martes, 26 de agosto de 2008

LOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE GEORGIA Y RUSIA POR OSETIA DEL SUR


Félix Arteaga

Los antecedentes inmediatos de los enfrentamientos entre Georgia y la Federación Rusa por Osetia del Sur tienen su causa última en las tensiones por preservar o reducir la influencia rusa en la zona del Cáucaso. Las tensiones tienen una dimensión internacional, enfrentando a Rusia con Estados Unidos en su pugna por el liderazgo internacional, y una dimensión regional, enfrentando a Rusia con Georgia por su intento de integrarse en las instituciones occidentales. Desde su llegada al poder con la Revolución de las Rosas en noviembre de 2003, el Gobierno georgiano ha buscado el apoyo de la OTAN y de la UE para escaparse de la influencia rusa. La Federación Rusa sigue considerando el territorio de sus antiguas repúblicas como un espacio natural de influencia y observa con preocupación los intentos de salirse de esta esfera – o la intromisión en ella- como una amenaza directa a sus intereses de seguridad nacional.

Estados Unidos ha sido el valedor principal de la estrategia georgiana pese a no conseguir incluir a Georgia entre los nuevos miembros admitidos durante el Consejo del Atlántico Norte de abril de 2008 en Bucarest. Georgia suscribió un acuerdo de asociación (Individual Partnership Action Plan) en octubre de 2004 y en 2008 solicitó formalmente su ingreso. La oposición rusa consiguió retrasar la admisión pero no que la OTAN descartara su ingreso en el futuro si progresa de acuerdo con el plan acordado entre la OTAN y Georgia (Membership Action Plan) cuya siguiente evaluación será en diciembre de 2008. El aplazamiento del ingreso no contentó a Rusia que vio en esta decisión un episodio más de una larga lista de agravios perpetrados –en su opinión- por Estados Unidos y por algunos países europeos a propósito de la independencia de Kosovo, el despliegue de misiles en Polonia y Chequia, la expansión oriental de la OTAN y la UE hacia las fronteras de la Federación o el menosprecio del poder emergente de la antigua superpotencia. Rusia ha pasado progresivamente de criticar estas decisiones a amenazar con intervenir directamente en defensa de sus intereses sin llegar a hacerlo y, de ahí, a cumplir sus amenazas como parecen demostrar los enfrentamientos en Osetia del Sur. ??

La voluntad georgiana de salirse de la influencia rusa provocó desde el principio un pulso entre Tbilisi y Moscú que derivó en un pulso personal entre el Presidente de Georgia, Mijail Saakhasvili, y el entonces Presidente y ahora primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, plagado de desencuentros, acusaciones y brusquedades mutuas. Los dirigentes rusos consideran que está en juego su credibilidad como un actor emergente que está recuperando su capacidad de influencia nacional, regional e internacional y que su reputación depende de las respuestas que de a los desafíos a su autoridad. En el caso de Georgia, su salida de la órbita rusa podría alentar desafíos similares en Ucrania, Azerbaijan o Abjazia y reabrir frentes de confrontación como el checheno o el ingusetio que se están cerrando por la fuerza. Además, el Gobierno georgiano hacía ostentación del apoyo occidental y en esa percepción de juego suma cero, en la que cualquier avance georgiano se considera por la Federación Rusa como un retroceso inaceptable, no sólo cuenta el fondo de la emancipación sino también la forma de hacerlo. De esta forma, la respuesta rusa se fue decantando por la ejemplaridad. ?

El otro gran objetivo del programa de Gobierno del Presidente Saakashvili fue el de la reintegración territorial. Georgia carecía de control sobre cuatro zonas del país y logró recuperar Abjaria en 2004 y algunas posiciones en el valle de Kodor en 2006 pero no pudo progresar con Abjazia ni con Osetia del Sur. En el caso de Abjazia, su separación fue traumática y llegó tras sendas guerras civiles durante 1992 y 1993 que causaron miles de víctimas y desplazados. Los acuerdos de alto el fuego de mayo de 1994 en Moscú permitieron la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados Independientes (rusas fundamentalmente) bajo la observación de Naciones Unidas (UNOMIG) pero su despliegue no evitó una nueva ola de enfrentamientos y desplazados en 1998. El nuevo acuerdo de alto el fuego, el Protocolo de Gagra de mayo de 1998, no impidió que continuaran después los enfrentamientos esporádicos del mismo modo que el Acuerdo Cuatripartito de abril de 1994 para la vuelta de los refugiados no pudo conseguirla entonces ni evitar la progresiva limpieza étnica para ganar el control del territorio (unos 50.000 desplazados georgianos han retornado a la región protegida de Gali pero Tbilisi asegura que hay otros 200.000 refugiados en su territorio esperando hacerlo).?

Los independentistas abjazos, liderados por Sergey Bagapsh, carecen de reconocimiento internacional pero en la práctica se han venido comportando como un estado de facto y han controlado su región de forma autónoma, coexistido con las fuerzas internacionales e ignorado las peticiones de diálogo georgianas. Con una población actual inferior a las 200.000 personas, los abjazos no eran más que el 18% de la población a principios de los noventa mientras que la población georgiana era superior al 30%, sin embargo ahora dominan las instituciones y sobre todo la capital Sujumi. Rusia no ha reconocido la independencia abjaza pero ha intervenido en asuntos internos de la república autónoma georgiana para asegurar que sus dirigentes no se alejan de la órbita de influencia de Moscú tanto como ya se han alejado de la de Tbilisi. Para ello combina el reparto de pasaportes y pensiones con la amenaza de retirar su asistencia como hizo en 2004 para forzar un acuerdo entre el candidato de Moscú y el de la oposición. Por su parte, Tbilisi ha combinado las ofertas de integración con la administración del aislamiento internacional pero ninguna de las dos ha hecho mella en la voluntad abjaza de conseguir la independencia. La única presencia georgiana en el interior de Abjazia se encuentra en el valle de Kodori, desde que consolidara allí sus posiciones en 2006 o en las zonas georgianas del sur, donde los choques con las fuerzas independentistas son continuos a pesar de la presencia de las fuerzas de paz rusas y las tropas georgianas despliegan en la frontera abjaza el doble de fuerzas que en la surosetia.

En Osetia del Sur, los enfrentamientos de 1991 a 1992 causaron 1.000 víctimas y desplazamientos étnicos. El Acuerdo de Sochi en junio de 1992 creó una Comisión de Control Conjunta de las dos osetias, Georgia y la OSCE así como unas Fuerzas de Pacificación Conjuntas compuestas de tropas rusas, georgianas y norosetas. También creó una zona de seguridad en torno a la capital de Tsjinvali y a lo largo de la frontera con Georgia. La población actual estimada se estima en 75.000 habitantes, de los cuales dos tercios apoyan al gobierno de facto, dirigido por Eduard Kokoity, y el otro tercio apoya la reintegración con Georgia y la administración paralela dirigida por Dmitri Sanakoev. Las primeras medidas del Presidente Saakashvili para poner Osetia del Sur bajo control georgiano en 2004: crear una administración paralela y reprimir el contrabando, generaron un nuevo enfrentamiento que se mantiene intermitente desde entonces. Las diferencias sin irreconciliables y se alimentan desde Tbilisi y Tsjinvali. En 2006 se convocaron dos referendos en cada sector que demostraron que la población no georgiana apoya la independencia para unirse a Osetia del Norte dentro de Rusia con tanta unanimidad como la contraria para reintegrase en Georgia. Las fuerzas conjuntas rusas, georgianas y norosetas –prácticamente ya surosetias- se ven desbordadas por la violencia de origen criminal o insurgente y por el bloqueo de los procedimientos de decisión y actuación tripartitos, aunque Tbilisi considera responsable del bloqueo al mando ruso de esas fuerzas. Osetia del Sur ha carecido del reconocimiento ruso aunque también aquí ha repartido pasaportes entre la población afín mientras que el Gobierno georgiano recompensa económica y socialmente la lealtad de sus partidarios y ha reiterado sus propuestas de negociación para superar las consecuencias del aislamiento.

La Unión Europea es otro actor con presencia en la zona aunque su interés por Georgia es reciente. En junio de 2004 ofreció a Georgia participar en su política europea de vecindad a lo que Tbilisi respondió creando una Comisión para su integración en la UE. Por su parte, la UE apostó por una estrategia de refuerzo del gobierno central que potenciara su capacidad de atracción (poder blando) sobre las regiones separatistas, un efecto que sólo se puede conseguir a largo plazo mientras que la ausencia y la falta de jurisdicción trabajan en el corto. Sin embargo, la UE tenía una limitada capacidad de contribución a la solución de los conflictos internos porque no podían relacionarse directamente con las regiones secesionistas saltándose al Gobierno georgiano y porque ni la UE ni su Representante Espacial han formado parte directa de ningún foro negociador ad hoc (el Grupo de Amigos del secretario general de Naciones Unidas para Georgia está formado por Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y Reino Unido). Además, las decisiones al respecto han mostrado una división entre la línea dura de los miembros bálticos, orientales y británicos, partidarios, por ejemplo de que la UE reemplazara a la OSCE en el control de la frontera a petición georgiana en 2004 o para respaldar la entrada en la OTAN en 2008, y la contemporizadora de los miembros mediterráneos proclives a una mera asistencia técnica que finalmente se impuso (EUSR Border Support Team) o la renuencia francesa y alemana a admitir a Georgia contra la voluntad rusa.

Las fuerzas independentistas abjazas y surosetias no representan una amenaza para Georgia ni han actuado en el territorio bajo su control pero hostigan a las poblaciones y fuerzas georgianas sin que éstas puedan hacer otra cosa que responder o sobrevolar las zonas conflictivas. Sin embargo, el estancamiento no favorece el cumplimiento de las promesas de reintegración con el consiguiente desgaste político y la radicalización de la acción de gobierno hasta el límite del autoritarismo (International Crisis Group, Europe Report nº 189, 19 diciembre 2007). Además, Georgia ha realizado un esfuerzo militar notable desde 2003, multiplicando por diez su gasto militar constante (592 millones de dólares en 2007 y por cinco el porcentaje del PIB (5,2% en 2007) según datos del SIPRI, además de recibir asistencia militar de los Estados Unidos que incluye unos 150 asesores residentes.

El Gobierno georgiano siempre ha justificado su esfuerzo militar por el deseo de contar con fuerzas interoperables con las de la OTAN para avalar su ingreso y por su participación en operaciones internacionales para respaldar su candidatura. Sin embargo, la creciente capacidad militar georgiana se ve como una amenaza desde Tsjinvali ?y Sujumi tanto por su equipo moderno como por su experiencia de combate en Irak y Afganistán. Para confirmar sus sospechas, y cuando la crisis estaba repuntando, el Gobierno georgiano solicitó al Parlamento en mayo de 2008 un incremento del 28% de su presupuesto de defensa y de 5.000 profesionales para responder a la situación estratégica creada y contra las expectativas previas de recorten en el gasto. Todo el esfuerzo militar no presenta ninguna amenaza para la Federación Rusa, pero sí para la preservación del status quo en la zona. Para remediarlo, y además de sus contingentes de paz en Georgia, la ?Federación Rusa dispone de las fuerzas del Distrito Militar del Norte, las más numerosas (88.600) y próximas al teatro de operaciones, además de las fuerzas del Ministerio del Interior y del Servicio de Seguridad Federal que operan contra la insurgencia chechena e ingusetia en las proximidades.

El conflicto comienza a “descongelarse”

Tras la petición formal de ingreso en la OTAN y aunque el Consejo Atlántico pospuso su aceptación, Rusia comenzó a tensar sus relaciones con Georgia y la tensión condujo a los enfrentamientos de agosto. Rusia ha actuado de acuerdo a como indicaban los indicios previos. Mientras la crisis subía de tono y se pasaba de la provocación a la acción, la posición rusa no podía estar más clara: Rusia había hecho notar su malestar por la aproximación occidental a su espacio de influencia, denunciado el coqueteo georgiano con sus patrones occidentales, reivindicado su voluntad de influir en sus asuntos propios y en los internacionales, alertado de su nueva diplomacia coactiva en defensa de sus intereses y de su posición en la estructura internacional, adoptado una nueva política exterior que pasó de ser reactiva a proactiva. La nueva política contaba con un nuevo Presidente, Dmitri Medvéded, que quiere distinguirse por su eficacia en la defensa de los intereses nacionales.

Para enfrentarse de manera contundente al desafío georgiano, Rusia optó por jugar sus cartas en el escenario regional. En primer lugar, reactivó los conflictos “congelados” de Abjazia y Osetia del Sur abriendo relaciones institucionales con las repúblicas que no tenía hasta entonces y levantando las sanciones impuestas por la CEI a Abjazia en 1996. Además, reiteró su voluntad de defender la seguridad de sus ciudadanos y de sus fuerzas de mantenimiento de la paz en la zona, lo que le convertía en parte del conflicto en lugar de valedor de la neutralidad. Georgia acusó la medida pero sólo pudo amenazar con vetar el ingreso de Rusia en la OMC y hacer que su Viceprimer Ministro, Giorgi Baramidze, visitara Bruselas y Washington a mediados de abril para recabar apoyos de la UE y de la OTAN. Rusia no se volvió atrás ni por la petición oficial georgiana ni por la informal de sus compañeros occidentales del Grupo de Amigos reunido el 23 de abril.

El 20 de abril, medios rusos derribaron un avión no tripulado georgiano de reconocimiento en Abjazia y el 29 se incrementó en 1.000 soldados el número de fuerzas rusas en el contingente de mantenimiento de la paz hasta alcanzar los 3.000 que permitía el acuerdo. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, justificó el refuerzo con el pretexto de que Georgia había reforzado sus posiciones en el desfiladero de Kodori pero las autoridades georgianas, respaldadas en los informes de UNOMIG, denegaron haber incrementado sus fuerzas y tanto el Alto Representante de la UE, Javier Solana, como el secretario general de la OTAN criticaron la medida. Georgia envió 1.500 soldados a la frontera para completar los 7.000.

La constatación de los riesgos de la escalada en Abjazia y la percepción de su soledad frente a Rusia –la visita de los ministros de Asuntos Exteriores de Suecia, Polonia, Lituania y Eslovenia del 12 de mayo sólo trajo apoyo moral- generaron un cambio de actitud en el Gobierno georgiano que, a partir de entonces, su tono se volvió menos agresivo hacia Rusia y, en su lugar, comenzó a abrir vías de negociación en todos los frentes abiertos. El ministro para la Reintegración, Yakobashvili, fue a Moscú el 16 de mayo para reanudar el diálogo oficial interrumpido desde el acercamiento ruso a Osetia del Sur y Abjazia y encontrar una salida satisfactoria para los intereses rusos y georgianos quizás, siguiendo la vía moldava (en abril de 2008 Rusia presionó con éxito al Presidente moldavo y al líder secesionista de Transdnistria para que comenzaran a negociar una salida a su conflicto particular que contemplara la renuncia al abandono de la esfera rusa a cambio de la estabilización interna). Pero ni a Abjazia ni Osetia del Sur les convenía un acuerdo similar ni, siquiera, una distensión entre Moscú y Tbilisi, por lo que ambas comenzaron su escalada particular en medio de su entendimiento con Rusia.

El 4 de mayo, los abjazos derribaron un nuevo avión no tripulado y la intensificación del conflicto abjazo obligó a Estados Unidos a enviar a Sujumi a su embajador en Georgia, John Taft, y a Matthew Bryza del Departamento de Estado para entrevistarse con el dirigente independentista, Sergey Bagapsh, a quien el jefe de los cosacos del Don, Nikolay Kozitsyn, acababa de prometer 10-15.000 voluntarios en caso de un ataque georgiano. A finales de mes, Georgia denunció a Rusia por el despliegue de tropas de ferrocarriles sin conexión con las tareas del contingente de mantenimiento de la paz y por la anexión encubierta de recursos e infraestructuras abjazas en la preparación de los Juegos Olímpicos de Sochi de 2014, una localidad rusa situada a 150 kilómetros de Sukumi y a unos 40 de la frontera. El 7 de junio fue el Alto Representante Solana quien viajó a Sujumi para mediar. El 19 de junio, la policía georgiana detuvo a un camión de las fuerzas de paz rusas en la zona de seguridad fronteriza con munición militar prohibida. El 30 de junio, se produjeron varios atentados en Abjazia que continuaron esporádicamente durante los primeros días de julio y las partes intercambiaron acusaciones y amenazas.

Los presidentes Medvéved y Saakhasvili coincidieron el día siguiente en la celebración de la capitalidad de Astana, en Kazakhstan, e intercambiaron opiniones sobre la situación. Mientras el Presidente ruso pidió al georgiano que no alimentara las tensiones, éste comentó -según fuentes rusas- que no caería en las provocaciones. No fue así y el 8 de julio, el presidente Saakashvili amenazó con intervenir en Osetia del Sur si no se liberaban los cuatro policías allí retenidos y Rusia envió aviones de reconocimiento a la zona donde fuerzas georgianas estaban abriendo fuego según denunciaron los líderes surosetios. El 9 de julio, la secretaría del Estado estadounidense, Condoleezza Rice, visitó Tbilisi y en la comparecencia de prensa del día siguiente mostró la voluntad de contribuir a resolver los conflictos de Abjazia y Osetia del Sur “a través del proceso de Amigos”, pero descartando otras acciones directas que las mediaciones dentro de ese Grupo de Amigos y mencionando la necesidad de conversaciones directas entre abjazos y georgianos. El mismo día, Tbilisi retiró su embajador en Moscú y solicitó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad para discutir la violación de su espacio aéreo.

El día 11 de julio el ministro de Exteriores Lavrov se entrevistó el líder surosetio, Eduard Kokoity, y a mediados de julio, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, presentó una propuesta de mediación del Grupo de Amigos que el líder independentista abjazo, Sergei Bagapash, rechazó de plano porque contemplaba el regreso de 250.000 refugiados georgianos. Para complicar más la situación, y desde mediados de julio hasta fin de mes, unos 1.000 soldados de Estados Unidos participaron en las maniobras “Inmediate Response 2008” en territorio georgiano junto con otras tantas fuerzas de Armenia, Azerbaijan y Ucrania. Las maniobras se anunciaron con doce meses de antelación a la escalada pero en las nuevas circunstancias, las maniobras parecían respaldar a Tbilisi. En respuesta, las tropas rusas desplegadas al otro lado de la frontera osetia también llevaron a cabo maniobras con las tropas desplegadas en la zona. ?

Comienzan los combates: Georgia ataca y Rusia contraataca

Desde principios de agosto se intensificaron los intercambios de fuego entre independentistas osetios y fuerzas georgianas, contabilizándose las primeras víctimas civiles y militares en la zona de contacto y las primeras evacuaciones de civiles. El día 5, las autoridades georgianas llevaron a representantes diplomáticos a ver los efectos del fuego abierto por los separatistas sobre las villas con población georgiana. El día 7 los combates se generalizaron y tras anunciar un alto el fuego unilateral y proponer una negociación con mediación rusa para parar los combates, éstos continuaron. En respuesta, Georgia inició una operación militar contra Osetia del Sur para restaurar el orden constitucional. La operación comenzó a las 02:45 horas del día 8 según el Ministerio de Asuntos Exteriores georgiano aunque las agencias señalaron una generalización de los intercambios antes de la medianoche.

El Presidente Saakashvili declaró que la intervención tenía como fin obligar a Osetia del Sur a cesar las hostilidades y a negociar el alto el fuego propuesto. Unas horas después las fuerzas georgianas habían ocupado varias localidades en torno a Tsjinvali y la televisión georgiana anunció el control de las ciudades de Muguti, Dmenisi, Didmukha, Okona, Akut y Kohati. En la madrugada, en lugar de llegar la mediación rusa con la que el Presidente Saakashvili creía contar comenzaron a llegar refuerzos militares desde Osetia del Norte por el túnel de Roki mientras oleadas de refugiados salían por la otra parte hacia Osetia del Norte. Los aviones georgianos sólo pudieron conseguir derribar el puente de Gufta para desviarlos de su ruta directa a Tsjinvali pero la aviación rusa intervino a partir de las 10:00 horas apoyando las fuerzas que combatían en torno a Tsjinvali y bombardeando objetivos estratégicos dentro de territorio georgiano incluyendo la estación de radar de Shavshvebi, a unos 30 kilómetros de la ciudad portuaria de Poti y los depósitos de combustible de esta ciudad.

A partir de mediodía del mismo día 8, comenzaron a producirse las primeras llamadas de las organizaciones y líderes internacionales para interrumpir las hostilidades pero éstas continuaron. El ataque progresó en algunas ciudades cercanas a la capital suroseta pero se estancó en Tsjinvali debido a la resistencia de las milicias independentistas y a las 14:15 horas se declaró un alto el fuego para permitir la salida de civiles. Los combates se reanudaron por ambas partes y la llegada de tropas rusas a partir de las 16.00 horas y la intensificación de las acciones aéreas invirtieron el resultado de los enfrentamientos, por lo que las tropas georgianas comienzan a retirarse tres horas después. La voluntad rusa de enfrentarse a Georgia quedó clara: el Ministro de Defensa dijo que protegería a los ciudadanos y soldados rusos de Osetia del Sur, el Primer Ministro Putin aseguró acciones de “represalia” para vengar las víctimas surosetias y rusas de la agresión, el Presidente ruso, Dmitri Medvedev, prometió “castigar” a los atacantes y el canal 1 de la televisión rusa mostró los carros de combate rusos dirigiéndose a Osetia del Sur.

A partir de entonces, Georgia pasó de llevar la iniciativa a verse como perdedor y obligado a apelar todas las instancias internacionales posibles para que acudieran en su ayuda. Los que lo hicieron, como Estados Unidos o la UE, se limitaron a pedir la retirada de las tropas rusas, mientras que China apeló a la tradicional paz olímpica. La OSCE intentó una mediación de urgencia sobre el terreno por medio del representante de la Presidencia en ejercicio, Heikki Talvitie, pero la diplomacia se ejerció a distancia. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, habló con su homólogo ruso Lavrov; la secretaria de Estado Rice hablo con ambas partes y el Alto Representante Solana con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Sobre el terreno, el ministro georgiano de Exteriores, Eka Tkeshelashvili, informó al cuerpo diplomático sobre los acontecimientos desde la tarde del 7 y su viceministro informó directamente al embajador estadounidense. Rusia convocó al Consejo de Seguridad en sesión extraordinaria pero no se llegó a ningún acuerdo en medio de un intercambio de acusaciones rusas a Georgia por haber iniciado un ataque masivo contra Tsjinsvali y georgianas a Rusia por dejar de preservar la neutralidad y convertirse en parte del conflicto.

A primera hora del día 9, las fuerzas rusas controlaron la ciudad de Tsjinvali y comenzaron a limpiar las bolsas de resistencia de los alrededores donde continuaron los combates. Mientras, se ampliaron las acciones aéreas sobre las tropas georgianas en Osetia, sobre objetivos estratégicos en territorio georgiano y, por primera vez, sobre Abjazia, donde la aviación rusa y los independentistas surosetias atacaron a las fuerzas georgianas desplegadas en el valle de Kodori. Ante la situación militar desfavorable en todos los frentes, el Ministro de Defensa georgiano ordenó el abandono de Tsjinvali y el Parlamento aprobó la declaración del Estado de Guerra y la movilización general, incluyendo la llamada a los 2.000 soldados georgianos desplegados en Irak, un desplazamiento cuyo transporte correspondía a Estados Unidos pero que su realización le presentaría como un colaborador directo de Georgia, independientemente de las dificultades logísticas para realizarlo. Ningún país atendió las llamadas de asistencia militar de Georgia pero la diplomacia internacional comenzó a ser visible ese mismo día por la tarde cuando comenzaron a llegar a Tbilisi los primeros mediadores: el Representante Especial de la UE, Peter Semneby, y de nuevo Matthew Bryza por la Secretaría de Estado. La falta de condiciones para un acuerdo quedó patente durante una nueva reunión del Consejo de Seguridad en la madrugada del día 9 que tampoco consiguió sacar adelante la declaración de alto el fuego.

El día 10, las tropas georgianas comenzaron a abandonar Osetia del Sur perseguidas por combatientes rusos y surosetios mientras que las fuerzas navales rusas reforzaron los contingentes rusos desplegados en Abjazia como mantenedores de la paz, y bloquearon los accesos marítimos a Georgia. Para aumentar la presión, las autoridades abjazas decretaron la movilización, urgieron a las fuerzas policiales georgianas a abandonar su territorio y enviaron sus tropas para desalojarlas del valle de Kodor, un desalojo que se consumaría dos días más tarde. El Presidente georgiano presentó la retirada como una decisión unilateral para facilitar la negociación de una tregua a media tarde. El mismo día 10, el Consejo de Seguridad sostuvo su tercera y cuarta reunión extraordinaria sin llegar a ningún acuerdo. Mientras Estados Unidos, Reino Unido y Francia condenaron la intervención rusa y urgieron a Rusia a aceptar el alto el fuego ofrecido por Georgia y volver al status quo del día 6. Por su parte, Rusia recalcó la agresión georgiana sobre Osetia para ocuparla, las estrechas relaciones militares entre Rusia y Estados Unidos y las similitudes entre los bombardeos sobre Yugoslavia y Georgia y el doble rasero occidental empleado para calificar los hechos en Kosovo y en Osetia del Sur.

Militarmente, el Primer Ministro Putin descartó cualquier vuelta al status quo nada más llegar a la capital norosetia de Vladikavzav para entrevistarse con los responsables militares de las operaciones. Los intercambios de disparos continuaron el día 11 sobre la frontera surosetia mientras que las fuerzas georgianas perdían posiciones en Abjazia y las fuerzas rusas comenzaban a traspasar la frontera georgiana en dirección a Gori, una ciudad de 40.000 habitantes a 60 kilómetros de Tbilisi cuyo control aislaría a la capital de las principales ciudades y puertos. Aunque Rusia no abrió un segundo frente en Abjazia, no dejó de presionar a Georgia con la amenaza de hacerlo y amagó con ocupar la ciudad de Senaki, 50 kilómetros dentro de territorio georgiano, avanzando y retrocediendo hasta la misma para confundir al Gobierno georgiano sobre sus intenciones últimas (el mismo efecto se logró en Gori cuando el ministro Kouchner pudo comprobar en su vista a Gori que no estaba bajo control ruso como se afirmaba desde Tbilisi) y obligar a las tropas georgianas a prodigarse y repartirse ante las amenazas difusas y creando preocupación entre la población georgiana.

Entre el 10 y 11 de agosto llegaron a Tbilisi, Bernard Kouchner, y Alexander Stubb, como presidentes en ejercicio de la UE y de la OSCE, además del ministro sueco de Exteriores, Carld Bilt; su homólogo ucraniano, Vladimir Orgyzko; y el Presidente del Consejo de Europa, Terry Davis. La propuesta francesa de alto el fuego de tres puntos que trajo Kouchner: cese inmediato de hostilidades, integridad territorial de Georgia y retorno a la situación militar previa sólo fue aceptable para Tbilisi porque Rusia esperó a negociar cuando hasta conseguir una situación militar más favorable. El día 12, mientras la perturbación o destrucción de los medios georgianos de mando y control impidió a Tbilisi contar con una visión de la situación militar, las fuerzas rusas ocuparon efectivamente ciudades y puntos estratégicos georgianos y Moscú comenzó a considerar las propuestas de mediación. Éstas se multiplicaron tras el alto el fuego unilateral de Georgia porque a partir de entonces todos los avances rusos parecían destinados a ocupar territorio georgiano y a las 12:53 horas, el Presidente Medvedev puso fin a las operaciones militares salvo para casos de autodefensa con lo que finalizaron los enfrentamientos abiertos aunque posteriormente se han venido registrando algunos enfrentamientos aislados.

El 12 de abril viajó el Presidente Sarkozy a Moscú para presentar la propuesta aceptada por los georgianos. Las autoridades rusas aceptaron en principio los tres puntos pero se reservaron el derecho a responder a cualquier agresión georgiana, lo que de hecho les permitía continuar las hostilidades si así lo deseaban por la vía de la reacción o de la prevención. Frente a la retórica de Washington y las palabras gruesas respecto a Rusia, la Unión Europea ha mantenido más contención y se ha limitado a respaldar el acuerdo mediado por Francia sin exigir responsabilidades ni condenas. El 13 de agosto tuvo lugar la reunión extraordinaria del Consejo de la UE que respaldó la propuesta francesa aprobada por las partes para un alto el fuego antes de su remisión al Consejo de Seguridad sobre los principios de no recurrir a la fuerza, cesar definitivamente las hostilidades, permitir libremente el acceso de la ayuda humanitaria, retirada de las fuerzas permitiendo a las rusas de paz adoptar las? medidas de seguridad necesarias hasta la implantación de un mecanismo internacional de seguridad y abrir negociaciones para la seguridad y estabilidad en Abjazia y Osetia del Sur. A la hora de cerrar este análisis se desconoce el contenido final del acuerdo que ha sido objeto de precisiones sucesivas por las partes y tampoco se conoce el momento y lugar de la retirada de tropas rusas pero los enfrentamientos militares de esta crisis parecen acabados.

Conclusiones

Primeras lecciones del conflicto surosetio

Todavía no se dispone de una información fiable sobre los hechos y consecuencias de los enfrentamientos, especialmente sobre el número de víctimas y desplazados (las primeras cifras de ACNUR apuntan hacia unos 100.000 desplazados en territorio georgiano, y fuentes rusas cifran en 30.000 los desplazados hacia Osetia del Norte). La mayoría de las fuentes de información disponibles son oficiales o vulnerables a los esfuerzos de propaganda de ambos bandos parar crear imágenes favorables de las operaciones militares. Ambas partes se han acusado de premeditación y de causar víctimas civiles en sus actuaciones. También ambas partes han librado su batalla de comunicación a través de las agencias como la CNN, ofreciendo declaraciones exclusivas del Presidente Saakhasvili a sus equipos móviles o “empotrando” a sus reporteros entre las tropas que avanzaban hacia Tbilisi. Los portavoces georgianos pusieron el énfasis en la invasión rusa de Georgia, desvinculándolo de su agresión previa sobre Osetia del Sur del día 7 y en la desproporción de la intervención militar rusa. También presentaron los esfuerzos diplomáticos internacionales como un respaldo al Gobierno georgiano más que como una acción mediadora y obviaron la falta de asistencia militar durante los enfrentamientos. Del otro lado, se presentó a Georgia como un actor genocida y se justificó la intervención rusa por la necesidad de prevenir una catástrofe humanitaria en Osetia del Sur y para proteger a sus fuerzas que mantenían la paz obviando que su intervención militar rompía la neutralidad debida como garante del status quo y encubría un ajuste de cuentas, largamente esperado, con Tbilisi.

Estratégicamente, las fuerzas rusas han conseguido todos los objetivos previstos: derrotar a las fuerzas georgianas sobre el terreno, destruir su capacidad de mando y control, sus infraestructuras estratégicas y, sobre todo, minar su capacidad y moral de combate de cara al futuro porque sus tropas no han podido defender población ni su integridad territorial. Rusia ha mostrado buena capacidad estratégica y operativa para conseguir la superioridad en todos los frentes y ha evitado caer durante los combates en los excesos de fuerza o de debilidad que pusieran en riesgo sus posiciones negociadoras diplomáticas. Le bastaron apenas doce horas para movilizar a la 19 brigada mecanizada del 58 Ejército y detener el avance georgiano sobre Tjinsvali. Las fuerzas aéreas destruyeron sin oposición las pistas de las bases aéreas georgianas en torno a Tbilisi (Marneuli, Vaziani y Bolnisi) dejando inoperativos los escasos, 5 SU-25 Frogfrot, que se podían haber usado para el apoyo aéreo a las tropas georgianas y las fuerzas navales bloquearon rápidamente los accesos de entrada y salida a los puertos de Poti y Batumi.

A pesar del uso de la fuerza descrito durante las operaciones y de los saqueos y excesos cometidos durante la ocupación, Rusia ha mostrado bastante contención y selectividad en el empleo de sus fuerzas. Ha destruido infraestructuras civiles de interés estratégico sin atacar las pistas del aeropuerto civil de Tbilisi ni los edificios de la base de Vaziani ocupados por los asesores estadounidenses. Mantuvo la amenaza de abrir un segundo frente en Abjazia pero no empeñó en combate a los refuerzos acumulados ni, según fuentes de UNOMIG, permitió a las milicias independentistas presionar a la población georgiana de Gali. Tampoco permitió la participación de voluntarios chechenos –que ya habían combatido brutalmente con los georgianos en 1993 tras la independencia, ni abjazos para evitar el riesgo de las acciones paramilitares contra el derecho internacional humanitario. Para ganar en su batalla de comunicación sólo le falta retirarse pronto y según lo acordado para que no se le pueda reprochar ningún ánimo de ocupación.

Políticamente, la Federación Rusa ha demostrado que ya es capaz de defender sus intereses unilateralmente en su espacio natural de influencia sin que los actores externos puedan o quieran hacer algo para evitarlo. La primera acción militar desde la caída de la URSS ha servido para enviar un mensaje a los antiguos países satélites que desafiaban a Moscu protegidos tras las vallas de la OTAN o de la UE: Rusia no consentirá nuevos desafíos ni deserciones. Mientras Polonia ha corrido a cerrar el acuerdo sobre el despliegue de misiles en su territorio para reforzar la asistencia estadounidense en su país, los estados bálticos y Ucrania han ido reduciendo el tono de sus condenas y exigencias a la vista de los no hechos. También ha servido para demostrar que la independencia de Kosovo no sería un caso excepcional y único, como han argumentado quienes la han apoyado, sino el precedente para casos similares como se temían quienes no la han apoyado. La constante asociación de Kosovo con Abjazia y Osetia del Sur que ha mantenido Rusia a lo largo del conflicto y el patrón kosovar del acuerdo de alto el fuego: no ocupación de la nación agresora, supresión de todo control de ésta sobre la región atacada y tutela externa hasta que se reconozca jurídicamente su independencia de hecho, demuestran que Rusia ha seguido en su provecho un guión que le han escrito quienes han dado primacía a la política de los hechos consumados frente a la del derecho.

Además de las víctimas mortales, el conflicto tiene una primera víctima política: el presidente georgiano Saakashvili a quien rusos y no rusos señalan como culpable de una provocación. Meditada o no, su orden de atacar a Osetia del Sur? dio a Rusia el pretexto que necesitaba para demostrar su voluntad de actuar impunemente en su zona de influencia. Si la reintegración de Osetia del Sur y de Abjazia fueron el principal compromiso del Presidente y de su Gobierno con Georgia, ese objetivo está ahora más lejano que nunca y la? integridad territorial de ambos que ahora se le garantiza a Georgia es la misma que se le garantizó a Serbia respecto a Kosovo tras los combates y acuerdos de 1999.

La siguiente víctima política es la de la credibilidad americana en particular y, occidental en general, para asistir a quienes se proclaman sus aliados frente a Rusia. Georgia y Ucrania, pero no sólo ellos tomarán nota de que el valor de su relación con los países occidentales no basta para compensar el riesgo de un enfrentamiento abierto con Rusia. La aproximación a Georgia ha sido parte de un enfrentamiento indirecto en el que se ha hecho creer a Georgia o Georgia lo ha creído, que basta con declararse demócrata y llevarse mal con Rusia para verse incluido en el club occidental y contar con su apoyo solidario. La Federación Rusa viene comportándose en su política internacional como en su política interior, de forma arrogante, ambiciosa y sin sujeción a ninguna norma, por lo que para contenerla hay que optar entre la contención o el apaciguamiento. Los actores occidentales no han hecho hasta ahora ni lo uno ni lo otro: ni han plantado cara a Rusia directamente con todas sus consecuencias ni han dejado de provocarla indirectamente acumulando agravios y menosprecios que han evitado una relación estable y previsible entre ambos. Ahora que Rusia ha cumplido sus amenazas, las cosas no volverán a ser lo que eran y la administración entrante en Estados Unidos y los Estados Miembros de la UE tendrán que esforzarse en el futuro para que, al menos, no empeoren.

MAURITANIA TRAS EL GOLPE DE ESTADO DE AGOSTO DE 2008: CONTINUIDADES Y CAMBIOS


Raquel Ojeda García

El golpe de Estado del 3 de agosto de 2005 se inscribió en la lógica política de Mauritania. Los jefes de Estado han emergido tradicionalmente entre los militares a través del uso de la fuerza desde 1978, fecha en la que se expulsó del poder a Moktar Ould Daddah, el primer jefe de Estado tras la independencia de Mauritania en 1961. El propio Maauiya Sid Ahmed Uld Taya llegó al poder en 1984 a través de un golpe de Estado. En 2003, antes de la convocatoria de unas elecciones presidenciales, se produjo otro intento. Sin embargo, en la actuación del 3 de agosto de 2005, dos militares próximos a Uld Taya: el comandante del batallón de la seguridad presidencial, el coronel Mohamed Ould Abdelaziz, y el director de la seguridad nacional, Ely Ould Mohamed Vall, se hicieron con el poder mientras Uld Taya asistía en Arabia Saudí a los funerales del rey Fahd. En esa ocasión se rompió con la trayectoria golpista mauritana porque se trató de una actuación bien organizada e incruenta, y porque encontró una reacción favorable por parte de la población y de las fuerzas de la oposición.

El Consejo Militar para la Justicia y la Democracia (CMJD) fue el órgano militar constituido para la dirección del país mientras se llevaba a cabo la transición para instaurar unas estructuras de representación y gobierno democráticamente elegidas. Las principales claves del éxito temporal del período de transición fueron la celebración de un referéndum constitucional y de elecciones generales, municipales y presidenciales en un tiempo récord y bajo los principios teóricos de unas elecciones libres y competitivas.

Las reacciones de las grandes potencias y de los organismos internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana, la Liga de Estados Árabes y la Organización Internacional de la Francofonía ante el golpe de 2005 fueron de condena. Algunas de ellas incluso amenazaron con la exclusión de Mauritania como Estado miembro. Sin embargo, el transcurso del tiempo puso de manifiesto la voluntad de respeto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el CMJD. De esta manera los militares de la junta lograron obtener el apoyo y la financiación para llevar a cabo las distintas convocatorias electorales.

La evolución del sistema político tras el golpe de Estado de 2005 y durante el período de transición

El referéndum constitucional de junio de 2006 dio el pistoletazo de salida a una transformación institucional y normativa. Sin embargo, las modificaciones propuestas no supusieron un cuestionamiento en profundidad de la Constitución, pues la reforma de 2006 no se alejó del texto constitucional de 1991 promovido por Uld Taya. Los principales cambios de la reforma de 2006 estaban orientados de forma especial a permitir la alternancia política, con la reducción del mandato presidencial de 6 a 5 años y con una sola reelección, así como la modificación del controvertido artículo 104, que permitía la pervivencia de normas preconstitucionales con el fin de mantener normas opresivas e inconstitucionales. Su modificación en la reforma constitucional de 2006 permitía la adaptación de leyes y reglamentos anteriores a los nuevos derechos y libertades consagrados en la Constitución. El 96% de los votos emitidos en dicho referéndum fueron favorables a la reforma y el índice de participación alcanzó el 76%.

Durante el período de transición se crearon distintos organismos como el Comité Interministerial encargado de la Transición, cuya misión era supervisar, impulsar, programar y seguir el proceso para la instauración de un sistema democrático bajo el marco del consenso y la concertación; la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI); la Alta Autoridad para la Prensa y el Audiovisual (HAPA, en sus siglas en francés) y el Observatorio Nacional de las Elecciones (ONE). Asimismo, se realizó un censo administrativo para garantizar el derecho de todos los ciudadanos mauritanos al voto. Se volvió a revisar esta lista electoral para la celebración de las elecciones generales y, posteriormente, las presidenciales, de forma que ningún elector quedara excluido del escrutinio. Estos avances, junto con el compromiso por parte de los militares del CMJD y los miembros del Gobierno nombrados por éstos de no presentarse a las elecciones, ponían de manifiesto la voluntad de la junta militar en el poder de iniciar un proceso de cambio.

Después del referéndum constitucional, se convocaron las elecciones generales y municipales en noviembre y diciembre de 2006, respectivamente. Los índices de participación, aunque fueron algo menores que en el referéndum, rondaron el 70%. El número de partidos políticos legalizados que se presentaron ascendió a 25, además de la presencia de 600 candidatos independientes. Ambos procesos electorales fueron ejemplares y estuvieron exentos de irregularidades. En ellos se respetaron los principios de transparencia, limpieza y libertad, y fueron avalados por la observación electoral internacional y nacional.

En las elecciones generales, celebradas en dos rondas los días 16 y 26 de noviembre, 41 candidatos independientes obtuvieron escaños y decidieron reagruparse en un único partido: la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI). La RNI se convirtió en el gran apoyo a Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y tras su victoria. Este grupo mayoritario es un elemento clave para entender la crisis gubernamental producida en mayo de 2008, y agravada a finales de junio con la presentación de una moción de censura tras el nombramiento de Yahya Ould El Waghef, jefe del partido Pacto Nacional para el Desarrollo y la Democracia (PNDD–ADIL), como primer ministro. Este partido es la nueva formación que reagrupa a los diputados independientes y a los que apoyaron a Ould Cheikh Abdellahi en la segunda vuelta de las presidenciales.

Los partidos de la antigua oposición al régimen de Uld Taya habían constituido el 25 de mayo de 2006 –antes de las elecciones– la Coalición de Fuerzas por el Cambio Democrático (CFCD), cuyo objetivo era evitar que los grupos políticos herederos inmediatos del régimen de Uld Taya alcanzaran el poder. Para frenar esta coalición se constituyó el 8 de enero de 2007 otra precisamente con los partidos pertenecientes a la órbita de los detentadores del poder del anterior régimen, el Partido Republicano Democrático y Social (PRDS) y los afines a Uld Taya. Esta segunda coalición se denominó Mithaq, que significa pacto o convención. Según los resultados de las elecciones generales, los partidos pertenecientes a la CFCD consiguieron 35 escaños mientras que los partidos del Mithaq e independientes lograron aglutinar 60 escaños (en este bloque se han incluido los 5 escaños de la Alianza Popular Progresista (APP), cuyo líder, Ould Boulkheir, rompió con la CFCD y no prestó su apoyo a Ahmed Ould Daddah, de la Reagrupación de Fuerzas Democráticas (RFD), durante la segunda vuelta de las presidenciales. Este giro en su posicionamiento político le sirvió para ser nombrado presidente de la Asamblea Nacional.

La celebración de los distintos procesos electorales permitió la constitución de unos poderes (legislativo y ejecutivo) según los principios de la democracia representativa, mediante una transición de un régimen autoritario con un sistema de partidos caracterizado por la omnipresencia del partido hegemónico (el PRDS), a otro en donde se abrió la participación a las distintas fuerzas políticas, incluidos los partidos de la oposición. Todo ello sin contar con un contexto económico favorable ni un apoyo internacional explícito, puesto que Uld Taya había logrado el apoyo de Estados Unidos tras los atentados del 11–S al colocar a Mauritania como un país “amigo” en la política exterior estadounidense y como una pieza fundamental en su “guerra contra el terror”.

El cuestionamiento de la transición democrática tras las remodelaciones gubernamentales de mayo y junio de 2008

El éxito temporal del proceso de transición chocó con la incapacidad por parte del Gobierno de gestionar las grandes cuestiones pendientes en Mauritania. La situación económica y social del país no podía cambiar radicalmente en el transcurso de poco más de un año (de agosto de 2005 a abril de 2007, momento en el que se produjo el traspaso de poderes de los militares a las autoridades civiles recién elegidas). Se habían creado muchas expectativas por las posibilidades económicas y de financiación que se abrían gracias al descubrimiento de yacimientos petrolíferos en Mauritania, aunque no se sostuvieron durante mucho tiempo. Ni la capacidad de producción ni de explotación son tan elevadas como se pensó en un primer momento. Por ello, las asignaturas pendientes de carácter económico y social no se han podido resolver con la llegada de los ingresos por la explotación de los yacimientos.

La gestión de dossieres tan complicados como el de la seguridad alimentaria, agravado con la subida de precios de los bienes de primera necesidad y el imparable aumento del precio del barril de petróleo a nivel internacional, ha debilitado al ejecutivo mauritano. Por otra parte, persisten los desequilibrios sociales y las secuelas de la dominación extrema, incluidas las permanentes denuncias de la existencia de situaciones de esclavitud. La integración social y la convivencia entre las distintas comunidades étnicas, así como la gestión del retorno de los expulsados en 1989, es otra de las cuestiones más delicadas de solucionar. El llamado problema del passif humanitaire consiste en la articulación del retorno e integración de los refugiados negro–mauritanos (peul y toucouleur en su mayoría) que vivían en el exilio de Senegal a raíz de la represión del ejército mauritano (dominado por la etnia bidán, o tribus moras) contra esas comunidades entre 1989 y 1991. La mayor dificultad consiste en garantizar el pleno reconocimiento de los derechos políticos y económicos de los recién retornados. El jefe del Estado depuesto el 6 de agosto de 2008, Ould Cheikh Abdallahi, había prometido resolver esta cuestión, aunque sólo se ha permitido el retorno de dos grupos muy reducidos de negro–mauritanos, que están instalados en una especie de campos de refugiados, sin que existan los mecanismos legales e institucionales para su plena integración y, sobre todo, la devolución de sus bienes o tierras.

La seguridad también se presentó como problema para el Gobierno de Zein Ould Zeidán, el primer ministro nombrado en abril de 2007 (Ould Zeidán fue el tercer candidato más votado en las elecciones presidenciales, con un perfil más próximo al de un tecnócrata que al de un líder de un partido). El asesinato de cuatro turistas franceses en diciembre de 2007, la suspensión del rally Lisboa–Dakar y la bomba que estalló en una discoteca en Nuakchot, cercana a la embajada de Israel a principios de 2008, transmitieron la imagen de Mauritania como un país inseguro e incapaz de controlar sus fronteras de una forma eficaz.

El Programa Especial de Intervención del Banco Mundial no escapó tampoco a las críticas. Los posibles destinatarios de sus ayudas veían cómo una gestión caótica alejaba la posibilidad de mejorar la producción agrícola, controlar los precios y asegurar el abastecimiento. La prensa escrita no dejaba de denunciar situaciones de corrupción política y la población, en general, no podía soportar el aumento imparable de los precios, mientras el Gobierno se mostraba incapaz de dar respuesta a las necesidades más acuciantes. Este grave déficit de la llamada “legitimidad por rendimientos” de los poderes públicos generó un contexto propicio para la primera remodelación gubernamental el 11 de mayo de 2008.

Zein Ould Zeidán, presionado por el jefe del Estado, presentó su dimisión el 6 de mayo de 2008, tras poco más de un año desde su nombramiento como primer ministro. Ould Cheikh Abdellahi nombró como sustituto a Yahya Ould El Waghef, jefe del partido Pacto Nacional para el Desarrollo y la Democracia (PNDD–ADIL, mayoritario en el Parlamento). Las principales críticas a este nuevo Gobierno se centraron en torno a varios ejes. Por un lado, a pesar de los intentos por parte del primer ministro de negociar y de abrir la formación del Gobierno a todas las fuerzas políticas, los partidos que se mantuvieron fuera de esta oferta, así como la prensa, afirmaron que esta estrategia no respondió a un intento sincero de conformación de un Gobierno de conciliación o de unidad nacional, pues la oferta hecha desde el poder no era de negociación. El programa del jefe del Estado no se podía cuestionar ni negociar y la respuesta de los líderes consultados para formar parte del Gobierno debía ser prácticamente inmediata. Eso no fue obstáculo para que dos de los partidos de la oposición que habían formado parte de la CFCD, la Unión de Fuerzas del Progreso (UFP) y Tawassoul, aceptaran carteras ministeriales en el Gobierno formado en mayo de 2008. La actitud del partido Tawassoul sorprendió a varios analistas políticos. Durante el Gobierno de Ould Zeidán, este partido había manifestado su firme oposición al mantenimiento de relaciones diplomáticas de Mauritania con Israel. Sin embargo, aceptó formar parte del Gobierno de Yahya Ould El Waghef en mayo de 2008, aunque éste no rompiera las relaciones con Israel.

Por otro lado, el primer Gobierno nombrado por Yahya Ould El Waghef el 11 de mayo de 2008 recibió duras críticas por la entrada de ministros próximos al antiguo PRDS y al anterior presidente Uld Taya. Para la prensa escrita mauritana y los partidos de la oposición como la RFD, el hecho de recuperar a destacadas figuras de los gobiernos de Uld Taya por parte del nuevo primer ministro puso en duda el camino iniciado hacia la democratización de las instituciones y de la vida política mauritana, pues dejaba en entredicho las promesas de cambio de Ould Cheikh Abdallahi. El hecho de recurrir a ministros próximos a Uld Taya significaba, por un lado, que no se había conseguido desterrar a la clase política que contribuyó al mantenimiento del régimen dictatorial de Uld Taya, Por otro lado, se ponía de manifiesto que los recursos de poder no se ciñen sólo a las estructuras formales del Estado, sino que forman parte de los equilibrios tribales y de sus relaciones clientelares que determinan, en definitiva, las reglas del juego político.

La figura del jefe del Estado no había sido cuestionada hasta que el líder de la RFD, Ould Daddah, salió en la televisión Al Yazira para criticar principalmente al Gobierno y al primer ministro, a quien reprochó su incapacidad para gobernar y gestionar el país, y también al presidente de la República. Pero lo que más sorprendía de la precipitación de acontecimientos en la vida política mauritana no era el enrarecimiento del debate político entre el principal partido de la oposición y el Gobierno, sino la permanente amenaza por parte del partido mayoritario, el PNDD–ADIL, de su fraccionamiento. Sobre todo, pesaba la amenaza de la presentación de una moción de censura por los disidentes del partido mayoritario. Al final, la dimisión de algunos diputados del partido PNDD–ADIL tuvo como resultado la presentación de una moción de censura al gobierno de Yahya Ould El Waghef el 30 de junio de 2008, firmada por 39 diputados. Según fuentes periodísticas, esta actuación habría estado alentada por algunos militares profundamente descontentos con la gestión del presidente (a quien también apoyaron desde la sombra en su candidatura presidencial) y, especialmente, con la destitución de Ould Zeidán sin contar con ellos. Según esa teoría, tras la ruptura del partido mayoritario estaría la estrategia de algunos de los militares que participaron en el golpe de Estado de 2005 que no terminaban de ver su proyecto puesto en marcha. Entre tanta confusión, lo único que parece evidente es que los militares siguen presentes en la escena política y que la situación económica y las inercias en la estructuración social y en la articulación política de los intereses en términos tribales y clientelares no facilita la tarea de ningún ejecutivo.

Como resultado de la incertidumbre política, Yahya Ould El Waghef presentó su dimisión el 3 de julio de 2008 tras la presentación de una moción de censura. El día 15 se nombró otro Gobierno, encabezado por El Waghef, en el que se intentaron mantener los equilibrios regionales e incluyó a aquellos partidos que mostraban un apoyo claro a Ould Cheikh Abdellahi. En ese nuevo Gobierno se mantuvo o nombró a personas que ocuparon puestos de segunda fila durante el régimen de Uld Taya. Por otro lado, se criticó el hecho de que los nuevos ministros (10 sobre un total de 30) eran personas sin experiencia política y desconocidos para la opinión pública.

El desenlace final: el golpe de Estado del 6 de agosto de 2008

Todas las remodelaciones gubernamentales que se sucedieron de poco sirvieron ante el movimiento de los militares Mohamed Ould Abdelaziz y Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed (conocido como Ghazouani). Estos protagonizaron un golpe de Estado el 6 de agosto de 2008.

El detonante de esta reacción por parte de los militares fue el decreto del presidente Ould Cheikh Abdellahi, hecho público el mismo día 6 de agosto, en el que se destituía a los generales Mohamed Ould Abdelaziz (jefe de la Guardia Presidencial), Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed y Félix Negri. Estos dos primeros habían formado parte de CMJD, tras el golpe de Estado de 2005 y, además, habían apoyado, entre bambalinas, al candidato independiente Ould Cheikh Abdellahi en las elecciones presidenciales. El grave pecado del presidente fue intentar deshacerse de la omnipresencia de éstos en el campo político.

Los golpistas constituyeron un Alto Consejo de Estado, formado por 11 militares y afirmaron la pretensión de organizar nuevas elecciones, en breve, sin concretar fechas. El propio Abdelaziz, quien encabeza el Alto Consejo de Estado, afirmó que no se trataba de un golpe de Estado, sino que es una actuación para “redirigir” la situación del país. Las contradicciones de los golpistas han sido numerosas. Por un lado, los militares han prometido no disolver el Parlamento y respetar el estado de derecho, las libertades de los ciudadanos y las instituciones democráticas existentes. Por otro, han retenido al presidente de la República, al primer ministro y al ministro del Interior. Estos dos últimos fueron liberados el 11 de agosto de 2008, aunque el primero de ellos fue detenido de nuevo unos días más tarde. Las primeras medidas que tomaron los golpistas, tras hacerse con el control del palacio presidencial, la televisión, la radio y el aeropuerto de Nuakchot, fueron derogar el decreto presidencial que los había relevado de sus puestos y la destitución de los responsables de la televisión y la radio.

Las principales reacciones internacionales fueron de condena. La Unión Africana fue la primera en tomar una decisión firme y la primera en suspender la ayuda a Mauritania. Estados Unidos decidió cancelar la ayuda a Mauritania y exigir la inmediata vuelta al orden constitucional y democrático anterior. Esa fue también la postura de la Unión Europea. Francia, que en un principio tuvo declaraciones menos contundentes y abogó por mantener la “estabilidad” del país sin hacer una condena expresa del golpe, decidió posteriormente la suspensión de la ayuda financiera que no afecte directamente a la ayuda alimentaria.

Las reacciones internas o nacionales que se han podido seguir a través de la prensa local han sido de distinto calado. Por un lado, el mismo día del golpe se reunió de forma espontánea un centenar de personas para defender y apoyar a Ould Cheikh Abdellahi, aunque el grupo fue rápidamente dispersado. Por otro lado, ha habido manifestaciones más numerosas y consentidas de apoyo a los golpistas. En general, la ciudadanía parece no haberse movilizado ni a favor ni en contra. Probablemente, los problemas cotidianos y la desafección política les han alejado de los movimientos y las maniobras de unos y otros, aunque las hagan en su nombre.

En cuanto a las formaciones políticas, el escenario ha quedado también dividido. Algunos de los parlamentarios que dimitieron del PNDD–ADIL y que estuvieron detrás de la presentación de la moción de censura y del hostigamiento institucional desde mayo de 2008 han apoyado claramente a los militares que se han hecho con los resortes del poder. La posición del RFD y de su líder Ould Daddah es quizá de las notas más llamativas. Sin apoyar claramente a los golpistas, sí ha justificado su actuación como consecuencia de la deriva del régimen bajo las manos de Ould Cheikh Abdellahi. Según Ould Daddah, éste no había sabido gestionar el país y lo estaba conduciendo a la ruina. En esta línea se inscriben cuatro partidos (RFD, AJD/MR, MDD y HATEM), los cuales, sin aplaudir abiertamente el golpe de Estado, dan por finalizado la época Abdellahi, y parecen prepararse para la negociación con los militares y establecer las condiciones para una nueva transición.

Una nueva coalición ha sido formada en apoyo al presidente Ould Cheikh Abdellahi, por el partido PNDD–ADIL, APP, Tawassoul, UFP y el Partido por la Libertad, la Igualdad y la Justicia (PLEJ). La coalición ha sido denominada Frente Nacional por la Defensa de la Democracia (FNDD). Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Messaoud Ould Boulkheir, realizó unas declaraciones en las que afirmaba que no reconocía más poder ejecutivo legítimo que el depositado en el presidente elegido democráticamente, Sidi Ould Cheikh Abdellahi.

Conclusiones

Si la crisis gubernamental desatada en mayo de 2008 abría muchas incertidumbres con respecto a la estabilidad del Gobierno y su continuidad, el posterior golpe de Estado parece haber disipado algunas de esas dudas. El golpe militar del 6 de agosto de 2008 ha truncado el proceso de transición hacia la democracia que había iniciado Mauritania tres años atrás. La situación de ingobernabilidad que vivía el país (económica, social y política) se ha agravado con el golpe de Estado, que no ha venido más que a generar más dificultades.

Las turbulencias políticas del verano de 2008 parecen demostrar que los cambios democráticos no se habían asentado en la cultura política de Mauritania, mucho más difícil y lenta de cambiar. La fuerte presencia de los militares en la vida política, el presidencialismo o la política del “gran hombre” en el que se centran todas las esperanzas y todos los poderes (avalado, además, por la Constitución), el nomadismo político y la vertebración de los intereses a través de las tribus son algunas de las características que persisten en la vida política de Mauritania y que no facilitan la tarea de ningún ejecutivo.

COMICIOS MUNICIPALES EN EGIPTO ¿ELECCIONES SIN ELECCIÓN?


Casa Arabe

El pasado 8 de abril se celebraron elecciones locales en Egipto en un clima tenso debido al deterioro de las condiciones socio-económicas que han llevado a los obreros del textil a una serie de huelgas y manifestaciones y en un controvertido marco político y electoral.

Las asambleas locales constituyen una institución en la vida administrativa egipcia con una larga tradición. La Constitución de 1923 estipuló un régimen de administración local en los artículos 132 y 133, completado después en la Constitución de 1971, que dividía al país en unidades administrativas con cinco niveles cada una: gobernación (muhafaza), región (markaz), ciudad (madina), distrito (hayy) y pueblo (qaria). Más tarde, se regularían en virtud de la Ley 43/1979, aunque sin alcanzar el objetivo de descentralización que en principio la motivaba.

En abril de 2006 se debían haber celebrado elecciones municipales. Sin embargo, el 14 de febrero de 2006 el parlamento egipcio aprobó, con 348 votos a favor y 196 en contra, una propuesta del presidente de la República, Hosni Mubarak, para aplazarlas dos años en pro de introducir modificaciones en la Ley de Administración Local para que las asambleas locales gozaran de mayores atribuciones e iniciar así el proceso de descentralización. También se quería instaurar un sistema electoral alternativo al de las listas individuales, problemático a la hora de elegir a los cerca de 52.000 representantes locales.

Varios factores explican la importancia que revestían estas elecciones municipales de abril de 2008 en relación con las anteriormente celebradas. Eran las primeras elecciones municipales que tenían lugar en aplicación de las enmiendas constitucionales aprobadas en marzo de 2007. Concretamente el artículo 76 establece que cualquier candidato independiente que quiera presentarse a las elecciones para la Presidencia de la República, además de tener el apoyo de 65 miembros de la Asamblea del Pueblo (Congreso de Diputados) y 25 del Consejo Consultivo (Majlis al-Shura), debe también lograr el apoyo de 140 miembros de los consejos locales de las gobernaciones (a condición de que sean de 14 gobernaciones distintas). Esta nueva legislación daba un poder cualitativo a las municipales de cara a las importantes elecciones presidenciales.

Asimismo, aunque la prometida nueva ley de descentralización que daría más poderes a los consejos locales no se ha aprobado, todo parece indicar que se hará en un corto período de tiempo, de manera que el voto municipal podría adquirir mayor interés político. No obstante, hay que tener en cuenta que la gran atribución de poderes sobre la administración local de los que gozan los gobernadores de provincia, de designación presidencial, diluye considerablemente el alcance de dicha descentralización.

La ley que regula estas elecciones (49/1979) da un gran poder a las autoridades gubernamentales en la organización de las principales fases del proceso electoral, ya sea en la nominación de los candidatos, la campaña electoral o la verificación del escrutinio. En consecuencia, la tensión prevaleció en todo el proceso. De los más de 5000 candidatos que presentaron los Hermanos Musulmanes, sólo 21 fueron admitidos; y de los 4000 que presentaban los otros partidos de oposición (1700 el partido liberal de al- Wafd, 600 el partido de izquierdas al-Tagammu‘ y 700 el también liberal al-Gad) sólo 1200 consiguieron registrarse. Incluso en las filas del partido gubernamental, Partido Nacional Democrático (PND), hubo conflictos entre distintos pretendientes a las candidaturas (y finalmente 600 dimitieron), lo que ha sido interpretado como parte de las tensiones que vive el partido gubernamental desde hace un tiempo, dividido entre diversos sectores que tratan de imponerse ante la futura sucesión del presidente de la República.

La Ley 18/2007 que regula el papel de la Junta Superior Electoral le da una escasa autonomía y el papel del ámbito judicial como garante del proceso ha quedado muy disminuido tras las enmiendas constitucionales, de manera que la supervisión del mismo ha quedado excesivamente centrado en los ministerios de Interior y de Desarrollo local, así como en los gobernadores provinciales. Doce organizaciones de la sociedad civil egipcia obtuvieron del Consejo Nacional de Derechos Humanos el permiso para supervisar el proceso electoral. Los informes de estas organizaciones, como los del Centro Egipcio de Derechos de Mujer o la Asociación Egipcia para el Desarrollo Democrático, expresaron los obstáculos con los que se encontraron en su labor de supervisión y las múltiples irregularidades que constataron durante el proceso.

Los Hermanos Musulmanes, la principal fuerza política de oposición con 88 diputados en el Parlamento, anunciaron el 21 de febrero su participación en las elecciones. El Guía General, Muhammad Mahdi Akef declaró en conferencia de prensa que participaban para "salvar a la nación", renunciando a su eslogan El islam es la solución en favor de otros sobre la lucha contra la corrupción y el alza de precios. Con el objetivo de generar un estado de movilización en la vida política, al-Tagammu‘ dijo lo propio ese mismo día, al igual que al-Wafd, el Partido Naserista y el Frente Democrático, anunciando una coordinación entre todos ellos.

Sin embargo, el día anterior a la cita electoral el liderazgo de los Hermanos Musulmanes anunció que por el acoso sufrido, reduciéndose su número de candidatos y aumentando el de detenciones entre sus filas, se retiraba de los comicios y llamaba al boicot.

El número de escaños en juego en los consejos locales de las 28 gobernaciones (muhafaza) egipcias, y en sus diferentes niveles, era de 52.000, a los que concurrieron unos 57.000 candidatos, de ellos 52.000 pertenecientes al Partido Nacional Democrático. La participación, según observadores y oposición, osciló entre el 1% y el 5%, según la prensa oficialista entre el 5% y el 10%, y según fuentes del PND ascendió al 30%.

"Elecciones sin elección" ha sido una de las frases más repetidas por los políticos de la oposición, dado que en numerosos distritos electorales no hubo votaciones debido a la presencia de un único candidato que obtuvo su puesto de forma directa. Del total de escaños, 44.000 fueron adjudicados directamente por falta de otros candidatos. Así pues, sólo quedaban 8.000 escaños objeto de elección entre 10.000 candidatos, pero de esos 8.000, 6.000 fueron también adjudicados a un único candidato tras concretarse acuerdos entre el PND y algunos partidos de oposición para el reparto de los escaños sin recurrir a la votación. De manera que las elecciones reales han sido por 2.000 puestos (4% del total).

Las fuerzas políticas que participaron en las elecciones fueron: Partido Nacional Democrático, al-Wafd (rama Mahmud Abazha); al-Wafd (rama Nuuman Yumaa); Partido Naserista, al-Tagammu‘, al-Yil al-Yadid, Misr al-Arabi al-Ishtiraki, al-Gad (rama Musa Mustafa Musa), al-Gad (rama Ayman Nur), al-Yumhuri al-Hurr, al-Yabha al-Dimuqratiyya (rama Osama Gazali Harb), al-Yabha al-Dimuqratiyya (rama Muhammad Anwar Esmat al-Sadat), al-Dusturi y al-Ahrar. Los Hermanos Musulmanes y varios partidos minoritarios como Hizb Misr 2000, Hizb al-Umma y Hizb al-Salam al-Duwali, boicotearon las elecciones. Además de las fuerzas políticas, otros candidatos se presentaban como independientes. Los resultados no sorprendieron a nadie: el Partido Nacional Democrático consiguió 51.000 escaños. El resto, unos 1.000, se repartieron entre los diferentes partidos de oposición siendo al-Wafd el que más representantes obtuvo (242).