Casa Arabe
El gobierno en pleno de Mauritania presentaba su dimisión el pasado 6 de mayo, acuciado por las críticas sobre su mala gestión y debilidad política. El nuevo gobierno afronta la responsabilidad de consolidar la reforma democrática que desde 2005, no sin dificultades pero con importantes avances, está desarrollando este país.
En 1991, el pueblo mauritano votó en referéndum una nueva Constitución por la cual se establecía un régimen pluripartidista, si bien resultó ser un pluripartidismo artificial ya que el Partido Republicano Socialdemócrata (PRDS), liderado por Muawiya Ould Sid Ahmed Taya, gobernó el país desde las primeras elecciones celebradas en abril de 1992 y ejerció un rígido control, lo que originó una desconfianza entre el régimen y la oposición, la falta de un diálogo político y social y la ausencia de una alternancia pacífica en el poder. Las políticas fiscales y monetarias seguidas por el régimen llevaron al déficit económico y la inflación. Como resultado de todo ello, las condiciones de vida empeoraron y la seguridad se degradó. En este contexto se produjo el cambio del 3 de agosto de 2005 de la mano del ejército y de las fuerzas de Seguridad. Ese día, un grupo de militares protagonizó un golpe de Estado y el autodenominado Consejo Militar para la Justicia y la Democracia depuso a Taya y nombró a Ely Ould Muhammad Vall, director de la Seguridad Nacional, nuevo Presidente del país, y al entonces embajador en Francia, Sidi Mohammed Ould Boubacar, Primer Ministro. El CMJD se comprometió a establecer la democracia en un periodo transitorio no superior a dos años, poner en pie el Estado de derecho y el buen gobierno, mejorar la economía y el nivel de vida. La estrategia seguida para poner fin a la degradación de la vida política, económica y social fue definir, entre agosto y diciembre de 2005, las prioridades en coordinación con los partidos políticos y la sociedad civil a través de tres comisiones ministeriales encargadas de la Democracia Transitoria, la Justicia y el Buen Gobierno. Los resultados de las comisiones se debatieron democráticamente durante los llamados Días Nacionales de Consulta (25-29 octubre 2005) con la participación de 600 representantes de todos los partidos, ONG, sindicatos, empresarios, fiscales y abogados, cargos electos, ulemas, profesionales liberales, periodistas, universitarios y personalidades independientes. Durante las reuniones se fijaron los puntos para la gestión de la transición democrática con un amplio consenso. Esos puntos se integraron en el Programa de acción del gobierno de transición (1 de enero 2006 a 31 de marzo de 2007).
Desde ese momento, el país ha dado importantes y rápidos pasos hacia una democratización de la vida política: la celebración de un referéndum el 24 de junio de 2006 en el que el 97% de la población aprobó una nueva Constitución que reduce la legislatura de seis a cinco años y no permite más de una reelección presidencial; el inicio de procesos electorales; la concesión de una amnistía general que incluyó presos políticos y militares que habían participado en anteriores golpes de Estado; el regreso de antiguos opositores que permanecían en el exilio; el comienzo de la extracción del petróleo mauritano; el inicio de la "guerra contra la corrupción"; la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos; el compromiso de "acabar con la esclavitud"; la concesión de libertades a los medios de comunicación y garantizar el retorno de cerca de 30.000 refugiados mauritanos en Senegal y Mali, cuestión fundamental para conseguir la unidad nacional y revisar una de las páginas más oscuras de la historia del país.
Las elecciones al Congreso de Diputados (95 escaños) se celebraron a dos vueltas, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 2006, con altos índices de participación (73% y 40% respectivamente) y la presencia de 28 partidos. Si bien las autoridades de transición prohibieron la creación de un partido de corte islamista, la tendencia de los islamistas mauritanos "Reformistas Centristas" (al-Islahiyyin al-Wasatiyyin) sí pudieron presentarse a las elecciones como independientes, obteniendo 5 escaños¹.
54 escaños fueron ocupados por partidos políticos y 41 por listas de independientes. La Coalición de Fuerzas por el Cambio Democrático (Ittilaf qiwa al-tagyyir al-Dimuqrati), formada por once partidos de la antigua oposición, obtuvo 41 escaños.
Desglose:
1. Bloque de Fuerzas Democráticas (Ahmad Ould Dada): 15
2. Unión de Fuerzas de Progreso (izquierda): 8
3. Partido Republicano Social-Demócrata (ex–gobernante): 7
4. Alianza Popular Progresista (Masoud Ould Beljayr): 5
5. Agrupación por la Democracia y la Unidad (Ahmad Ould Sidi Baba): 3
6. Unión Por la Democracia y el Progreso (Naha Bint Meknas): 3
7. Unión y Cambio Mauritano (Hatim): 2
8. Partido de Renovación Democrática: 2
9. Unión y Cambio Mauritano+ Alianza Popular Progresista:2
10. Bloque de Fuerzas Democráticas+ Unión de Fuerzas de Progreso:2
11. Partido Unionista Democrático Socialista: 1
12. Agrupación Nacional Por la Democracia, Libertad e Igualdad: 1
13. Frente Popular: 1
14. Unión de Centro Democrático: 1
15. Partido de la Alternativa: 1
Las municipales se celebraron también el 19 de noviembre y el 3 de diciembre con similares porcentajes de participación (73,64%). Los partidos obtuvieron el 62,81 % y las listas de independientes el 37,19%.
Hay que señalar que una nueva ley (2006-029 del 22 de agosto de 2006) relativa a la promoción de las mujeres en el marco electoral, ha establecido normas de discriminación positiva: una cuota del 20% de los escaños en los consejos municipales; y en las elecciones legislativas una cuota que corresponda globalmente al 20% de los diputados de las circunscripciones a las que les correspondan dos o más escaños.
Así, de los 3.688 consejeros municipales elegidos, 1120 fueron mujeres (30,33%); de las nueve comunas de Nuakchot, tres están actualmente gobernadas por mujeres; y en las elecciones legislativas, de los 95 diputados totales, 18 son mujeres (17,9%). A título comparativo, en el Parlamento anterior sólo había 3 mujeres de 81 diputados (3,70 %).
En las elecciones al Senado (53 escaños) del 21 de enero de 2007, con segunda vuelta el 4 de febrero, el bloque parlamentario al-Mithaq (Pacto), que englobaba a diversas formaciones políticas, la mayoría partidarias del ex presidente Ahmed Taya, obtuvo 37 escaños frente a los 15 obtenidos por la Coalición de Fuerzas por el Cambio Democrático y los 3 que consiguió la corriente islamista de "Reformistas Centristas", como independientes. De los 53 senadores, 9 fueron mujeres (15,1%).
Las elecciones presidenciales se celebraron el 11 y 25 de marzo de 2007. El candidato Sidi Ould Sheyj Abdallah, que obtuvo un 24,8% en la primera vuelta y que goza del apoyo de los partidarios del antiguo régimen, obtuvo la victoria en la segunda vuelta (52,85%) frente a Ahmad Ould Dada (47,15%), nuevo líder de la oposición.
Hay que señalar que estos procesos electorales se desarrollaron con la presencia de observadores nacionales e internacionales organizados por Naciones Unidas, quienes elogiaron el clima de libertad y transparencia en el que transcurrieron.
El programa político del nuevo presidente pretende solucionar las principales cuestiones espinosas que siguen pendientes, entre ellas la de la población negra refugiada en Senegal y Mali desde 1989 tras una serie de conflictos étnicos. Otras prioridades de la agenda del gobierno ha sido poner fin a las violaciones de los derechos humanos; acabar definitivamente con la esclavitud, abolida oficialmente en 1981; extender la cultura de la democracia, la separación de poderes y la justicia en el marco de un Estado de las instituciones; la lucha contra la corrupción, muy extendida entre la jefatura anterior que, y esto puede constituir un obstáculo a corto plazo, ha sido quien más ha apoyado al nuevo presidente; y mejorar el nivel de vida de la sociedad sin renunciar al liberalismo, que constituye un punto central en su programa económico. La estrategia de Sheyj Abdallah es la del diálogo con todas las clases sociales buscando el consenso nacional, hacer partícipes a todas las fuerzas políticas en el proceso que ahora comienza; la creación de un gobierno de coalición en el que tienen cabida tres mujeres y representantes de la población negra (especialmente de la tribu Fulan); y la promesa de que abandonará la presidencia tras agotarse la primera legislatura. Cabe destacar que la complejidad de la sociedad mauritana, tradicionalmente tejida en torno a alianzas tribales, ha impregnado irremediablemente el proceso de democratización que vive el país. Así, es importante que Sheyj Abdallah, además del apoyo de los grandes partidos del Bloque, muy próximos al régimen anterior, consiga el progresivo respaldo de otras fuerzas políticas, de manera que se garantice cierta estabilidad y pueda ir eludiendo las tradicionales alianzas tribales e ir optando por un gobierno de tecnócratas.
Masoud Ould Beljayr, presidente del partido de la Alianza Popular Progresista y líder de los esclavos liberados, conocidos localmente como Haratin, fue elegido presidente del Parlamento y Aba Mbari, ministro de Pesca del régimen del depuesto presidente Ould Taya, fue elegido para la presidencia del Senado. Esto demuestra que el programa del presidente tiene como objetivo crear un equilibrio entre los componentes étnicos esenciales de Mauritania. La mayoría considera que este equilibrio es fundamental para la estabilidad del país: el presidente de la República pertenece a los «árabes blancos», el presidente del Parlamento a los esclavos liberados, un grupo que ha hecho escuchar su voz en las últimas décadas, y el presidente del Senado es zeny (negro). Con este "gobierno de tres" el presidente garantiza la estabilidad, la consolidación de la unidad nacional y la armonía de su mandato durante los próximos 5 años. Mauritania entra así en una etapa de transición que se caracteriza por el ejercicio de las comisiones constitucionales cuya misión es garantizar la pluralidad del régimen.
Antes de ganar las elecciones, Sheyj Abdallah prometió solucionar el problema de los refugiados mauritanos en Senegal y Mali "en un año, o tal vez en seis meses". En este sentido, el pasado 21 de noviembre, se celebraron las Jornadas Nacionales de Consulta mediante las que se pretendía estudiar el problema de los expulsados y encontrar una solución para su regreso a Mauritania. Estas reuniones pusieron de manifiesto que éste es uno de los problemas más complicados a los que se enfrenta el país. La mayoría de los participantes en las jornadas, excepto los expulsados y los familiares de las víctimas de aquella época, no desean desenterrar toda la verdad de lo que ocurrió durante aquellos años pues consideran que podría afectar gravemente a la estabilidad del país.
Al igual que ha ocurrido y sigue ocurriendo en otras partes del continente africano, la herencia colonialista ha marcado las relaciones entre las antiguas colonias francesas de Mauritania y Senegal desde la Conferencia de Berlín. Las fronteras entre ambas zonas fueron trazadas a golpe de decretos presidenciales franceses (1895, 1905, 1933) lo que provocó la dispersión de una misma tribu por diferentes territorios. Los tratados firmados por ambos países en 1959 sobre la delimitación de las fronteras y el estatus de las tribus que habitaban la zona fronteriza del río Senegal, así como los acuerdos de explotación del río, entre Mauritania, Mali y Senegal, y de la producción ganadera a lo largo de los setenta y principios de los ochenta y las resoluciones de las conferencias de presidentes de países africanos independientes que mantuvieron las fronteras heredadas de la etapa colonial, han actuado como bombas de relojería que han ido estallando poco a poco, y concretamente en el caso de Senegal y Mauritania en la segunda mitad de la década de los ochenta del pasado siglo.
La crisis de finales de los ochenta tuvo diferentes componentes. Por un lado, se produjo un conflicto étnico en Mauritania entre la etnia mayoritaria y dominante, los maur, moros, que representan el 60% de la población, y la población negra marginada, alrededor del 40%, con un reparto geográfico concreto, el norte es mayoritariamente de población árabo-beréber y el sur de mayoría negra, entre ellos los wolof, población mayoritaria de Senegal. Esa distribución se encontraba detrás del apoyo senegalés a la corriente nacionalista negra en Mauritania, que provocaría, a su vez, la confiscación por parte del gobierno mauritano de las propiedades agrícolas en manos de senegaleses, la intransigencia de las autoridades senegalesas con los ganaderos mauritanos en territorio senegalés y las presiones por ambas partes sobre el movimiento de población entre ambos lados de la frontera y sobre el movimiento comercial en la misma. La tensión fue en aumento hasta que un incidente fronterizo entre agricultores de una aldea senegalesa y ganaderos de una aldea mauritana, que terminó con varios muertos y heridos senegaleses el 9 de abril de 1989, degeneró en un conflicto entre ambos países, lo que supuso un punto de inflexión en las relaciones entre ambos desde su independencia. Al factor étnico se añadieron otros componentes: fronterizos, de recursos (explotación del río Senegal), de situación interna en ambos países, y económicos. Tuvo graves consecuencias, ya que provocó movilizaciones populares agresivas en los dos países, pérdidas materiales, saqueos de propiedades de mauritanos en Senegal y de senegaleses en Mauritania, pérdidas humanas (asesinato de senegaleses y de mauritanos), desplazamientos de población y aparición de refugiados en ambos países, guerra de declaraciones y actos de violencia y reivindicaciones étnicas. Una de las consecuencias del conflicto fue que desde mayo a agosto de ese mismo año, las autoridades mauritanas, que explicaban el conflicto como una conspiración urdida por el régimen senegalés en colaboración con frentes internos, comenzaron a expulsar a Senegal a ciudadanos mauritanos negros (zunuy), en respuesta a la expulsión por parte de Senegal de ciudadanos senegaleses de la etnia moro.
En 1990 se produjo una escalada de acciones militares en la que entraron en juego la oposición mauritana armada, personificada en el FURAM (Frente Unido de Resistencia Armada de Mauritania) con bases en Senegal e integrado básicamente por población negra mauritana no arabizada, que luchaba contra un régimen monopolizado por los sectores beréberes y árabes, y en el FRUIDEM (Frente de Resistencia por la Unidad, la Independencia y la Democracia en Mauritania) formado por negros (sudán) y por algunos maur (moros). También Senegal vio surgir y reforzarse el movimiento de resistencia interno (Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance) al tiempo que Mauritania acusaba a Senegal de discriminación contra la población arabizada.
Tras esfuerzos diplomáticos desplegados por la Organización de la Unidad Africana, ambos países llegaron a un acuerdo en octubre de 1989 de contención de la crisis, pero no a un acuerdo sobre el derecho del retorno ya que Mauritania solo aceptaba el regreso de los mauritanos que habían permanecido "retenidos" en Senegal y no de aquellos que habían sido expulsados al país vecino y que constituían los verdaderos refugiados.
El escenario mundial tras la crisis del Golfo ejerció presión sobre Mauritania para que abandonara el discurso intransigente. Sin embargo, la cuestión del retorno, al igual que la delimitación de las fronteras y la explotación del río Senegal, ha seguido pendiente hasta el actual gobierno que se ha comprometido a solucionarla en cuestión de meses. El principal escollo han sido las compensaciones y las investigaciones sobre lo que realmente ocurrió.
Desde julio de 2007 miles de mauritanos negros han comenzado el regreso oficial a su país, aunque preocupados por su difícil integración. Si bien Mauritania había declarado durante años que los refugiados podían volver cuando quisieran, no fue hasta el 20 de junio de 2007, con el gobierno de Sheyj Abdallah, cuando las autoridades mauritanas presentaron la primera petición de ayuda oficial a la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR). El primer paso deberá ser el reconocimiento por parte del gobierno de su condición de ciudadanos mauritanos para, acto seguido, iniciarse el proceso de repatriación que tendrá que ser supervisado por ACNUR, después se fijarán las compensaciones, la devolución de sus propiedades y la creación de la Comisión de Reconciliación y Confianza.
Según el documento Return and Reintegration of Mauritanian Refugees 2007-2008 de ACNUR, a fecha de julio de 2007 había unos 20.000 mauritanos negros refugiados en Senegal y unos 6.000 en Mali. En 1989 se contaron unos 60.000 refugiados, pero entre 1996 y 1998 unos 35.000 decidieron volver. ACNUR ha lanzado un llamamiento con el fin de recaudar los 7 millones de dólares necesarios para el retorno de unos 24.000 refugiados mauritanos en Senegal y Mali. Teóricamente, la operación de retorno podría durar año y medio, si bien la cantidad recaudada hoy por hoy es insuficiente (500.000 dólares). El pasado mes de noviembre ACNUR firmó un acuerdo con Mauritania y Senegal para el retorno de los refugiados con el fin de iniciar su programa de retorno voluntario y ofrecer a los retornados diversas ayudas (techo, alimentos durante tres meses). Pero se desconoce cómo volverán esos refugiados, si el gobierno será capaz de asumir esa tarea, de crear las infraestructuras necesarias, destruidas en el pasado, o de si podrán volver a sus hogares, ocupados muchos de ellos por mauritanos moros. El desafío es que el retornado sienta que está en su casa, que no es un extranjero en su propio país. Según ACNUR, unos 12.600 han expresado ya su deseo de volver.
Ahora bien, sigue habiendo una cuestión que provoca serias diferencias: la forma en que se deberá solucionar ese pasado de "violaciones de los derechos de los mauritanos negros" entre 1989 y 1991. Tales diferencias salieron a la luz durante las jornadas de consulta sobre el tema, organizadas en Nuakchot en noviembre de 2007, planteadas como paso previo a la celebración de una Jornadas Nacionales de Consulta, con la participación de unas 1000 personas representantes de todas las tendencias políticas, miembros de gobiernos anteriores, técnicos y representantes de los refugiados en Senegal, delegados de los principales movimientos de los negros mauritanos en el exilio, ONG´s y organizaciones internacionales. Las jornadas, en las que se llegó a un Informe Final, se dividieron en cuatro talleres de trabajo: órganos nacionales y locales necesarios para gestionar todas las operaciones relacionadas con el regreso y la integración; medidas prácticas para organizar el regreso, tales como la identificación de las personas; la integración permanente de los refugiados y la recuperación de sus derechos; el marco institucional y presentación de propuestas para establecer la identidad de las víctimas. Si bien se llegó a una especie de consenso en cuanto a que la solución al problema deberá tener en consideración la memoria y el perdón para la comunidad, la justicia y las compensaciones a las víctimas, hay diferentes posturas: por un lado, los activistas políticos negros exigen que sean juzgados aquellos que cometieron graves violaciones de derechos humanos contra la población negra; por otro, representantes de los refugiados son más partidarios de dejar las cosas como están. Es decir, el país se debate entre la necesidad de hacer justicia y la de pasar página en aras de la unidad nacional.
Además de las cuestiones mencionadas anteriormente, decisivas para conseguir la unidad nacional, el gobierno ha tenido que hacer frente a la presión de la oposición ejercida en forma de manifestaciones "espontáneas" que denuncian la situación económica (aumento del precio de productos básicos) en un marco en el que la lucha contra la corrupción tiene todavía camino por hacer. De hecho, Mauritania ha vivido en los últimos meses varias revueltas por el encarecimiento de productos básicos como el arroz, el trigo o el maíz, que han duplicado su precio en sólo dos meses. El gobierno puso en marcha un plan urgente para tratar de asegurar la disponibilidad de alimentos básicos y frenar la subida de precios. El Programa Mundial de Alimentos considera a Mauritania como uno de los puntos más sensibles en la crisis alimenticia que sacude a numerosos países, ya que la escasa producción local sólo supone el 30% del consumo, teniendo que importar el 70% restante.
No obstante, las continuas críticas contra el gobierno del primer ministro Al-Zeyn Ould Zidan, por "demasiado tecnócrata" y contar con una escasa representación de los partidos políticos, así como las acusaciones por lo que se considera una mala gestión del país desde que asumiera su cargo en abril de 2007, han conducido finalmente a su dimisión y a la de todo su gobierno el pasado 6 de mayo. El presidente, Sheyj Abdallah, aceptó dicha dimisión y, acto seguido, nombró en su lugar a Yahya Ould Ahmad al-Waqif², hasta ese momento secretario general de la Presidencia mauritana y presidente del Partido del Pacto Nacional por la Democracia y el Desarrollo, partido del Presidente y mayoritario en ambas cámaras. Ahmad al-Waqif, con un perfil de economista, será el encargado de dirigir el nuevo gobierno, formado por partidos políticos, incluidos los de oposición, y por tecnócratas, y tendrá que hacer frente a diferentes retos, entre ellos a la crisis económica y alimentaria.
A esto se le une el desafío del gobierno de lograr mejorar la seguridad del país y controlar el denominado "triángulo de los peligros", un vasto territorio en las fronteras de Mauritania, Senegal y Mali, que hasta ahora ha servido como campo de actuación de contrabandistas (tabaco, alimentos y armamento), refugio de evadidos de la justicia y, recientemente, como zona de paso de grupos armados. Los últimos actos terroristas acaecidos en esta zona (asesinato de turistas franceses y asalto a un puesto militar) tuvieron graves consecuencias políticas y económicas para el país, entre ellas la suspensión del rally Lisboa-Dakar.
En conclusión, Mauritania ha vivido una importante experiencia política en la que el poder militar ha cumplido su compromiso de democratizar el sistema político y traspasar el poder a los civiles. Los cambios experimentados han sido muchos y positivos en los últimos tres años. No obstante, siguen siendo también muchos los desafíos que aún tiene que afrontar este complejo país.
Notas
¹ En agosto de 2007, esta corriente islamista, situada en la órbita de los Hermanos Musulmanes, consiguió la legalización de su propio partido político, la Agrupación Nacional para la Reforma y el Desarrollo-Tawasul (al-Tayammu‘ al-Watani li-l-Islah wa-l-Tanmiyya), presidido por el parlamentario Muhammad Yamil Mansur.
El gobierno en pleno de Mauritania presentaba su dimisión el pasado 6 de mayo, acuciado por las críticas sobre su mala gestión y debilidad política. El nuevo gobierno afronta la responsabilidad de consolidar la reforma democrática que desde 2005, no sin dificultades pero con importantes avances, está desarrollando este país.
En 1991, el pueblo mauritano votó en referéndum una nueva Constitución por la cual se establecía un régimen pluripartidista, si bien resultó ser un pluripartidismo artificial ya que el Partido Republicano Socialdemócrata (PRDS), liderado por Muawiya Ould Sid Ahmed Taya, gobernó el país desde las primeras elecciones celebradas en abril de 1992 y ejerció un rígido control, lo que originó una desconfianza entre el régimen y la oposición, la falta de un diálogo político y social y la ausencia de una alternancia pacífica en el poder. Las políticas fiscales y monetarias seguidas por el régimen llevaron al déficit económico y la inflación. Como resultado de todo ello, las condiciones de vida empeoraron y la seguridad se degradó. En este contexto se produjo el cambio del 3 de agosto de 2005 de la mano del ejército y de las fuerzas de Seguridad. Ese día, un grupo de militares protagonizó un golpe de Estado y el autodenominado Consejo Militar para la Justicia y la Democracia depuso a Taya y nombró a Ely Ould Muhammad Vall, director de la Seguridad Nacional, nuevo Presidente del país, y al entonces embajador en Francia, Sidi Mohammed Ould Boubacar, Primer Ministro. El CMJD se comprometió a establecer la democracia en un periodo transitorio no superior a dos años, poner en pie el Estado de derecho y el buen gobierno, mejorar la economía y el nivel de vida. La estrategia seguida para poner fin a la degradación de la vida política, económica y social fue definir, entre agosto y diciembre de 2005, las prioridades en coordinación con los partidos políticos y la sociedad civil a través de tres comisiones ministeriales encargadas de la Democracia Transitoria, la Justicia y el Buen Gobierno. Los resultados de las comisiones se debatieron democráticamente durante los llamados Días Nacionales de Consulta (25-29 octubre 2005) con la participación de 600 representantes de todos los partidos, ONG, sindicatos, empresarios, fiscales y abogados, cargos electos, ulemas, profesionales liberales, periodistas, universitarios y personalidades independientes. Durante las reuniones se fijaron los puntos para la gestión de la transición democrática con un amplio consenso. Esos puntos se integraron en el Programa de acción del gobierno de transición (1 de enero 2006 a 31 de marzo de 2007).
Desde ese momento, el país ha dado importantes y rápidos pasos hacia una democratización de la vida política: la celebración de un referéndum el 24 de junio de 2006 en el que el 97% de la población aprobó una nueva Constitución que reduce la legislatura de seis a cinco años y no permite más de una reelección presidencial; el inicio de procesos electorales; la concesión de una amnistía general que incluyó presos políticos y militares que habían participado en anteriores golpes de Estado; el regreso de antiguos opositores que permanecían en el exilio; el comienzo de la extracción del petróleo mauritano; el inicio de la "guerra contra la corrupción"; la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos; el compromiso de "acabar con la esclavitud"; la concesión de libertades a los medios de comunicación y garantizar el retorno de cerca de 30.000 refugiados mauritanos en Senegal y Mali, cuestión fundamental para conseguir la unidad nacional y revisar una de las páginas más oscuras de la historia del país.
Las elecciones al Congreso de Diputados (95 escaños) se celebraron a dos vueltas, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 2006, con altos índices de participación (73% y 40% respectivamente) y la presencia de 28 partidos. Si bien las autoridades de transición prohibieron la creación de un partido de corte islamista, la tendencia de los islamistas mauritanos "Reformistas Centristas" (al-Islahiyyin al-Wasatiyyin) sí pudieron presentarse a las elecciones como independientes, obteniendo 5 escaños¹.
54 escaños fueron ocupados por partidos políticos y 41 por listas de independientes. La Coalición de Fuerzas por el Cambio Democrático (Ittilaf qiwa al-tagyyir al-Dimuqrati), formada por once partidos de la antigua oposición, obtuvo 41 escaños.
Desglose:
1. Bloque de Fuerzas Democráticas (Ahmad Ould Dada): 15
2. Unión de Fuerzas de Progreso (izquierda): 8
3. Partido Republicano Social-Demócrata (ex–gobernante): 7
4. Alianza Popular Progresista (Masoud Ould Beljayr): 5
5. Agrupación por la Democracia y la Unidad (Ahmad Ould Sidi Baba): 3
6. Unión Por la Democracia y el Progreso (Naha Bint Meknas): 3
7. Unión y Cambio Mauritano (Hatim): 2
8. Partido de Renovación Democrática: 2
9. Unión y Cambio Mauritano+ Alianza Popular Progresista:2
10. Bloque de Fuerzas Democráticas+ Unión de Fuerzas de Progreso:2
11. Partido Unionista Democrático Socialista: 1
12. Agrupación Nacional Por la Democracia, Libertad e Igualdad: 1
13. Frente Popular: 1
14. Unión de Centro Democrático: 1
15. Partido de la Alternativa: 1
Las municipales se celebraron también el 19 de noviembre y el 3 de diciembre con similares porcentajes de participación (73,64%). Los partidos obtuvieron el 62,81 % y las listas de independientes el 37,19%.
Hay que señalar que una nueva ley (2006-029 del 22 de agosto de 2006) relativa a la promoción de las mujeres en el marco electoral, ha establecido normas de discriminación positiva: una cuota del 20% de los escaños en los consejos municipales; y en las elecciones legislativas una cuota que corresponda globalmente al 20% de los diputados de las circunscripciones a las que les correspondan dos o más escaños.
Así, de los 3.688 consejeros municipales elegidos, 1120 fueron mujeres (30,33%); de las nueve comunas de Nuakchot, tres están actualmente gobernadas por mujeres; y en las elecciones legislativas, de los 95 diputados totales, 18 son mujeres (17,9%). A título comparativo, en el Parlamento anterior sólo había 3 mujeres de 81 diputados (3,70 %).
En las elecciones al Senado (53 escaños) del 21 de enero de 2007, con segunda vuelta el 4 de febrero, el bloque parlamentario al-Mithaq (Pacto), que englobaba a diversas formaciones políticas, la mayoría partidarias del ex presidente Ahmed Taya, obtuvo 37 escaños frente a los 15 obtenidos por la Coalición de Fuerzas por el Cambio Democrático y los 3 que consiguió la corriente islamista de "Reformistas Centristas", como independientes. De los 53 senadores, 9 fueron mujeres (15,1%).
Las elecciones presidenciales se celebraron el 11 y 25 de marzo de 2007. El candidato Sidi Ould Sheyj Abdallah, que obtuvo un 24,8% en la primera vuelta y que goza del apoyo de los partidarios del antiguo régimen, obtuvo la victoria en la segunda vuelta (52,85%) frente a Ahmad Ould Dada (47,15%), nuevo líder de la oposición.
Hay que señalar que estos procesos electorales se desarrollaron con la presencia de observadores nacionales e internacionales organizados por Naciones Unidas, quienes elogiaron el clima de libertad y transparencia en el que transcurrieron.
El programa político del nuevo presidente pretende solucionar las principales cuestiones espinosas que siguen pendientes, entre ellas la de la población negra refugiada en Senegal y Mali desde 1989 tras una serie de conflictos étnicos. Otras prioridades de la agenda del gobierno ha sido poner fin a las violaciones de los derechos humanos; acabar definitivamente con la esclavitud, abolida oficialmente en 1981; extender la cultura de la democracia, la separación de poderes y la justicia en el marco de un Estado de las instituciones; la lucha contra la corrupción, muy extendida entre la jefatura anterior que, y esto puede constituir un obstáculo a corto plazo, ha sido quien más ha apoyado al nuevo presidente; y mejorar el nivel de vida de la sociedad sin renunciar al liberalismo, que constituye un punto central en su programa económico. La estrategia de Sheyj Abdallah es la del diálogo con todas las clases sociales buscando el consenso nacional, hacer partícipes a todas las fuerzas políticas en el proceso que ahora comienza; la creación de un gobierno de coalición en el que tienen cabida tres mujeres y representantes de la población negra (especialmente de la tribu Fulan); y la promesa de que abandonará la presidencia tras agotarse la primera legislatura. Cabe destacar que la complejidad de la sociedad mauritana, tradicionalmente tejida en torno a alianzas tribales, ha impregnado irremediablemente el proceso de democratización que vive el país. Así, es importante que Sheyj Abdallah, además del apoyo de los grandes partidos del Bloque, muy próximos al régimen anterior, consiga el progresivo respaldo de otras fuerzas políticas, de manera que se garantice cierta estabilidad y pueda ir eludiendo las tradicionales alianzas tribales e ir optando por un gobierno de tecnócratas.
Masoud Ould Beljayr, presidente del partido de la Alianza Popular Progresista y líder de los esclavos liberados, conocidos localmente como Haratin, fue elegido presidente del Parlamento y Aba Mbari, ministro de Pesca del régimen del depuesto presidente Ould Taya, fue elegido para la presidencia del Senado. Esto demuestra que el programa del presidente tiene como objetivo crear un equilibrio entre los componentes étnicos esenciales de Mauritania. La mayoría considera que este equilibrio es fundamental para la estabilidad del país: el presidente de la República pertenece a los «árabes blancos», el presidente del Parlamento a los esclavos liberados, un grupo que ha hecho escuchar su voz en las últimas décadas, y el presidente del Senado es zeny (negro). Con este "gobierno de tres" el presidente garantiza la estabilidad, la consolidación de la unidad nacional y la armonía de su mandato durante los próximos 5 años. Mauritania entra así en una etapa de transición que se caracteriza por el ejercicio de las comisiones constitucionales cuya misión es garantizar la pluralidad del régimen.
Antes de ganar las elecciones, Sheyj Abdallah prometió solucionar el problema de los refugiados mauritanos en Senegal y Mali "en un año, o tal vez en seis meses". En este sentido, el pasado 21 de noviembre, se celebraron las Jornadas Nacionales de Consulta mediante las que se pretendía estudiar el problema de los expulsados y encontrar una solución para su regreso a Mauritania. Estas reuniones pusieron de manifiesto que éste es uno de los problemas más complicados a los que se enfrenta el país. La mayoría de los participantes en las jornadas, excepto los expulsados y los familiares de las víctimas de aquella época, no desean desenterrar toda la verdad de lo que ocurrió durante aquellos años pues consideran que podría afectar gravemente a la estabilidad del país.
Al igual que ha ocurrido y sigue ocurriendo en otras partes del continente africano, la herencia colonialista ha marcado las relaciones entre las antiguas colonias francesas de Mauritania y Senegal desde la Conferencia de Berlín. Las fronteras entre ambas zonas fueron trazadas a golpe de decretos presidenciales franceses (1895, 1905, 1933) lo que provocó la dispersión de una misma tribu por diferentes territorios. Los tratados firmados por ambos países en 1959 sobre la delimitación de las fronteras y el estatus de las tribus que habitaban la zona fronteriza del río Senegal, así como los acuerdos de explotación del río, entre Mauritania, Mali y Senegal, y de la producción ganadera a lo largo de los setenta y principios de los ochenta y las resoluciones de las conferencias de presidentes de países africanos independientes que mantuvieron las fronteras heredadas de la etapa colonial, han actuado como bombas de relojería que han ido estallando poco a poco, y concretamente en el caso de Senegal y Mauritania en la segunda mitad de la década de los ochenta del pasado siglo.
La crisis de finales de los ochenta tuvo diferentes componentes. Por un lado, se produjo un conflicto étnico en Mauritania entre la etnia mayoritaria y dominante, los maur, moros, que representan el 60% de la población, y la población negra marginada, alrededor del 40%, con un reparto geográfico concreto, el norte es mayoritariamente de población árabo-beréber y el sur de mayoría negra, entre ellos los wolof, población mayoritaria de Senegal. Esa distribución se encontraba detrás del apoyo senegalés a la corriente nacionalista negra en Mauritania, que provocaría, a su vez, la confiscación por parte del gobierno mauritano de las propiedades agrícolas en manos de senegaleses, la intransigencia de las autoridades senegalesas con los ganaderos mauritanos en territorio senegalés y las presiones por ambas partes sobre el movimiento de población entre ambos lados de la frontera y sobre el movimiento comercial en la misma. La tensión fue en aumento hasta que un incidente fronterizo entre agricultores de una aldea senegalesa y ganaderos de una aldea mauritana, que terminó con varios muertos y heridos senegaleses el 9 de abril de 1989, degeneró en un conflicto entre ambos países, lo que supuso un punto de inflexión en las relaciones entre ambos desde su independencia. Al factor étnico se añadieron otros componentes: fronterizos, de recursos (explotación del río Senegal), de situación interna en ambos países, y económicos. Tuvo graves consecuencias, ya que provocó movilizaciones populares agresivas en los dos países, pérdidas materiales, saqueos de propiedades de mauritanos en Senegal y de senegaleses en Mauritania, pérdidas humanas (asesinato de senegaleses y de mauritanos), desplazamientos de población y aparición de refugiados en ambos países, guerra de declaraciones y actos de violencia y reivindicaciones étnicas. Una de las consecuencias del conflicto fue que desde mayo a agosto de ese mismo año, las autoridades mauritanas, que explicaban el conflicto como una conspiración urdida por el régimen senegalés en colaboración con frentes internos, comenzaron a expulsar a Senegal a ciudadanos mauritanos negros (zunuy), en respuesta a la expulsión por parte de Senegal de ciudadanos senegaleses de la etnia moro.
En 1990 se produjo una escalada de acciones militares en la que entraron en juego la oposición mauritana armada, personificada en el FURAM (Frente Unido de Resistencia Armada de Mauritania) con bases en Senegal e integrado básicamente por población negra mauritana no arabizada, que luchaba contra un régimen monopolizado por los sectores beréberes y árabes, y en el FRUIDEM (Frente de Resistencia por la Unidad, la Independencia y la Democracia en Mauritania) formado por negros (sudán) y por algunos maur (moros). También Senegal vio surgir y reforzarse el movimiento de resistencia interno (Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance) al tiempo que Mauritania acusaba a Senegal de discriminación contra la población arabizada.
Tras esfuerzos diplomáticos desplegados por la Organización de la Unidad Africana, ambos países llegaron a un acuerdo en octubre de 1989 de contención de la crisis, pero no a un acuerdo sobre el derecho del retorno ya que Mauritania solo aceptaba el regreso de los mauritanos que habían permanecido "retenidos" en Senegal y no de aquellos que habían sido expulsados al país vecino y que constituían los verdaderos refugiados.
El escenario mundial tras la crisis del Golfo ejerció presión sobre Mauritania para que abandonara el discurso intransigente. Sin embargo, la cuestión del retorno, al igual que la delimitación de las fronteras y la explotación del río Senegal, ha seguido pendiente hasta el actual gobierno que se ha comprometido a solucionarla en cuestión de meses. El principal escollo han sido las compensaciones y las investigaciones sobre lo que realmente ocurrió.
Desde julio de 2007 miles de mauritanos negros han comenzado el regreso oficial a su país, aunque preocupados por su difícil integración. Si bien Mauritania había declarado durante años que los refugiados podían volver cuando quisieran, no fue hasta el 20 de junio de 2007, con el gobierno de Sheyj Abdallah, cuando las autoridades mauritanas presentaron la primera petición de ayuda oficial a la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR). El primer paso deberá ser el reconocimiento por parte del gobierno de su condición de ciudadanos mauritanos para, acto seguido, iniciarse el proceso de repatriación que tendrá que ser supervisado por ACNUR, después se fijarán las compensaciones, la devolución de sus propiedades y la creación de la Comisión de Reconciliación y Confianza.
Según el documento Return and Reintegration of Mauritanian Refugees 2007-2008 de ACNUR, a fecha de julio de 2007 había unos 20.000 mauritanos negros refugiados en Senegal y unos 6.000 en Mali. En 1989 se contaron unos 60.000 refugiados, pero entre 1996 y 1998 unos 35.000 decidieron volver. ACNUR ha lanzado un llamamiento con el fin de recaudar los 7 millones de dólares necesarios para el retorno de unos 24.000 refugiados mauritanos en Senegal y Mali. Teóricamente, la operación de retorno podría durar año y medio, si bien la cantidad recaudada hoy por hoy es insuficiente (500.000 dólares). El pasado mes de noviembre ACNUR firmó un acuerdo con Mauritania y Senegal para el retorno de los refugiados con el fin de iniciar su programa de retorno voluntario y ofrecer a los retornados diversas ayudas (techo, alimentos durante tres meses). Pero se desconoce cómo volverán esos refugiados, si el gobierno será capaz de asumir esa tarea, de crear las infraestructuras necesarias, destruidas en el pasado, o de si podrán volver a sus hogares, ocupados muchos de ellos por mauritanos moros. El desafío es que el retornado sienta que está en su casa, que no es un extranjero en su propio país. Según ACNUR, unos 12.600 han expresado ya su deseo de volver.
Ahora bien, sigue habiendo una cuestión que provoca serias diferencias: la forma en que se deberá solucionar ese pasado de "violaciones de los derechos de los mauritanos negros" entre 1989 y 1991. Tales diferencias salieron a la luz durante las jornadas de consulta sobre el tema, organizadas en Nuakchot en noviembre de 2007, planteadas como paso previo a la celebración de una Jornadas Nacionales de Consulta, con la participación de unas 1000 personas representantes de todas las tendencias políticas, miembros de gobiernos anteriores, técnicos y representantes de los refugiados en Senegal, delegados de los principales movimientos de los negros mauritanos en el exilio, ONG´s y organizaciones internacionales. Las jornadas, en las que se llegó a un Informe Final, se dividieron en cuatro talleres de trabajo: órganos nacionales y locales necesarios para gestionar todas las operaciones relacionadas con el regreso y la integración; medidas prácticas para organizar el regreso, tales como la identificación de las personas; la integración permanente de los refugiados y la recuperación de sus derechos; el marco institucional y presentación de propuestas para establecer la identidad de las víctimas. Si bien se llegó a una especie de consenso en cuanto a que la solución al problema deberá tener en consideración la memoria y el perdón para la comunidad, la justicia y las compensaciones a las víctimas, hay diferentes posturas: por un lado, los activistas políticos negros exigen que sean juzgados aquellos que cometieron graves violaciones de derechos humanos contra la población negra; por otro, representantes de los refugiados son más partidarios de dejar las cosas como están. Es decir, el país se debate entre la necesidad de hacer justicia y la de pasar página en aras de la unidad nacional.
Además de las cuestiones mencionadas anteriormente, decisivas para conseguir la unidad nacional, el gobierno ha tenido que hacer frente a la presión de la oposición ejercida en forma de manifestaciones "espontáneas" que denuncian la situación económica (aumento del precio de productos básicos) en un marco en el que la lucha contra la corrupción tiene todavía camino por hacer. De hecho, Mauritania ha vivido en los últimos meses varias revueltas por el encarecimiento de productos básicos como el arroz, el trigo o el maíz, que han duplicado su precio en sólo dos meses. El gobierno puso en marcha un plan urgente para tratar de asegurar la disponibilidad de alimentos básicos y frenar la subida de precios. El Programa Mundial de Alimentos considera a Mauritania como uno de los puntos más sensibles en la crisis alimenticia que sacude a numerosos países, ya que la escasa producción local sólo supone el 30% del consumo, teniendo que importar el 70% restante.
No obstante, las continuas críticas contra el gobierno del primer ministro Al-Zeyn Ould Zidan, por "demasiado tecnócrata" y contar con una escasa representación de los partidos políticos, así como las acusaciones por lo que se considera una mala gestión del país desde que asumiera su cargo en abril de 2007, han conducido finalmente a su dimisión y a la de todo su gobierno el pasado 6 de mayo. El presidente, Sheyj Abdallah, aceptó dicha dimisión y, acto seguido, nombró en su lugar a Yahya Ould Ahmad al-Waqif², hasta ese momento secretario general de la Presidencia mauritana y presidente del Partido del Pacto Nacional por la Democracia y el Desarrollo, partido del Presidente y mayoritario en ambas cámaras. Ahmad al-Waqif, con un perfil de economista, será el encargado de dirigir el nuevo gobierno, formado por partidos políticos, incluidos los de oposición, y por tecnócratas, y tendrá que hacer frente a diferentes retos, entre ellos a la crisis económica y alimentaria.
A esto se le une el desafío del gobierno de lograr mejorar la seguridad del país y controlar el denominado "triángulo de los peligros", un vasto territorio en las fronteras de Mauritania, Senegal y Mali, que hasta ahora ha servido como campo de actuación de contrabandistas (tabaco, alimentos y armamento), refugio de evadidos de la justicia y, recientemente, como zona de paso de grupos armados. Los últimos actos terroristas acaecidos en esta zona (asesinato de turistas franceses y asalto a un puesto militar) tuvieron graves consecuencias políticas y económicas para el país, entre ellas la suspensión del rally Lisboa-Dakar.
En conclusión, Mauritania ha vivido una importante experiencia política en la que el poder militar ha cumplido su compromiso de democratizar el sistema político y traspasar el poder a los civiles. Los cambios experimentados han sido muchos y positivos en los últimos tres años. No obstante, siguen siendo también muchos los desafíos que aún tiene que afrontar este complejo país.
Notas
¹ En agosto de 2007, esta corriente islamista, situada en la órbita de los Hermanos Musulmanes, consiguió la legalización de su propio partido político, la Agrupación Nacional para la Reforma y el Desarrollo-Tawasul (al-Tayammu‘ al-Watani li-l-Islah wa-l-Tanmiyya), presidido por el parlamentario Muhammad Yamil Mansur.
² Nacido en 1960, Ahmad al-Waqif ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de Nuakchot y ha trabajado en organismos internacionales (Programa Mundial de Alimentos). En 2003 fue nombrado director de la compañía Somagaz (de distribución del gas en el país), posteriormente fue director general de las Líneas Aéreas Mauritanas y en 2007 consejero del ministro de Finanzas. Ha estudiado y analizado la comercialización de la producción local de arroz y grano y ha contribuido a la elaboración de la política de precios y comercialización del arroz en el país. Ha presidido la comisión ministerial encargada del dossier de los refugiados mauritanos y ha sido coordinador de la mayoría gubernamental (que engloba a más de 40 partidos).
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