Rubén Campos Palarea y Amaia Sánchez Caicedo
La muerte del líder carismático de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE en sus siglas en inglés), Velupillai Prabhakaran, simboliza el fin de una era en Sri Lanka. El fundador de los Tigres Tamiles y sus lugartenientes más cercanos murieron en la última oleada de ataques del ejército a mediados de mayo, atrincherados en el último fragmento de territorio bajo su control en el norte de la isla.
El conflicto entre el gobierno y los LTTE ha dejado más de 75.000 muertos y cientos de miles de desplazados a lo largo de tres décadas. Esta derrota parece poner fin al objetivo de los Tigres de establecer un Estado independiente en el norte y este de la isla (Tamil Eelam). El final de esta fase militar del conflicto podría proporcionar una oportunidad para lograr una solución política y la reconciliación nacional, pero los retos pendientes son de gran envergadura y la voluntad y capacidad para liderar esta nueva etapa del gobierno del presidente Mahinda Rajapaksa está todavía por determinarse.
Las raíces de este conflicto étnico-político se encuentran en la difícil convivencia en esta isla de Asia meridional entre la mayoría de la población cingalesa, de religión mayoritariamente budista (alrededor de un 74% del total de la población), y la minoría tamil, de religión mayoritariamente hindú (18%), establecida sobre todo en el norte y este de la isla.
La presencia de los tamiles, un pueblo proveniente del sur de la India, en Sri Lanka se explica por una dinámica migratoria desde tiempos muy antiguos, que se intensificó durante el dominio británico de ambos territorios en el siglo XIX para trabajar en las plantaciones imperiales de té y café. En esta época, entre la población original cingalesa se consolidó la percepción de que los británicos favorecieron a los tamiles, con puestos clave en el gobierno y en las estructuras administrativas.
Tras la llegada de la independencia en 1948, los partidos políticos de mayoría cingalesa impulsaron una política nacionalista que generó tensiones con la minoría tamil. Algunas medidas aprobadas en los siguientes años fueron el reconocimiento del idioma cingalés como la lengua oficial del país, la modificación de los requisitos de ingreso en la universidad a fin de favorecer a la juventud étnica cingalesa y la implantación del budismo como religión oficial.
Ante el rechazo de estas medidas por la comunidad tamil, se desarrolló en la década de 1950 un movimiento de protesta no violento encabezado por S.J.V. Chevalnayakam, que consiguió la firma de un acuerdo con el primer ministro Solomon Bandaranaike en 1957. No obstante, a causa de la presión de los nacionalistas cingaleses, el gobierno dio por roto el pacto unos meses después. Sin embargo, esto no evitó el que fuera asesinado dos años más tarde por un monje budista representativo de la facción cingalesa nacionalista más radical.
Tras décadas en las que el conflicto no pudo canalizarse por la vía de las negociaciones políticas, el movimiento por la autodeterminación tamil alcanzó una nueva dimensión en la década de los 70 con la fundación de varios grupos militantes violentos. Entre ellos destacó la guerrilla de los Tigres Tamiles, bajo el mando de Velupillai Prabhakaran, que contó con el apoyo logístico y financiero del gobierno indio.
Esa guerrilla ha sido una de las más organizadas internacionalmente en las últimas décadas, desde su capacidad para administrar una importante franja de territorio en el norte y este del país hasta el desarrollo de rudimentarias fuerzas navales y aéreas. Debido a su uso de atentados suicidas e indiscriminados, de niños soldados y abusos continuados de los derechos humanos en las zonas bajo su control, los LTTE fueron designados en varios países como un grupo terrorista y sus actividades se prohibieron.
En 1987 se firmó un acuerdo entre la India y Sri Lanka para colaborar en la resolución del conflicto, en el que se incluyó la intervención militar india en la isla para garantizar un alto el fuego, a cambio de reconocer diversas reivindicaciones de la comunidad tamil. Este acuerdo no tuvo éxito y las fuerzas indias finalizaron su retirada en 1991. Entre las víctimas de los atentados de los LTTE en esta época se encuentran el primer ministro de la India Rajiv Gandhi (1991) y el presidente de Sri Lanka Ransinghe Premadasa (1993). A finales de la década de los 90, en la cúspide de su poder, los Tigres habían creado un gobierno paralelo en aproximadamente un tercio del territorio de la isla.
Las fallidas negociaciones de paz de 2002 y la última campaña militar del gobierno
Con la mediación del gobierno de Noruega, se alcanzó en 2002 un nuevo alto el fuego y se produjeron nuevas negociaciones entre el gobierno y los Tigres Tamiles para una resolución pacífica del conflicto. Sin embargo, el diálogo tampoco fructificó en un acuerdo viable por la falta de una voluntad real de las partes de ceder en sus pretensiones y por las numerosas violaciones del alto el fuego.
Los Tigres Tamiles abandonaron unilateralmente las negociaciones de paz en abril de 2003, pero su propia participación en el proceso desencadenó luchas internas a nivel militar y posteriormente a nivel político. La mayor parte del grupo ubicado en el este del país se escindió de los LTTE en marzo de 2004 y pasó a apoyar al gobierno de Colombo en su intento de reconquistar el territorio, mientras sus líderes aceptaban puestos en el gobierno central y regional de la isla.
En 2005 llegó al poder en Colombo el nuevo ejecutivo del presidente Rajapaksa con intenciones iniciales de continuar las negociaciones de paz pero que finalmente acabó buscando una solución militar al conflicto. El intento de resucitar el proceso de paz en Ginebra durante principios del año 2006 fue en vano: el proceso finalmente sucumbió a la creciente desconfianza y a los reproches mutuos entre el gobierno de Sri Lanka y los LTTE.
Tras la “liberación” del este a finales de 2007 por el Ejército, favorecido por las disensiones entre los Tigres Tamiles, el frente de guerra se desplazó a la zona norte del país. En enero de 2009 las tropas tomaron el control de la ciudad de Kilinochchi, que había funcionado en la última década como la capital administrativa de los LTTE. A partir de este momento, el ejército fue ampliando la campaña hasta acorralar a los Tigres en un reducido espacio al norte del país.
Esta guerra abierta ha producido una gran crisis humanitaria, con cientos de miles de civiles atrapados entre las fuerzas militares del Estado y los LTTE y con graves violaciones de los derechos humanos por ambas partes denunciados, entre otros, por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Mientras que los Tigres Tamiles forzaron a miles de ciudadanos a luchar en sus filas o a convertirse en escudos humanos, el ejército de Sri Lanka bombardeó de forma reiterada zonas pobladas por civiles. Según Naciones Unidas, sólo desde el inicio de la ofensiva final se han producido 6.500 muertos entre la población civil.
Con la conquista final de las últimas posiciones de los LTTE y la muerte de su líder fundacional, la fase militar del conflicto parece haber llegado a su fin, aunque es posible que un número limitado de efectivos de los LTTE puedan estar todavía activos y dispersados por todo el país. En un discurso del 19 de mayo, el presidente Mahinda Rajapaksa ha declarado formalmente el norte del país como territorio “liberado” y ha llamado a acabar con las divisiones étnicas y religiosas con la promesa de una “solución interna para el conflicto”.
Retos para el gobierno de Sri Lanka y la comunidad tamil: la necesaria reconciliación nacional
Tras la derrota militar de los Tigres Tamiles, los retos que debe afrontar el gobierno de Sri Lanka son enormes tanto a corto como a medio y largo plazo. De manera inmediata, se enfrenta a una situación humanitaria de considerable magnitud. Según fuentes gubernamentales, el número de desplazados internos recientes –mayoritariamente en el norte pero también en el este del país– se aproxima a 300.000 personas, a los que hay que sumar la población desplazada anteriormente tras décadas de conflicto armado.
Los desplazados internos recluidos en campos bajo control gubernamental requieren de asistencia humanitaria urgente. El gobierno tiene intención de comenzar cuanto antes las labores de reasentamiento de la población a zonas anteriormente bajo control de los LTTE. Dicha tarea deberá ir acompañada de la rehabilitación y reconstrucción de un tercio del país devastado por el conflicto. Para el desempeño de tan inmensa labor el gobierno sin duda requerirá la ayuda, tanto logística como financiera, de organizaciones humanitarias y donantes internacionales.
A medio y largo plazo, el aspecto político del conflicto todavía está pendiente de resolver. Para ello, será necesario implementar un mecanismo de reparto de poder político dentro del marco constitucional de Sri Lanka que permita a las provincias del norte y este un mayor grado de autonomía. Dicho ejercicio sólo podrá llevarse a cabo una vez se haya alcanzado un consenso político al respecto entre las principales comunidades étnicas del país. Con ese fin y en paralelo a las operaciones militares, el gobierno creó en 2006 una comisión multipartidista sobre la cuestión tamil constituida por los principales partidos políticos del sur del país. Los resultados han sido decepcionantes dado el boicot impuesto por la oposición y el principal partido político tamil.
La muerte del líder carismático de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE en sus siglas en inglés), Velupillai Prabhakaran, simboliza el fin de una era en Sri Lanka. El fundador de los Tigres Tamiles y sus lugartenientes más cercanos murieron en la última oleada de ataques del ejército a mediados de mayo, atrincherados en el último fragmento de territorio bajo su control en el norte de la isla.
El conflicto entre el gobierno y los LTTE ha dejado más de 75.000 muertos y cientos de miles de desplazados a lo largo de tres décadas. Esta derrota parece poner fin al objetivo de los Tigres de establecer un Estado independiente en el norte y este de la isla (Tamil Eelam). El final de esta fase militar del conflicto podría proporcionar una oportunidad para lograr una solución política y la reconciliación nacional, pero los retos pendientes son de gran envergadura y la voluntad y capacidad para liderar esta nueva etapa del gobierno del presidente Mahinda Rajapaksa está todavía por determinarse.
Las raíces de este conflicto étnico-político se encuentran en la difícil convivencia en esta isla de Asia meridional entre la mayoría de la población cingalesa, de religión mayoritariamente budista (alrededor de un 74% del total de la población), y la minoría tamil, de religión mayoritariamente hindú (18%), establecida sobre todo en el norte y este de la isla.
La presencia de los tamiles, un pueblo proveniente del sur de la India, en Sri Lanka se explica por una dinámica migratoria desde tiempos muy antiguos, que se intensificó durante el dominio británico de ambos territorios en el siglo XIX para trabajar en las plantaciones imperiales de té y café. En esta época, entre la población original cingalesa se consolidó la percepción de que los británicos favorecieron a los tamiles, con puestos clave en el gobierno y en las estructuras administrativas.
Tras la llegada de la independencia en 1948, los partidos políticos de mayoría cingalesa impulsaron una política nacionalista que generó tensiones con la minoría tamil. Algunas medidas aprobadas en los siguientes años fueron el reconocimiento del idioma cingalés como la lengua oficial del país, la modificación de los requisitos de ingreso en la universidad a fin de favorecer a la juventud étnica cingalesa y la implantación del budismo como religión oficial.
Ante el rechazo de estas medidas por la comunidad tamil, se desarrolló en la década de 1950 un movimiento de protesta no violento encabezado por S.J.V. Chevalnayakam, que consiguió la firma de un acuerdo con el primer ministro Solomon Bandaranaike en 1957. No obstante, a causa de la presión de los nacionalistas cingaleses, el gobierno dio por roto el pacto unos meses después. Sin embargo, esto no evitó el que fuera asesinado dos años más tarde por un monje budista representativo de la facción cingalesa nacionalista más radical.
Tras décadas en las que el conflicto no pudo canalizarse por la vía de las negociaciones políticas, el movimiento por la autodeterminación tamil alcanzó una nueva dimensión en la década de los 70 con la fundación de varios grupos militantes violentos. Entre ellos destacó la guerrilla de los Tigres Tamiles, bajo el mando de Velupillai Prabhakaran, que contó con el apoyo logístico y financiero del gobierno indio.
Esa guerrilla ha sido una de las más organizadas internacionalmente en las últimas décadas, desde su capacidad para administrar una importante franja de territorio en el norte y este del país hasta el desarrollo de rudimentarias fuerzas navales y aéreas. Debido a su uso de atentados suicidas e indiscriminados, de niños soldados y abusos continuados de los derechos humanos en las zonas bajo su control, los LTTE fueron designados en varios países como un grupo terrorista y sus actividades se prohibieron.
En 1987 se firmó un acuerdo entre la India y Sri Lanka para colaborar en la resolución del conflicto, en el que se incluyó la intervención militar india en la isla para garantizar un alto el fuego, a cambio de reconocer diversas reivindicaciones de la comunidad tamil. Este acuerdo no tuvo éxito y las fuerzas indias finalizaron su retirada en 1991. Entre las víctimas de los atentados de los LTTE en esta época se encuentran el primer ministro de la India Rajiv Gandhi (1991) y el presidente de Sri Lanka Ransinghe Premadasa (1993). A finales de la década de los 90, en la cúspide de su poder, los Tigres habían creado un gobierno paralelo en aproximadamente un tercio del territorio de la isla.
Las fallidas negociaciones de paz de 2002 y la última campaña militar del gobierno
Con la mediación del gobierno de Noruega, se alcanzó en 2002 un nuevo alto el fuego y se produjeron nuevas negociaciones entre el gobierno y los Tigres Tamiles para una resolución pacífica del conflicto. Sin embargo, el diálogo tampoco fructificó en un acuerdo viable por la falta de una voluntad real de las partes de ceder en sus pretensiones y por las numerosas violaciones del alto el fuego.
Los Tigres Tamiles abandonaron unilateralmente las negociaciones de paz en abril de 2003, pero su propia participación en el proceso desencadenó luchas internas a nivel militar y posteriormente a nivel político. La mayor parte del grupo ubicado en el este del país se escindió de los LTTE en marzo de 2004 y pasó a apoyar al gobierno de Colombo en su intento de reconquistar el territorio, mientras sus líderes aceptaban puestos en el gobierno central y regional de la isla.
En 2005 llegó al poder en Colombo el nuevo ejecutivo del presidente Rajapaksa con intenciones iniciales de continuar las negociaciones de paz pero que finalmente acabó buscando una solución militar al conflicto. El intento de resucitar el proceso de paz en Ginebra durante principios del año 2006 fue en vano: el proceso finalmente sucumbió a la creciente desconfianza y a los reproches mutuos entre el gobierno de Sri Lanka y los LTTE.
Tras la “liberación” del este a finales de 2007 por el Ejército, favorecido por las disensiones entre los Tigres Tamiles, el frente de guerra se desplazó a la zona norte del país. En enero de 2009 las tropas tomaron el control de la ciudad de Kilinochchi, que había funcionado en la última década como la capital administrativa de los LTTE. A partir de este momento, el ejército fue ampliando la campaña hasta acorralar a los Tigres en un reducido espacio al norte del país.
Esta guerra abierta ha producido una gran crisis humanitaria, con cientos de miles de civiles atrapados entre las fuerzas militares del Estado y los LTTE y con graves violaciones de los derechos humanos por ambas partes denunciados, entre otros, por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Mientras que los Tigres Tamiles forzaron a miles de ciudadanos a luchar en sus filas o a convertirse en escudos humanos, el ejército de Sri Lanka bombardeó de forma reiterada zonas pobladas por civiles. Según Naciones Unidas, sólo desde el inicio de la ofensiva final se han producido 6.500 muertos entre la población civil.
Con la conquista final de las últimas posiciones de los LTTE y la muerte de su líder fundacional, la fase militar del conflicto parece haber llegado a su fin, aunque es posible que un número limitado de efectivos de los LTTE puedan estar todavía activos y dispersados por todo el país. En un discurso del 19 de mayo, el presidente Mahinda Rajapaksa ha declarado formalmente el norte del país como territorio “liberado” y ha llamado a acabar con las divisiones étnicas y religiosas con la promesa de una “solución interna para el conflicto”.
Retos para el gobierno de Sri Lanka y la comunidad tamil: la necesaria reconciliación nacional
Tras la derrota militar de los Tigres Tamiles, los retos que debe afrontar el gobierno de Sri Lanka son enormes tanto a corto como a medio y largo plazo. De manera inmediata, se enfrenta a una situación humanitaria de considerable magnitud. Según fuentes gubernamentales, el número de desplazados internos recientes –mayoritariamente en el norte pero también en el este del país– se aproxima a 300.000 personas, a los que hay que sumar la población desplazada anteriormente tras décadas de conflicto armado.
Los desplazados internos recluidos en campos bajo control gubernamental requieren de asistencia humanitaria urgente. El gobierno tiene intención de comenzar cuanto antes las labores de reasentamiento de la población a zonas anteriormente bajo control de los LTTE. Dicha tarea deberá ir acompañada de la rehabilitación y reconstrucción de un tercio del país devastado por el conflicto. Para el desempeño de tan inmensa labor el gobierno sin duda requerirá la ayuda, tanto logística como financiera, de organizaciones humanitarias y donantes internacionales.
A medio y largo plazo, el aspecto político del conflicto todavía está pendiente de resolver. Para ello, será necesario implementar un mecanismo de reparto de poder político dentro del marco constitucional de Sri Lanka que permita a las provincias del norte y este un mayor grado de autonomía. Dicho ejercicio sólo podrá llevarse a cabo una vez se haya alcanzado un consenso político al respecto entre las principales comunidades étnicas del país. Con ese fin y en paralelo a las operaciones militares, el gobierno creó en 2006 una comisión multipartidista sobre la cuestión tamil constituida por los principales partidos políticos del sur del país. Los resultados han sido decepcionantes dado el boicot impuesto por la oposición y el principal partido político tamil.
Para volver a encauzar un proceso real de diálogo será indispensable llenar el vacío político dejado por los Tigres Tamiles que, pese a ser una organización armada, llegó a crear una administración paralela de facto en el norte y este del país. La Alianza Nacional Tamil (TNA), partido constituido por líderes políticos tamiles simpatizantes de los LTTE, que representaba indirectamente a los Tigres Tamiles en el parlamento nacional, debe ser tenida en cuenta. El vacío político ya ha sido ocupado en el este del país –“liberado” por el gobierno de Sri Lanka anteriormente– por el Partido para la Liberación del Pueblo Tamil (TMVP) tras su victoria en las elecciones locales de 2008 en coalición con el partido gubernamental. Ese partido tiene sus orígenes en un grupo paramilitar resultante de la división interna de los LTTE.
Tan importante como las acciones y retórica empleadas por el gobierno frente a la población tamil y demás minorías del país lo será el papel a desempeñar por la comunidad tamil. El reto será, primero, lograr un consenso entre las facciones moderadas y extremistas dentro de la comunidad tamil, tanto dentro como fuera de Sri Lanka. Dentro de la isla existen fuertes divisiones entre representantes tamiles que históricamente han apoyado a los LTTE, aquellos que lo han rechazado con el paso del tiempo y los que ahora intentan acaparar el liderazgo político de la comunidad con el apoyo gubernamental.
Por su parte, la diáspora tiende a estar más radicalizada que la población residente en la isla, habiendo constituido el principal apoyo político y financiero de los Tigres Tamiles. Es, además, muy influyente y está diseminada en un gran número de países occidentales, incluidos países de la UE.
Actores relevantes en la dimensión internacional del conflicto
A nivel internacional, el actor con el mayor poder de influencia sobre el gobierno de Sri Lanka y la comunidad tamil es la India, de manera que su apoyo para un nuevo proceso de diálogo es fundamental. La potencia regional ha desempeñado un papel histórico en el conflicto, en gran parte determinado por los vínculos étnicos y culturales existentes entre ambos países. Pese a haber optado por un papel convenientemente ambiguo durante los enfrentamientos militares recientes en Sri Lanka, la India ha continuado presionando a Colombo sobre la necesidad de descentralización política dentro del marco unitario del Estado, para acomodar los derechos de la minoría tamil.
Simultáneamente al papel político y estratégico desempeñado por la India, otros actores asiáticos están desempeñando una función creciente a nivel económico y de asistencia militar al gobierno de Sri Lanka. En particular, destaca el papel de China, que ha logrado desbancar a Japón como principal donante extranjero en la isla, y de Pakistán, uno de los principales proveedores de asistencia militar al gobierno de Colombo. Esos países, al contrario que la India, que observa con recelo su actuación, prefieren evitar la intromisión política en lo que consideran asuntos internos de Sri Lanka, por lo que el gobierno se encuentra más cómodo en su relación con ellos y otros aliados como Rusia e Irán.
En contraste, la relación entre el gobierno de Sri Lanka y los países occidentales, además de las principales organizaciones internacionales, ha estado marcada por la tensión desde que colapsara el último proceso de paz en 2006, ya que éstos han mostrado cierto escepticismo frente a la estrategia militar y política del régimen del presidente Rajapakse. En particular, le recriminan un gobierno crecientemente totalitario e intolerante frente a disidentes y minorías étnicas en el país.
Pese al discurso anti-occidental del actual gobierno, éste continúa siendo muy dependiente de la ayuda económica de las instituciones financieras internacionales, además de los países occidentales. La UE, por ejemplo, tiene firmado un acuerdo de trato preferencial a nivel comercial con Sri Lanka y ha amenazado con rescindirlo en el caso de que Colombo no aplique ciertos acuerdos de derechos humanos.
Más allá de las consideraciones financieras, Colombo busca consolidar su legitimidad a nivel internacional tras la victoria militar sobre los LTTE. Recientemente ha logrado sacar adelante una resolución de apoyo a su victoria frente al terrorismo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas gracias al apoyo de otros países asiáticos, además de Rusia. Al mismo tiempo, líderes de varios países occidentales buscan el consentimiento de Naciones Unidas para llevar a cabo una investigación independiente sobre potenciales violaciones de derechos humanos por ambas partes durante los recientes enfrentamientos. En caso de progresar, dicha iniciativa supondría un duro golpe al gobierno de Sri Lanka; aunque la probabilidad de éxito es mínima considerando que Colombo cuenta con el apoyo de Rusia y China, ambos miembros permanentes del Consejo.
Conclusiones
Frente al triunfalismo del gobierno ante su victoria militar, se impone la necesidad de afrontar de forma prioritaria los grandes retos del reasentamiento y de un proceso político que lleve a una genuina reconciliación nacional. Sin duda, la India constituye el país con mayor poder de persuasión sobre el gobierno de Sri Lanka en este sentido, además de contar con un mayor conocimiento del conflicto. Por ello, es importante que cualquier estrategia internacional sobre Sri Lanka cuente con su apoyo –tácito o explícito–. De lo contrario, será muy difícil que ésta sea exitosa. Dicha estrategia deberá tener en cuenta que pese a haber concluido la fase militar del conflicto, todavía queda por resolver el aspecto político del mismo, basado en la descentralización del poder a nivel provincial.
La comunidad internacional necesita continuar haciendo un seguimiento de la evolución del conflicto desde organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la UE. Pese a ciertos obstáculos que puedan surgir por parte de los países aliados a Colombo como China y Rusia, el gobierno de Sri Lanka puede verse forzado a una actitud dialogante ya que ahora más que nunca está necesitado de la legitimidad y el apoyo internacional por motivos financieros.
En paralelo, los países occidentales pueden desempeñar una función fundamental en lo referente a las grandes necesidades humanitarias del país. Será necesario apoyar financieramente tanto a organizaciones humanitarias locales como internacionales para que dispongan de los recursos para atender a los miles de desplazados internos recluidos en campos de forma temporal. La tarea de la retirada de minas es crucial y terriblemente costosa, y precisará especial asistencia técnica y financiera con el fin de permitir el reasentamiento de la población desplazada. El consiguiente apoyo para labores de cooperación al desarrollo a medio plazo deberá ser gradual y controlado, asegurándose de que dicha ayuda es utilizada adecuadamente.
Respecto a los aproximadamente 800.000 tamiles que componen la diáspora y que se encuentran localizados sobre todo en América del Norte y Europa, será necesario ser mucho más estrictos con medidas legislativas para frenar las actividades ilegales de la red global de los LTTE, como se ha hecho con grupos militantes islámicos. Por otro lado, será preciso que los líderes políticos locales apoyen a dirigentes de la comunidad tamil de carácter moderado, evitando ganar votos a través de la defensa de las facciones más radicales de dicha comunidad.
Simultáneamente al papel político y estratégico desempeñado por la India, otros actores asiáticos están desempeñando una función creciente a nivel económico y de asistencia militar al gobierno de Sri Lanka. En particular, destaca el papel de China, que ha logrado desbancar a Japón como principal donante extranjero en la isla, y de Pakistán, uno de los principales proveedores de asistencia militar al gobierno de Colombo. Esos países, al contrario que la India, que observa con recelo su actuación, prefieren evitar la intromisión política en lo que consideran asuntos internos de Sri Lanka, por lo que el gobierno se encuentra más cómodo en su relación con ellos y otros aliados como Rusia e Irán.
En contraste, la relación entre el gobierno de Sri Lanka y los países occidentales, además de las principales organizaciones internacionales, ha estado marcada por la tensión desde que colapsara el último proceso de paz en 2006, ya que éstos han mostrado cierto escepticismo frente a la estrategia militar y política del régimen del presidente Rajapakse. En particular, le recriminan un gobierno crecientemente totalitario e intolerante frente a disidentes y minorías étnicas en el país.
Pese al discurso anti-occidental del actual gobierno, éste continúa siendo muy dependiente de la ayuda económica de las instituciones financieras internacionales, además de los países occidentales. La UE, por ejemplo, tiene firmado un acuerdo de trato preferencial a nivel comercial con Sri Lanka y ha amenazado con rescindirlo en el caso de que Colombo no aplique ciertos acuerdos de derechos humanos.
Más allá de las consideraciones financieras, Colombo busca consolidar su legitimidad a nivel internacional tras la victoria militar sobre los LTTE. Recientemente ha logrado sacar adelante una resolución de apoyo a su victoria frente al terrorismo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas gracias al apoyo de otros países asiáticos, además de Rusia. Al mismo tiempo, líderes de varios países occidentales buscan el consentimiento de Naciones Unidas para llevar a cabo una investigación independiente sobre potenciales violaciones de derechos humanos por ambas partes durante los recientes enfrentamientos. En caso de progresar, dicha iniciativa supondría un duro golpe al gobierno de Sri Lanka; aunque la probabilidad de éxito es mínima considerando que Colombo cuenta con el apoyo de Rusia y China, ambos miembros permanentes del Consejo.
Conclusiones
Frente al triunfalismo del gobierno ante su victoria militar, se impone la necesidad de afrontar de forma prioritaria los grandes retos del reasentamiento y de un proceso político que lleve a una genuina reconciliación nacional. Sin duda, la India constituye el país con mayor poder de persuasión sobre el gobierno de Sri Lanka en este sentido, además de contar con un mayor conocimiento del conflicto. Por ello, es importante que cualquier estrategia internacional sobre Sri Lanka cuente con su apoyo –tácito o explícito–. De lo contrario, será muy difícil que ésta sea exitosa. Dicha estrategia deberá tener en cuenta que pese a haber concluido la fase militar del conflicto, todavía queda por resolver el aspecto político del mismo, basado en la descentralización del poder a nivel provincial.
La comunidad internacional necesita continuar haciendo un seguimiento de la evolución del conflicto desde organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la UE. Pese a ciertos obstáculos que puedan surgir por parte de los países aliados a Colombo como China y Rusia, el gobierno de Sri Lanka puede verse forzado a una actitud dialogante ya que ahora más que nunca está necesitado de la legitimidad y el apoyo internacional por motivos financieros.
En paralelo, los países occidentales pueden desempeñar una función fundamental en lo referente a las grandes necesidades humanitarias del país. Será necesario apoyar financieramente tanto a organizaciones humanitarias locales como internacionales para que dispongan de los recursos para atender a los miles de desplazados internos recluidos en campos de forma temporal. La tarea de la retirada de minas es crucial y terriblemente costosa, y precisará especial asistencia técnica y financiera con el fin de permitir el reasentamiento de la población desplazada. El consiguiente apoyo para labores de cooperación al desarrollo a medio plazo deberá ser gradual y controlado, asegurándose de que dicha ayuda es utilizada adecuadamente.
Respecto a los aproximadamente 800.000 tamiles que componen la diáspora y que se encuentran localizados sobre todo en América del Norte y Europa, será necesario ser mucho más estrictos con medidas legislativas para frenar las actividades ilegales de la red global de los LTTE, como se ha hecho con grupos militantes islámicos. Por otro lado, será preciso que los líderes políticos locales apoyen a dirigentes de la comunidad tamil de carácter moderado, evitando ganar votos a través de la defensa de las facciones más radicales de dicha comunidad.
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