF) en la que el todavía joven doctor en Derecho -34 años- figuraba ostentando el puesto de adjunto a su renovado jefe, Aleksandr Voloshin.

Medvédev, acompañado por su esposa e hijo, se despidió de sus actividades docentes y empresariales en San Petersburgo e inauguró despacho oficial en Moscú. Siguiendo los pasos de su promotor, él mismo vicejefe de la APRF durante unos meses en 1998, el jurista se hizo cargo de la oficina de personal y de la agenda de trabajo de Putin, quien además le encomendó la dirección de su campaña para las elecciones presidenciales del 26 de marzo de 2000.

Una vez ganadas éstas y convertido, el 7 de mayo, en presidente titular, Putin premió generosamente a Medvédev: el 3 de junio le convirtió en primer vicejefe de la APRF y el 30 de junio dispuso su elección como nuevo presidente de la Junta de Directores de Gazprom, la empresa más poderosa del país, primera productora mundial de gas y poseedora en Rusia del práctico monopolio sobre la explotación de este hidrocarburo, en la que el Estado ruso poseía una cuota mayoritaria del 38,8%. Medvédev reemplazaba en este relevante cargo al veterano Viktor Chernomyrdin, quien fuera durante seis años primer ministro con Yeltsin.

En añadidura, el presidente puso bajo su supervisión una comisión presidencial dedicada a estudiar la reforma de la administración pública con el fin de mejorar la profesionalidad y atajar los comportamientos corruptos de los funcionarios del Estado. El 9 de abril de 2001 Putin sumó a su elenco de funciones la presidencia de un grupo de trabajo de 15 miembros con la misión de liberalizar el mercado de acciones de Gazprom; la idea era elevar el tope legal de participación de capital extranjero, preferentemente europeo, del 20% al 40% y beneficiar a la compañía con inversiones productivas. Pero a medio plazo el resultado iba a ser justamente el inverso: una disminución de la presencia foránea en el capital societario del gigante energético por debajo del 11% existente en 2001.

El 29 de junio Medvédev cedió la presidencia de la Junta de Directores de Gazprom a Rem Vyajírev, un preboste del círculo de Chernomyrdin, quien de esta manera era compensado por su no reelección como presidente ejecutivo de la compañía, cargo en el que había sido reemplazado por otro hombre de confianza de Putin, Aléksei Miller. Medvédev tomó una de las vicepresidencias, pero el 28 de junio de 2002 la Junta volvió a confiarle su presidencia de resultas de la dimisión de Vyajírev, cuya gestión no terminaba de gustar a los capitostes del Kremlin.

Lejos de internacionalizar la propiedad de Gazprom, Putin y el Gobierno concibieron una estrategia de afianzamiento del control estatal de la compañía para que ésta expandiera su poder económico más allá del sector energético y de paso sirviera a los intereses geopolíticos de Rusia. Dúctil a los deseos de su superior político y convencido él mismo de la necesidad de esta reestructuración, Medvédev orquestó toda una campaña de adquisiciones por Gazprom de medios de comunicación con fama de liberales e independientes, como el canal de televisión NTV –que había pertenecido al oligarca caído en desgracia Vladímir Gusinski y cuya mayoría accionarial la compañía terminó de arrebatar en abril de 2001-, la emisora de radio Eco de Moscú y el diario Izvestia, todos los cuales fueron integrados en la subsidiaria Gazprom-Media.

Para una parte de la opinión pública nacional y para multitud de observadores extranjeros, esta enérgica irrupción de la corporación gasífera en un terreno bien distinto del energético supuso un golpe mortal al pluralismo informativo en la nueva Rusia, formalmente democrática, de Putin, quien, alentado por el respaldo mayoritario de una población satisfecha con la estabilidad política, el aplastamiento de la secesión chechena y la prosperidad económica, y de un Parlamento enteramente sometido a sus designios, empezó a acumular ejemplos prácticos de su concepción vertical, acaparadora e intolerante del poder.

Más aún, bajo la presidencia de Medvédev, Gazprom adoptó una línea más agresiva en las relaciones comerciales con sus clientes de la antigua URSS, destacando por su conflictividad el caso de Ucrania, a los que se subió las tarifas de venta, y en la competición con multinacionales occidentales por la entrada en proyectos de explotación y la ganancia de cuotas de mercado. El refuerzo del componente estatal de Gazprom llegó al culmen en junio de 2005, cuando la Junta de Directores aprobó vender el 10,7% de las participaciones de la compañía a Rosneftegaz, una empresa rusa totalmente pública; con esta operación, el Estado pasó a poseer el 50% del capital de Gazprom. En septiembre del mismo año, el gigante compró el 72,6% de la petrolera Sibneft. Por el contrario, los proyectos de fusión con Rosneft y de adquisición de la parte del león de una tercera firma petrolera, Yukos -puesta en subasta en 2004 tras ser declarada en bancarrota- no prosperaron.

De todas maneras, Medvédev era, ante todo, el número dos de la intendencia del Kremlin, aunque no por mucho tiempo. El 30 de octubre de 2003 el todavía treintañero, sin menoscabo de su potestad en Gazprom, fue ascendido por Putin a jefe de la APRF en sustitución de Voloshin, quien había asistido con patente desagrado al arresto días atrás del patrón de Yukos, el magnate Mijaíl Jodorkovski, y al embargo por el Estado del 44% de las acciones bursátiles de la petrolera, hechos sin consultarle.

El apartamiento de uno de los últimos dignatarios de la época yeltsinista en beneficio de Medvédev, que recibía una oficina repleta de atribuciones y que de hecho era más poderosa que la del primer ministro, titularizada en estos momentos por Mijaíl Kasyánov (un economista de corte liberal que, siguiendo los pasos de Voloshin, iba a ser cesado en febrero de 2004 por sus críticas al golpe de mano contra Yukos), fue retratado como la enésima conquista del clan de San Petersburgo, el círculo de oficiales del Kremlin más allegados a Putin, aunque no podía hablarse de una camarilla homogénea; al contrario, Medvédev, como su nuevo primer adjunto, Dmitri Kozak, representaría un cierto liberalismo proempresarial y cosmopolita mal sintonizado con los recelosos siloviki, facción que tenía como miembros más conspicuos a los también vicejefes de la APRF Igor Sechin y Víktor Ivanov. Además, no se conocían enfrentamientos entre Medvédev y Voloshin.

Otra característica de Medvédev, que contribuía a desdibujar su personalidad, era su condición de hombre sin militancias: no pertenecía a partido alguno, ni constaba en su historial activismo a favor de unos colores más allá de su etapa juvenil en el Komsomol y su breve experiencia electoral con Sobckak en 1989. Ni siquiera había estado ligado a Unidad (Yedinstvo), el partido sin ideología y casi sin programa organizado a toda velocidad en 1999 para disputar con éxito las elecciones a la Duma celebradas aquel año y meses después para sostener la candidatura presidencial de Putin, como ahora mismo tampoco lo estaba a Rusia Unida (Yedinaya Rossiya), la gran formación oficialista fundada en 2001 a partir de la fusión de Unidad y la centroizquierdista Patria-Toda Rusia, que ganó con mayoría absoluta las elecciones legislativas celebradas el 7 de diciembre de este 2003.

Especulaciones sobre el verdadero pensamiento de Medvédev aparte, el jurista petersburgués sí ofrecía un perfil indudable: el de un subalterno del mandamás del Kremlin extremadamente leal, servicial y laborioso, menos interesado en las intrigas políticas y los movimientos fácticos que en su trabajo institucional; tales eran las características que más valoraba Putin en sus colaboradores, entre los que éste, a menos que la Duma enmendara dócilmente la Constitución y le facultara para optar al tercer mandato cuatrienal –extremo que no parecía contemplar-, tendría que escoger a su sucesor designado de cara a las elecciones presidenciales de 2008.

El refuerzo de las facultades de Medvédev en el organigrama del Estado continuó a buen ritmo. El 12 de noviembre de 2003 Putin le dio asiento en el SBRF y el 21 de abril de 2004, luego de ser reelegido aquel por aplastante mayoría en los comicios del 14 de marzo, la APRF estrenó una reordenación y delimitación de tareas que para su jefe supuso concentrar en sus manos toda la logística burocrática y la labor de análisis en las diversas áreas de las políticas doméstica y exterior, y la responsabilidad de elaborar los documentos de trabajo del presidente y su programa de actividades. Aunque seguía las instrucciones de Putin, la reestructuración de la oficina presidencial fue decretada por el propio Medvédev. Por otro lado, la sustitución de Kasyánov en la jefatura del Gobierno por un tecnócrata gris y exclusivamente funcional, Mijaíl Fradkov, vino a realzar el peso político adquirido por el edecán del Kremlin.

El siguiente y más sonado nombramiento se produjo el 14 de noviembre de 2005, cuando Putin le introdujo por la puerta grande en el Gobierno con el puesto de primer viceprimer ministro. Institucionalmente, Medvédev se ponía por delante del viceprimer ministro –desde marzo de 2004- Aleksandr Zhúkov y de uno de los pesos pesados del Ejecutivo y notorio silavik del clan de San Petersburgo, Serguéi Ivanov, antiguo general del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), ministro de Defensa desde 2001 y, desde ahora mismo, viceprimer ministro también. En lo sucesivo, el "liberal" Medvédev y el "halcón" Ivanov, quien compensaba con creces no ser técnicamente el número dos del Gobierno con un ascendiente político y una influencia pública muy potentes, encabezaron a la par, en incierta competición, todas las quinielas de los delfines más probables de Putin. En cuanto a la APRF, la vacancia de Medvédev fue cubierta por Serguéi Sobyanin, hasta ahora gobernador del óblast de Tyumen.

En la asignación de tareas en el Gabinete anunciada por Fradkov, a Medvédev, que continuó al frente de la Junta de Directores de Gazprom, le tocaron las áreas de competitividad económica, normativa antimonopolios, gestión de recursos naturales, protección del medio ambiente, relaciones con el poder judicial y desarrollo de medios de comunicación de masas, esto es, un variopinto elenco de funciones. En los meses siguientes, Medvédev, con su característico estilo sobrio y sutil, fue desplegando un activismo gubernamental que en buena parte canalizó a través del Consejo para la Implementación de los Proyectos Nacionales Prioritarios, lo más parecido a un gobierno paralelo, cuyo Presidium presidía (y del que Fradkov no era miembro).

La misión de este órgano estatal adscrito a la Presidencia era valorar los déficits nacionales en los ámbitos de la enseñanza, la sanidad, la vivienda, la familia y la agricultura, y coordinar la ejecución de los proyectos de desarrollo correspondientes, para los que el Estado reservaba importantes partidas presupuestarias. Problemas concretos de mucha seriedad eran el bajísimo índice de natalidad, que condenaba al vasto país euroasiático al crecimiento demográfico negativo, el fracaso y el absentismo escolar, o la mezquindad general del sistema público de salud, que contrastaba con la bonanza de la macroeconomía.

El puesto de primer viceprimer ministro dio mucha visibilidad a Medvédev, que realizó varias decenas de viajes a los entes territoriales de la Federación mientras seguía personal y públicamente allegado a Putin. Estas giras le permitieron tejer buenas relaciones con los diversos centros del poder regional. Unos vínculos cordiales que ya poseía con el disminuido pero aún influyente campo liberal del poder moscovita, y que hizo extensibles también a la élite empresarial de los oligarcas dejados en paz por el Kremlin y bien encarados con él, como Román Abramovich, Alisher Usmanov y Oleg Deripaska. Incluso se llevaba bien con varios destacados siloviki, único grupo de poder donde, en apariencia, podrían surgirle enemigos.

Aunque a la luz de los gestos externos esa impresión resultaba dudosa, los comentaristas de prensa no dudaban en hablar de rivalidad soterrada entre los dos jerarcas petersburguenses por su común ambición sucesoria. A favor del ministro de Defensa, 12 años mayor, jugaban su mayor conocimiento por el público y su imagen, indudablemente popular, de hombre enérgico preocupado sobre todo por la paz social, el orden territorial y la fortaleza de Rusia. Ivanov era conservador, pero de línea dinámica, y ante los medios mostraba mucha más soltura y simpatía que el cerebral Medvédev, captado a veces en poses taciturnas o abstraídas, aunque por lo menos se mostraba más afable que el casi siempre granítico Putin. Ivanov era también un comunicador brillante, en ruso y en inglés, mientras que el otro primer viceprimer ministro tendía al discurso plano e inexpresivo, y su inglés era menos fluido. Eso sí, cuando hablaba, sus palabras sonaban a moderación, no detectándose en ellas el áspero tono chekista caro a Putin e Ivanov.

De puertas adentro, Ivanov contaba con el apoyo de la cúpula militar, los cuerpos de seguridad, la industria armamentística y los abundantes nostálgicos del extinto poderío soviético. En este sentido, el ex oficial del KGB llevaba la voz cantante en el recobrado discurso de dureza frente a los aliados occidentales, que incluía en su repertorio de rechazos la expansión de la OTAN en el antiguo espacio soviético, el proyecto de defensa antimisiles de Estados Unidos y el Tratado de Antimisiles Balísticos (ABM) de 1972, entre otros motivos de discordia. Medvédev, en cambio, apenas venía pronunciándose sobre estos temas.

En opinión de multitud de observadores, Ivanov tomó la delantera a Medvédev el 15 de febrero de 2007 al ser designado por Putin primer viceprimer ministro, igualando el rango de su paisano, aunque al precio de desprenderse de la cartera de Defensa, que fue para Anatoli Serdyukov, el jefe del Servicio Federal de Impuestos. Pero los dos primeros viceprimeros ministros no estarían solos en esta competición. Así, las cábalas de periodistas y analistas alcanzaron a otros candidatos potenciales a la sucesión de Putin, aunque teóricamente con menos posibilidades. Éstos eran Serguéi Sobyanin, Serguéi Naryshkin, viceprimer ministro desde el 15 de febrero, Vladímir Yakunin, presidente de los Ferrocarriles de Rusia, y Borís Gryzlov, presidente de Rusia Unida y de la Duma.

Putin se reservaba el momento adecuado para hacer pública su elección, que seguramente tenía ya decidida, y sólo soltaba prenda en su reiterada confirmación de que en mayo de 2008 dejaría la Presidencia. En febrero indicó que no iba a proponer un sucesor de entrada, y que respaldaría a un candidato manifiesto una vez iniciada la campaña de las elecciones que debían celebrarse en marzo del año siguiente. Una interpretación literal de sus palabras sugería el escenario, completamente ficticio, de un estadista saliente que daba luz verde a la democrática confrontación de postulaciones en el campo oficialista, propiciando una especie de proceso de primarias que quedaría dirimido cuando él señalara a su favorito, tras las elecciones legislativas, que tocaban en diciembre.

La incertidumbre se disparó el 12 de septiembre de 2007 al producirse la dimisión de Fradkov, quien solicitaba la disolución del Gobierno con el objeto de "estructurar el poder" en consonancia con el período preelectoral del curso político, y nombrar Putin como nuevo primer ministro a Víktor Zubkov, el sexagenario responsable del Servicio Federal de Supervisión Financiera, un bregado alto funcionario procedente del aparato leningradense, tan poco conocido por el público como respetado en los círculos del poder.

La renuncia de Fradkov era esperada, pero no así su reemplazo por un oficial como el oscuro Zubkov, que tenía un perfil demasiado burocrático, amén de estar bastante entrado en años. Y es que los observadores habían dado por hecho que quien dirigiera el Gobierno durante las elecciones legislativas sería el heredero de Putin, quien de esta manera reproduciría para su sucesor el escenario que Yeltsin había dispuesto para él una década atrás. Así que el desconcierto fue general. Por si fuera poco, nada más tomar posesión, Zubkov declaró que no descartaba postularse él mismo para la Presidencia.

Esta afirmación, que necesariamente debía de contar con la previa aquiescencia de Putin, estimuló ahora la suposición de que el presidente, que con 54 años no era todavía un hombre mayor para la política, podría estar acariciando un plan de continuidad en el poder consistente en la promoción de Zubkov a la jefatura del Estado en 2008, lograda la cual, aquel le nombraría primer ministro para dirigir el Gobierno hasta el final del cuatrienio; en 2012, una vez vencido el período en blanco prescrito por la Constitución, Putin se presentaría a las elecciones presidenciales para –otra presunción en este hipotético cronograma- ganarlas y volver a tomar posesión del Kremlin.

Si el escogido ahora para dirigir el Gobierno hubiese sido Ivanov o Medvédev, semejante proyecto no habría merecido mucha credibilidad, al menos en su integridad, incluyendo la mudanza de 2012, ya que resultaba difícil de creer que cualquiera de los dos primeros viceprimeros ministros llevara a este extremo de docilidad instrumental su cacareada lealtad. En el caso de Ivanov, con su personalidad más marcada, la perspectiva se antojaba particularmente inverosímil.

El 14 de septiembre Putin estimuló el suspense al pronunciar desde Sochi las siguientes palabras: "Ahora hay al menos cinco personas que pueden competir por la Presidencia y pueden ser elegidas. Es bueno que otra persona haya aparecido, y que los ciudadanos rusos dispongan de una selección de candidatos donde elegir". El presidente se refería a seis candidatos representativos de todo el espectro político, no sólo del oficialismo. La mención de Zubkov estaba implícita, y los otros cinco podrían ser tanto Medvédev, Ivanov, Naryshkin y Gryzlov, como el ex primer ministro Kasyánov, que jugaba ya en el campo opositor y que había deslizado sus ambiciones al respecto, así como los incombustibles líderes de los partidos Yábloko, Grigori Yavlinski, y Comunista, Guennadi Zyugánov.

De hecho, el presidente, inquirido por los académicos con los que se reunía para que fuera más preciso sobre su particular quiniela, mencionó expresamente a Ivanov, a Yavlinski, a Zyugánov, y según uno de los presentes, también a Zubkov. El nombre de Medvédev no apareció. Putin, además, confirmó que quería mantenerse "políticamente activo" tras su retirada presidencial en mayo de 2008 y no descartó presentarse de nuevo a la Presidencia "en 2012 o 2016". Pese a todo, no pocos observadores seguían apostando por Ivanov como el verdadero hombre en la antesala presidencial. Se equivocaban.

3. Designación como sucesor y elección presidencial en 2008

El 2 de diciembre de 2007 tuvieron lugar las quintas elecciones a la Duma. El nuevo sistema electoral, exclusivamente proporcional, facilitó la obtención por Rusia Unida, con su incierta adscripción centrista-conservadora y sus acentos nacionalistas, centralistas y dirigistas, de una victoria apabullante con el 64,3% de los votos y 315 de los 450 escaños. Sólo otras tres formaciones –los comunistas de Zyugánov, los liberaldemócratas de Vladímir Zhirinovski y Rusia Justa, una agrupación de izquierda creada recientemente y presidida por el presidente del Consejo de la Federación, Serguéi Mirónov- sacaron representación.

La oposición (de la que sólo los comunistas, y no sin alguna reserva, podían considerarse parte en la nueva Duma), más menguada que nunca, denunció un sinfín de irregularidades, las fuertes cortapisas al pluralismo informativo y el ambiente general de presión a los electores, incluso coercitiva, para que votaran por el partido propresidencial, pudiéndose oír en este campo duras expresiones de descalificación. La OSCE certificó que los comicios habían incumplido los estándares democráticos requeridos debido sobre todo a la tendenciosidad de los medios de comunicación controlados por el Estado y a la ausencia de unas condiciones que permitieran la libre competición. Sin embargo, los monitores internacionales (muy pocos, sólo 400, la mayoría de la OSCE, para un país con 95.000 colegios electorales) no detectaron indicios de fraude generalizado. A Putin, en la cima de su renombre, no le hacía la menor falta: más de la mitad de los electores votaría a pies juntillas al partido o al candidato presidencial que él dijera, sin importar sus nombres, credenciales y programas.

Éstos eran los ecos triunfalistas que Putin estaba aguardando para dar a conocer su elección para la sucesión, que decoró con una escenografía democrática, el 10 de diciembre de 2007. Ese día, los líderes de Rusia Unida (Gryzlov), Rusia Justa (Mirónov), Poder Civil (Mijaíl Barshchevski) y el Partido Agrario (Vladímir Plotníkov) se personaron en el Kremlin para entregar al inquilino su "propuesta" de presentar a Medvédev como candidato presidencial del oficialismo.

Tras escuchar una descripción elogiosa de su favorito de boca de Gryzlov, Putin comunicó su respaldo a la opción ofrecida por cuatro partidos "que se apoyan en un amplia plataforma y representan los intereses de la mayoría de la población". En cuanto al personaje del día, manifestó: "Le conozco a fondo desde hace más de 17 años. Hemos trabajando juntos muy estrechamente y apoyo completamente su candidatura". A las pocas horas, un sondeo demoscópico confería al primer viceprimer ministro un índice de popularidad del 35%, 11 puntos más que en un chequeo realizado días antes de las legislativas y una ventaja de 14 puntos sobre Ivanov.

Subido al estrado-colchón reservado a los seguros ganadores y con toda la maquinaria del oficialismo –política, institucional y mediática, tanto pública como privada- trabajando a su servicio, con aspecto saludable, relajado y sereno –el fruto de varias horas semanales de gimnasia, yoga y natación, aseguraban los boletines promocionales-, Medvédev, colocado ante la primera prueba electoral de su vida, realizó una campaña que, al no serle necesario polemizar con otros candidatos o confrontar programas, destinó a fijar su imagen entre el electorado y a desgranar sus visiones de país y sus intenciones de gobierno.

El candidato partía de un balance positivo de los ocho años de presidencia de Putin, tiempo en el que Rusia había logrado estabilidad en todos los aspectos, un ritmo alto y sostenido de crecimiento económico (con una tasa del 8,1% en 2007, aunque se trataba de un crecimiento inflacionista y además excesivamente ligado a la fuerte demanda internacional de hidrocarburos y otras materias primas que el país exportaba, habiéndose generado una coyuntura de precios muy positiva que bien podía cambiar), arreglar su deuda financiera con el exterior, elevar el nivel de vida de la población, fortalecer su defensa militar y hasta "evitar la guerra civil", peligro conjurado y que había dado paso a la "esperanza de una larga evolución pacífica".

Apoyado en estos cimientos, Medvédev trazó una serie de mejoras prioritarias para los próximos años y décadas, en cuestiones tales como la disminución de la pobreza, la calidad de los servicios sanitarios y educativos del Estado, la cobertura del sistema público de pensiones, el desarrollo de la industria y la agricultura, la corrupción administrativa y la demografía declinante. La prosperidad de la economía debía continuar sin pausa, hasta meter a Rusia en el selecto club de las grandes potencias económicas en 10 o 15 años, igualando el poderío ya obtenido en el terreno militar. Un nuevo sistema fiscal no confiscatorio, "competitivo", que recaudara a las corporaciones lo que el Gobierno necesitase para cuadrar sus presupuestos pero no más, debería ayudar a las empresas más dinámicas -invariablemente, las del sector energético- pero necesitadas de capital inversor a expandir sus negocios y aumentar su producción.

El Medvédev más legalista asomó cuando expresó su pesar por los niveles de "nihilismo jurídico" y "desprecio al derecho" existentes en Rusia, que la alejaban de los vecinos europeos, y su intención de preservar la independencia del sistema judicial de las ramas ejecutiva y legislativa del poder. Igualmente, estaba comprometido con la salvaguardia de la libertad "en todas sus formas: libertades personales, libertad económica y, finalmente, la libertad de expresión".

Con respecto a las políticas de seguridad, defensa y exterior, Medvédev fue más escueto, aunque lo que dijo resultó significativo. Contrastando con la retórica más o menos amenazadora de Putin, el candidato propugnó una actitud abierta y dialogante con los países de la OTAN, y afirmó que Rusia y Estados Unidos, puesto que compartían "valores comunes", no tenían "otra opción que cooperar", a pesar de las diferencias en cuestiones fundamentales como el escudo antimisiles y la independencia de Kosovo, que rechazó categóricamente.

Por lo que se refiere a la organización de la estructura del poder, Medvédev dejó clara su intención de cumplir su parte del pacto con Putin ya el 11 de diciembre, en su primera alocución televisada como aspirante oficial. En aras del "mantenimiento de la capacidad de actuación del equipo formado por el actual presidente", Medvédev se dirigió a Putin para "pedirle" que diera "su consentimiento en principio para dirigir el Gobierno de Rusia tras la elección del nuevo presidente". El 17 de diciembre, ante los 483 delegados del Congreso de Rusia Unida reunidos para aclamar a mano alzada la candidatura de Medvédev, Putin comunicó su disposición a dirigir el Gobierno si los electores se decantaban por quien era "la opción óptima", "un experto y excelente jurista", un "brillante administrador con visión de estadista" y "una persona extremadamente honesta" que "cumplirá dignamente su labor en el más alto cargo del Estado". A continuación, el agasajado tomó la palabra para agradecer la nominación y señalar que había que seguir trabajando para "construir una Rusia moderna, próspera y orientada socialmente".

Putin aceptaba ser el primer ministro, pero puntualizó que asumiría tal función "sin cambiar las competencias de poder entre el presidente y el Gobierno". Si esto se cumplía, Medvédev, por lo menos de iure, se convertiría en el supremo e indiscutido dirigente del país a fuer del vasto elenco de atribuciones ejecutivas fijado por la Constitución de 1993, que otorgaba al jefe del Estado ruso las capacidades de determinar las orientaciones fundamentales de la política interior y exterior, nombrar al primer ministro de acuerdo con la Duma, destituirlo, presidir las sesiones del Gobierno, presentar iniciativas legislativas al Parlamento, elaborar la doctrina de seguridad y defensa, y comandar las Fuerzas Armadas.

En la práctica, en tanto que responsable del Consejo de Seguridad, el presidente ejercía una jurisdicción directa sobre los ministerios de Exteriores, Defensa, Interior, Justicia y Emergencia, y sobre el FSB. Además, de acuerdo con la nueva legislación introducida por Putin en 2005, nombraba y cesaba a su discreción a los gobernadores de los oblasts y a los presidentes de las repúblicas de la Federación, anteriormente elegidos en las urnas. Siempre en teoría, Putin limitaría sus prerrogativas a la gestión gubernamental, fundamentalmente en las áreas económica, financiera y presupuestaria, social y administrativa, y a la ejecución de las directrices presidenciales en las políticas exterior y doméstica.

Siguiendo con los formalismos, Medvédev registró su candidatura ante la Comisión Electoral Central el 20 de diciembre y la misma fue aceptada como válida por el organismo el 21 de enero de 2008. Sólo otros tres aspirantes pasaron la criba de la Comisión: Zyugánov, que lo intentaba por tercera vez tras su autoexclusión en la edición de 2004, Zhirinovski, que concurría por cuarta ocasión, y Andrei Bogdánov, líder del extraparlamentario y diminuto Partido Democrático de Rusia, único de los cuatro que esgrimía un discurso liberal y europeísta, aunque la mayoría de los observadores se inclinaba por adjudicarle un papel de mera comparsa con falso programa, para dar una fachada de pluralismo a unas elecciones cuyo ganador, y por muy abultada mayoría, era conocido de antemano.

Tal sería la intención del Kremlin luego de echar a pique la candidatura de un político liberal con más fuste como el ex primer ministro Kasyánov, opositor manifiesto y beligerante, postulante por su nuevo partido El Pueblo por la Democracia y la Justicia, quien fue retirado del registro por la Comisión Electoral con la explicación de que había falsificado muchas de las firmas de su aval popular. Otros tres candidatos de diverso signo fueron vetados a posteriori, mientras que cinco más no satisficieron los requisitos para la inscripción. El más notorio de ellos era el ex campeón mundial de ajedrez Garry Kaspárov, impulsor del movimiento social Frente Unido Civil y colíder junto a Kasyánov de la coalición de fuerzas opositoras La Otra Rusia. Kaspárov, con sus conflictivos actos públicos de denuncia, que recordaban los desafíos de los disidentes en la etapa soviética, se había convertido en el más enérgico detractor de la "dictadura" de Putin, pero su respaldo social era ínfimo.

Sin verdadera oposición y con un gigantesco despliegue estatal reclamando el voto para él, Medvédev afrontó la jornada electoral del 2 de marzo de 2008 como un trámite más, el último y necesario antes de alcanzar la cima del poder. Con una participación, según datos oficiales, del 69,7%, el candidato oficialista se proclamó ganador con el 70,3% de los votos –sólo un punto menos que Putin en 2004- frente al 17,7% de Zyugánov, el 9,3% de Zhirinovski y el 1,3% de Bogdánov. En las horas y días siguientes, los escasos observadores internacionales enviados a cubrir los comicios confirmaron la legitimidad de los mismos. El equipo del Consejo de Europa –la OSCE, en cambio, dejó a sus monitores en casa en protesta por las "severas restricciones" impuestas a su labor por las autoridades- concluyó que no se habían producido episodios de fraude ni violaciones o incidentes de importancia, pero puso sobre el tapete el tratamiento groseramente desequilibrado de los candidatos en los medios de comunicación y el abuso de la propaganda institucional.

Al final de la jornada, Medvédev y Putin, intentando transmitir una cierta informalidad pero sin salir de su rigidez habitual, hicieron su aparición estelar en el concierto de rock que celebraba en la Plaza Roja moscovita la victoria del primero; subidos al escenario y con los músicos detrás, los dirigentes discursearon con tonos triunfalistas a una entregada muchedumbre formada mayoritariamente por jóvenes.

En sus primeras declaraciones a los medios, el presidente electo confirmó su decisión de nombrar primer ministro a Putin, con el que iba a mantener una relación de "compañero y socio" en los próximos cuatro años, y enfatizó que las directrices de la política exterior rusa iban a partir de él, aunque sin menoscabo de la necesaria continuidad con respecto a la Administración saliente. Hasta la inauguración en el cargo, Medvédev sostuvo reuniones con dos altos dirigentes internacionales de visita en Rusia, la canciller alemana Angela Merkel, en Moscú el 8 de marzo, la cual le sondeó sobre qué había de cierto en el aviso lanzado horas antes por Putin de que los socios occidentales "no lo iban a tener más fácil" con su sucesor, y el presidente estadounidense George W. Bush, el 6 de abril en Sochi, quien salió del encuentro gratamente impresionado con la "rectitud" y la "inteligencia" de un hombre que, así se lo parecía, "dice lo que piensa".

El 7 de mayo tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión presidencial, celebrada con todo fasto y solemnidad, ante 2.500 invitados, en la sala del trono del Kremlin. El flamante mandatario prometió trabajar en pro del "desarrollo de las libertades cívicas y económicas" de sus conciudadanos, de "un verdadero respeto a la ley" y de una modernización económica que situase a Rusia "entre los líderes del desarrollo tecnológico e intelectual". Su primera decisión presidencial fue, previa recepción de la dimisión de Zubkov, emitir el nombramiento de Putin, quien simultáneamente tomó las riendas partidistas de Rusia Unida, formación a la que Medvédev rehusaba afiliarse por el momento por no parecerle "correcto". Al día siguiente, 8 de mayo, la designación de Putin para presidir el Gobierno fue aprobada por la Duma con 392 votos a favor y sólo 56 en contra.

LA POLÍTICA DE LA INDIA HACIA MYANMAR: LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES DE VECINDAD EN ASIA MERIDIONAL


Antía Mato Bouzas

El pasado 12 de enero de 2007, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fracasaba el último intento de presión sobre el régimen militar de Myanmar, al no prosperar una resolución iniciada por EEUU y el Reino Unido exigiendo reformas democráticas urgentes al país del sudeste asiático. La oposición al texto provino principalmente del veto de China y Rusia, del voto en contra de Sudáfrica y de la abstención de otros tres países, entre los que se encontraba Indonesia, miembro de la ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), al igual que Myanmar. Por ahora, éste parece constituir el último episodio de la creciente presión internacional sobre la junta militar birmana, pero hay que tener en cuenta que el país se localiza en una región crítica para los intereses de las grandes potencias, como China, la India y EEUU, y que cualquier desarrollo interno puede afectar indirectamente a ese frágil equilibrio.

La división en el Consejo de Seguridad es un reflejo de las dos posiciones dominantes que existen sobre la cuestión birmana. Una parte de la comunidad internacional es partidaria de una política más intransigente con la junta militar, principalmente por sus constantes violaciones de los derechos humanos, a través de la represión de algunas minorías, el uso de mano de obra forzada y la encarcelación y supresión de la disidencia política. Sin embargo, otro grupo de países, entre los que se halla el tradicional protector del régimen, China, los miembros de la ASEAN y los más recién llegados inversores como Corea del Sur y Japón, parecen optar por la construcción de lazos económicos con Myanmar como forma de promover un cambio democrático. Los defensores de la colaboración con los generales hacen hincapié en las crecientes posibilidades de inversión que ofrece el país, particularmente en lo que se refiere a la explotación de sus recursos naturales, puesto que la anterior Birmania posee la décima parte de las reservas de gas del planeta.

Dentro del grupo de países que ha estrechado lazos con el régimen de Nay Pyi Taw –la reciente nueva capital del país, situada a 320 kilómetros al norte de Rangún, construida para una mayor seguridad de la cúpula militar–, y el que quizá más ha modificado su política hacia Myanmar en la última década y media, está la India. Nueva Delhi ha pasado de ser un férreo defensor de la democracia en el país vecino –acogiendo parte de la disidencia política y apoyando públicamente a Aung San Suu Kyi, que estudió en la India en los años sesenta y a la que en 1995 se le concedió el premio nacional Jawaharlal Nehru de la paz– a desarrollar unas relaciones fluidas con la junta militar del Consejo para el Desarrollo y la Paz del Estado (en inglés, State Peace and Development Council o SPCD) mediante la firma de contratos económicos y militares. Este giro político ha arreciado las críticas a la India por parte de grupos defensores de los derechos humanos, como Human Rights Watch, y ha provocado un evidente distanciamiento de la política defendida por la mayor parte de los países occidentales con respecto a Myanmar, y especialmente por EEUU. No obstante, una mayor comprensión de la dinámica regional permite entender que la política exterior india hacia la anterior Birmania se mueve por determinados intereses nacionales y estratégicos, los cuales, si bien legítimos, no están exentos de problemas.

Desde mediados de los años noventa del siglo pasado, Nueva Delhi ha ido acrecentando sus contactos con el régimen de Rangún y desarrollando una política más activa para contrarrestar la enorme influencia de China. La principal preocupación del Gobierno indio era que, según Nueva Delhi, los grupos insurgentes del noreste del país recibían apoyo de China a través del territorio birmano, y que la influencia de Pekín en su vecino meridional iba dirigida a obtener una mayor presencia en el Índico, lo que sin duda afectaba a la seguridad y ambiciones de la India en la región. Sin embargo, también ha habido otros motivos, principalmente económicos, derivados del impulso de la política exterior india de “Mirada al Este” (conocida como Look East Policy), formulada a principios de los años noventa, cuyo objetivo es reforzar las relaciones con los países de la ASEAN. El ingreso de Myanmar en esa asociación en 1997 hizo que la India le prestase una atención especial, dado que constituye su principal frontera con el sudeste asiático. India y Myanmar forman también parte de otro proyecto de cooperación regional, el BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), aunque su repercusión económica es escasa. Esas realidades han ido afectando poco a poco al círculo decisorio de Nueva Delhi, concretamente a influyentes sectores inicialmente reacios al acercamiento con la junta militar, entre los que se ha ido imponiendo una actitud más pragmática, motivada principalmente por el creciente regionalismo que la India desea impulsar.

Así, se observa que, en los casi tres últimos años del Gobierno de coalición la UPA (United Progressive Alliance), la diplomacia india ha sido especialmente activa en estrechar lazos con el Gobierno de los generales de Nay Pyi Taw, dentro de una política de vecindad que el anterior secretario de Asuntos Exteriores, Shyam Saran, ha definido como de “conexión”. En octubre de 2004, el líder de la junta militar, el general Than Shwe, fue recibido con todos los honores durante su visita a la India, y a partir de entonces los intercambios políticos se han incrementado. Particularmente, desde marzo de 2006 han tenido lugar una serie de contactos de alto nivel entre los dos países, incluyendo el viaje del presidente indio a Myanmar el año pasado y la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores, Pranab Mukherjee, a mediados de enero. Los objetivos principales de estas visitas son económicos y de seguridad y aunque el factor “China” no ha desaparecido en las relaciones indo-birmanas, la política actual de Delhi hacia su vecino se caracteriza por nuevas dinámicas derivadas de la proyección de los intereses indios en la región.

La política de conexión

Como ya se señaló anteriormente, Myanmar representa la principal puerta al sudeste asiático de la India y es también uno de los países más cercanos con importantes reservas de gas natural, que el Gobierno de Delhi desea importar. Por ello, en enero de 2006, el anterior ministro indio de Petróleo y Gas Natural visitó el país y concluyó un memorando para la cooperación bilateral en el sector de los hidrocarburos. En cuanto a la adquisición de gas, además de las compras de gas licuado, la India pretende la construcción de un gasoducto desde la zona costera del conflictivo estado de Arakan (oficialmente denominado Rakhine), en los depósitos conocidos como Shwe, donde ya operan compañías indias (ONGC y GAIL), junto a las surcoreanas y a la participación estatal de la junta militar. El principal obstáculo al proyecto se halla en la resistencia de Bangladesh en dejar pasar el gasoducto por su territorio (el anterior Gobierno de Dacca pedía a cambio un corredor terrestre para fines comerciales hacia Bután y Nepal, al que la India se opone). La alternativa de dirigirlo por el noreste indio puede resultar muy costosa y de gran riesgo, dada la conflictividad en la zona a causa de la actuación de grupos insurgentes. No obstante, esa última opción es la que parece que se está imponiendo.

La política de vecindad y de conexión hacia Myanmar también se expresa por medio de la cooperación en una serie de proyectos de desarrollo que tienen por objeto mejorar los enlaces terrestres y fluviales entre los estados indios de Manipur y Mizoram y los vecinos estados birmanos de Chin y Arakan. El Gobierno indio se ha comprometido a realizar una inversión de 100 millones de dólares para desarrollar el puerto de Sittwe, situado en el suroeste del país y adyacente a los principales depósitos de gas. Igualmente, compañías indias están efectuando inversiones significativas en la mejora de las infraestructuras terrestres, puesto que Myanmar posee un sistema de comunicaciones aún deficitario. Estas acciones emulan, en cierto sentido, a las “medidas de amistad” llevadas a cabo por el Gobierno chino en países de la región, y en la propia Myanmar, y pretenden fortalecer la presencia del país en la sociedad, independientemente de los complejos avatares políticos. No hay que olvidar que la India y Myanmar comparten importantes lazos históricos y que en el país del sudeste asiático aún vive una minoría de origen indio, que desempeñó un importante papel económico en la época colonial, si bien padeció expulsiones y la discriminación bajo la dictadura del general Ne Win.
En el plano comercial, el volumen de intercambio entre los dos países permanece bajo, aunque la India es uno de los principales mercados, tras Tailandia y China, de Myanmar. Para el ejercicio 2005-2006, las exportaciones de Myanmar a la India se situaron en 489,1 millones de dólares (una séptima parte de las exportaciones totales del país en ese período), mientras que las importaciones sólo fueron 80,07 millones de dólares, según la Central Statistical Organization de Rangún. Myanmar compra fundamentalmente a sus socios de la ASEAN y también a Japón. Sin embargo, de prosperar los proyectos para la mejora de las comunicaciones entre ambos países y de materializarse el gasoducto, los lazos comerciales recibirían un gran impulso.

Por lo tanto, se puede afirmar que la política de conexión de la India con Myanmar está motivada por dos intereses económicos principales: la búsqueda de recursos energéticos para garantizar el ritmo de crecimiento de la economía india, y la apertura de nuevos mercados para sus productos, tanto en Myanmar como en el sudeste asiático. Esa línea de acción puede otorgar al gigante del sur una gran influencia en el país vecino, que el Gobierno indio debería utilizar para incidir en la necesidad de reformas democráticas.

La política de seguridad

India, Myanmar y Bangladesh comparten una frontera porosa donde operan una serie de grupos insurgentes asociados a movimientos de liberación nacional de los distintos estados del noreste indio (principalmente Assam, Nagaland y Manipur) y también grupos asociados a la liberación de estados de Myanmar como el de Arakan (y que se refugian principalmente en la frontera entre Bangladesh y Myanmar y en las zonas limítrofes del estado indio de Mizoram). A esta actividad se añaden los rumores de cierto apoyo de la militancia extremista religiosa de Bangladesh a los musulmanes de Arakan; no en vano ese país ha recibido el influjo de los refugiados rohingyas desde principios de los noventa, los cuales viven en precarias condiciones en al área de Cox’s Bazar, en el sudeste del país. Además de la presencia de estos grupos, y quizá asociada a ellos, en esta zona se registra una importante actividad ilegal asociada al narcotráfico y al contrabando.

Si bien tradicionalmente Myanmar ha hecho caso omiso de esta volátil situación, ahora la junta militar se muestra más receptiva a abordar el problema con la India, en parte porque el propio régimen también se ve amenazado desde dentro de sus fronteras. A pesar de ello, esta nueva relación no está exenta de problemas, puesto que el Gobierno de Nueva Delhi ha concedido el pasado mes de noviembre una importante ayuda militar a su vecino (consistente en equipamiento aéreo y terrestre y armas), que el régimen puede utilizar en incrementar aún más la violación de los derechos humanos. La colaboración de Myanmar es esencial para pacificar los estados del noreste, pero la opción militar puede agravar aún más la lucha de los distintos grupos que operan en la región. Es probable que la política del Gobierno de Nueva Delhi hacia el noreste indio, y la búsqueda de una implicación de Myanmar en ella, se encuentre determinada por los escasos resultados que han producido las conversaciones de paz con algunos de estos grupos y también porque, pese a que la India desearía tratar este problema con un gobierno democrático en el país vecino, la llegada de éste se demora.

El futuro democrático de Myanmar

Tal como se ha señalado anteriormente, la India preferiría la existencia de un gobierno democrático en Myanmar, principalmente por la estrecha relación de la junta militar con China, el principal competidor de la India en la región. Sin embargo, Nueva Delhi no parece tener problemas en impulsar unas relaciones que avanzan a un ritmo mejor que las de algunos de sus vecinos de Asia meridional, como Bangladesh. Mientras el Gobierno de Dacca se muestra reacio a todas las iniciativas indias y de otros organismos regionales dirigidas a impulsar el comercio en la región, el Gobierno de Nueva Delhi ha encontrado una mayor sintonía y receptividad hacia sus proyectos en Nay Pyi Taw.

Aún es pronto para determinar si progresan las medidas de democratización en Myanmar, dado el secretismo con que opera el actual régimen. Aparentemente, se está concretando la redacción de un texto constitucional que será sometido a refrendo popular en el 2008. La India, quizá al igual que otros países de la región, es partidaria de que se produzca una transición democrática desde dentro y, por ahora, hace caso omiso al intento de elevar la presión internacional sobre el régimen. Conviene tener en cuenta dos cuestiones: que no es del interés del Gobierno indio que se desarrolle un foco de tensión en su zona oriental (lo que incluso podría desatar críticas hacia su política en los estados del noreste indio), y que ante un cambio eventual de régimen en Myanmar, la India no va a perder su posición de socio privilegiado, algo que sí puede afectar a China si su vecino del sur se democratiza.

Conclusiones

El impulso de las relaciones indo-birmanas se basa primordialmente en una confluencia de intereses mutuos, económicos y estratégicos, y en la existencia de factores histórico-culturales y de vecindad. En este contexto, el entendimiento político e ideológico entre los dos Gobiernos juega más bien un papel discreto y aparece claramente en un segundo plano. Se trata, por lo tanto, de una relación y de una elección llenas de paradojas, pero hay que comprenderlas dentro del marco regional y dentro de las alternativas que cada país posee. Por un lado, la junta militar de Myanmar desea atraer inversores para el desarrollo del país y salir de su aislamiento mediante el cultivo de aliados en la zona, entre los que la India ocupa un lugar destacado. Por otro lado, el actual Gobierno de Nueva Delhi pretende mejorar las relaciones con todos sus vecinos en un escenario regional, el de Asia meridional, que se ha vuelto más convulso en los últimos años y en el que Myanmar representa sólo otra opción difícil, junto a Nepal, Bangladesh o Sri Lanka.

A la luz de la creciente presión internacional sobre los generales de Myanmar para que inicien reformas democráticas, sería deseable que la India recondujese sus relaciones con el país vecino, incidiendo en valores del respeto a los derechos humanos y favoreciendo un diálogo político. La India, en su condición de gigante regional cuyo gobierno es elegido mediante las urnas, puede jugar un papel muy positivo en una eventual transición democrática en Myanmar.

LOS ENFRENTAMIENTOS ARMADOS DEL MAYO LIBANÉS EN 2008: ¿DEMOSTRACIÓN DE FUERZA O TOMA DEL PODER DE HEZBOLÁ?


Félix Arteaga

Hacía 18 años que no se producían enfrentamientos armados entre libaneses desde que acabó su guerra civil (1975-1990). Los últimos combates en las calles libanesas se produjeron entre las fuerzas israelíes, las libanesas y las de Hezbolá hace 18 meses y para evitarlos se desplegaron los cascos azules de la Misión Interina de Naciones Unidas (FINUL II). La presencia de fuerzas internacionales ha permitido a las Fuerzas Armadas libanesas cobrar protagonismo en la seguridad de su país y desplegarse por primera vez en el espacio situado entre el sur del río Litani y la Línea Azul que marca la separación con Israel. El Ejército libanés cuenta con unos 55.000 soldados para cumplir sus misiones constitucionales y las impuestas por las resoluciones 1.559 y 1.701, por las que debe desarmar todas las milicias incluidas las de Hezbolá. Sin contar con la capacidad militar necesaria para cumplirlas y corriendo el riesgo de dividirse si lo hace en sus componentes suní, cristiano, druso y chií, el Ejército se ha esmerado en mantener su neutralidad institucional y trata de convertirse en un instrumento de último recurso para no caer en la espiral de enfrentamientos entre facciones. Desbordado por la precariedad del orden que debe mantener y contando sólo con el apoyo de las fuerzas policiales de la Seguridad Interior, no acaba de cooperar como esperaba UNIFIL en las tareas de búsqueda de armamento y control de las fronteras para prevenir su entrada, lo que reduce la presión sobre las milicias armadas y da pábulo a las reclamaciones israelíes de connivencia con Hezbolá.

Este perfil bajo se alteró en 2007 cuando las Fuerzas Armadas libanesas tuvieron que enfrentarse a los militantes de Fatah al-Islam, un grupo islamista suní afín a al-Qaeda para garantizar la seguridad del campo de refugiados Nahr el Bared, al norte de Trípoli. El enfrentamiento mostró la decisión del Ejército de combatir las milicias armadas con todos sus medios, pero también su falta de contundencia porque tardó casi cinco meses en desalojar a los ocupantes y sufrió la mitad de las aproximadamente 300 bajas totales en los enfrentamientos. En cualquier caso, la victoria aumentó la autoestima de las Fuerzas Armadas libanesas y su función institucional ganó enteros. En contrapartida, su ascenso le colocó entre el punto de mira del Gobierno, que comenzó a prodigarle en tareas de orden público, y el de Hezbolá, que comenzó a presionar a las Fuerzas Armadas para que no tomaran partido en apoyo del Gobierno. Hezbolá teme que un Ejército con moral y capacidad se anime a desarmar a sus milicias o que el Gobierno libanés pro-occidental le obligue a hacerlo. De ahí las advertencias del secretario general de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, sobre las consecuencias de intentarlo. Hasta ahora, Hezbolá ha evitado enfrentarse abiertamente con el Ejército porque su estrategia consiste en anular su iniciativa y cualquier ataque directo podría romper el distanciamiento y la neutralidad en la que se han instalado las fuerzas armadas para desesperación del Gobierno. Mientras se mantenga ese pacto tácito, Hezbolá no pasará la línea roja de un enfrentamiento abierto y aunque rechaza la candidatura del general Michel Suleiman a la Presidencia libanesa por razones obvias, no ha dudado en condenar el último gran atentado contra las Fuerzas Armadas: el del general François Haj, responsable de los combates contra Fatah al Islam, a quién Hezbolá ha elogiado por su lucha contra Israel. Por el contrario, mantiene una lucha abierta con las fuerzas policiales para evitar que la policía controle o penetre su dispositivo militar y de inteligencia. A las amenazas contra el general Ashraf Sifi, director general de las Fuerzas de Seguridad Interior, se une el reciente asesinato el 25 de enero del capitán Wissam Mahmud Eid, un oficial de inteligencia suní que vigilaba los feudos y células chíies de Beirut y cuya autoría se atribuye a Hezbolá.

Tras el éxito de su resistencia armada frente a Israel, Hezbolá comenzó a rearmarse para reponer sus inventarios y estar en disposición de hacer frente de nuevo a Israel si se reproducía el enfrentamiento. Simultáneamente, optó por aprovechar los dividendos políticos de su resistencia y se postuló como una fuerza social, religiosa y étnica en ascenso pidiendo la cuota de poder que le corresponde. Esta vía política, en lugar de llevarle a desmovilizar su estructura militar, se vio acompañada de una expansión de infraestructuras, miembros y actividades al norte del río Litani. El último informe del secretario general, Ban Ki-moon, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la implementación de la resolución 1701 constata la ostentación abierta de sus actividades militares y la inacción del Gobierno libanés para contenerla.

A la ampliación cuantitativa hay que añadir el salto cualitativo que está realizando para dotarse de capacidades de mando y control e inteligencia de última generación. El trasiego de agentes sirios en los barrios chiíes y el de instructores iraníes en los campamentos de entrenamiento de Hezbolá –cuando no en las instalaciones diplomáticas iraníes en Beirut– refleja una reestructuración de las milicias para dotarlas de mayor capacidad operacional que la actual y permitirles actuar con más iniciativa en lugar de mantenerse resistiendo a la espera de una agresión. Resulta difícil conocer qué parte de la asistencia iraní y siria que recibe Hezbolá se dirige a preparar un futuro enfrentamiento con Israel y qué parte se destina a hacerse con el poder en Líbano pero, juicio de intenciones aparte, Hezbolá cuenta cada vez con mayores y mejores capacidades militares de actuación. Por ejemplo, ha creado su propia red de comunicaciones estratégicas parcialmente superpuesta a la comercial del Líbano, de forma que no es posible destruir una sin afectar a la otra, al menos durante algún tiempo. Esta red le permite ejercer el mando y control de sus operaciones y resistir la guerra electrónica de Israel o, en su caso, los ataques convencionales sobre las torres de comunicación de la telefonía móvil, un objetivo que no tiene el Gobierno de Beirut pero sí el de Tel Aviv entre sus opciones militares en caso de conflicto. La parasitación de redes civiles de Internet, voz y mensajería celular facilita el enmascaramiento de Hezbolá y le ofrece redes alternativas en caso de que se perturbe alguna malla de comunicación. También le permite intervenir las comunicaciones de las facciones rivales que carecen de medios de encriptación y desarrollar operaciones de inteligencia que no serían posibles sin las capacidades de combate informacionales (infowar) que la asistencia siria e iraní han puesto en sus manos. La percepción de la ventaja estratégica que proporciona esa red de comunicaciones a Hezbolá está detrás de la decisión del Consejo de Ministros de suprimirla para evitar que se acabe empleando como las milicias para la lucha interna por el poder.

El estancamiento político como punto de partida de los enfrentamientos

La situación política en Líbano sigue estancada y en creciente deterioro. Aunque su manifestación actual sea la falta de acuerdo para elegir a un presidente, su causa última es la necesidad de definir un nuevo marco político que supere al caducado Acuerdo de Taif de 1984. El sistema de reparto confesional de las responsabilidades políticas definido en él se encuentra agotado y todos los intentos de adaptarlo se han estancado. El equilibrio numérico fijado por el censo de 1964 casi a partes iguales entre cristianos, por un lado, y musulmanes y drusos, por otro, ya no se corresponde con la realidad debido a la diáspora de unos y a la mayor tasa de natalidad de los otros.

Tampoco funcionan las instituciones: la Presidencia se encuentra vacante, el Gobierno deslegitimado y el Parlamento inactivo. La parálisis política parte de noviembre de 2006 cuando los seis ministros chiíes del Gobierno dimitieron de sus cargos tras negarse el primer ministro Siniora a formar un gobierno de “unidad nacional”. Como tampoco aceptó su dimisión en bloque para evitar una nueva crisis, la coalición gobernante del Movimiento 14 de marzo se encontró con que todo el espectro de la oposición, desde el presidente Lahoud, apoyado por Amal y Hezbolá, al Movimiento Patriótico Libre del general Michele Aoun, cuestionaron la legitimidad del Gobierno. El bloqueo político se extendió a las instituciones, incluido el Parlamento presidido por el líder chií, Sabih Berri, y se ha creado un vació de poder que unos han intentado llenar pero que otros están agudizando para conseguir ocuparlo cuando se desgaste del todo. Así, formalmente se ha intentado –en 20 ocasiones hasta la fecha– la elección de un nuevo presidente que sustituya al dimitido Lahoud, cuyo cargo está vacante desde el 23 de noviembre. Ni los repetidos intentos de mediación francesa, estadounidense o árabe han conseguido fraguar un acuerdo de mínimos. En los últimos meses se abrió paso la candidatura del jefe del Ejército libanés, el general Michel Suleiman, pero se debe modificar la Constitución para evitar su incompatibilidad y Hezbolá aprovecha la situación para pedir un numero de votos superior a un tercio que le den derecho de veto de facto para evitar decisiones del Gobierno que perjudiquen sus intereses, los sirios o los iraníes.

La proyección política de Hezbolá ha crecido tras su protagonismo militar en 2006 en detrimento de su proyección militar, a la que ha puesto sordina para disociar su percepción miliciana, chií y proiraní con una nueva imagen de partido con visión de Estado, libanés y plural. Esta estrategia se ha mantenido aunque las facciones rivales no han dejado de denunciar su falta de compromiso político y el uso partidista de su capacidad armada. La coalición gubernamental acusa a Hezbolá de oponerse a todas las decisiones sin proponer iniciativas propias distintas de las que le otorgarán una redistribución de poder favorable, por lo que su objetivo político no ha sido otro hasta ahora que mantener el vacío de poder para poder llenarlo cuando las circunstancias lo hicieran posible. Su estrategia de acoso para desestabilizar al Gobierno consiste en combinar la movilización social (desobediencia civil) con la respuesta armada en caso de que el Gobierno recurra a las fuerzas armadas para garantizar el orden como ocurrió en enero de 2008 con un enfrentamiento que causó ocho muertos y una treintena de heridos en los barrios chiíes de Beirut.

Esta estrategia combinando la acción civil y la militar, la inteligencia y la contrainteligencia, las manifestaciones civiles y la coacción armada de Hezbolá y la agresión militar se desarrollan con el fondo político de los asesinatos selectivos de personalidades políticas contrarias a Siria. Desde 2005 han muerto en atentado ocho de los 68 miembros de la Coalición 14 de Marzo, empezando por el líder Rafiq Hariri y terminando por Antoine Ghanim en septiembre de 2007. A la dificultad de contener la fuga de parlamentarios en activo para evitar que la Coalición quede en minoría frente a los 59 diputados de la oposición, se une las dificultades de reemplazarles mediante elecciones parciales. La sucesión de atentados siempre contribuye a desmovilizar la resistencia política y la defensa de las convicciones, pero como todos los políticos asesinados comparten su militancia antisiria, parece lógico atribuir alguna convergencia entre los objetivos estratégicos de Hezbolá y los de los servicios de inteligencia sirios (curiosamente parece que las divergencias entre Siria y Hezbolá –y no Israel– pueden estar detrás del asesinato del jefe militar de Hezbolá, Imad Mugniyah, en Damasco el 12 de febrero de 2008).

La estrategia política de Hezbolá para desestabilizar al Gobierno ha progresado bien pero lentamente. Ha conseguido poner al Gobierno a la defensiva, sin iniciativas políticas para mejorar la situación, pero ni las movilizaciones sociales ni los atentados o la amenaza de las milicias han conseguido forzar la fractura de la Coalición gubernamental o proceder a una redistribución del poder que permita a Hezbolá ejercer de derecho un poder que ya tiene de hecho. El desfase entre el poder real y el reconocido podrían estar detrás o explicar el salto delante de Hezbolá empleando sus milicias armadas para efectuar una demostración de fuerza que respalde sus reivindicaciones políticas o deteriore las de quienes se oponen a ellas.

Las acciones armadas estuvieron precedidas de una nueva movilización social para protestar por la decisión gubernamental del 6 de mayo de apartar al general chií Wafich Choucair del control de la seguridad del aeropuerto y desmantelar la red de comunicaciones paralelas de Hezbolá. Una vez más, las protestas de la oposición se radicalizaron y se pasó del deterioro del orden público con quema de neumáticos y corte de carreteras al intercambio de disparos en la zona suní. Hassan Nasrallah justificó la reacción acusando al Gobierno de declarar la guerra a Hezbolá cuando sus milicias ya se enfrentaban a las suníes por el control del oeste de Beirut, pero la ejecución rápida y coordinada muestra una planificación previa de los enfrentamientos que no ha podido improvisarse al desaire de unas decisiones gubernamentales desfavorables.

El viernes 9 de mayo los enfrentamientos se generalizaron en los distritos de Bourj Abu Haydar y Hamra en Beirut. Los ataques incluyeron los medios de comunicación pro-gubernamentales entre sus objetivos y las milicias de Hezbolá y de Amal, armadas y uniformadas de negro, expulsaron a los milicianos suníes y cercaron el complejo gubernamental y la residencia de Hariri, establecieron controles y barricadas y obligaron a la población local a mantenerse en sus casas. Acostumbrados a realizar tareas de escolta y protección, sin experiencia de combate ni entrenamiento militar, los militantes suníes apenas prestaron resistencia, mostrando la diferencia entre contar con milicias armadas o con cuadros de milicianos con armas.

Los combates de Beirut tuvieron sus réplicas al este de Beirut, pero Hezbolá no pudo torcer la resistencia de los partidarios drusos de Walid Jumblatt (Partido Social Progresista) que plantaron cara con determinación y solvencia militar a los milicianos de Hezbolá y de Talal Arsalan. Los combates se reprodujeron en el norte con mayor dureza si cabe entre las milicias suníes de Hariri y las del Partido Nacional Socialista Sirio en Halba, obligando a las comunidades prosirias a cruzar la frontera, y en Trípoli donde los partidarios de Siria lograron desplazar en Trípoli a los chiíes alauíes (Partido Demócrata Árabe). Mientras que los combates iniciales en Beirut y en los montes de Chouf estaban planificados, algunos de los posteriores se desencadenaron por venganza, confusión o descontrol de las milicias armadas, que han ignorado o desconocido el llamamiento a la calma de sus líderes. Todos los enfrentamientos han durado poco tiempo y han evidenciado la voluntad de las partes de no enfrentarse hasta sus últimas consecuencias, unos por debilidad y otros para no mostrar toda su fuerza.

Realizada la demostración de fuerza, Hezbolá ordeno a sus milicias el sábado 10 de mayo la retirada de las calles ganadas en los combates para que las ocupara el Ejército. Entonces, y sólo entonces, apareció el primer ministro Fouad Siniora para hablar de golpe de Estado, del uso de las armas contra el pueblo libanés y de la voluntad de resistencia de su Gobierno al golpismo, al terrorismo y a los hechos consumados por la fuerza. Haciendo virtud de su debilidad, el primer ministro renunció a enfrentarse militarmente a Hezbolá para no desatar el enfrentamiento entre las comunidades suní y chií. Las vacilaciones posteriores sobre anular o no el cese del general Choucair, cerrar o no la red de comunicaciones o delegar la preservación de la paz civil en el comandante en jefe de la Fuerzas Armadas ahondan la incapacidad para gobernar de su Gobierno.

El acuerdo de alto el fuego llegó cuando los enfrentamientos ya habían causado unos 50 muertos y 150 heridos. Las Fuerzas Armadas aceptaron hacerse cargo de la situación a petición de Hezbolá y la anuencia del primer ministro y ahora el Ejercito es el garante de la seguridad y la unidad libanesa, pero no puede ejercer como tal si desea preservar la seguridad y unidad propia. Su jefe, el general Michel Suleiman, se ve ahora en la disyuntiva de ejercer su liderazgo militar y obedecer al Gobierno o contenerse y mantenerse al margen para optar al liderazgo político como presidente.

Conclusiones


Hezbolá ha mostrado sus cartas y no puede volver a su labor de oposición anterior. Ha salido reforzado de los enfrentamientos, no sólo por su ejecución militar sino también por su capacidad de rentabilización política. Militarmente, ha demostrado a sus rivales suníes que no es lo mismo disponer de milicianos con armas que contar con una milicia armada. La facilidad con la que Hezbolá ha barrido la oposición suní recuerda a la facilidad con la que Hamas se deshizo de las fuerzas de la Autoridad Palestina en la zona de Gaza. Hezbolá ha recibido entrenamiento militar y desarrollado capacidades estratégicas y de inteligencia de la que no disponen sus rivales.

Hezbolá también ha demostrado que puede neutralizar a las Fuerzas Armadas libanesas tanto funcionalmente, por su penetración de mandos chiíes, como políticamente, por su tacto al evitar un enfrentamiento directo y cederle un protagonismo al Ejército que no se había ganado combatiendo. La intervención armada priva a Hezbolá del principal activo moral que disponía hasta ahora: el mito de su resistencia armada frente a Israel porque su capacidad militar ya se ha usado para matar a compatriotas libaneses en su lucha por el poder. Desvelado su juego y acreditado como actor decisivo, Hezbolá tendrá difícil ahora retomar su bajo perfil político como oposición y deberá actuar como lo que ha demostrado ser: la única fuerza con capacidad de decidir.

Por el contrario, el Gobierno sabe que ya no cuenta con más fuerzas que las que pueda movilizar entre sus bases, porque el recurso al Ejército es tan poco fiable y eficaz como el respaldo de sus aliados occidentales y árabes. EEUU está en mala situación para intervenir debido a la baza iraquí de Irán y por el agotamiento al final de una Administración que se sabe saliente. Sus aliados europeos tampoco han reaccionado de forma diligente y el Gobierno que se dice pro-occidental se ha visto abandonado a su suerte. Tampoco la fraternidad suní de sus aliados árabes –Arabia Saudí, Egipto y Jordania– ha servido más que para enviar una nueva delegación a la que parece que apoyarán los aliados europeos conocedores de sus escasos instrumentos de intervención. La percepción de aislamiento e impotencia minará aún más su capacidad de movilización y respuesta política y cada vez le será más difícil hacer frente a Hezbolá.

Con estos resultados, ganadores y perdedores se enfrentan a dos escenarios posibles. El peor escenario vendría dado por la fragmentación del Ejército libanés, la movilización y rearme de los partidarios no chiíes y la multiplicación de los enfrentamientos internos. Este primer escenario es posible si los miembros suníes, drusos o cristianos del Ejército contestan la neutralidad impuesta por el general Suleiman y se enfrentan a los mandos de obediencia chií. A falta del amparo de las Fuerzas Armadas, las lecciones aprendidas obligan a las partes en conflicto organizar su autodefensa para los próximos enfrentamientos. La resistencia de algunas bases a obedecer a sus líderes y retirarse de los enfrentamientos podría evidenciar la primacía de los métodos y actores duros sobre los blandos. A río revuelto, no tardarán en aparecer actores vinculados a la red o a la ideología de al-Qaeda que incorporen al conflicto partidas militares de procedencia palestina, suní u otras atraídas por la “yihadización” o “iraquización” de los enfrentamientos. Un enfrentamiento civil generalizado podría llevar a Hezbolá a ensayar la vía de Hamas y transformar el Estado que ya es dentro del Líbano en un Estado distinto y fuera de aquél. Este escenario preservaría la capacidad de decidir en manos de Siria, para reocupar el territorio libanés si es preciso, y de Irán que contaría con dos aliados: Hamas y Hezbolá para hacer la “pinza” a Israel. Condiciones en las que sería necesario cancelar la misión de Naciones Unidas sobre el terreno y retirar a las tropas internacionales.

En el escenario más favorable, Hezbolá podría sacar rendimiento político a su demostración de fuerza y participar en un Gobierno de concentración que permitiera actualizar o reemplazar los Acuerdos de Taef de 1989. Si hay una ocasión para que Hezbolá demuestre su independencia de Irán y su voluntad de aglutinar a todas las facciones y a todas las clases sociales libanesas es ésta. Participar en un Gobierno de integración y demostrar que dispone de recursos políticos para hacerlo es, además, una opción más rápida que seguir intentándolo por la vía de la desestabilización. Hezbolá deberá hablar por boca de Nasrallah en lugar de hacerlo por la del general Michel Aoun. Esta vía de integración hacia un acuerdo colectivo de convivencia podría beneficiarse del respaldo de la Liga Árabe, le pondría al abrigo de un entendimiento entre Siria e Israel o entre Irán y EEUU y obligaría a Israel a considerarlo como interlocutor válido.

Tras el éxito de los enfrentamientos, los estrategas de Hezbolá deben enfrentarse a su explotación. No se sabe cuál será su escenario preferido para administrar la victoria: si volver a la oposición y la desestabilización, en la que domina el juego, o apostar por liderar la estabilidad y arriesgarse con los cambios, pero Hezbolá (léase Siria e Irán) sí que debe saberlo para atreverse a romper 18 años de paz civil y 18 meses de tregua.