Laura Rubio Díaz Leal
En el siglo XX la migración forzada fue parte integral del desarrollo y de la constitución de nuevos estados en Asia. (A pesar de las sutiles diferencias legales, aquí se usarán indistintamente los términos "migración forzada", "desplazamiento forzado de población" y "refugiados" para referirse tanto a las personas que han sido desplazadas por la fuerza dentro de sus países de origen [Personas Internamente Desplazadas: PID] por conflicto, persecución y proyectos de desarrollo económico a gran escala, así como a aquellas personas que han sido obligadas a cruzar una frontera internacional para escapar de alguna forma de persecución, de los efectos de guerra civil, de movimientos insurgentes y/o de catástrofes naturales.) Durante el proceso de descolonización en la región y la consecuente reorganización política, el desplazamiento forzado con intercambios masivos de población jugó un papel central en Estados como India, Pakistán y Bangladesh. La revolución comunista en China e Indochina, así como la invasión soviética a Afganistán, inmersas como estaban en el conflicto bipolar, produjeron nuevas olas de refugiados que influyeron en la configuración de fuerzas en la región. Actualmente la migración forzada es el resultado de dos fenómenos: en primer lugar, el de guerra civil y/o reacomodo político producto de los regímenes heredados del periodo anterior en países como Bhután, Myanmar, Nepal, Indonesia y Afganistán, y, en segundo lugar, de proyectos de desarrollo económico e infraestructura a gran escala que han causado desplazamientos forzados y reasentamientos involuntarios de cientos de miles de personas en India, China, Indonesia y Vietnam.
Este ensayo intenta analizar los focos de inestabilidad producidos por la migración forzada en Asia en sus dos vertientes, e integrar el estudio de ambas para atraer la atención de la comunidad internacional a un problema viejo que hoy presenta dimensiones preocupantes. La migración forzada producida por conflicto ha contribuido en forma significativa a la inseguridad nacional y regional, y ha entorpecido el establecimiento de relaciones más estrechas y la cooperación en el seno de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) y de la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional (SAARC, por sus siglas en inglés). En décadas recientes las instancias involucradas en el asentamiento, protección, reasentamiento y repatriación de los refugiados producidos por conflicto han sido organizaciones gubernamentales del régimen internacional para los refugiados encabezadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), así como un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales.
Sin embargo, raro es el caso en que la migración forzada causada por el desarrollo se estudia (y atiende) dentro del mismo rubro que la migración por conflicto, dada la falta del ingrediente de persecución política o violencia, que constituye el criterio fundamental mediante el cual el régimen internacional para los refugiados brinda protección y asistencia a sus víctimas. Ello implica que las víctimas de desplazamiento forzado y reasentamiento involuntario producidos por proyectos de desarrollo queden a merced de los gobiernos responsables, toda vez que las instituciones financieras internacionales y/o empresas transnacionales que financian tales proyectos difícilmente asumen la responsabilidad de lidiar con los costos sociales e impactos ecológicos una vez que el proyecto ha sido concluido.
Al 1 de enero de 2005 había 6899600 refugiados en Asia (UNHCR 2005:1-11), incluidos refugiados víctimas de persecución, y por conflicto, solicitantes de asilo y personas sin Estado. No obstante, esta estadística excluye a los desplazados por proyectos de desarrollo económico. Nada más en la década de 1990 la construcción de grandes presas hidroeléctricas en países en desarrollo en todo el mundo desplazó a alrededor de 40 millones de personas (T. Scudder, 1997). Este tipo de proyectos y sus efectos sobre el desplazamiento humano no son nuevos; sin embargo, la construcción de infraestructura hidroeléctrica en Asia en las últimas dos décadas lo ha elevado a dimensiones sin precedente (según R. Phadke, 1999, entre 1970 y 2000 sólo en China e India la cifra aumentó más de 100%). A nivel global, hay más refugiados por el desarrollo económico que por guerras y desastres naturales (M.M. Cernea, 1996). A pesar de la magnitud del problema, no es frecuente que en la literatura de la migración forzada se vincule este fenómeno al de la seguridad nacional y regional.
Migración forzada por reacomodo político
El reacomodo político en los países del sur y este de Asia con problemas de migración forzada refleja la imperfección de las instituciones políticas que emergieron de revoluciones sociales o de la descolonización, incapaces de integrar a las minorías étnicas. En las últimas dos décadas la reconfiguración de fuerzas se ha manifestado en cuatro modalidades: conflictos armados en busca del cambio de régimen -- guerrilla maoísta en Nepal, insurgencia mujaidín en Afganistán e insurgencia comunista en Myanmar -- ; establecimiento de gobiernos de extrema derecha ultranacionalista que priva a minorías étnicas de participación política y de ciudadanía -- el gobierno de Myanmar en contra de los musulmanes rohingyas, o el bhutanés en contra de los hindúes lhotshampas -- ; búsqueda de representación política y/o autonomía de algún grupo étnico -- tibetanos y los musulmanes uigures de la provincia de Xinjiang en China -- ; y el caso más extremo, el intento de secesión de alguna minoría étnica -- la provincia de Aceh en Indonesia.
Estas circunstancias han generado violencia, represión, persecución, huida y flujos de refugiados hacia los países vecinos. Ninguno de estos conflictos se ha resuelto en forma satisfactoria debido a problemas crónicos en los países de origen, así como a las restricciones, intolerancia y el semiencarcelamiento en el que viven los refugiados en los países huésped (G. Loescher y J. Milner, 2005). Algunas de estas situaciones han persistido durante más de 20 años, por lo que miles de refugiados continúan viviendo en campamentos en espera de condiciones propicias para su regreso, lo cual, inevitablemente, exacerba problemas propios de los países huésped. En el sur y este asiáticos, ninguno de los países receptores es signatario de los instrumentos internacionales para refugiados (Convención de 1951 y Estatuto de 1967 de la ONU) que protegen a los desplazados contra el regreso forzado (refoulement) a su país de origen o el maltrato en manos de fuerzas fronterizas y la comunidad local. Por ende, su seguridad y la posibilidad de que el ACNUR u otras organizaciones los asista dependen solamente de la buena voluntad del país receptor.
En Asia destacan cuatro casos de problemas de refugiados prolongados: el de la minoría étnica lhotshampa de Bhután en el sureste de Nepal y noreste de India; el de disidentes políticos y minorías étnicas de Myanmar en Tailandia y de los musulmanes rohingyas de la provincia de Arakan de Myanmar en Bangladesh; el de los tibetanos en India y Nepal y, finalmente, el de los afganos en Pakistán e Irán.
En diciembre de 1990, en Bhután, como estrategia de limpieza étnica motivada por el miedo al crecimiento demográfico de las minorías, el gobierno negó la ciudadanía a los residentes que no pudieran comprobar que habían llegado al país antes de 1958. Por consiguiente, alrededor de 100000 lhotshampas indios descendientes de emigrantes nepalíes fueron obligados a buscar refugio en Nepal en donde el ACNUR los acogió en seis diferentes campamentos. Dada la negativa del gobierno bhutanés de cambiar su postura, la única solución duradera ha sido la de procurar la integración de los lhotshampas a la sociedad nepalí con sus propios problemas de inestabilidad.
Con el mismo espíritu, el gobierno de Myanmar decidió negar la nacionalidad a los musulmanes rohingyas en 1978, lo que motivó la salida de alrededor de 250000 refugiados hacia Bangladesh, donde el índice de pobreza extrema es de los más altos del mundo. En 1994, con la asistencia del ACNUR, se repatrió voluntariamente a la mayoría, no obstante las condiciones desfavorables en Myanmar. Por ello, al menos 20000 refugiados decidieron quedarse en Bangladesh en condiciones difíciles pero sin la amenaza a su seguridad. En Myanmar, la inseguridad se suma a la insurgencia comunista y al carácter represivo del régimen, ocasionando la salida de disidentes y otras minorías: más de 120000 refugiados birmanos han huido hacia Tailandia de la violencia, arrestos arbitrarios y persecución, del reasentamiento y trabajo forzado y destrucción de cosechas, para asentarse en campamentos a lo largo de la frontera o en el interior del país. Adicionalmente, 500000 inmigrantes ilegales birmanos, que desde los ochenta han salido en busca de mejores condiciones de vida, viven actualmente en Tailandia, país que disputa su frontera con Myanmar, propiciando la infiltración de refugiados, inmigrantes económicos y traficantes de drogas, aumentado la tensión en la zona.
En el siglo XX la migración forzada fue parte integral del desarrollo y de la constitución de nuevos estados en Asia. (A pesar de las sutiles diferencias legales, aquí se usarán indistintamente los términos "migración forzada", "desplazamiento forzado de población" y "refugiados" para referirse tanto a las personas que han sido desplazadas por la fuerza dentro de sus países de origen [Personas Internamente Desplazadas: PID] por conflicto, persecución y proyectos de desarrollo económico a gran escala, así como a aquellas personas que han sido obligadas a cruzar una frontera internacional para escapar de alguna forma de persecución, de los efectos de guerra civil, de movimientos insurgentes y/o de catástrofes naturales.) Durante el proceso de descolonización en la región y la consecuente reorganización política, el desplazamiento forzado con intercambios masivos de población jugó un papel central en Estados como India, Pakistán y Bangladesh. La revolución comunista en China e Indochina, así como la invasión soviética a Afganistán, inmersas como estaban en el conflicto bipolar, produjeron nuevas olas de refugiados que influyeron en la configuración de fuerzas en la región. Actualmente la migración forzada es el resultado de dos fenómenos: en primer lugar, el de guerra civil y/o reacomodo político producto de los regímenes heredados del periodo anterior en países como Bhután, Myanmar, Nepal, Indonesia y Afganistán, y, en segundo lugar, de proyectos de desarrollo económico e infraestructura a gran escala que han causado desplazamientos forzados y reasentamientos involuntarios de cientos de miles de personas en India, China, Indonesia y Vietnam.
Este ensayo intenta analizar los focos de inestabilidad producidos por la migración forzada en Asia en sus dos vertientes, e integrar el estudio de ambas para atraer la atención de la comunidad internacional a un problema viejo que hoy presenta dimensiones preocupantes. La migración forzada producida por conflicto ha contribuido en forma significativa a la inseguridad nacional y regional, y ha entorpecido el establecimiento de relaciones más estrechas y la cooperación en el seno de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) y de la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional (SAARC, por sus siglas en inglés). En décadas recientes las instancias involucradas en el asentamiento, protección, reasentamiento y repatriación de los refugiados producidos por conflicto han sido organizaciones gubernamentales del régimen internacional para los refugiados encabezadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), así como un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales.
Sin embargo, raro es el caso en que la migración forzada causada por el desarrollo se estudia (y atiende) dentro del mismo rubro que la migración por conflicto, dada la falta del ingrediente de persecución política o violencia, que constituye el criterio fundamental mediante el cual el régimen internacional para los refugiados brinda protección y asistencia a sus víctimas. Ello implica que las víctimas de desplazamiento forzado y reasentamiento involuntario producidos por proyectos de desarrollo queden a merced de los gobiernos responsables, toda vez que las instituciones financieras internacionales y/o empresas transnacionales que financian tales proyectos difícilmente asumen la responsabilidad de lidiar con los costos sociales e impactos ecológicos una vez que el proyecto ha sido concluido.
Al 1 de enero de 2005 había 6899600 refugiados en Asia (UNHCR 2005:1-11), incluidos refugiados víctimas de persecución, y por conflicto, solicitantes de asilo y personas sin Estado. No obstante, esta estadística excluye a los desplazados por proyectos de desarrollo económico. Nada más en la década de 1990 la construcción de grandes presas hidroeléctricas en países en desarrollo en todo el mundo desplazó a alrededor de 40 millones de personas (T. Scudder, 1997). Este tipo de proyectos y sus efectos sobre el desplazamiento humano no son nuevos; sin embargo, la construcción de infraestructura hidroeléctrica en Asia en las últimas dos décadas lo ha elevado a dimensiones sin precedente (según R. Phadke, 1999, entre 1970 y 2000 sólo en China e India la cifra aumentó más de 100%). A nivel global, hay más refugiados por el desarrollo económico que por guerras y desastres naturales (M.M. Cernea, 1996). A pesar de la magnitud del problema, no es frecuente que en la literatura de la migración forzada se vincule este fenómeno al de la seguridad nacional y regional.
Migración forzada por reacomodo político
El reacomodo político en los países del sur y este de Asia con problemas de migración forzada refleja la imperfección de las instituciones políticas que emergieron de revoluciones sociales o de la descolonización, incapaces de integrar a las minorías étnicas. En las últimas dos décadas la reconfiguración de fuerzas se ha manifestado en cuatro modalidades: conflictos armados en busca del cambio de régimen -- guerrilla maoísta en Nepal, insurgencia mujaidín en Afganistán e insurgencia comunista en Myanmar -- ; establecimiento de gobiernos de extrema derecha ultranacionalista que priva a minorías étnicas de participación política y de ciudadanía -- el gobierno de Myanmar en contra de los musulmanes rohingyas, o el bhutanés en contra de los hindúes lhotshampas -- ; búsqueda de representación política y/o autonomía de algún grupo étnico -- tibetanos y los musulmanes uigures de la provincia de Xinjiang en China -- ; y el caso más extremo, el intento de secesión de alguna minoría étnica -- la provincia de Aceh en Indonesia.
Estas circunstancias han generado violencia, represión, persecución, huida y flujos de refugiados hacia los países vecinos. Ninguno de estos conflictos se ha resuelto en forma satisfactoria debido a problemas crónicos en los países de origen, así como a las restricciones, intolerancia y el semiencarcelamiento en el que viven los refugiados en los países huésped (G. Loescher y J. Milner, 2005). Algunas de estas situaciones han persistido durante más de 20 años, por lo que miles de refugiados continúan viviendo en campamentos en espera de condiciones propicias para su regreso, lo cual, inevitablemente, exacerba problemas propios de los países huésped. En el sur y este asiáticos, ninguno de los países receptores es signatario de los instrumentos internacionales para refugiados (Convención de 1951 y Estatuto de 1967 de la ONU) que protegen a los desplazados contra el regreso forzado (refoulement) a su país de origen o el maltrato en manos de fuerzas fronterizas y la comunidad local. Por ende, su seguridad y la posibilidad de que el ACNUR u otras organizaciones los asista dependen solamente de la buena voluntad del país receptor.
En Asia destacan cuatro casos de problemas de refugiados prolongados: el de la minoría étnica lhotshampa de Bhután en el sureste de Nepal y noreste de India; el de disidentes políticos y minorías étnicas de Myanmar en Tailandia y de los musulmanes rohingyas de la provincia de Arakan de Myanmar en Bangladesh; el de los tibetanos en India y Nepal y, finalmente, el de los afganos en Pakistán e Irán.
En diciembre de 1990, en Bhután, como estrategia de limpieza étnica motivada por el miedo al crecimiento demográfico de las minorías, el gobierno negó la ciudadanía a los residentes que no pudieran comprobar que habían llegado al país antes de 1958. Por consiguiente, alrededor de 100000 lhotshampas indios descendientes de emigrantes nepalíes fueron obligados a buscar refugio en Nepal en donde el ACNUR los acogió en seis diferentes campamentos. Dada la negativa del gobierno bhutanés de cambiar su postura, la única solución duradera ha sido la de procurar la integración de los lhotshampas a la sociedad nepalí con sus propios problemas de inestabilidad.
Con el mismo espíritu, el gobierno de Myanmar decidió negar la nacionalidad a los musulmanes rohingyas en 1978, lo que motivó la salida de alrededor de 250000 refugiados hacia Bangladesh, donde el índice de pobreza extrema es de los más altos del mundo. En 1994, con la asistencia del ACNUR, se repatrió voluntariamente a la mayoría, no obstante las condiciones desfavorables en Myanmar. Por ello, al menos 20000 refugiados decidieron quedarse en Bangladesh en condiciones difíciles pero sin la amenaza a su seguridad. En Myanmar, la inseguridad se suma a la insurgencia comunista y al carácter represivo del régimen, ocasionando la salida de disidentes y otras minorías: más de 120000 refugiados birmanos han huido hacia Tailandia de la violencia, arrestos arbitrarios y persecución, del reasentamiento y trabajo forzado y destrucción de cosechas, para asentarse en campamentos a lo largo de la frontera o en el interior del país. Adicionalmente, 500000 inmigrantes ilegales birmanos, que desde los ochenta han salido en busca de mejores condiciones de vida, viven actualmente en Tailandia, país que disputa su frontera con Myanmar, propiciando la infiltración de refugiados, inmigrantes económicos y traficantes de drogas, aumentado la tensión en la zona.
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