Simón Levy-Dabbah
El defecto inherente al capitalismo es la desigualdad en la distribución de los beneficios, mientras que el defecto inherente al socialismo es la igualdad en la distribución de la miseria. -- Winston Churchill
El progreso económico de Asia puede parecer seductor si se le considera superficialmente. En apariencia exitoso, sus logros hipnotizan y vuelven endebles las críticas de sus opositores. El caso de India en particular, al ostentar la "mayor democracia del mundo", ha puesto en jaque diversos modelos ideológicos y políticos e incluso el significado occidental tradicional de "estado de derecho", debido a que las características de los negocios en la globalidad -- viciados por la virtualidad -- privilegian la competitividad de los costos y dejan en segundo plano la legalidad.
India, país experto en crear sistemas de offshoring y outsourcing, que no ha abandonado la idea de un sistema legal ágil y promotor de la seguridad, obliga a una reflexión. Detengamos por un momento la incesante velocidad de sus espléndidos resultados económicos y tratemos de entender si su rumbo económico está creando en verdad un modelo de desarrollo sostenible, un aparato público sensible que reconozca al "estado de derecho" más como herramienta y garantía de crecimiento social que como un lastre o impedimento ante el nuevo pragmatismo político asiático que recorren, como una suerte de pandemia ideológica, varios países en busca de un modelo de buen gobierno.
Numerosos rascacielos de acero y cristal se elevan en el Distrito Bancario de la capital financiera de India. Allí se genera más de un cuarto de los impuestos directos del país, pese a que dos tercios de la población de Mumbai viven en zonas de abrumadora pobreza, donde la mayoría de los hogares carece de saneamiento y hasta de baño.
Un país cuya ley de quiebras y suspensión de pagos establece un procedimiento tedioso para cerrar una empresa y reorientar la fuerza laboral y empresarial hacia nuevas áreas parecería no tener demasiado rumbo. Sin embargo, pese a que India cuenta con ese tipo de inconvenientes, es ya la octava economía más grande del mundo, con un crecimiento de 8% anual, y se proyecta como una verdadera potencia al tiempo que su población ocupa el segundo sitio mundial.
Para describir el modelo político y jurídico de India podríamos decir que la tesis central de su estado de derecho -- con base en sus lastres del pasado -- consiste en promover en forma dinámica la facilitación administrativa, la capacitación y educación de excelencia y el desarrollo de inversiones, aunque no se ha ocupado de resolver la inoperatividad de su andamiaje legal. (Si no lo ha hecho ha sido porque su oferta de estabilidad jurídica representa una oportunidad mucho más clara de tranquilidad empresarial ante los retos e impensables problemas de quienes decidieron, en primer término, invertir en China.)
La competencia comercial que India sostiene con China ha sido tan fuerte que ha impedido que el primer país en comercio base su modelo de competitividad en una nueva dinámica jurídica, pues se ha concentrado en generar mayor talento en innovación empresarial y mano de obra altamente calificada para contrarrestar lo atractivo que resulta invertir en China -- todavía --, aunque India presente una propuesta que otorga a los inversionistas mayor certeza frente a la oferta china.
Crecimiento económico o desarrollo sostenible: ¿base para el estado de derecho?
El estado de derecho, al menos en la concepción occidental tradicional, obliga al funcionamiento imparcial del Estado, que dignifica y hace justicia a los débiles. Garantiza la separación de poderes y salvaguarda a los ciudadanos de las arbitrariedades del mando absoluto. Protege las libertades individuales y civiles. Sin la protección del estado de derecho, una democracia puede pasar rápidamente de la regla de la mayoría a la regla de la masa. Hay suficientes ejemplos, incluso hoy, que advierten que las sociedades que carecen de un estado de derecho vivirán algún día sin instituciones que promuevan la estabilidad social, donde el poder se proclame como la razón y quienes dispongan de armas establezcan las reglas.
Sin embargo, la estructura política de países como India ha adoptado el pragmatismo y el "dirigismo" para demostrar que el estado de derecho -- según sostiene el Partido Comunista de China -- radica en el progreso social y el desarrollo económico sistemático como fórmula y garantía de prosperidad. Es decir, de acuerdo con el gobierno de India la mayor protección social y jurídica para los gobernados es que el propio Estado sea el auténtico promotor del crecimiento económico, que garantice la posibilidad de convertir a su población en un ejército de fabricantes de valor agregado para establecer una oportunidad de acceso a bienes a su población. Asimismo, esta nueva izquierda pragmática, amante de los resultados y no de las ideologías, no abandona el dirigismo pero empieza a agilizar la necesaria privatización de las empresas estatales: por ello, observamos una mayor liberación del intercambio comercial y una mayor apertura a las inversiones extranjeras. El resultado es un marcado contraste entre un puñado de ricos y millones de seres en estado de miseria, que han renunciado al ideal de una equidad relativa, de una comunidad con oportunidades para todos.
Aunque 70% de la población de India vive en áreas rurales (Mumbai, Bangalore, Chennai), éstas son la expresión concentrada de sus múltiples contradicciones: economía orientada a la globalización, desarrollo disparejo, creciente, desigualdad entre géneros, delincuencia floreciente, inseguridad social, derrumbe de los servicios públicos y del estado de derecho, corrupción masiva y democracia en riesgo. De cualquier manera, la realidad de esas ciudades, como de India en su conjunto, no tiene nada que ver con los discursos del gobierno, según los cuales la globalización, las privatizaciones y la desregulación han mejorado la calidad de vida de la población y abierto el camino al desarrollo genuino.
La propaganda celebra 7% de crecimiento económico, aumento de la actividad bursátil, reducción de las tasas de interés, auge de la tecnología informática y telefonía celular (las líneas se triplicaron en dos años) y acelerada construcción de autopistas. Para muchos indios, estos anuncios, como el del auge de la bolsa, carecen de significado; menos de 60 millones de los 1100 millones de habitantes poseen ahorros en bonos o acciones. La caída de las tasas de interés, por otra parte, se inscribe en un proceso deflacionario que parece destinado a reducir los salarios, la capacidad de la industria nacional y la economía en general. Además, el auge de la tecnología informática origina una nueva clase de trabajadores de bajos salarios y duramente explotados en el extremo inferior de la cadena de valor agregado, en cuya cúspide se encuentran las empresas estadounidenses radicadas en Silicon Valley.
Call centers o ley laboral: ¿qué atrae la inversión?
El fenómeno del offshoring, es decir el traslado de inversiones para abaratar costos, ha propiciado que la infraestructura y la oferta de costos -- y no las debidas protecciones legales -- sean los verdaderos focos de decisiones para el establecimiento de operaciones de las multinacionales en la nueva oferta global.
El sector de crecimiento más acelerado es, tal vez, el más indigno de todos: los centros de atención telefónica en los que miles de jóvenes atienden consultas de todo el mundo durante 12 a 14 horas diarias por un salario de 150 dólares mensuales.
Sin embargo, empresas como Wipro o Infosys en India se ven ampliamente atraídas por la innovación, el pragmatismo, la capacidad y versatilidad de la mano de obra local más que por analizar metódicamente la seguridad legal del país. (No en balde descendió al puesto 124 del mundo en el Índice de Desarrollo Humano calculado por la Organización de las Naciones Unidas; según los datos, 47% de los menores de cinco años pesa menos de lo aconsejable; un cuarto de la población está desnutrida, y 35% vive con menos de un dólar por día.)
La realidad actual del estado de derecho indio
"El constitucionalismo, el imperio de la ley y la democracia se han arraigado en India a pesar de los antecedentes coloniales de esas formas institucionales, sometidas a las tensiones provocadas por un sistema de gobierno diverso y multicultural", afirma Pablo Bustelo, experto en economías asiáticas.
El Poder Judicial, con grandes atribuciones, corre peligro de politizarse, mientras que varias controversias políticas que deben resolverse mediante procedimientos democráticos se han convertido en cuestiones de derecho constitucional. Aunque existen límites para estas formas institucionales, el proceso de consolidación de la democracia y la descentralización gubernamental permite ver con optimismo el futuro de India como democracia constitucional. En lo jurídico son sintomáticos los retrasos en los ámbitos civil y penal. El proceso legal es siempre largo y requiere un desembolso monetario ilimitado por parte de los litigantes. En los casos civiles, los retrasos se deben principalmente a obstáculos técnicos y a estrategias de los abogados para desagilizar el proceso. Otro factor que contribuye a este escenario es que los jueces no dictan sentencia después de años de haber escuchado a las partes. En los casos penales, los retrasos se dan a causa de la incapacidad y, a menudo, la negativa del organismo que investiga de presentar cargos oportunamente después de finalizada una investigación. Incluso si se presentan los cargos, la fiscalía también puede contribuir a la demora del proceso. Un elemento adicional que provoca el retraso en los procedimientos es la falta de infraestructuras para analizar las pruebas. En India, la policía no está entrenada para reunir científicamente las evidencias ni para comprender su importancia.
Asimismo, es frecuente que muchos tribunales no cuenten con suficientes fiscales para representar a la parte acusatoria, lo que se traduce en la acumulación de casos año tras año. Es preocupante que, según la Asociación de Juristas de Asia, el exceso de trabajo hace que algunos jueces se pongan de acuerdo con los oficiales de policía para obligar a la gente a declararse culpable, ya que algunos casos pueden juzgarse en forma sumaria.
Según estadísticas recientes, el número de jueces por cada millón de habitantes es de 12 a 13. En 2004, había 163 vacantes en varios altos tribunales de todo el país. Otros estudios señalan que se necesitarían 324 años para resolver todos los casos; hay registros de que más de dos millones de procesos están pendientes de resolución (dos tercios son penales), lo cual afecta inevitablemente la confianza de la ciudadanía en el estado de derecho.
India se aferra a leyes laborales arcaicas pero, tanto allí como en China, el crecimiento dinámico no está relacionado con ideologías, sino que se concentra en sectores considerados por el gobierno como de menor importancia: las pequeñas empresas rurales chinas y los servicios de información y computación en India. Ésos son los sectores donde se permitió al capitalismo funcionar libremente y, una vez desmanteladas las barreras gubernamentales, la inventiva empresarial, sin el peso de la intervención, generó un dinamismo imposible de alcanzar por los planificadores
Modelos de buen gobierno: Occidente vs. Asia
El modernismo político occidental señala que no existe sociedad civilizada que no se esfuerce por proteger a sus miembros más débiles y desfavorecidos sobre la base misma de los derechos y valores humanos fundamentales, entre ellos: los derechos civiles y políticos; el derecho a la vida, la libertad y la seguridad; el derecho a la propiedad, a la no discriminación, al sufragio; el derecho a la libertad de expresión y de prensa; el derecho a la protección contra invasiones arbitrarias de la privacidad, la familia o el hogar, etc. También se ha reconocido que el espectro de los derechos humanos no puede excluir los derechos sociales, económicos y culturales esenciales, sobre todo el derecho al desarrollo y los derechos de los más endebles, como las minorías, las mujeres, los niños y los pueblos tribales.
Más que una filosofía eterna, India ve en el buen gobierno una herramienta para crear riqueza a su estilo. De acuerdo con la arquitectura política e ideológica de Occidente, gran parte de los axiomas políticos concluyen que el buen gobierno reside en el estado de derecho. En efecto, si hay algún elemento que, más que cualquier otro, constituye el núcleo interno de la democracia y distingue una sociedad progresista y moderna de una sociedad atrasada y medieval, es el estado de derecho. Sin embargo, la definición de las políticas públicas y la configuración cultural india muestran lo contrario. India trata desesperadamente de eliminar los vestigios del pasado monolítico mediante enormes empresas estatales que no hacen sino arrojar pérdidas.
¿Es sostenible el crecimiento económico sin seguridad jurídica?
La economía de India registra un sobresaliente crecimiento anual promedio del PIB desde 2003: 8.1% entre 2003-2004 y 2005-2006 (años fiscales, entre abril y marzo). Esa tasa no sólo es muy superior a la del trienio anterior (5.4%), sino la segunda mayor del mundo, después de China.
Tal crecimiento radica en la fuerte expansión del sector servicios (que supone la mitad del PIB) y, en menor medida, de la industria (27% del PIB); el sector primario muestra gran inestabilidad, resultado de la fuerte dependencia de la agricultura en la cantidad y distribución geográfica de las lluvias monzónicas. Pablo Bustelo señala que las causas principales de ese crecimiento son tres: 1) el consumo privado ha experimentado un gran aumento como consecuencia de la consolidación de una ya numerosa clase media, 2) el aumento de la proporción, en la población total, de la población en edad de trabajar, y 3) el auge del crédito al consumo.
La clase media india puede definirse de muy diversas maneras; utilizamos la del National Council of Applied Economic Research (NCAER), un prestigioso consejo de expertos de Delhi, según el cual el número de hogares con una renta anual de 200000 a un millón de rupias (4550-22500 dólares) habría pasado de 4.5 millones en 1995 a 16 millones en 2005. En número de personas, el incremento habría sido de 24 millones a 87 millones. La clase más acomodada (con ingresos anuales superiores al millón de rupias) habría pasado de 300000 hogares (1.7 millones de personas) en 1995 a 1.5 millones (8 millones de personas) en 2005.
Además, dada la juventud de la población india (la edad media es de 24 años, frente a los 33 años en China), la proporción de entre quienes están en edad de trabajar (15-64 años) y la población total aumentó de 59% en 1995 a 63% en 2005.
El crédito al consumo se elevó a una tasa anual media de 40% en 2000-2005 y su peso relativo en el total del crédito bancario se ha duplicado con creces. La segunda causa principal del alto crecimiento del PIB es el incremento de la inversión, que pasó de 26% del PIB en 2000 a 30% en 2005, beneficiada por bajas tasas de interés, ya que la tasa de descuento del Banco Central pasó de 6.5% en 2002 a 4.5% entre abril y octubre de 2004. Llegó a darse la paradoja de que, a mediados de 2004, los rendimientos de los bonos gubernamentales de India fueran inferiores a los de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que implicaba que, en teoría, el riesgo soberano de Estados Unidos fuera mayor que el de India.
Tales bajas tasas de interés se pudieron alcanzar y mantener gracias a la gran liquidez mundial y, en particular, a la entrada masiva de capital extranjero. El ingreso neto de capital foráneo fue de 28000 millones de dólares en el trienio 2000-2002 y de 72000 millones en 2003-2005; entre 2001 y 2004, pasó de 8500 millones de dólares (1.8% del PIB) a 31000 millones (4.5% del PIB), un incremento considerable en apenas tres años.
El tercer factor que cabe destacar es el aumento de las exportaciones de bienes y, sobre todo, de servicios. Las exportaciones de mercancías pasaron de 44500 millones de dólares en 2000 a 100660 millones en 2005, mientras que las de servicios crecieron aún más al pasar de 16300 millones a 52000 millones. En particular, las exportaciones de servicios de tecnologías de la información (STI) aumentaron de 6300 millones a 20000 millones, en buena medida a causa de la subcontratación internacional de esas actividades por parte de grandes empresas estadounidenses y europeas.
El crecimiento del PIB, debido principalmente a factores de demanda, se basa en un fuerte endeudamiento público y privado, propiciado por las bajas tasas de interés y por el aumento del crédito. La proporción de la deuda total (pública y privada) en el PIB pasó de 90% en 1999 a 125% en 2005.
Otra afirmación que sustenta Bustelo es que, aunque la renta per cápita ha aumentado con rapidez, la pobreza ha disminuido apreciablemente y otros indicadores sociales han mejorado de manera sustancial. El crecimiento ha ido acompañado de mayor desigualdad y desempleo, y ha sido más intenso en los estados occidentales (Gujarat, Maharashtra) y meridionales (Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh) que en los septentrionales (Punjab, Rajastán, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh) y orientales (Bengala Occidental, Assam). En términos generales, la renta per cápita de los primeros es mayor que la de los segundos, de manera que la expansión de los últimos años ha ensanchado la brecha entre estados. En cuanto a la distribución personal de la renta, las estimaciones del NCAER indican que, entre 1995 y 2005, la población de renta baja (con ingresos anuales de menos de 90000 rupias en 1995 o de 250000 rupias en 2005) pasó de 80 a 90% de la población total, de modo que el crecimiento reciente benefició principalmente al 10% más rico de la población, cuya brecha con el resto de la sociedad se ha ampliado. Los datos de la Comisión de Planificación indican que la tasa de desempleo aumentó de 7.3% en 2000 (27 millones de personas) a 9.1% en 2005 (36 millones). Algunas estimaciones señalan que, considerando el subempleo, los problemas de empleo en India podrían afectar al menos a 20% de la población económicamente activa (80 millones).
El crecimiento se ha manifestado también en un rápido deterioro del saldo exterior. Entre 2002 y 2005 las exportaciones de mercancías crecieron a una tasa anual media de 23.1%, y 28.7% las correspondientes a las importaciones. Especialmente notable es el incremento de las compras de petróleo (33.7%) y las importaciones no energéticas (28.7%). Así, el déficit comercial se triplicó en dos años (de 13700 millones de dólares en 2003 a 39600 millones en 2005), no sólo por el aumento internacional de los precios del petróleo, sino además por el de las importaciones de bienes de consumo, de capital e intermedios, inducido por el auge de la demanda interna. El déficit de la balanza comercial creció tanto que, desde 2004, excedió los superávits en servicios (por las exportaciones de STI) y transferencias (por las remesas de emigrantes). El saldo de la balanza por cuenta corriente, que fue positivo en 2003 (1.8% del PIB), pasó a ser ligeramente negativo en 2004, y deficitario en 17900 millones de dólares en 2005 (2.5% del PIB).
Una manifestación más del crecimiento es el aumento excesivo del crédito bancario (37% en 2004 y 36% en 2005), que provocó que el cociente entre depósitos y créditos pasara de 232% en junio de 2001 a 156% en abril de 2005, y a 138% en marzo de 2006. De seguir dicha tendencia, el porcentaje podría acercarse peligrosamente a 100%. En las grandes ciudades, el precio del suelo y de los edificios de oficinas y apartamentos también aumentó considerablemente: por ejemplo, el precio de las viviendas creció 40% en Mumbai desde 2003, y sólo en 2005 el precio de la propiedad residencial se incrementó una media de 25% en las 10 principales ciudades del país. El auge del crédito bancario y de los precios de los activos inmobiliarios (los bursátiles han sufrido ya una severa corrección) implica un riesgo de deterioro en la calidad de los préstamos y en la liquidez del sector financiero, así como un posible estallido de la burbuja especulativa en algunos segmentos de la propiedad inmobiliaria.
El creciente déficit corriente también representa riesgo y, sobre todo, implica que ese desequilibrio descanse en un déficit presupuestario muy elevado (7.7% del PIB en 2005), financiado, en buena medida, con capital extranjero volátil. En 2003 y 2004 la entrada acumulada neta de capital extranjero fue de 47700 millones de dólares, de los que 42% corresponde a la inversión en cartera y 11% a los créditos comerciales de corto plazo, es decir, un porcentaje conjunto de 53%, frente a un escaso 12% de inversión directa.
La virtualidad: ¿fábrica de riesgos para las inversiones?
Según datos del Reserve Bank of India, la proporción de capital volátil en la entrada neta de capital extranjero fue: 76% en 2003, 41% en 2004 y 77% en 2005. Con tales proporciones, existe el riesgo de que el país se vea muy afectado por un eventual cambio de dirección en los flujos de capital; por ejemplo, si hay un aumento más rápido de las tasas de interés en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, o si se extiende entre los inversionistas el temor a una desaceleración generalizada del crecimiento en la economía mundial en general y en las economías emergentes en particular.
Con todo, es cierto que India ha acumulado una cantidad significativa de reservas en divisas (163000 millones de dólares a principios de junio de 2006), que puede recurrir a una depreciación ordenada de la rupia al tener un sistema de flotación gestionada, y que ya exporta una cantidad apreciable y diversificada de bienes y servicios. En otros términos, la vulnerabilidad es menor que la que precedió a la crisis financiera de 1991.
La otra fragilidad principal se relaciona con la escasa creación de empleos. En concreto, el gobierno debe aumentar la inversión en infraestructura y modernizar la legislación laboral, al tiempo que el sector privado debe incrementar la inversión empresarial para mantener alto el crecimiento del PIB. Por su parte, el único sector capaz de crear empleos de forma masiva es el manufacturero. Los STI ocupan hoy a poco más de un millón de personas, y se cree que en 2010 darán empleo a 2.3 millones. Ese incremento equivale apenas a 2% del aumento previsto en la población en edad de trabajar. Por tanto, India necesita imperativamente un sector manufacturero de trabajo muy intensivo, como el que tiene China en textiles, artículos de confección, calzado, juguetes, componentes electrónicos, etcétera.
Después de la expectativa. . . La realidad de la legalidad india
El sistema judicial de India aún presenta aspectos discriminatorios en función de la casta, la tribu o las minorías, y afecta negativamente a los pobres, ya que no pueden darse el lujo de tener acceso a la justicia. Además, la gestión del sistema de justicia penal es ineficiente y obsoleta, y los recursos técnicos y humanos son insuficientes.
En India existe una maniobra para abandonar el sistema acusatorio que se instauró bajo la colonia británica y que, en la práctica, no ha demostrado todas sus ventajas. De todos modos, se considera un error que India pudiera asumir los aspectos del sistema inquisitivo criticado por la Corte Europea de Derechos Humanos, entre otros. Por consiguiente, la solución a los problemas de justicia en India pasaría por intentar mejorar el funcionamiento real del sistema de averiguaciones: refuerzo del sistema policial, del sistema de acusación, etcétera.
Se sostiene que la norma contra el inculparse a sí mismo es fundamento de la libertad individual y forma parte de la estructura básica de la constitución de India. El deber de la acusación es probar la culpabilidad. El cambio en la carga de la prueba sobre el acusado crearía una situación muy desfavorable. Además, en India es casi imposible tener acceso a abogados preparados y competentes, situación que podría proyectar una sombra sobre la libertad individual. En conclusión, el principio de la presunción de inocencia se vulneraría en detrimento de los más marginados.
Dado el contexto social de India, donde muchos pobres son objeto de acusaciones, éstos podrían sufrir presiones para pactar incluso cuando no estén implicados en ningún delito. De esta manera, si se contempla la figura jurídica del "pacto", la posición legalmente débil del acusado que no recibe la asistencia de un abogado competente podría abrir espacios de explotación. Hay una postura en contra de la pena de muerte, y más en el caso de India donde los errores judiciales son numerosos además de afectar sobre todo a los más pobres. También se apuesta por la introducción de penas, como el servicio a la comunidad, con el fin de fomentar la rehabilitación, y para que no sólo haya penas pecuniarias o penales. Si las víctimas son grupos sociales especialmente sensibles -- mujeres o pertenecientes a castas bajas --, los acusados podrían recibir cursos de orientación o de servicios a la comunidad.
Otro de los grandes retos es la lucha contra la corrupción. (En Hong Kong, como ejemplo paradigmático, hubo problemas de corrupción muy marcados en el sector público -- policía, sanidad, educación, vivienda, etc. -- hasta que la presión de la opinión pública obligó al gobierno a tomar cartas en el asunto.) India debe establecer una estrategia contra la corrupción a través de una agencia independiente.
Por último, es aconsejable que el sistema de averiguaciones vigente en India introduzca los cambios necesarios para mejorar sus resultados, ya aprobados en Reino Unido, Estados Unidos o Australia. Por ahora, aún existen deficiencias importantes en el sistema de justicia penal para proteger los derechos humanos y reparar o compensar los daños.
Faltas de competitividad en el proceso y sistema judicial
La constitución de India ha previsto órganos judiciales federales y estatales. Antes de la independencia, competía a los tribunales la aplicación de todas las leyes imperiales, fueran centrales o provinciales. Actualmente la Corte Suprema posee la facultad de interpretar la constitución y todas las leyes del país, factor que impide la competitividad judicial.
En India, las cuestiones constitucionales y las estrictamente legales pueden plantearse ante cualquier juez, si bien determinadas leyes sólo tienen aplicación local. Estas facultades han ocasionado que a veces se presenten, en cualquier rama del derecho, sentencias contradictorias dictadas por tribunales de primera instancia. Pero el problema crece porque unas pueden estar fundadas en el derecho indio y otras en códigos diversos; la contradicción surge también cuando existen diferentes interpretaciones a las leyes del Parlamento. En todos estos casos, se tiende a unificar criterios por medio de las sentencias de la Corte Suprema para dar uniformidad y seguridad jurídica.
De acuerdo con el artículo 141 constitucional, las sentencias de la Corte Suprema obligan a todos los tribunales de India, es decir, tienen efectos erga omnes. En la constitución se exhorta al Parlamento a ampliar las medidas que considere pertinentes con el propósito de que sus sentencias se cumplan en cualquier parte del territorio, y se determina que todas las autoridades civiles y judiciales están obligadas a auxiliarla en el cumplimiento de sus funciones (Art. 144).
Hacia un modelo de desarrollo sustentable de la globalidad
La transferencia del poder a los nuevos centros de toma de decisiones, y a los nuevos factores para el sector empresarial en el mismo sentido, están reconfigurando en términos absolutos el pensamiento y modelo occidentales de un "estado de derecho".
Advertíamos que hoy, y sobre todo debido a la virtualidad, en el mundo se privilegia la innovación humana y la competitividad de los costos más que la propia garantía de control y protección legal.
El defecto inherente al capitalismo es la desigualdad en la distribución de los beneficios, mientras que el defecto inherente al socialismo es la igualdad en la distribución de la miseria. -- Winston Churchill
El progreso económico de Asia puede parecer seductor si se le considera superficialmente. En apariencia exitoso, sus logros hipnotizan y vuelven endebles las críticas de sus opositores. El caso de India en particular, al ostentar la "mayor democracia del mundo", ha puesto en jaque diversos modelos ideológicos y políticos e incluso el significado occidental tradicional de "estado de derecho", debido a que las características de los negocios en la globalidad -- viciados por la virtualidad -- privilegian la competitividad de los costos y dejan en segundo plano la legalidad.
India, país experto en crear sistemas de offshoring y outsourcing, que no ha abandonado la idea de un sistema legal ágil y promotor de la seguridad, obliga a una reflexión. Detengamos por un momento la incesante velocidad de sus espléndidos resultados económicos y tratemos de entender si su rumbo económico está creando en verdad un modelo de desarrollo sostenible, un aparato público sensible que reconozca al "estado de derecho" más como herramienta y garantía de crecimiento social que como un lastre o impedimento ante el nuevo pragmatismo político asiático que recorren, como una suerte de pandemia ideológica, varios países en busca de un modelo de buen gobierno.
Numerosos rascacielos de acero y cristal se elevan en el Distrito Bancario de la capital financiera de India. Allí se genera más de un cuarto de los impuestos directos del país, pese a que dos tercios de la población de Mumbai viven en zonas de abrumadora pobreza, donde la mayoría de los hogares carece de saneamiento y hasta de baño.
Un país cuya ley de quiebras y suspensión de pagos establece un procedimiento tedioso para cerrar una empresa y reorientar la fuerza laboral y empresarial hacia nuevas áreas parecería no tener demasiado rumbo. Sin embargo, pese a que India cuenta con ese tipo de inconvenientes, es ya la octava economía más grande del mundo, con un crecimiento de 8% anual, y se proyecta como una verdadera potencia al tiempo que su población ocupa el segundo sitio mundial.
Para describir el modelo político y jurídico de India podríamos decir que la tesis central de su estado de derecho -- con base en sus lastres del pasado -- consiste en promover en forma dinámica la facilitación administrativa, la capacitación y educación de excelencia y el desarrollo de inversiones, aunque no se ha ocupado de resolver la inoperatividad de su andamiaje legal. (Si no lo ha hecho ha sido porque su oferta de estabilidad jurídica representa una oportunidad mucho más clara de tranquilidad empresarial ante los retos e impensables problemas de quienes decidieron, en primer término, invertir en China.)
La competencia comercial que India sostiene con China ha sido tan fuerte que ha impedido que el primer país en comercio base su modelo de competitividad en una nueva dinámica jurídica, pues se ha concentrado en generar mayor talento en innovación empresarial y mano de obra altamente calificada para contrarrestar lo atractivo que resulta invertir en China -- todavía --, aunque India presente una propuesta que otorga a los inversionistas mayor certeza frente a la oferta china.
Crecimiento económico o desarrollo sostenible: ¿base para el estado de derecho?
El estado de derecho, al menos en la concepción occidental tradicional, obliga al funcionamiento imparcial del Estado, que dignifica y hace justicia a los débiles. Garantiza la separación de poderes y salvaguarda a los ciudadanos de las arbitrariedades del mando absoluto. Protege las libertades individuales y civiles. Sin la protección del estado de derecho, una democracia puede pasar rápidamente de la regla de la mayoría a la regla de la masa. Hay suficientes ejemplos, incluso hoy, que advierten que las sociedades que carecen de un estado de derecho vivirán algún día sin instituciones que promuevan la estabilidad social, donde el poder se proclame como la razón y quienes dispongan de armas establezcan las reglas.
Sin embargo, la estructura política de países como India ha adoptado el pragmatismo y el "dirigismo" para demostrar que el estado de derecho -- según sostiene el Partido Comunista de China -- radica en el progreso social y el desarrollo económico sistemático como fórmula y garantía de prosperidad. Es decir, de acuerdo con el gobierno de India la mayor protección social y jurídica para los gobernados es que el propio Estado sea el auténtico promotor del crecimiento económico, que garantice la posibilidad de convertir a su población en un ejército de fabricantes de valor agregado para establecer una oportunidad de acceso a bienes a su población. Asimismo, esta nueva izquierda pragmática, amante de los resultados y no de las ideologías, no abandona el dirigismo pero empieza a agilizar la necesaria privatización de las empresas estatales: por ello, observamos una mayor liberación del intercambio comercial y una mayor apertura a las inversiones extranjeras. El resultado es un marcado contraste entre un puñado de ricos y millones de seres en estado de miseria, que han renunciado al ideal de una equidad relativa, de una comunidad con oportunidades para todos.
Aunque 70% de la población de India vive en áreas rurales (Mumbai, Bangalore, Chennai), éstas son la expresión concentrada de sus múltiples contradicciones: economía orientada a la globalización, desarrollo disparejo, creciente, desigualdad entre géneros, delincuencia floreciente, inseguridad social, derrumbe de los servicios públicos y del estado de derecho, corrupción masiva y democracia en riesgo. De cualquier manera, la realidad de esas ciudades, como de India en su conjunto, no tiene nada que ver con los discursos del gobierno, según los cuales la globalización, las privatizaciones y la desregulación han mejorado la calidad de vida de la población y abierto el camino al desarrollo genuino.
La propaganda celebra 7% de crecimiento económico, aumento de la actividad bursátil, reducción de las tasas de interés, auge de la tecnología informática y telefonía celular (las líneas se triplicaron en dos años) y acelerada construcción de autopistas. Para muchos indios, estos anuncios, como el del auge de la bolsa, carecen de significado; menos de 60 millones de los 1100 millones de habitantes poseen ahorros en bonos o acciones. La caída de las tasas de interés, por otra parte, se inscribe en un proceso deflacionario que parece destinado a reducir los salarios, la capacidad de la industria nacional y la economía en general. Además, el auge de la tecnología informática origina una nueva clase de trabajadores de bajos salarios y duramente explotados en el extremo inferior de la cadena de valor agregado, en cuya cúspide se encuentran las empresas estadounidenses radicadas en Silicon Valley.
Call centers o ley laboral: ¿qué atrae la inversión?
El fenómeno del offshoring, es decir el traslado de inversiones para abaratar costos, ha propiciado que la infraestructura y la oferta de costos -- y no las debidas protecciones legales -- sean los verdaderos focos de decisiones para el establecimiento de operaciones de las multinacionales en la nueva oferta global.
El sector de crecimiento más acelerado es, tal vez, el más indigno de todos: los centros de atención telefónica en los que miles de jóvenes atienden consultas de todo el mundo durante 12 a 14 horas diarias por un salario de 150 dólares mensuales.
Sin embargo, empresas como Wipro o Infosys en India se ven ampliamente atraídas por la innovación, el pragmatismo, la capacidad y versatilidad de la mano de obra local más que por analizar metódicamente la seguridad legal del país. (No en balde descendió al puesto 124 del mundo en el Índice de Desarrollo Humano calculado por la Organización de las Naciones Unidas; según los datos, 47% de los menores de cinco años pesa menos de lo aconsejable; un cuarto de la población está desnutrida, y 35% vive con menos de un dólar por día.)
La realidad actual del estado de derecho indio
"El constitucionalismo, el imperio de la ley y la democracia se han arraigado en India a pesar de los antecedentes coloniales de esas formas institucionales, sometidas a las tensiones provocadas por un sistema de gobierno diverso y multicultural", afirma Pablo Bustelo, experto en economías asiáticas.
El Poder Judicial, con grandes atribuciones, corre peligro de politizarse, mientras que varias controversias políticas que deben resolverse mediante procedimientos democráticos se han convertido en cuestiones de derecho constitucional. Aunque existen límites para estas formas institucionales, el proceso de consolidación de la democracia y la descentralización gubernamental permite ver con optimismo el futuro de India como democracia constitucional. En lo jurídico son sintomáticos los retrasos en los ámbitos civil y penal. El proceso legal es siempre largo y requiere un desembolso monetario ilimitado por parte de los litigantes. En los casos civiles, los retrasos se deben principalmente a obstáculos técnicos y a estrategias de los abogados para desagilizar el proceso. Otro factor que contribuye a este escenario es que los jueces no dictan sentencia después de años de haber escuchado a las partes. En los casos penales, los retrasos se dan a causa de la incapacidad y, a menudo, la negativa del organismo que investiga de presentar cargos oportunamente después de finalizada una investigación. Incluso si se presentan los cargos, la fiscalía también puede contribuir a la demora del proceso. Un elemento adicional que provoca el retraso en los procedimientos es la falta de infraestructuras para analizar las pruebas. En India, la policía no está entrenada para reunir científicamente las evidencias ni para comprender su importancia.
Asimismo, es frecuente que muchos tribunales no cuenten con suficientes fiscales para representar a la parte acusatoria, lo que se traduce en la acumulación de casos año tras año. Es preocupante que, según la Asociación de Juristas de Asia, el exceso de trabajo hace que algunos jueces se pongan de acuerdo con los oficiales de policía para obligar a la gente a declararse culpable, ya que algunos casos pueden juzgarse en forma sumaria.
Según estadísticas recientes, el número de jueces por cada millón de habitantes es de 12 a 13. En 2004, había 163 vacantes en varios altos tribunales de todo el país. Otros estudios señalan que se necesitarían 324 años para resolver todos los casos; hay registros de que más de dos millones de procesos están pendientes de resolución (dos tercios son penales), lo cual afecta inevitablemente la confianza de la ciudadanía en el estado de derecho.
India se aferra a leyes laborales arcaicas pero, tanto allí como en China, el crecimiento dinámico no está relacionado con ideologías, sino que se concentra en sectores considerados por el gobierno como de menor importancia: las pequeñas empresas rurales chinas y los servicios de información y computación en India. Ésos son los sectores donde se permitió al capitalismo funcionar libremente y, una vez desmanteladas las barreras gubernamentales, la inventiva empresarial, sin el peso de la intervención, generó un dinamismo imposible de alcanzar por los planificadores
Modelos de buen gobierno: Occidente vs. Asia
El modernismo político occidental señala que no existe sociedad civilizada que no se esfuerce por proteger a sus miembros más débiles y desfavorecidos sobre la base misma de los derechos y valores humanos fundamentales, entre ellos: los derechos civiles y políticos; el derecho a la vida, la libertad y la seguridad; el derecho a la propiedad, a la no discriminación, al sufragio; el derecho a la libertad de expresión y de prensa; el derecho a la protección contra invasiones arbitrarias de la privacidad, la familia o el hogar, etc. También se ha reconocido que el espectro de los derechos humanos no puede excluir los derechos sociales, económicos y culturales esenciales, sobre todo el derecho al desarrollo y los derechos de los más endebles, como las minorías, las mujeres, los niños y los pueblos tribales.
Más que una filosofía eterna, India ve en el buen gobierno una herramienta para crear riqueza a su estilo. De acuerdo con la arquitectura política e ideológica de Occidente, gran parte de los axiomas políticos concluyen que el buen gobierno reside en el estado de derecho. En efecto, si hay algún elemento que, más que cualquier otro, constituye el núcleo interno de la democracia y distingue una sociedad progresista y moderna de una sociedad atrasada y medieval, es el estado de derecho. Sin embargo, la definición de las políticas públicas y la configuración cultural india muestran lo contrario. India trata desesperadamente de eliminar los vestigios del pasado monolítico mediante enormes empresas estatales que no hacen sino arrojar pérdidas.
¿Es sostenible el crecimiento económico sin seguridad jurídica?
La economía de India registra un sobresaliente crecimiento anual promedio del PIB desde 2003: 8.1% entre 2003-2004 y 2005-2006 (años fiscales, entre abril y marzo). Esa tasa no sólo es muy superior a la del trienio anterior (5.4%), sino la segunda mayor del mundo, después de China.
Tal crecimiento radica en la fuerte expansión del sector servicios (que supone la mitad del PIB) y, en menor medida, de la industria (27% del PIB); el sector primario muestra gran inestabilidad, resultado de la fuerte dependencia de la agricultura en la cantidad y distribución geográfica de las lluvias monzónicas. Pablo Bustelo señala que las causas principales de ese crecimiento son tres: 1) el consumo privado ha experimentado un gran aumento como consecuencia de la consolidación de una ya numerosa clase media, 2) el aumento de la proporción, en la población total, de la población en edad de trabajar, y 3) el auge del crédito al consumo.
La clase media india puede definirse de muy diversas maneras; utilizamos la del National Council of Applied Economic Research (NCAER), un prestigioso consejo de expertos de Delhi, según el cual el número de hogares con una renta anual de 200000 a un millón de rupias (4550-22500 dólares) habría pasado de 4.5 millones en 1995 a 16 millones en 2005. En número de personas, el incremento habría sido de 24 millones a 87 millones. La clase más acomodada (con ingresos anuales superiores al millón de rupias) habría pasado de 300000 hogares (1.7 millones de personas) en 1995 a 1.5 millones (8 millones de personas) en 2005.
Además, dada la juventud de la población india (la edad media es de 24 años, frente a los 33 años en China), la proporción de entre quienes están en edad de trabajar (15-64 años) y la población total aumentó de 59% en 1995 a 63% en 2005.
El crédito al consumo se elevó a una tasa anual media de 40% en 2000-2005 y su peso relativo en el total del crédito bancario se ha duplicado con creces. La segunda causa principal del alto crecimiento del PIB es el incremento de la inversión, que pasó de 26% del PIB en 2000 a 30% en 2005, beneficiada por bajas tasas de interés, ya que la tasa de descuento del Banco Central pasó de 6.5% en 2002 a 4.5% entre abril y octubre de 2004. Llegó a darse la paradoja de que, a mediados de 2004, los rendimientos de los bonos gubernamentales de India fueran inferiores a los de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que implicaba que, en teoría, el riesgo soberano de Estados Unidos fuera mayor que el de India.
Tales bajas tasas de interés se pudieron alcanzar y mantener gracias a la gran liquidez mundial y, en particular, a la entrada masiva de capital extranjero. El ingreso neto de capital foráneo fue de 28000 millones de dólares en el trienio 2000-2002 y de 72000 millones en 2003-2005; entre 2001 y 2004, pasó de 8500 millones de dólares (1.8% del PIB) a 31000 millones (4.5% del PIB), un incremento considerable en apenas tres años.
El tercer factor que cabe destacar es el aumento de las exportaciones de bienes y, sobre todo, de servicios. Las exportaciones de mercancías pasaron de 44500 millones de dólares en 2000 a 100660 millones en 2005, mientras que las de servicios crecieron aún más al pasar de 16300 millones a 52000 millones. En particular, las exportaciones de servicios de tecnologías de la información (STI) aumentaron de 6300 millones a 20000 millones, en buena medida a causa de la subcontratación internacional de esas actividades por parte de grandes empresas estadounidenses y europeas.
El crecimiento del PIB, debido principalmente a factores de demanda, se basa en un fuerte endeudamiento público y privado, propiciado por las bajas tasas de interés y por el aumento del crédito. La proporción de la deuda total (pública y privada) en el PIB pasó de 90% en 1999 a 125% en 2005.
Otra afirmación que sustenta Bustelo es que, aunque la renta per cápita ha aumentado con rapidez, la pobreza ha disminuido apreciablemente y otros indicadores sociales han mejorado de manera sustancial. El crecimiento ha ido acompañado de mayor desigualdad y desempleo, y ha sido más intenso en los estados occidentales (Gujarat, Maharashtra) y meridionales (Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh) que en los septentrionales (Punjab, Rajastán, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh) y orientales (Bengala Occidental, Assam). En términos generales, la renta per cápita de los primeros es mayor que la de los segundos, de manera que la expansión de los últimos años ha ensanchado la brecha entre estados. En cuanto a la distribución personal de la renta, las estimaciones del NCAER indican que, entre 1995 y 2005, la población de renta baja (con ingresos anuales de menos de 90000 rupias en 1995 o de 250000 rupias en 2005) pasó de 80 a 90% de la población total, de modo que el crecimiento reciente benefició principalmente al 10% más rico de la población, cuya brecha con el resto de la sociedad se ha ampliado. Los datos de la Comisión de Planificación indican que la tasa de desempleo aumentó de 7.3% en 2000 (27 millones de personas) a 9.1% en 2005 (36 millones). Algunas estimaciones señalan que, considerando el subempleo, los problemas de empleo en India podrían afectar al menos a 20% de la población económicamente activa (80 millones).
El crecimiento se ha manifestado también en un rápido deterioro del saldo exterior. Entre 2002 y 2005 las exportaciones de mercancías crecieron a una tasa anual media de 23.1%, y 28.7% las correspondientes a las importaciones. Especialmente notable es el incremento de las compras de petróleo (33.7%) y las importaciones no energéticas (28.7%). Así, el déficit comercial se triplicó en dos años (de 13700 millones de dólares en 2003 a 39600 millones en 2005), no sólo por el aumento internacional de los precios del petróleo, sino además por el de las importaciones de bienes de consumo, de capital e intermedios, inducido por el auge de la demanda interna. El déficit de la balanza comercial creció tanto que, desde 2004, excedió los superávits en servicios (por las exportaciones de STI) y transferencias (por las remesas de emigrantes). El saldo de la balanza por cuenta corriente, que fue positivo en 2003 (1.8% del PIB), pasó a ser ligeramente negativo en 2004, y deficitario en 17900 millones de dólares en 2005 (2.5% del PIB).
Una manifestación más del crecimiento es el aumento excesivo del crédito bancario (37% en 2004 y 36% en 2005), que provocó que el cociente entre depósitos y créditos pasara de 232% en junio de 2001 a 156% en abril de 2005, y a 138% en marzo de 2006. De seguir dicha tendencia, el porcentaje podría acercarse peligrosamente a 100%. En las grandes ciudades, el precio del suelo y de los edificios de oficinas y apartamentos también aumentó considerablemente: por ejemplo, el precio de las viviendas creció 40% en Mumbai desde 2003, y sólo en 2005 el precio de la propiedad residencial se incrementó una media de 25% en las 10 principales ciudades del país. El auge del crédito bancario y de los precios de los activos inmobiliarios (los bursátiles han sufrido ya una severa corrección) implica un riesgo de deterioro en la calidad de los préstamos y en la liquidez del sector financiero, así como un posible estallido de la burbuja especulativa en algunos segmentos de la propiedad inmobiliaria.
El creciente déficit corriente también representa riesgo y, sobre todo, implica que ese desequilibrio descanse en un déficit presupuestario muy elevado (7.7% del PIB en 2005), financiado, en buena medida, con capital extranjero volátil. En 2003 y 2004 la entrada acumulada neta de capital extranjero fue de 47700 millones de dólares, de los que 42% corresponde a la inversión en cartera y 11% a los créditos comerciales de corto plazo, es decir, un porcentaje conjunto de 53%, frente a un escaso 12% de inversión directa.
La virtualidad: ¿fábrica de riesgos para las inversiones?
Según datos del Reserve Bank of India, la proporción de capital volátil en la entrada neta de capital extranjero fue: 76% en 2003, 41% en 2004 y 77% en 2005. Con tales proporciones, existe el riesgo de que el país se vea muy afectado por un eventual cambio de dirección en los flujos de capital; por ejemplo, si hay un aumento más rápido de las tasas de interés en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, o si se extiende entre los inversionistas el temor a una desaceleración generalizada del crecimiento en la economía mundial en general y en las economías emergentes en particular.
Con todo, es cierto que India ha acumulado una cantidad significativa de reservas en divisas (163000 millones de dólares a principios de junio de 2006), que puede recurrir a una depreciación ordenada de la rupia al tener un sistema de flotación gestionada, y que ya exporta una cantidad apreciable y diversificada de bienes y servicios. En otros términos, la vulnerabilidad es menor que la que precedió a la crisis financiera de 1991.
La otra fragilidad principal se relaciona con la escasa creación de empleos. En concreto, el gobierno debe aumentar la inversión en infraestructura y modernizar la legislación laboral, al tiempo que el sector privado debe incrementar la inversión empresarial para mantener alto el crecimiento del PIB. Por su parte, el único sector capaz de crear empleos de forma masiva es el manufacturero. Los STI ocupan hoy a poco más de un millón de personas, y se cree que en 2010 darán empleo a 2.3 millones. Ese incremento equivale apenas a 2% del aumento previsto en la población en edad de trabajar. Por tanto, India necesita imperativamente un sector manufacturero de trabajo muy intensivo, como el que tiene China en textiles, artículos de confección, calzado, juguetes, componentes electrónicos, etcétera.
Después de la expectativa. . . La realidad de la legalidad india
El sistema judicial de India aún presenta aspectos discriminatorios en función de la casta, la tribu o las minorías, y afecta negativamente a los pobres, ya que no pueden darse el lujo de tener acceso a la justicia. Además, la gestión del sistema de justicia penal es ineficiente y obsoleta, y los recursos técnicos y humanos son insuficientes.
En India existe una maniobra para abandonar el sistema acusatorio que se instauró bajo la colonia británica y que, en la práctica, no ha demostrado todas sus ventajas. De todos modos, se considera un error que India pudiera asumir los aspectos del sistema inquisitivo criticado por la Corte Europea de Derechos Humanos, entre otros. Por consiguiente, la solución a los problemas de justicia en India pasaría por intentar mejorar el funcionamiento real del sistema de averiguaciones: refuerzo del sistema policial, del sistema de acusación, etcétera.
Se sostiene que la norma contra el inculparse a sí mismo es fundamento de la libertad individual y forma parte de la estructura básica de la constitución de India. El deber de la acusación es probar la culpabilidad. El cambio en la carga de la prueba sobre el acusado crearía una situación muy desfavorable. Además, en India es casi imposible tener acceso a abogados preparados y competentes, situación que podría proyectar una sombra sobre la libertad individual. En conclusión, el principio de la presunción de inocencia se vulneraría en detrimento de los más marginados.
Dado el contexto social de India, donde muchos pobres son objeto de acusaciones, éstos podrían sufrir presiones para pactar incluso cuando no estén implicados en ningún delito. De esta manera, si se contempla la figura jurídica del "pacto", la posición legalmente débil del acusado que no recibe la asistencia de un abogado competente podría abrir espacios de explotación. Hay una postura en contra de la pena de muerte, y más en el caso de India donde los errores judiciales son numerosos además de afectar sobre todo a los más pobres. También se apuesta por la introducción de penas, como el servicio a la comunidad, con el fin de fomentar la rehabilitación, y para que no sólo haya penas pecuniarias o penales. Si las víctimas son grupos sociales especialmente sensibles -- mujeres o pertenecientes a castas bajas --, los acusados podrían recibir cursos de orientación o de servicios a la comunidad.
Otro de los grandes retos es la lucha contra la corrupción. (En Hong Kong, como ejemplo paradigmático, hubo problemas de corrupción muy marcados en el sector público -- policía, sanidad, educación, vivienda, etc. -- hasta que la presión de la opinión pública obligó al gobierno a tomar cartas en el asunto.) India debe establecer una estrategia contra la corrupción a través de una agencia independiente.
Por último, es aconsejable que el sistema de averiguaciones vigente en India introduzca los cambios necesarios para mejorar sus resultados, ya aprobados en Reino Unido, Estados Unidos o Australia. Por ahora, aún existen deficiencias importantes en el sistema de justicia penal para proteger los derechos humanos y reparar o compensar los daños.
Faltas de competitividad en el proceso y sistema judicial
La constitución de India ha previsto órganos judiciales federales y estatales. Antes de la independencia, competía a los tribunales la aplicación de todas las leyes imperiales, fueran centrales o provinciales. Actualmente la Corte Suprema posee la facultad de interpretar la constitución y todas las leyes del país, factor que impide la competitividad judicial.
En India, las cuestiones constitucionales y las estrictamente legales pueden plantearse ante cualquier juez, si bien determinadas leyes sólo tienen aplicación local. Estas facultades han ocasionado que a veces se presenten, en cualquier rama del derecho, sentencias contradictorias dictadas por tribunales de primera instancia. Pero el problema crece porque unas pueden estar fundadas en el derecho indio y otras en códigos diversos; la contradicción surge también cuando existen diferentes interpretaciones a las leyes del Parlamento. En todos estos casos, se tiende a unificar criterios por medio de las sentencias de la Corte Suprema para dar uniformidad y seguridad jurídica.
De acuerdo con el artículo 141 constitucional, las sentencias de la Corte Suprema obligan a todos los tribunales de India, es decir, tienen efectos erga omnes. En la constitución se exhorta al Parlamento a ampliar las medidas que considere pertinentes con el propósito de que sus sentencias se cumplan en cualquier parte del territorio, y se determina que todas las autoridades civiles y judiciales están obligadas a auxiliarla en el cumplimiento de sus funciones (Art. 144).
Hacia un modelo de desarrollo sustentable de la globalidad
La transferencia del poder a los nuevos centros de toma de decisiones, y a los nuevos factores para el sector empresarial en el mismo sentido, están reconfigurando en términos absolutos el pensamiento y modelo occidentales de un "estado de derecho".
Advertíamos que hoy, y sobre todo debido a la virtualidad, en el mundo se privilegia la innovación humana y la competitividad de los costos más que la propia garantía de control y protección legal.
En los tiempos que corren es tan fácil optar por un nuevo territorio de competitividad, que ya resulta poco atractivo fijar posturas para entablar procesos judiciales. La facilidad para hacer negocios y la velocidad que requieren han obligado a las empresas a optar por la competitividad y la innovación comercial más que a la apuesta de un estado que proteja las leyes. En primer lugar, la apertura de la economía, por sí sola, no creará ni sostendrá un ambiente de competitividad. En segundo, los cambios legislativos surgen como consecuencia de la iniciativa de grupos determinados. En este sentido, se afirma que no debería suponerse que la industria, incluso en la era de la "globalización-liberalización", necesariamente demandará cambios en materia legislativa que conduzcan a la competitividad. En esencia, esto puede producirse por varios motivos y las empresas pueden llegar a organizar sus prácticas en torno a las leyes ya existentes, puesto que el contexto actual de India es nuevo y, por tanto, que se requieren nuevos marcos de acción para comprender y gestionar esta incipiente etapa económica y social, que concilien los aspectos más básicos para un desarrollo permanente, y no virtual, del despertar del gigante asiático.
Entradas
