martes, 19 de agosto de 2008

¿PUEDE TRANSFORMARSE EL XINJIANG EN UN NUEVO TÍBET?


Augusto Soto

Con menos presencia mediática internacional que la Región Autónoma del Tíbet, la Región Autónoma del Xinjiang ha tenido una relación no menos conflictiva con Pekín. Su más reciente episodio ha sido un atentado en la ciudad de Kashgar a cuatro días de la apertura de los Juegos Olímpicos (JJOO). Si bien hay algunos paralelismos al comparar a ambas Regiones, también existen importantes factores que las diferencian.

Administración y seguridad en el Xinjiang

La seguridad en el Xinjiang se ha visto alterada a cuatro días del inicio de los JJ OO por el peor atentado de origen uigur en esta década. El ataque con explosivos y cuchillos contra una comisaría de la ciudad fronteriza de Kashgar, equidistante con Tayikistán y Kirguizistán, dejó un saldo de 32 víctimas, 16 de ellas mortales y todas policías.

Durante la primera mitad del año Pekín había anunciado el desbaratamiento de por lo menos dos atentados planeados en Urumqi, la capital del Xinjiang, cuyo objetivo eran los JJOO, además de distintos complots locales relacionados. Los más significativos hasta inicios de agosto fueron los de marzo pasado, cuando se anunció la desarticulación de una red que tramaba secuestrar un avión en pleno vuelo, y los de abril, entre los que se contó abortar un plan para capturar rehenes en Pekín, similar al famoso atentado ocurrido en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972.

Los acontecimientos de marzo casi coincidieron con el mayor levantamiento tibetano desde 1959. La casi simultaneidad de esos hechos angustió a las autoridades chinas. En esa coyuntura, la exiliada uigur más famosa, Rebiya Kadeer, presidenta de la Asociación Americana Uigur, apoyó desde Washington la causa tibetana. Precisó que el mundo no podía ignorar la negativa de Pekín de negociar seriamente con los líderes de identidades que calificó como “Tíbet y Turkestán Oriental”.

Era la primera vez en una crisis en el Tíbet que Pekín oía de una personalidad del calibre de Kadeer, empresaria, ex miembro del Partido Comunista y despojada de sus cargos en China, una referencia que relacionaba a ambas Regiones Autónomas. Ni siquiera el Dalai Lama las ha vinculado en un lenguaje reivindicativo. También destaca que la alusión fuese “Turkestán Oriental” y no “Xinjiang”, que significa “Nueva Frontera”, denominación que Pekín aplica a este espacio desde 1884 tras conquistarlo en el siglo anterior. La declaración de Kadeer reflejó una aspiración que fue una realidad con la República del Turkestán Oriental, proclamada en 1944 y de efímera existencia. Sin embargo, ha sido una referencia que sigue vigente entre los emigrados con conciencia política y entre algunos uigures en China. Como se sabe, éstos constituyen una antigua etnia musulmana centroasiática de la rama sufí y hablante de una lengua de la familia túrquica.

Sus nuevas generaciones han crecido dentro de un orden administrativo que abarca un 1.600.000 kilómetros cuadrados regido por el huso horario de Pekín. Esta delimitación le ha supuesto a la etnia original de la Región vivir en una creciente asimetría interétnica (los chinos de etnia han representaban el 6% de la población en 1949; hoy superan el 40% de los casi 19 millones de habitantes).

Los factores críticos desencadenantes de una recurrente inestabilidad que llega hasta hoy son de origen internacional. Uno ha sido la caída de la URSS y el surgimiento de tres Estados adyacentes a China. Éstos aparecieron liderados por antiguas minorías de alcance regional y sus ejemplos han sido referencia para los uigures con más conciencia étnica. Por otro lado, han ejercido también su efecto el antiguo régimen de los talibán y otros grupos fundamentalistas centroasiáticos entre uigures con conciencia militante de alcance internacional.

En la entrevista concedida en 2007 al experto alemán en terrorismo, Berndt Georg Thamm, el coronel Chen Chuan, agregado militar de la Embajada china en Berlín, en unas respuestas que sólo reiteran la versión que Pekín ofrece desde 2001 (sin agregar especiales detalles nuevos) estimó que el balance de la inseguridad en el Xinjiang durante la década de los 90 era de 260 ataques, con un saldo de 160 muertos y más de 400 heridos. Destacan las protestas de 1997, las más sangrientas. Como es conocido, esos alzamientos alcanzaron un punto culminante en el atentado con una bomba menor en un autobus a metros de Zhongnanhai, el centro decisorio y residencial de los líderes chinos en la capital.

En todo el marco previo a los JJOO, Pekín ha seguido señalando como culpable de los disturbios más recientes, como desde hace una década, al Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (Dongtu en su abreviación en chino y ETIM en sus siglas más difundidas en inglés, nacido en 1997). Su organización es difícil de entender. Una razón se debe a que se le atribuye su fusión con otras cuatro organizaciones (todas compartiendo “Turkestán Oriental” como componente conceptual). Pero lo más probable es que esta confusión se deba a la prosaica razón de que a Pekín le conviene integrar la insurgencia en un sólo concepto para combatirla con una única estrategia de mano dura.

Pekín entiende que cinco organizaciones se reunieron en la ciudad de Gulja (también llamada Yining en chino), junto a la frontera con Kazajistán, en 1994. No está nada claro si coincidieron en objetivos y métodos para fundirse en una organización tres años después, y especialmente si hubo o no consenso para utilizar la vía armada. A la vez, es un acertijo saber qué grado de coincidencia tiene hoy un ETIM fantasmagórico, y acaso en parte desarticulado, con grupos internacionales como al-Qaeda o Hizb ut–Tahrir. A éste último Pekín le considera relacionado con el ETIM y corresponsable de la mayoría de los incidentes previos a los JJOO. En tanto, es sabido que el líder uigur armado más importante del ETIM, Hasan Mahsum, fue eliminado por el ejército paquistaní en la frontera afgano-paquistaní en 2003.

Paralelismos y diferencias entre el Xinjiang y el Tíbet

Un factor de inestabilidad similar al que se da en Tíbet es la notable llegada de inmigración de chinos de etnia han, más continuamente avecindados en la última década que en las anteriores. Los recién llegados, generalmente más exitosos en los negocios que los lugareños, tienden a hacer sus compras y a comer en sitios diferentes y a estudiar en colegios distintos, e incluso a vivir en barrios diferenciados, en lo que tiene todas las características de una segregación informal. Tal separación de facto obviamente alienta percepciones exageradas del otro.

Tanto en el caso xinjianés como en el tibetano continúan vigentes algunos factores que conspiran contra la asimilación y la cooptación total de las elites. En el caso xinjianés se debe a la cosmovisión que, por naturaleza, proporciona el islam. Pero, precisamente, esa subordinación a una centralidad ajena es la que por otro lado ha ayudado a cooptar a parte de la elite secular y religiosa. Por ejemplo, los imanes de las mezquitas son empleados del Estado.

A diferencia del caso tibetano, ante el que Pekín ha aceptado la existencia de un conflicto que hace necesarias unas negociaciones (rotas en el pasado y reiniciadas en julio de 2008), en el caso uigur no es evidente qué reconocer ni qué negociar.

Por añadidura, a diferencia de los tibetanos, que son el foco de su versión del budismo, los uigures tienen su centro de referencia espiritual en La Meca, hacia donde Pekín ha permitido el peregrinaje. Además, se han reanudado progresivamente los contactos culturales y comerciales con los países del entorno. Actualmente, el Xinjiang dispone de 17 pasos interfronterizos y 11 aeropuertos que incluyen vuelos a distintos puntos de Eurasia entre Estambul y Hong Kong. Pese a las medidas de control, Pekín es a la vez responsable de abrir a la Región Autónoma a la globalidad.

Sin embargo, en el terreno de la imagen la diferencia entre el Tíbet y el Xinjiang es abismal. Si el primero ocupa un lugar muy específico en los estratos sociales más influyentes de Occidente, incluidos los dirigentes de varios países que vivieron el fervor del hippismo influido por el budismo, del segundo no hay una imagen reconocible. Y si para el Dalai Lama ha habido condecoraciones, películas de alcance mundial y solidaridad (extendida incluso a los tibetanos comunes y corrientes), los uigures proyectan una imagen difusa, con 22 detenidos en Guantánamo, capturados en Afganistán, de los cuales sólo se ha liberado a cinco.

En cuanto a líderes, el político uigur más famoso no es chino, sino que es el mismísimo primer ministro del vecino Estado de Kazajistán, Karim Massimov. En tanto en China el político más encumbrado es el histórico dirigente Ismail Amat. Éste oficia de vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (el puesto más alto que alcanza un uigur desde 1949), y regularmente es enviado especial del presidente chino en visitas a Estados del mundo islámico. Por otro lado, la figura contestataria uigur que alcanzó una mayor fama fue Wuerkaixi, aunque sólo en su calidad de líder pro-democrático durante las protestas de Tiananmen. En fin, la ya citada Rebiya Kadeer es internacionalmente muy poco conocida.

Por otro lado, la Región Autónoma noroccidental no cuenta con la simpatía y ayuda mediático-financiera global de que disponen los tibetanos. Los uigures sólo tienen determinados centros de apoyo en Kazajistán, Turquía (el centro histórico de los países de habla túrquica) y Alemania (destino principal de inmigración laboral turca), además de EEUU y Australia. Y si bien en 2004 se formó una organización con afán aglutinante conocida como Congreso Mundial Uigur, que congrega a los grupos nacionalistas de la diáspora, los uigures defienden con apenas incidencia su causa nacional y la de los derechos humanos en la China occidental.

A la vez, mientras desde hace una década el Dalai Lama evoluciona hacia una estrategia más realista de reconocimiento del Estado chino, se desconoce un ideario político similar relacionado con las aspiraciones de los uigures en el Xinjiang. También, a diferencia del Tíbet, de la región vecina simplemente no hay en Occidente imágenes de los famosos levantamientos ni de las reacciones represivas del Estado chino frente a las cuales quepa alguna solidaridad exterior.

Por qué no debiera haber “otro” Tíbet

Se estima que antes de los JJOO Pekín cuenta con cerca de 200.000 soldados en la Región Autónoma del Xinjiang, vigilantes en los pasos transfronterizos y en el interior. Además, se ha reforzado a nivel nacional y local el proyecto “Escudo de oro” de Internet, de manera que se detecta rápidamente a quienes intentan acceder a términos prohibidos en los cibercafés, incluso en las pequeñas aldeas.

Al Xinjiang se le vigila adicionalmente desde los países de la Organización para la Cooperación de Shanghai (OCS). Pekín le ha pedido a la Organización, y especialmente a Kazajistán y a Kirguizistán (países donde vive una comunidad de 350.000 uigures) que sigan a los sospechosos y que extraditen a China a posibles terroristas o fugitivos. Amnistía Internacional en su informe 2008 atestigua que ya se ha comenzado a materializar esta colaboración. Añadidamente, los ejercicios anuales de la OCS del año pasado, que incluyeron maniobras antiterroristas que simulaban desbaratar una célula terrorista que chantajeaba con material nuclear, se celebraron tanto en el Xinjiang como en los Urales.

A nivel argumental, Pekín desde hace 10 años y de forma acumulativa utiliza cinco nociones para justificar sus métodos preventivos y represivos en su Región Autónoma noroccidental. En primer lugar, en el marco de la lucha contra la pura y simple criminalidad, denominada Yanda (golpea fuerte, en chino). En segundo lugar, la noción se desarrolla dentro del marco conceptual de la OCS, que acepta que los tres males a combatir conjuntamente son el separatismo, el terrorismo y el extremismo. La tercera noción es la “guerra contra el terror” tras el 11-S, gracias a EEUU, que clasificó, aunque con algunas dudas, al ETIMx como grupo terrorista. El cuarto aspecto es la pura y simple cobertura que proporciona a la acción china la presencia de las fuerzas multinacionales de la ISAF en el vecino Afganistán. Por último, y en quinto lugar, el enfoque chino se enriquece con las percepciones internacionales comúnmente aceptadas de terrorismo o inseguridad. Así por ejemplo, se asocia al ETIM como una versión oriental de Hezbollah o de ETA. O con el combate del tráfico regional de drogas, prioridad de Naciones Unidas en Afganistán.

Por supuesto, los principales dirigentes y estrategas del Oeste chino son de etnia han, no uigures. Ni tampoco kazajos, kirguizes o tayicos, pueblos centroasiáticos que conviven en el Xinjiang en un número claramente menor que los casi 9 millones de uigures que lo habitan. Destaca Wang Lequan, la mayor autoridad del Partido Comunista en Xinjiang, de etnia han, nacido en la costa y con una carrera en la Región Autónoma desde 1991. También Pan Zhiping, director de la Academia de Ciencias Sociales del Xinjiang, que ha teorizado una estrategia para la Región de vinculación intercontinental Oeste-Sur.

Pekín enfoca de manera ambivalente a la Región Autónoma. Por un lado, como se ha visto, la trata con ciertos rasgos de fortaleza sitiada. Pero a la vez es consciente de su importancia dentro del Plan Oeste de desarrollo de provincias y regiones autónomas occidentales lanzado en 2000.

Pero hay más: en los últimos meses se especula con insistencia que en un futuro el Xinjiang se podría convertir en punto de llegada de parte del petróleo que China importa desde Oriente Medio y África y que en un 80% transita por el Estrecho de Malacca. Hacia esa posibilidad apunta el agrandamiento del puerto de Gwadar, en las costas de Pakistán, construido con ayuda china y, por otro lado, la expansión de la carretera xinjianesa de Karakorum. El puerto de Gwadar es visto por el estratega Pan Zhiping, citado más arriba, como “un nuevo canal de la energía”, capaz de transportar petróleo por carretera, ferrovías u oleoductos. A la vez, Pekín considera seriamente el proyecto macrorregional de la Autopista Asiática propiciada por Naciones Unidas desde hace tres años y previsto para una enorme zona del Asia continental, que incluye al Xinjiang como plataforma de conexión Este-Oeste y de rango euroasiático.

Conclusiones

Las noticias de alzamientos y desórdenes y las medidas de control preventivas en el Xinjiang contienen la cuota de vaguedad típica de los terrorismos y contraterrorismos ajenos a los entornos democráticos. Paralelamente, Pekín mantiene una nebulosa informativa que constituye una ambigüedad estratégica poco discernible de la desplegada por la “guerra contra el terror” de la Administración Bush.

Faltan pistas más contrastadas sobre la autoría real de las bombas que han explotado en la provincia de Yunnan en la tercera semana de julio y, especialmente, sobre la trama logística del ataque del 4 de agosto (con sólo dos autores y ya relacionada al ETIM por las autoridades chinas). Lo que no se ha logrado en todos estos años son explicaciones oficiales más coherentes y creíbles sobre las ramificaciones del fenómeno de la insatisfacción pacífica o armada en el Oeste chino.

Pekín se enfrenta una amenaza incesante aunque muy acotada. El peor escenario posible sería una vinculación entre tibetanos y uigures radicales. Con todo, el Partido Comunista tendría que hacer muy mal las cosas para que se lograse esa hipotética y explosiva alianza.

Más allá de los colectivos con conciencia política, a nivel masivo hay una relativa y mutua sensación de lejanía entre los xinjianeses y los chinos de la costa, quienes apenas conocen a la estratégica región. Así, en lo inmediato, el dato clave no es que haya xinjianeses en el equipo de baloncesto de la representación china en los JJOO, sino el grado de fervor que suscitará el evento. En el Xinjiang no será la ardiente adhesión compartida por la gran mayoría del país.

Por otro lado, una de las asignaturas pendientes para Pekín en el país y en el exterior es difundir mejor que una tierra menos atrasada y exótica que nunca se está transformando progresivamente en ruta de infraestructuras y de comercio Este-Oeste con potencial Sur-Oeste.

Por último, el progreso material que se vive en el Xinjiang está dando, como a los demás chinos de la etnia mayoritaria han, mayores espacios de libertad personal. Pero sigue instalada en la Región la percepción de que el progreso general convive con una relativa discriminación a favor de la etnia han, con un añadido coste identitario. Lo anterior exigirá a Pekín una administración que considere todos los factores de convivencia en juego, entre ellos mejores repartos del evidente crecimiento económico del Xinjiang.

INMIGRACIÓN ILEGAL Y XENOFOBIA EN SURÁFRICA


Carlos García Rivero

Recientemente se han presenciado en la República de Suráfrica actos de xenofobia que han puesto en tela de juicio su reputación, justamente ganada, de sociedad modelo de tolerancia. Un país que para muchos analistas estaba abocado, en los años 90, a la guerra civil como sus vecinos Angola o Mozambique, asombró al mundo por su transición pactada y pacífica. Catorce años después, multitudes armadas con palos y armas de fuego han perseguido, apaleado, tiroteado e incluso incendiado tanto las viviendas y negocios de inmigrantes como a los propios inmigrantes. El resultado ha sido decenas de muertos y miles de desplazados y una reputación de convivencia multicultural gravemente dañada, y todo a dos años de convertirse en un polo de atención mundial al acoger la celebración del campeonato mundial de fútbol en el año 2010.

Los movimientos migratorios en África han sido siempre una constante. Guerras por recursos económicos, enfrentamientos étnicos, golpes de Estado, sequías y hambrunas o simplemente la falta de oportunidades y trabajo, siempre han ocasionado el desplazamiento de miles de personas de unos países a otros en busca de un mejor destino.

Dentro del África subsahariana, Suráfrica ha sido y sigue siendo uno de los destinos más atractivos debido a varios motivos:

Es el país más desarrollado de todo el continente, con infraestructuras como en cualquier país de Europa y con la economía más fuerte de la región.

El fin del Apartheid ha hecho que la población negra esté en pie de igualdad (al menos, desde el punto de vista formal-legal) con la población blanca. Atrás quedaron los tiempos en los que había que tener un pase para estar en la ciudad a partir de ciertas horas, o no se podía acceder a determinados puestos de trabajo.

Las fronteras de Suráfrica son muchos más permeables y consecuentemente es más fácil entrar que, por ejemplo, en Europa, el destino dorado del norte. De hecho, pasar de Mozambique a Suráfrica es algo tan simple como cruzar el parque nacional Kruger que une ambos países y que cuenta con unos 350 km de largo y unos 60 km de ancho. Si las fieras no dan cuenta del inmigrante (algo no improbable), el tránsito a la vecina Suráfrica está asegurado; o por el desierto del Kalahari, que une Namibia, Botsuana y Suráfrica, o por la costa del índico a través del estuario Saint Lucia en la frontera entre Mozambique y Suráfrica.

Un inmigrante sin recursos pasará desapercibido por las calles de Suráfrica sin llamar la atención y, consecuentemente, sin ser automáticamente catalogado como inmigrante ilegal por parte de las autoridades, debido a que en Suráfrica todavía un porcentaje muy alto de la población (negra) vive por debajo del umbral de la pobreza. Si a esto se añade que conseguir documentación falsa en África es algo sencillo y relativamente barato, se puede comprobar que Suráfrica es un destino ideal para los inmigrantes de todo el continente.

A estos factores se añade la situación crítica que vive su vecino del norte, Zimbabue, que tras casi 30 años de poder absoluto de Robert Mugabe está al borde del colapso y ya ha provocado la salida de miles de ciudadanos que intentan tanto buscar un futuro económicamente más estable como escapar de la represión de lo que ya podría calificarse como un Estado terrorista y que, sin duda, irá a más en los próximos meses.

En este contexto de atracción de inmigrantes, por un lado, y de desempleo y pobreza elevados, que afecta especialmente a población negra, es donde se han producido los altercados xenófobos protagonizados por manifestantes de raza negra que cargaban contra población, también negra pero foránea, bajo la acusación de que quitaban el empleo a la población local y eran causa de inseguridad y crimen.

Aunque la violencia comenzó en un barrio de chabolas (township) en Johannesburgo a principios de mayo, se ha extendido a Ciudad del Cabo y Durban, es decir, afectando a las tres zonas más importantes del país y causando cerca de 60 muertes (de los que al menos un tercio son surafricanos), especialmente en los alrededores de Johannesburgo Se han generado más de 25.000 desplazados en unas dos semanas de ataques xenófobos en los que las multitudes han apuñalado, apaleado, violado e incluso incendiado a inmigrantes procedentes de diversos países de África, a los que se acusa de robar los puestos de trabajo a los ciudadanos de Suráfrica y de ser los responsables de los altos índices de criminalidad existentes en el país. La situación ha llegado a tal extremo que incluso compañías internacionales han retirado a sus altos directivos de Johannesburgo.

Secuencia de los hechos

Una multitud mató a disparos de arma de fuego a dos inmigrantes e hirió al menos a unos 40 más en el township Alexandra, cerca de Johannesburgo, bajo el grito de “no más inmigrantes ilegales”, durante el fin de semana del 10 y 11 de mayo. Los asaltantes entraron en las casas tirando las puertas a golpes, ordenando a quienes vivían allí que lo dejaran todo y se fueran. Durante el asalto, las víctimas fueron insultadas, golpeadas y robadas. El lunes 12, de nuevo otro muerto por arma de fuego e incluso intentos de violaciones, provocaron que docenas de inmigrantes ilegales buscaran refugio en las oficinas de policía y que se procediera al despliegue de la unidad de orden público de la policía, que se vio desbordada.

Inmediatamente, los principales partidos condenaron los hechos recordando que dañaban la imagen de tolerancia del país y les retornaban a tiempos pasados de racismo e intolerancia.

Durante los siguientes días, 14, 15 y 16 de mayo, aumentó la tensión en los townships y la violencia se extendió a otras zonas, como Diepsloot. Las fuerzas del orden se enfrentaron a manifestantes y consiguieron mantener la paz en Alexandra e impidieron una manifestación de más de 20.000 personas quienes, según la policía, dispararon con fuego real. Como consecuencia, la presencia policial, al mismo tiempo que la violencia, se expandió a otros townships. A la violencia contra los inmigrantes se unió el vandalismo, saqueo de tiendas, quema de neumáticos, violaciones, etc. En los primeros días de la oleada de violencia se detuvo a más de 50 personas.

Aunque los datos oficiales publicados no distinguen las nacionalidades de las víctimas, la violencia se cebó con los ciudadanos de Zimbabue, su vecino del norte, y cientos de ellos abandonaron sus hogares en Cleveland, suburbio de Johannesburgo. Dos personas fueron quemadas vivas, otros tres golpeados con palos hasta la muerte y unas 50 tuvieron que ser atendidas en hospitales de heridas de bala y golpes. Unas 300 personas tuvieron que buscar refugio en las comisarías de policía y numerosas tiendas fueron saqueadas y quemadas.

El 17 de mayo, organizaciones sindicales (como COSATU) convocaron manifestaciones de repulsa en Johannesburgo, recordando que la clase obrera no debía dirigir su ira contra los trabajadores inmigrantes sino contra su “verdadero enemigo”, los capitalistas. Las protestas sindicales no sólo manifestaron repulsa a los ataques contra los inmigrantes sino críticas contra la subida de precios de los alimentos y la situación insostenible de Zimbabue. Según recogieron los medios de comunicación locales, los manifestantes afirmaron que los extranjeros se merecían el ataque porque “nos están quitando los trabajos, las casas y las mujeres”.

El día 19, apenas una semana después de que comenzara este levantamiento contra los extranjeros, la violencia se había extendido ya por toda la provincia de Gauteng (la provincia en la que se encuentra Johannesburgo) afectando a Primrose, Reiger Park, Kya Sands, Zandspruit y Ramaphosa. El número de muertos se elevó a 19 y los desplazados de sus hogares se contaban ya por miles. También se dieron casos de acoso entre ciudadanos nacionales, es decir, ciudadanos de una región de Suráfrica contra otros surafricanos exigiendo que regresasen a sus regiones de origen.

La situación se agravó hasta el punto de que el ejército tuvo que intervenir a petición de la policía. El día 21 el número de muertos se elevaron a 42, los desplazados llegaron a los 16.000 y los detenidos a 400. La violencia xenófoba se extendió fuera de la provincia central de Gauteng y llegó a Kwazulu-Natal y Mpumalanga. Los objetivos fueron ciudadanos de cualquier país, aunque los de Zimbabue y Somalia se veían afectados especialmente.

La actuación de la policía para controlar la situación se vio enturbiada por acusaciones de abusos a la población inmigrante: robos de pertenencias como teléfonos móviles o televisiones y exigencia de pago de sobornos (rondando los 2.000-5.000 rands)[1] para los que no tenían documentación en regla.

El 22 y 23 de mayo la violencia alcanzó a Ciudad del Cabo y ciudades muy turísticas como Knysna, dentro de la denominada “Ruta Jardín”, donde se atacó a ciudadanos somalíes y zimbabuenses, quemando sus casas y sus negocios, sobre todo tiendas. Cientos de inmigrantes tuvieron que ser evacuados de los townships cercanos a Ciudad del Cabo. La cifra de desplazados se elevó a 25.000 en menos de dos semanas y la de arrestados por las fuerzas del orden a 500, ocasionando, según expertos, incluso una caída de la moneda surafricana, que se llegó a cambiar a 7,63 rands por dólar. De forma paralela, la subida del precio del petróleo y de los precios de los alimentos no hicieron más que incrementar las tensiones, que se terminaron por materializar en ataques a los inmigrantes a los que se les acusaba de “robar” empleo y aumentar el crimen.

El 24 de mayo miles de personas se manifestaron en Johannesburgo contra la xenofobia, recordando que este tipo de violencia política solo se asemejaba a la habida en los tiempos del Apartheid. Finalmente, el día 26 el ministro de Seguridad afirmó que la situación estaba bajo control, con un balance de 1.300 detenidos, 25.000 desplazados, 340 tiendas de inmigrantes asaltadas –de ellas 230 incendiadas– y más de 50 muertos.

Se prevé que el turismo se verá afectado negativamente, especialmente a semanas de que comience el verano en el hemisferio norte. Casi un millón de ciudadanos de Suráfrica viven del turismo, el sector es responsable del 8% de PIB y se estima que por cada ocho visitantes se crea un puesto de trabajo en el país.

A pesar de haber hecho gala de tener una de las legislaciones más abiertas del planeta en materia de inmigración, más de 10.000 inmigrantes de origen mozambiqueño han vuelto a su país y las autoridades en el país esperan que se doble la cifra. Esta posibilidad de retorno es mucho más complicada para otros ciudadanos, como los de Somalia o el vecino Zimbabue, donde la represión y crisis económica son de tal magnitud que los ciudadanos prefieren huir y esconderse en Suráfrica antes que volver a su país de origen.[2]

La incapacidad para contener la crisis también quedó patente en la actitud del propio presidente Thabo Mbeki, que apenas ha sido visto condenando la situación y cuya aparición pública se limitó a un comunicado de prensa y radio y la promesa de la creación una comisión de investigación, lo que le ha valido críticas de todo tipo. Sólo dos semanas después de los hechos, los calificó de “absoluta vergüenza” en un mensaje televisado.

Los desplazados han sido ubicados en alguno de los siete centros de acogida establecidos por los gobiernos locales. El ayuntamiento de Ciudad del Cabo acoge en varios campamentos a unos 10.000 y está enviando a mediadores y traductores para convencer a los desplazados de que se trasladen a uno de esos campamentos, entre los que se incluye un campamento militar. En otra zona, al este de Johannesburgo, miles de desplazados se agolpan en tiendas de campaña cedidas por ONG, formando campos de refugiados que recuerdan los que pueden verse con frecuencia en el resto del continente.

El gobierno ya anunció que no deportará a los que no tengan documentación, salvo que así lo deseen, para no hacer más daño a personas que han sufrido ya violencia e intimidación, y se ha anunciado un despliegue de fuerzas de pacificación en varios puntos de país.

Todos estos hechos sólo pueden entenderse si se analizan a la luz de la estructura socio-laboral de Suráfrica, todavía muy afectada por la herencia de 40 años de Apartheid. La tasa de desempleo[3] es del 27,5% pero su distribución no es homogénea. Por ejemplo, más de la mitad de los jóvenes entre 15 y 24 años está parado. Por otro lado, el desempleo afecta muy desigualmente a los grupos raciales. El porcentaje de parados varones blancos[4] es del 3,5%, mientras que de varones negros es del 23%. Ocurre algo similar en el caso de las mujeres: el 4,5 % de las mujeres blancas está en paro, mientras que entre las mujeres negras el porcentaje alcanza el 31,2%.

Según el censo de 2001, último disponible, hay 345.000 inmigrantes legalmente residiendo en el país procedentes de todo el continente africano, 88.000 procedentes de Europa, 16.000 de Asia, 6.000 de América del Norte, 5.000 de América del Sur y Central y 2.000 de Australia y Nueva Zelanda. Pero las cifras de inmigrantes ilegales son desconocidas y las estimaciones varían entre 5 y 10 millones de inmigrantes ilegales. Proceden en su mayoría de la República Democrática del Congo, Zimbabue, Malawi y Mozambique, aunque llegan también de lugares tan lejanos como Somalia. Su trabajo se concentra en la agricultura, construcción, turismo, servicio doméstico y comercio informal, es decir, en los mismos sectores donde se concentran los trabajadores no cualificados de nacionalidad surafricana, lo que produce competencia por los puestos de trabajo.

A esto se une una “fuga de cerebros” importante. Desde 1994, fecha de las primeras elecciones multirraciales, más 1 millón de ciudadanos de raza blanca ha abandonado el país por la falta de oportunidades originada por las políticas de affirmative action[5] y la devaluación de la moneda, entre otras razones. Todo esto hace que, paradójicamente, en Suráfrica se combinen un vacío importante en el sector laboral de alta cualificación y un elevado desempleo de personas no cualificadas. Es precisamente ahí, en el sector de empleo no cualificado, donde los surafricanos compiten con los inmigrantes ilegales.

Otro factor importante que ayuda a entender por qué las revueltas comenzaron donde lo hicieron, en la provincia de Gauteng, es el hecho de que la mayoría de los inmigrantes (tanto legales como ilegales) se encuentra en esa provincia,[6] conjuntamente con el Norte, frontera con Zimbabue, y el Este, frontera con Mozambique. Por otra parte, la provincia de Gauteng tiene la mayor densidad de población del país, superior a las 400 personas por kilómetro cuadrado, mientras que en el resto de provincias ronda las 50, salvo Kwazulu-Natal con 100 personas por kilómetro cuadrado.

A esto se añade que los flujos migratorios internos se dirigen a la provincia de Gauteng, la única provincia que gana población mientras que las demás pierden. En los últimos siete años la provincia de Gauteng ha tenido un crecimiento de 511.000 personas, frente al descenso de población de todas las demás y las estimaciones de la oficina nacional de estadística prevén para el período 2006-2011 un crecimiento en Gauteng de más de 470.000 personas. Esto explicaría que también se hayan dado casos de xenofobia “interna” hacia ciudadanos surafricanos de otras provincias y que un tercio de los muertos sean surafricanos.

Suráfrica cuenta con unos niveles de criminalidad muy elevados y el recurso a la violencia es frecuente. Según la Oficina de Naciones Unidas para el Crimen y la Droga (UNODC), Suráfrica tiene la tasa más alta del mundo de homicidios (125 por cada 100.000 personas), por encima de Colombia, y el mayor índice de violaciones (1,19 por cada 1.000 personas), lo que concuerda con la violencia con la que los manifestantes se han expresado y con la práctica de violaciones durante las protestas.

Indicios en el pasado

A pesar de la sorpresa causada por los acontecimientos, ya había indicios de una creciente xenofobia en el país. La Comisión de Derechos Humanos venía observando un importante incremento de la xenofobia desde finales de los 90 y alertó en el 2007 de que ésta estaba aumentando de “forma preocupante”. En 2004, un grupo de refugiados congoleños y ruandeses en Ciudad de Cabo se pusieron en contacto con el presidente Thabo Mbeki a través de una carta en la que le comunicaban su preocupación por la inseguridad en la que se encontraban los inmigrantes en el país. Al igual que otros inmigrantes, ahora se niegan a ir a campos de refugiados, ya que, según dicen, una vez que se entra en un campo de refugiados “puedes morir en él sin importarle a nadie”. También en 2004, extranjeros africanos e indios fueron expulsados de sus puestos del mercado del township de Khayelitsha en las cercanías de Ciudad del Cabo.

Esta actitud de rechazo al extranjero (pobre) también ha quedado reflejada en las encuestas de opinión. A pesar de que Suráfrica es un país donde alrededor del 10% de la población afirma tener o el padre o la madre inmigrantes, según sondeos de opinión en 2006, el 30% de los encuestados afirmaba que se debía prohibir, sin más, la entrada de personas de otros países en Suráfrica. Este porcentaje era del 19% en 1995 y del 23% en 2000, lo que supone un importante aumento del rechazo a la presencia de extranjeros en la última década. En la misma línea, en el año 2006 sólo un 15% afirmó que se debía dejar entrar a extranjeros siempre que hubiera trabajo disponible, lo que suponía un descenso considerable respecto a los porcentajes de años anteriores (26,4% y 26,5% en 1995 y 2000, respectivamente). En otras palabras, el porcentaje de personas dispuestas a permitir la entrada de extranjeros si hay empleo se redujo y el porcentaje de personas que rechazaba, sin más, la entrada de extranjeros se disparó en una sola década, corroborando los informes de la Comisión de Derechos Humanos.

En este contexto de creciente rechazo a los extranjeros y habida cuenta de que las causas parecen ser la falta de empleo, el auge del crimen y la crisis económica producto de la subida de los precios de los alimentos y el petróleo, sólo cabe esperar que la situación se mantenga en calma en la medida en que las fuerzas del orden sigan en las calles, una calma que probablemente quedará quebrantada en cuanto el despliegue de policías y ejército se retire. Si a esto se añade que la situación en Zimbabue no puede sino empeorar ante la negativa de Robert Mugabe a aceptar su salida del poder, lo que provocará un aumento de la represión y del exilio y con ello la entrada de inmigrantes ilegales en Suráfrica, el panorama no es muy alentador.

El gobierno surafricano puede llenar las calles de miembros de las fuerzas del orden, pero mientras el problema de fondo no se solucione (control eficaz de fronteras, crecimiento económico) la situación seguirá siendo inestable.

Ante este horizonte cabe preguntarse qué pasaría si este escenario se hubiera dado o se repitiera dentro de dos años en plena celebración del campeonato mundial de fútbol con miles de visitantes de todo el planeta. ¿Está preparada Suráfrica para la gestión de un acontecimiento de tal magnitud?

Conclusiones

En dos semanas Suráfrica se ha visto azotada por una oleada de violencia de carácter xenófoba sólo comparable a la existente en los tiempos en los que el sistema de segregación racial estaba vigente, cuando la población negra no ostentaba el rango de ciudadano. Catorce años después de las primeras elecciones democráticas, la población negra se enfrenta a población también negra, pero de otra nacionalidad, e incluso se producen ataques entre ciudadanos negros de nacionalidad surafricana procedentes de distintas zonas del país.

Esto es especialmente llamativo en un país azotado durante décadas por el racismo y en el que muchos de sus ciudadanos, por razones de seguridad, tuvieron que buscar asilo en países vecinos, de donde procede buena parte de los que hoy han sido apaleados, asesinados y quemados.

La oleada de violencia ha dejado más de 50 muertos y 200 quemados, más de 25.000 desplazados y 340 establecimientos saqueados, todo en sólo dos semanas. En definitiva, ha sido una revuelta descontrolada que ha mostrado la debilidad del Estado surafricano ante una crisis y la incapacidad de la policía para mantener el control y que ha llegado a devaluar la moneda.

La “crisis de mayo” es un aviso al gobierno de las consecuencias que podría tener una crisis económica de mayores magnitudes, que no se antoja lejana si el precio del petróleo y los alimentos y la inestabilidad en países vecinos como Zimbabue siguen creciendo.

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[1] Entre 200-500 euros aproximadamente.

[2] Se estima que hay unos 3 millones de ciudadanos de Zimbabue en Suráfrica, siendo el grupo inmigrante más numeroso.

[3] Para estar considerado desempleado es necesario estar capacitado para trabajar y buscar empleo activamente. Si se considera a toda la población adulta no ocupada, el porcentaje de paro alcanza el 40%.

[4] La distribución racial en Suráfrica es la siguiente: 80 % de población negra; 8% de población mestiza, 2% de población asiática (principalmente de origen indio) y 10% de población blanca.

[5] Prioridad a la población negra en la contratación laboral.

[6] Suráfrica esta dividida en nueve provincias: Eastern Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Northern Cape, North West y Western Cape.

KUWAIT: DEMOCRACIA EN PROGRESO


Casa Árabe

La experiencia política del emirato de Kuwait se caracteriza por su tradición liberal con fórmulas de participación ciudadana y sus índices de pluralismo. Es una experiencia singular: la Constitución garantiza principios democráticos, derechos y libertades públicas, si bien no existen partidos políticos en sentido estricto; garantiza la alternancia en el poder legislativo, el Parlamento no puede presentar una moción de censura contra el primer ministro, pero los ministros sí son individualmente responsables ante la Asamblea Nacional y ésta también puede decidir no colaborar globalmente con el gobierno. El contexto y el proceso de las elecciones anticipadas del 17 de mayo nos permiten actualizar el análisis sobre esta dinámica democracia en progresión.

Tras la independencia, Kuwait se dotó en 1962 de una Constitución moderna donde quedó establecido un sistema parlamentario, reivindicado por las influyentes elites nacionalistas y por una poderosa burguesía mercantil financiera y políticamente autónoma. Desde entonces, el sistema político kuwaití ha arraigado principios democráticos y una esfera pública plural y representativa de la sociedad kuwaití, tejidos a través de las relaciones –y a veces las tensiones– entre la familia real, el gobierno, el parlamento y las diferentes tendencias políticas.


En ocasiones se han vivido momentos críticos (disolución del parlamento por el emir en 1967, de 1976 a 1981, y de 1986 a 1990) pero, lejos de debilitar el sistema representativo, han confirmado su vitalidad y su capacidad para imponerse, resurgir de nuevo y mostrarse como una fuerza política con peso y autoridad. A veces, también para ampliar el espacio democrático. En mayo de 2005 se aprobó, tras múltiples intentos anteriores, la integración política de las mujeres como electoras y elegibles. Y en 2006 la oposición parlamentaria reivindicó la reducción de las circunscripciones electorales a cinco, por considerar que el sistema de 25 distritos pequeños había tenido efectos negativos en la vida política del país: debilitaba a la oposición, favorecía la compra de votos, la prestación de determinados servicios para influir en los resultados y la polarización confesional y tribal de los votantes. Tras varias campañas de protesta y con una nueva cámara salida de las elecciones anticipadas de 2006, en las que la oposición obtuvo un importante triunfo, se aprobó la nueva redistribución en la que cada una de las cinco circunscripciones tiene diez escaños y cada elector puede votar hasta un máximo de cuatro candidatos.

El contexto político-electoral

La dinámica política kuwaití se ha caracterizado en los últimos años por las tensiones entre el parlamento y el gobierno. En 2006 dichas tensiones acabaron con la convocatoria de elecciones anticipadas el 29 de junio, situación que se ha vuelto a repetir en 2008. El gobierno acusó a la oposición parlamentaria, especialmente a los diputados islamistas y tribales, de obstaculizar varios proyectos de reforma económica del gobierno, entre ellos la privatización del sector del petróleo o el aumento de la producción de petróleo y gas que llevaría consigo la entrada de compañías extranjeras. El parlamento achacó la falta de entendimiento a la incapacidad del gobierno de responder a sus peticiones: aumento de salarios de los funcionarios públicos para hacer frente a la escalada de precios y presentación de un plan de desarrollo y de inversiones internas. La exigencia de una planificación del desarrollo por parte del gobierno fue uno de los detonantes de la crisis que condujo a la disolución de la Cámara. De ahí que el parlamento solicitara quince comparecencias ministeriales en 15 meses, lo que a su vez provocó la dimisión de seis ministros.

Todo ello engendró una dinámica tensa entre el legislativo y el ejecutivo, a lo que se sumaron otros factores como la ardiente polémica generada por la celebración de un acto en honor de Imad Mugniyya, antiguo jefe militar de Hezbollah asesinado en Damasco en febrero de 2008, en el que participaron parlamentarios shiíes. El 18 de marzo, dos días después de la dimisión del gobierno de Naser al-Muhammad, el Emir Sabah al-Ahmad al-Yaber al-Sabah –en el poder desde enero de 2006– en virtud de las atribuciones que le concede el Art. 107 de la Constitución, decretó la disolución de la Asamblea y la convocatoria de nuevas elecciones el 17 de mayo.

La campaña electoral tiene la siguiente regulación : está garantizada la no injerencia del poder ejecutivo; los candidatos deben obtener un permiso administrativo para la propaganda electoral y para la celebración de mítines (éstos sólo se pueden celebrar en escuelas y centros de servicios sociales y está prohibido colgar fotografías de los candidatos o carteles electorales en las calles); no hay espacios electorales para ningún candidato en los medios de comunicación estatales, de manera que recurren a las nuevas tecnologías (la web, mensajes a móviles, anuncios pagados en los periódicos y en los canales satélite locales privados); no hay ninguna regulación sobre la cantidad de dinero que pueden gastar los candidatos en la campaña electoral; se invita a representantes de países vecinos a asistir como "observadores" del proceso electoral , y algunos, como la escritora saudí Samar al- Muqran, lo calificaron como "una fiesta de la democracia" (al-Qabas, 20-5-2008).

El gobierno se comprometió a garantizar la neutralidad y limpieza de las elecciones y en ese sentido persiguió la práctica de la compra de votos (1), se enfrentó a los grupos tribales que querían organizar elecciones “primarias” para elegir candidatos (2) (aunque no ha podido acabar del todo con esta práctica), y ha evitado injerencias o el ejercicio de influencias por parte de ministros o agentes del Estado.

Se han dado algunos casos en los que el gobierno kuwaití ha inhabilitado a candidatos, cinco en concreto. En algunos de los afectados, tal decisión se basaba en que estaban implicados en casos judiciales, sobre todo relacionados con fraude fiscal; en otros casos, en que los motivos no estaban claros, dos de ellos recurrieron ante la justicia logrando ser inscritos en las listas electorales.

La campaña estuvo centrada en la mejora de los servicios públicos, de las infraestructuras, la unidad nacional, la tan reivindicada política de desarrollo y la lucha contra el comunitarismo.


Respecto a las relaciones entre la sunna y la shia, hay que señalar que la comunidad shií, que supone aproximadamente el 30% de la población de ciudadanos kuwaitíes (1.000.000), mas otros 100.000 sin ciudadanía (3), está integrada en la vida política –representada en los poderes legislativo y ejecutivo– y económica del país –grandes comerciantes, industria del petróleo–, si bien sus relaciones con la comunidad sunní se han visto en algunos momentos afectadas por los convulsos factores regionales: el temor a que los shiíes pudiesen colaborar con Irán tras la revolución de 1979, sobre todo cuando el gobierno kuwaití apoyó a Iraq en su guerra contra Irán entre 1980-88.

La postura de la shia kuwaití fue contraria a la invasión iraquí de Irán pero defendió ante todo el principio de la unidad nacional kuwaití, no mostrándose beligerante. Esto quedo igualmente de manifiesto cuando el Iraq de Saddam Huseyn invadió Kuwait en 1990. Ello supuso un cambio en la percepción de esta minoría, pero los acontecimientos de la invasión estadounidense de Iraq, las tensiones internas en ese país y el supuesto proyecto de crear una región shií en el sur de Iraq, han vuelto a generar incertidumbre en el vecino Kuwait y la región del Golfo. La comunidad shií comenzó a reivindicar sus derechos, entre ellos la introducción de la Ashura (4) como fiesta oficial y de la escuela Ya‘farí (5) en la enseñanza. Estos derechos se consiguieron en 2006, si bien hay más resistencias a la hora de conseguir el permiso para levantar nuevas mezquitas (la shia posee 35 mezquitas y mil la comunidad sunní). Sin embargo, sí se les permite recurrir a sus propios tribunales ya‘faríes en cuestiones relacionadas con el estatuto personal; también se ha creado un departamento dentro del Ministerio del Awqaf dedicado a la gestión de los awqaf ya‘faríes, y se ha revisado la imagen de los shiíes en los libros de texto (6).

En el terreno político, la shia, repartida ideológicamente entre las tendencias conservadoras, islamista y liberal secularizada, está visiblemente presente desde los años noventa, ya que antes su visibilidad venía dada por asociaciones de tipo cultural.

En general, puede decirse que en lo que se refiere a la situación de la minoría shií, Kuwait es también un modelo en su región. La Constitución garantiza la “libertad absoluta” de creencias y de practicas religiosas en concordancia con las costumbres establecidas, siempre y cuando no entren en conflicto con la moral pública, y también protege a los grupos religiosos prohibiendo las publicaciones que les ataquen.

“Ni suní, ni shií… Kuwait es una unidad islámica”, fue uno de los eslóganes que se pudieron escuchar en el país en medio de las últimas tensiones entre algunos sectores de las comunidades sunní y shií, que también precipitaron la disolución del Parlamento. El hecho de que se celebraran en el emirato honras fúnebres en honor de Imad Mugniyya y que en la ceremonia participaran dos parlamentarios shiíes, Adnan Abdelsamad y Ahmad Lari, desató una dura polémica entre sunníes y shiíes, alimentando la polarización comunitaria de la sociedad kuwaití (7).

Una primera lectura de los resultados electorales muestra el ascenso de las corrientes conservadoras, el triunfo de los islamistas sunníes, pero con un claro avance de la corriente salafí y un retroceso del Movimiento Constitucional Islámico (Hadas), a pesar de tener éste una mayor capacidad organizativa y una larga experiencia parlamentaria. Además los resultados señalan un ligero aumento de la minoría shií y de los candidatos tribales. Las fuerzas progubernamentales del Bloque de Acción Nacional (liberal) y el Bloque de Acción Popular (una amalgama de liberales y líderes tribales), siguen siendo minoría en un Parlamento, en definitiva, dominado por la oposición islamista sunní que, previsiblemente, seguirá en la línea anterior de enfrentamiento con el gobierno.

La Constitución kuwaití no prohíbe, ni tampoco legisla, la creación de partidos, de manera que las formaciones políticas, toleradas, actúan en el marco de una ambigüedad sin regulación ni reconocimiento oficial, aunque sí con un reconocimiento implícito por parte del Estado. Sin embargo, la Constitución sí garantiza el derecho a la formación de asociaciones sobre bases nacionales y estrategias pacíficas, aunque la Ley 24/1962 establece como requisito obtener la aprobación previa del gobierno e impone una tutela gubernamental a las actividades de las instituciones de la sociedad civil.

En medio de esta legislación, o en ausencia de ella, han surgido y evolucionado diferentes corriente políticas:

Corriente islamista sunní

Como señala el analista Jalil al-‘Anani, tras fi nalizar la invasión iraquí, la corriente islamista kuwaití, formada por tendencias más ancladas en el pasado (salafíes) y más modernas (Movimiento Constitucional Islámico), comenzó a desempeñar un papel importante en la vida política nacional debido a su capacidad organizativa, su activismo, su aceptación popular, su carácter moderado al plantear sus ideas en la sociedad y ante el gobierno y por su carácter puramente local y nacional, sin estar vinculados con organizaciones internacionales. Los Hermanos Musulmanes de Kuwait se desvincularon de la Internacional Islamista a raíz de la invasión iraquí en 1990 y por las posturas, en gran parte favorables a Iraq y en contra de la presencia de tropas occidentales, que tomaron algunas de las ramas nacionales de los Hermanos Musulmanes. Los islamistas sunníes son una fuerza con proyección y apoyo en las zonas tribales, por lo que tienen más peso en el Parlamento que cualquier otra corriente política, aunque también se da una gran presencia de islamistas independientes urbanos.

Su creciente base social se ha ido reflejando en los sucesivos procesos electorales kuwaitíes: 16 escaños en 1996; 14 en 1999; 17 en 2006 y 21 en 2008, repartidos entre miembros del Movimiento Constitucional Islámico, de la Alianza Salafí Islámica e independientes.

Al-Haraka al-Dusturiyya al-Islamiyya (Movimiento Constitucional Islámico-Hadas) fue creado el 31 de marzo de 1991, tras “la guerra de liberación” de Kuwait y tras la ruptura de los Hermanos Musulmanes de Kuwait con la Internacional islamista. La formación kuwaití de los Hermanos Musulmanes es heredera de la Asociación de Reforma Social (Yamaiyya al-Islah al-Iytimai), creada en los años 60, que, a su vez, recogió el testigo de la Asociación de Guía Islámica (Yamaiyya al-Irshad al-Islami) creada en los 40. Ha concurrido a las elecciones desde 1992. Hadas ha sido hasta hace muy poco la corriente islamista más importante desde el punto de vista organizativo y la de mayor tradición política en el país, pero hoy en día está siendo superada por la tendencia salafí. El Movimiento Constitucional Islámico cuenta con tres diputados en la actual Asamblea Nacional.

La tendencia salafí, de marcado carácter conservador y puritano – se opuso a la concesión de los derechos políticos a la mujer–, no entró en el juego político hasta la década de los 80. En principio se aglutinó en torno a la Asociación de Revitalización del Legado Islámico (Yamaiyya Ihya al-Turath al-Islami) creada en 1981. En 1991 se creó la Agrupación Islámica Salafí (al-Tayammu al-Islami al-Salafi ), en 1997 el Movimiento Científi co Salafí (al-Haraka al-Salafi yya al-Ilmiyya) y en septiembre 2004 el Partido al-Umma (Hizb al-Umma) dirigido por Hakim al-Matiri y Huseyn al-Saidi.

En diciembre de 2004 se creó la Agrupación de Justicia y Desarrollo (Haraka al-Adala wa-l-Tanmiyya) defi nido como islamista salafí “moderado”.

Esta tendencia, representada en el Parlamento por la Alianza Salafí Islámica, ha conseguido diez escaños.


El nuevo gobierno

El sistema constitucional kuwaití no tiene ningún mecanismo claro para la alternancia en el poder ejecutivo y es el Emir quien, tras consultas no vinculantes, nombra al Primer Ministro quien, a su vez, elige a los miembros del gabinete que tiene que ser aprobado igualmente por el Emir.

Siguiendo la tradición, este nuevo gobierno está compuesto por el primer ministro y 14 ministros (dos mujeres, dos shiíes, dos liberales, 4 tribales y 4 de la familia al-Sabah), elegidos normalmente fuera del Parlamento y que inmediatamente pasan a tener consideración de parlamentarios. El consejo de ministros está presidido, por cuarta vez, por Naser al-Muhammad al-Sabah. Los vicepresidentes y ministros de Defensa, Asuntos Exteriores, Interior e Información pertenecen a la familia reinante.

A pesar de que el nuevo gabinete incluye representantes de las principales tribus (Awazim, Matir, Ayman, Rashayda) y de todos los bloques parlamentarios (islamistas sunníes, tanto de la corriente salafí como del Movimiento Constitucional Islámico, islamistas shiíes, liberales), las primeras tensiones entre el Emir y la oposición parlamentaria surgieron con los nombramientos de los ministros. Si bien el Palacio acabó desistiendo de nombrar a algunos ministros, sí mantuvo su criterio con otros, entre ellos la ministra de Vivienda y Desarrollo Administrativo, Muda al-Hamud, de la corriente liberal, y la ministra de Enseñanza y Educación, Nuriyya al- Subayh, que prestaron juramento sin el hiyab, lo cual provocó un primer enfrentamiento con la corriente salafí en el Parlamento dirigida por Jaled Sultan Ibn Aysa.

Otro motivo de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición salafí ha sido el nombramiento como ministro de Municipalidad y Trabajo de Fadel Sifr, próximo a Hezbollah y con un caso abierto en la Seguridad del Estado por haber participado en las honras fúnebres en honor de Mugniyya. De nuevo es la tendencia salafí, esta vez por parte de Muhammad Hayf al-Matiri, que ya protagonizó el enfrentamiento con la shia en la legislatura anterior, quien ha denunciado el nombramiento de Fadel. La oposición parlamentaria, en una reunión de coordinación celebrada en la diwaniyya (9) del diputado Saleh al- Mulla (liberal) le ha dado de plazo al gobierno hasta el mes de octubre para que presente su programa de acción, de lo contrario boicotearán el segundo periodo de sesiones.

Futuro inmediato

El nuevo parlamento, controlado por la oposición, planteará una dura labor al gobierno, fundamentalmente en varias cuestiones: el regreso de Naser al- Muhammad a la presidencia del gobierno, considerado por amplios sectores de la oposición incapaz de luchar contra la corrupción y de reformar la administración; las elecciones “primarias” celebradas por grupos tribales, que el Estado intentó impedir sin conseguirlo del todo; la ley de regulación de posesiones del Estado, ya que la oposición exigirá la retirada de la ley porque en función de ella el gobierno ha eliminado, con buldozers, las diwaniyyat y las salas levantadas por los ciudadanos ante sus casas en terrenos que el gobierno dice que son propiedad del Estado; el aumento de los salarios; y las reivindicaciones por parte de la oposición islamista de una legislación que complete la aplicación de la sharia –la sharia, según el Art. 2 de la Constitución, es “una fuente principal de la legislación”, pero no la única. El Parlamento puede también ser escenario de la polarización comunitaria sunna-shía, al igual que puede ocurrir en la sociedad, ya que el suceso de las honras fúnebres por Imad Mugniyya desató una dura polémica entre parlamentarios shiíes y sunníes, y los que capitanearon esa polémica han salido reelegidos, Adnan Abdelsamad (shií) y Muhammad Hayf (sunní salafi ), secretario general del Tayammu‘ Thawabit al- Umma, agrupación socio-religiosa que se centra en las prohibiciones religiosas y que persigue lo que considera desviación en el comportamiento y las ideas (10). Hayf, parlamentario gracias al apoyo tribal y a las elecciones “primarias”, acusó a la autoridad shií en Kuwait, Muhammad al- Mahri, de dirigir el radicalismo en el país. Además, en el fondo de la polémica se encuentra la escasa representación de la comunidad shií en las instituciones del Estado.

Es decir, la composición del Parlamento, en el que los bloques de oposición se han reforzado, sugiere que las tensiones entre los poderes legislativo y ejecutivo continuarán o incluso se agravarán, lo cual es una dinámica de crispación que podría perjudicar la evolución democrática del emirato.

Por el contrario, Kuwait debe seguir la senda del arraigo democrático frente a algunas prácticas que restan representatividad a las instituciones del Estado, tales como la compra de votos, las elecciones primarias tribales, la escasa conciencia política del papel de la mujer como actor fundamental, las tensiones comunitarias y una legislación clara sobre la formación de partidos políticos, que no deje la cuestión a la arbitrariedad del legislador de turno. Aunque no hay discriminación por razón de sexo, religión o etnia, sí la hay con respecto a los que adquieren la nacionalidad kuwaití, a quienes se les exige tenerla veinte años para poder votar y nunca podrán ser miembros del parlamento ni de los consejos municipales.


Notas

1. A lo que hay que añadir que Hakim al-Matiri, profesor de Exégesis Coránica y Hadith en la Facultad de Sharia de la Universidad de Kuwait, y secretario general del Partido al-Umma, promulgó una fatwa declarando inválido el acuerdo entre elector y candidato para la compra del voto. (al-Ray al-‘Amm, 8-5-2008)

2. Una ley de 1998 prohíbe la celebración de cualquier tipo de elecciones sobre bases comunitarias o tribales. El Kuwait tribal supone un 51% de la población del país y tras las elecciones de 2006 tenían el 49% de la representación parlamentaria. Su mayor peso se encuentra en los distritos 4 (Norte de la capital) y 5 (Sur de Kuwait).

3. El conjunto de la población del país, entre ciudadanos nacionales y extranjeros, es de 3.200.000. International Religious Freedom Report 2007. 4. La ‘Ashura, que se celebra en el mes de muharram, es una de las fiestas más importantes del calendario shií y rememora el martirio y muerte de Huseyn, nieto del Profeta, en la batalla de Kerbala (680).

5. La escuela jurídica ya‘fari o duodecimana es la más extendida entre la shia. Fue fundada por el imam Ya‘far al-Sadiq en el siglo VIII.

6. Informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo. 2007 http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90214.htm

7. El parlamentario Adnan Abdelsamad elogió la figura de Mugniyya y criticó a aquellos que le denostaban. El ministro del Interior criticó la actuación de Abdelsamad, tuvo que intervenir la justicia (los dos parlamentarios shiíes están a la espera de una decisión judicial) y el Bloque de Acción Popular, en el que se encuadra la Alianza Islámica Nacional a la que pertenecen Abdelsamad y Ahmad Lari, sufrió una fractura interna. Kuwait responsabiliza a Mugniyya del secuestro de un avión de las líneas aéreas kuwaitíes en la década de los ochenta y del asesinato de dos pasajeros kuwaitíes.

8. Mayores de 21 años. Aunque la población total del país es de 3,2 millones, los extranjeros representan más del 60%. Los kuwaitíes residentes en el emirato hace menos de 60 años no pueden votar y las condiciones para adquirir la nacionalidad y los derechos como ciudadano son muy duras. Esa población “bidun”, residentes kuwaitíes apátridas, representa una proporción elevada, se calcula que suman unas 100.000 personas. Muchos han nacido o vivido largo tiempo en el país, pero las autoridades les consideran “residentes ilegales”. Los nacidos en Kuwait hijos de padres apátridas o de padres no kuwaitíes, o de parejas en las que sólo la madre tiene la nacionalidad kuwaití, son apátridas.

9. Las diwaniyya son espacios de debate y consulta en torno a la casa de un político o dirigente tribal. En este espacio se debaten propuestas, se adoptan posturas y es correa de transmisión entre la élite política y las bases sociales. Hoy son tribunas políticas que escapan al control de la familia gobernante.

10. Los primeros encontronazos ya los han protagonizado dos diputados salafíes, Walid al-Tabtabai y Muhammad al-Matiri, contra el ministro de Información para impedir la entrada al equipo del programa televisivo Star Academy “porque daña la reputación de Kuwait en el extranjero” y “porque es una importación de valores occidentales repugnantes”. La tendencia salafí más conservadora siempre critica al ministerio de Información y a los programas culturales y artísticos.