Casa Árabe
Un nuevo golpe de Estado ha interrumpido la “frágil excepción democrática” que representaba Mauritania en su entorno geográfico desde agosto de 2005, cuando los militares acabaron con el régimen autoritario del general Mu‘awiya Uld Sidi Ahmad al-Taya‘ e iniciaron un rápido proceso de transición hacia la democracia y de devolución del poder a los civiles. En agosto de 2008, el argumento esgrimido por los golpistas ha sido el de acabar con la corrupción, salvar al país y “corregir” su trayectoria. ¿La transición democrática se había “desviado” realmente? ¿O ha sido una reacción ante una progresiva pérdida de influencia del aparato militar a medida que se afianzaba el proceso democrático? La nueva junta militar que gobierna Mauritania ha prometido un proceso de transición democrática que comenzará con las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 6 de junio y a las que concurrirá el nuevo hombre fuerte del país, el general Muhammad Uld Abdelaziz, que reivindica para sí una “legitimidad popular” ampliamente cuestionada. El último levantamiento militar puso fin a la “primavera de las libertades y de la democracia”, una primavera que duró 15 meses. Ahora se discute cómo se articulará el retorno a la legalidad constitucional.
A lo largo de quince meses, las autoridades surgidas de un proceso electoral calificado por observadores internacionales como democrático, libre y transparente, llevaron a cabo una tarea de gobierno que se plasmó en avances en varios campos, entre ellos en los terrenos de los derechos humanos y de las libertades públicas: la lucha contra la esclavitud a través de una nueva ley aprobada por el Parlamento; la liberalización del espacio informativo audiovisual; una nueva ley de prensa que garantizaba la libertad de expresión; el comienzo del regreso de los mauritanos expulsados a Senegal y Mali, que supuso abordar una de las páginas más negras de la historia reciente del país; la puesta en marcha de una política para luchar contra la pobreza; reformas para modernizar el Estado; mejorar el sistema de gobierno; asegurar la neutralidad del Estado en los procesos electorales y sanear la gestión de los recursos (véase Atalaya nº 1).
Desde el golpe de 2005 se inició un proceso destinado a fortalecer las instituciones del Estado –debilitadas tras más de 20 de años de régimen autoritario–, promover la descentralización, acabar con el clientelismo y la corrupción y dotar de transparencia a la administración. Entre los logros de un nuevo régimen que, sin embargo, vio limitada su actuación por la presión de determinados círculos acostumbrados al poder durante más de tres décadas, se contaban la consecución de una verdadera alternancia política, de una justicia independiente, la participación de otros actores de la sociedad civil –durante décadas alejados de la administración pública–, la creación de mecanismos de control por parte de los ciudadanos, el progreso en el terreno de los derechos humanos (adhesión de Mauritania a las principales convenciones internacionales), la liberación de presos políticos pertenecientes a la corriente salafí y la autorización para la creación de un partido islamista. Todos estos pasos, algunos más firmes y rápidos que otros –los avances en los terrenos de la lucha contra la esclavitud o el regreso de los expulsados entre 1989 y 1991 llevaban un ritmo más lento– fueron vistos por la cúpula militar como una progresiva pérdida de su influencia.
Este proceso se vio interrumpido el 6 de agosto de 2008, cuando varias unidades de la Guardia Presidencial protagonizaron un golpe de Estado incruento, que destituyó al primer presidente democráticamente elegido de la historia del país, Sidi Muhammad Uld al-Sheyj Abdallah, que ha permanecido detenido, primero en Nuakchot y luego bajo arresto domiciliario en su pueblo natal, hasta finales de diciembre del año pasado. El gobierno fue disuelto y el primer ministro, Yahya Uld Ahmad al-Waqef, fue encarcelado, puesto en libertad pocos días después y conducido de nuevo a la cárcel. El Parlamento, sin embargo, fue respetado ya que el nuevo régimen contaba con el apoyo de una buena parte de sus miembros.
Las nuevas autoridades calificaron el golpe militar como “movimiento correctivo de salvación del país de la corrupción y de la manipulación de los bienes públicos” y culparon al ex presidente del deterioro de las condiciones de vida y del nivel económico del país y de intentar debilitar a la institución militar a través de la destitución de cuatro de sus máximos responsables. Así, con el argumento de luchar contra la corrupción y los corruptos, han legitimado la depuración de las instituciones y la administración para, también, acabar con los motivos que, según ellos, facilitaron la irrupción del terrorismo en la sociedad mauritana, con la esclavitud y superar las continuas crisis que habían paralizado las instituciones hasta un punto que exigía llevar a cabo rectificaciones que garantizasen el regreso de Mauritania a la vía democrática.
El Consejo Supremo de Estado (CSE) (al- Maylis al-A‘la li-l-Dawla), formado por once militares de alta graduación encabezados por el actual jefe del Estado, el general Muhammad Uld Abdelaziz (ver Perfil), jefe de la Guardia Presidencial, y por el general Muhammad Uld al-Gazawani, jefe del Estado Mayor del Ejército, asumió la jefatura del país. Esta junta militar ha prometido la celebración de elecciones presidenciales en junio de 2009 para corregir la “desviada” trayectoria democrática iniciada hace muy pocos años, vista, sin embargo, como modélica por muchos actores regionales e internacionales.
Factores desencadenantes de la nueva crisis política
Varios elementos han confluido y provocado esta nueva crisis política e institucional por la que atraviesa Mauritania desde el pasado mes de agosto.
1. El enfrentamiento entre el Parlamento y la jefatura del Estado durante la presidencia de Sidi Muhammad Uld al-Sheyj Abdallah. El 6 de mayo de 2008, el primer ministro, al-Zeyn Uld Zeydan, presentó la dimisión de su gobierno, acosado por la oposición que le acusaba de haber formado un gabinete sin una buena representación de los partidos políticos y de mala gestión. Acto seguido, el presidente, mediante decreto, designó como sustituto a Yahya Uld Ahmad al-Waqef, líder del Pacto Nacional para la Democracia y el Desarrollo (PNDD-ADIL), quien a su vez nombró un nuevo gobierno de amplia representación en el que participaban el PNDD-ADIL, la Alianza Popular Progresista, dirigida por el presidente del Parlamento, Masuud Uld Buljayr, y dos partidos de oposición al gobierno, el islamista Agrupación Nacional de Reforma y Progreso/Tawasul, y el izquierdista Unión de Fuerzas de Progreso, junto con algunas personalidades del régimen del ex presidente al-Taya‘, buscando un equilibrio de fuerzas que diera estabilidad al gobierno. Esta acción del presidente y del primer ministro no fue bien recibida por el resto de fuerzas políticas ni por el ejército, que espoleó a sus parlamentarios afines –la cúpula militar había apoyado a sus propios candidatos en las elecciones parlamentarias, de manera que ejercía un poder en la sombra dentro de la Asamblea Nacional– a presentar una moción de censura en junio que fue considerada como un golpe contra la presidencia de la República y su gobierno.
Las mediaciones llevadas a cabo por el presidente del Parlamento entre el jefe del Estado y la cúpula militar, especialmente Abdelaziz y al-Gazawani, no tuvieron éxito. El presidente negó al Parlamento el derecho a ejercer sus atribuciones, en este caso en concreto a presentar una moción de censura contra el gobierno por parte de 39 diputados pertenecientes en su mayoría al PNDD-ADIL –la principal formación parlamentaria que hasta entonces había apoyado al presidente–, y a otras fuerzas políticas, notablemente el Bloque de Fuerzas Democráticas, que alegaban la falta de crecimiento económico, el aumento de la pobreza, la ausencia de transparencia del gobierno en las cuentas del Estado y la presencia de políticos corruptos en el nuevo ejecutivo, que, por otro lado y según dichos parlamentarios, no reflejaba las fuerzas políticas mayoritarias en el Parlamento. El presidente amenazó en julio con disolver el Parlamento si insistían en presentar la moción, lo cual condujo a una paralización de las instituciones del Estado, especialmente la Asamblea Nacional y la presidencia de la República. Días después, al- Waqef presentaba la dimisión de su gobierno, pero el presidente le volvió a nombrar primer ministro y le encargó que formara un segundo gobierno, compuesto mayoritariamente por miembros del PNDD/ADIL, y con algunos de la Alianza Popular Progresista, sin la presencia ya del islamista Tawasul ni del izquierdista Unión de Fuerzas de Progreso. Sin embargo, las presiones no se detuvieron: la Alianza por la Justicia y la Democracia solicitó la disolución del Parlamento, los diputados del PNDD/ADIL opuestos al gobierno exigieron que el presidente fuera llevado a los tribunales y un buen número de diputados y senadores del PNDD/ADIL presentaron su dimisión; mientras que por otro lado, varias fuerzas políticas, entre ellas Tawasul, exigieron a la cúpula militar que no interfiriera en la vida política. Pero sí interfirió y finalmente el 6 de agosto protagonizó el golpe que depuso al presidente y disolvió el gobierno.
2. El clima de violencia e inseguridad que agravó la situación interna. A finales de 2007, grupos salafíes violentos, que poco después se integraron en lo que se dio a conocer como al-Qaida en el Magreb Islámico (al-Qa‘ida bi- Bilad al-Magrib al-Islami), protagonizaron acciones armadas contra las fuerzas de seguridad y turistas extranjeros: asesinato de cuatro turistas franceses en diciembre de 2007; ataque contra la embajada israelí en Nuakchot, en el que resultó herida una ciudadana francesa; evasión de un acusado de haber participado en el ataque contra los turistas franceses; enfrentamientos en la capital entre una célula armada y la policía y el asesinato de once militares y un civil en una emboscada reivindicada por al-Qaida.
3. El impacto, en una sociedad ya de por sí empobrecida, de la crisis alimentaria mundial que en Mauritania, al igual que en muchos otros países, se plasmó en una brusca subida de precios de productos básicos (Mauritania importa el 80% de lo que consume). También contribuyó a la crisis económica el estancamiento de la producción petrolífera (15.000 barriles diarios en lugar de los 75.000 previstos), y los efectos negativos sobre la industria turística de la violencia surgida a finales de 2007, como la cancelación, en enero de 2008, del rally París-Dakar.
4. La destitución de parte de la cúpula militar. El presidente al-Sheyj Abdallah había recibido un gran apoyo durante su campaña electoral por parte de miembros del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, que en 2005 había derrocado a al-Taya‘, y, sobretodo, del entonces coronel Muhammad Uld Abdelaziz, jefe de la Guardia Presidencial, y del director de la Seguridad Nacional, el coronel Muhammad Uld al-Gazawani. Ese apoyo fue recompensado con el ascenso a general de ambos. El detonante directo del golpe de Estado fue la decisión tomada por el presidente de destituir a varios jefes militares, entre ellos a los dos anteriores, y nombrar a nuevos jefes de la Guardia Presidencial, de la Guardia Nacional y del Estado Mayor, tras semanas de continuos rumores sobre el “malestar” de la cúpula militar por el enfrentamiento entre la Presidencia y parte del Parlamento. El mismo día en que el presidente dictó el decreto de destitución, los tres altos oficiales afectados dirigieron el golpe militar. La primera decisión consistió en hacer público un comunicado en el que derogaban el decreto presidencial de destitución.
Una sociedad dividida. Los actores locales de la crisis
1. Los protagonistas del golpe
Muhammad Uld Abdelaziz dirigía la Guardia Presidencial que protagonizó el golpe de Estado de 2005 contra el régimen autoritario de Mu‘awiyya Uld Sidi Ahmad al-Taya‘ y que, bajo la dirección del coronel Ely Uld Muhammad Vall y del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, dio paso al proceso de transición plasmado en elecciones legislativas y presidenciales transparentes y democráticas, en el diálogo nacional y en la devolución del poder a los civiles. Sin embargo, durante todo este proceso ha habido una injerencia de la cúpula militar acostumbrada, desde finales de los setenta, a controlar los resortes del Estado. En esta ocasión, la cúpula militar presentó y apoyó candidaturas de “independientes” al Parlamento y al senado, políticos vinculados a la jefatura militar –estas operaciones las llevaron a cabo miembros del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, especialmente Muhammad Uld Abdelaziz– quienes, a su vez, ofrecían su respaldo al propio jefe del Estado, de manera que, indirectamente, la cúpula militar tutelaba el proceso dirigido por al-Sheyj Abdallah.
Abdelaziz no ha dejado de repetir desde que dirigió el golpe que el presidente destituido “había extendido el soborno, la apropiación de dinero público y el terrorismo y se había propuesto enfrentarse a las instituciones del ejército extirpándolas de raíz de de forma ilegal y amoral”. Es decir, las últimas decisiones de al-Sheyj Abdallah fueron vistas por la cúpula del ejército como una traición a la institución que le había apoyado y ayudado a llegar a la presidencia de la República. Quizás parte del ejército no había calculado la dimensión del proceso de democratización del país y, ante la pérdida de influencia y tutela sobre el nuevo presidente, decidió volver a la primera fila para dejar clara su importancia en el país.
En una de sus primeras intervenciones en un medio de comunicación, Abdelaziz declaró el 10 de agosto a la cadena de televisión Aljazeera que en un plazo de tiempo sin especificar se celebrarían elecciones presidenciales. Las presiones de la comunidad internacional obligaron al Consejo Supremo de Estado a poner fecha cuanto antes a la convocatoria de comicios presidenciales que, finalmente, se celebrarán el 6 de junio de 2009. Lo que sí parece claro, tanto por la parte militar como por uno de los principales partidos mauritanos, el Bloque de Fuerzas Democráticas, es que el presidente destituido debe quedar al margen en la etapa política que ahora comienza. Eso, si las presiones de la sociedad internacional dejan de insistir en el necesario regreso de al-Sheyj Abdallah a la arena política como condición necesaria para evitar más sanciones.
Siete días después del golpe, el Consejo Supremo de Estado (CSE) nombró primer ministro a un doctor en Ciencias Aplicadas formado en Mauritania, Marruecos y Bélgica, Maulay Muhammad Uld Laghdaf, entonces embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, miembro del Bloque de Fuerzas Democráticas, perteneciente a uno de los grupos tribales más importantes del país –los Tajakant–, y originario de una zona con tradicional peso en la vida política mauritana –Hodh Sharqi, en el sudeste. El nombramiento fue visto como un intento de apaciguar las primeras reacciones de la UE.
El nuevo gobierno, formado por Laghdaf a finales de agosto, está compuesto por 28 miembros, entre los que predominan los tecnócratas sin experiencia política. De los 22 ministros nombrados, cuatro estaban también presentes en el gobierno derrocado: los titulares de Justicia, Defensa Nacional, Finanzas y Asuntos Económicos y Desarrollo. Este gabinete ha dado algunos pasos en política exterior que parecen encaminados a atraerse a la opinión pública mauritana que cuestiona su legitimidad. En ese contexto debería interpretarse la decisión adoptada por el CSE en la Cumbre de Gaza, celebrada en Doha a mediados de enero de 2009, de congelar las relaciones con Israel, establecidas en 1999, como reacción al bombardeo y entrada del ejército israelí en la Franja de Gaza.
Pero también se han anunciado una serie de medidas importantes, como el llamamiento lanzado por el ministro de Interior para realizar, en junio, un referéndum sobre la modificación de la Constitución, cuestión que rechazan las fuerzas opuestas al golpe y también algunas que apoyaron la destitución del presidente electo, como el Bloque de Fuerzas Democráticas. Dichas modificaciones incluirían la introducción de nuevos artículos para conseguir un equilibrio de poderes entre el presidente y el Parlamento, de manera que el jefe del Estado no pueda, o le sea difícil, disolver el Parlamento; conceder al Parlamento más atribuciones, entre ellas la de destituir al presidente, y traspasar algunas de las atribuciones del presidente al primer ministro.
Algunas de estas iniciativas fueron refrendadas en las denominadas Jornadas Nacionales de Consulta, organizadas por el CSE entre el 27 de diciembre de 2008 y el 5 enero de 2009, en las que participaron los partidos y sectores que apoyaron el golpe. El objetivo de estas jornadas era dotar a las nuevas autoridades de una aureola de legitimidad, y fueron boicoteadas por los partidos opuestos al nuevo régimen.
2. Las fuerzas del nuevo régimen
A pesar de haber interrumpido el proceso de transición democrática, los militares han contado desde el principio con el apoyo de políticos, partidos y varios sectores de la sociedad. El propio Abdelaziz legitimó su acción afirmando que contaba con la aprobación de 55 parlamentarios (de un total de 95), 191 alcaldes (de 216) y 47 senadores (de 55). Una de las mayores autoridades islámicas del país, el imam de la gran mezquita de Nuakchot, Ahmadu Uld Mrabit, mostró su apoyo a las nuevas autoridades un mes después del golpe de Estado.
Una serie de partidos políticos, algunos de ellos con representación parlamentaria, apoyaron desde el primer momento el movimiento militar del general Abdelaziz. Entre estas fuerzas políticas destaca, tanto por su peso político como por el papel que puede jugar en la salida de la crisis institucional, el Bloque de Fuerzas Democráticas (BFD) (Takattul al- Qiwa al-Dimuqratiyya), dirigido por Ahmad Uld Daddah.
El BFD es el principal partido de la oposición y Daddah es un político experimentado que ha competido en varias elecciones presidenciales (1992, 2003 y 2007). En las últimas elecciones presidenciales, Daddah obtuvo el 47,15% de los votos en la segunda vuelta, frente al 52,85% obtenido por al-Sheyj Abdallah.
El BFD, el partido con mayor representación parlamentaria que controla una quinta parte de los consejos municipales, pide pasar página, es decir, que no regrese al-Sheyj Abdallah, pero que los dirigentes militares del CSE tampoco puedan presentarse a las elecciones presidenciales de junio de 2009. La actitud de Daddah ha sido, desde el principio, ambigua: reconoció el golpe y al nuevo gobierno, anunció que estaba dispuesto a formar parte de él con unas determinadas condiciones (que no se presentaran candidatos militares, garantías de elecciones libres y democráticas, período de transición no superior a 12 meses, definición de un programa de transición tras consultas con los diferentes actores políticos del país y creación de un gobierno de unidad nacional para el período de transición), aunque luego se echó atrás al no responder el CSE a sus peticiones; participó en las jornadas nacionales de consulta, pero no reconoció sus resultados por considerar que el CSE había manipulado las reuniones.
Tampoco el partido tiene una postura unificada: la vieja guardia de compañeros de Daddah es partidaria de boicotear al CSE y unirse a la oposición, dudando de la utilidad de unas elecciones tuteladas por la jefatura militar y con la participación de candidatos militares. Sin embargo, los “recién llegados” al partido (mayoritariamente dirigentes tribales y ex ministros que ingresaron en el BFD tras la disolución del partido de Mu‘awiyya Uld al- Taya‘) son partidarios de seguir apoyando al régimen y convencerlos de que no presenten candidaturas en las próximas presidenciales.
Para el BFD, la solución pasa por los “tres noes”: no al regreso del anterior presidente; no a la presentación de candidaturas de militares o de miembros de las fuerzas de seguridad en las elecciones presidenciales de junio; y no a la modificación de la Constitución en las circunstancias actuales. La oficina ejecutiva del BFD presentó el 3 de febrero la Declaración para salir de la crisis, en árabe y en francés, en la que se compromete a estar abierta al diálogo con todas las partes. Para el BFD, la superación de la actual crisis política e institucional se basa en las siguientes estrategias:
1. No regresar a la situación previa al 6 de agosto, lo que significa alejar de la vida política al presidente depuesto.
2. Rechazar cualquier modificación de la Constitución en las circunstancias actuales.
3. El ejército debe abandonar el poder y no debe presentarse a las elecciones presidenciales, ya que ello no hará sino acentuar el aislamiento internacional y agravar las sanciones.
4. Garantías suficientes para la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes a las que no podrá presentarse como candidato ningún miembro de la autoridad de transición ni podrán apoyar a ningún candidato, al contrario de lo que ocurrió en las elecciones de 2007.
5. La formación de un gobierno de unidad nacional que dirija el país durante el período de transición constituido por los partidos con representación parlamentaria y por todos aquellos que tengan base popular.
6. La creación de una comisión electoral nacional e independiente consensuada que supervise el proceso electoral.
7. El llamamiento a un diálogo inmediato entre todos los actores políticos mauritanos (CSE, partidos políticos que apoyan a la junta militar, los partidos opuestos al golpe, las otras fuerzas políticas y los parlamentarios) que cuente con el apoyo de actores regionales e internacionales, con el fin de trazar una hoja de ruta consensuada que permita al país salir de la crisis..
El Partido Mauritano de Unión y Cambio (Hatim), de Saleh Uld Hanana, la Alianza por la Justicia y la Democracia/Movimiento de Reforma, de Sar Ibrahima, el Movimiento de Democracia Directa, de Uld Rabbah y disidentes del PNDD-ADIL, que estaban antes en la oposición, consideraron el golpe como algo necesario.
3. Las fuerzas opuestas al golpe
Trece partidos opuestos a la acción militar, algunos con representación parlamentaria, formaron el denominado Frente Nacional para la Defensa de la Democracia (FNDD) (al-Yabha al-Wataniyya li-l-Difa‘ ‘an al- Dimuqratiyya), el otro gran actor de la crisis. El FNDD incluye a la Alianza Popular Progresista (APP), de Masuud Uld Buljayr (presidente del Parlamento), el Pacto Nacional para la Democracia y el Desarrollo (PNDD-ADIL), dirigido por Bigel Uld Hamid, la Agrupación Nacional para la Reforma y el Desarrollo/Tawasul, dirigido por Muhammad Yamil Uld Mansur, legalizado después de las presidenciales de 2007, la Unión de Fuerzas de Progreso de Muhammad Uld Maulud, y otros nueve partidos minoritarios. Además, el FNDD cuenta con el apoyo de la mayor parte de los sindicatos y de un referente de la autoridad islámica en el país, el Centro de Formación de Ulemas (Markaz Takwin al-‘Ulama’), dirigido por el sheyj Muhammad al-Hasan Uld Dedew, dado que la ideología que sustenta a este Centro vio satisfechas algunas de sus reivindicaciones por parte del régimen de al- Sheyj Abdallah: la legalización de un partido islamista (Tawasul), la construcción de una mezquita dentro del palacio presidencial y la declaración del viernes como día festivo. Hay que tener en cuenta que Uld Dedew había sido encarcelado en varias ocasiones bajo el régimen de al-Taya‘ y que pocos días después del golpe de Estado de 2005 fue puesto en libertad por el Consejo Militar para la Justicia y la Democracia.
Este conglomerado de fuerzas exige el retorno al orden constitucional y la restitución a sus cargos del presidente y el primer ministro depuestos, no reconoce al nuevo primer ministro y reclama la no injerencia del ejército en las cuestiones políticas. Rechazó participar en las Jornadas Nacionales de Consulta y ha anunciado que boicoteará las elecciones presidenciales, ya que sólo reconoce la autoridad legal del presidente depuesto al-Sheyj Abdallah, quien hizo pública, el pasado 22 de enero, una iniciativa para solucionar la crisis que se articula en torno a cuatro ejes de actuación: el alejamiento del ejército de la escena política; la restauración de las instituciones legítimas surgidas de las elecciones de 2006 y 2007, a través de la devolución de sus prerrogativas al presidente de la República; la Constitución como referente para abordar las cuestiones nacionales y la ejecución de las recomendaciones de la clase política, incluida la organización de elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas.
4. El Parlamento
Como hemos señalado, más de la mitad de los parlamentarios apoyaron el golpe y la mayoría apoyó la formación del nuevo gobierno. A finales de noviembre, la mayoría parlamentaria aprobó introducir enmiendas en sus estatutos en virtud de las cuales se podía expulsar a parlamentarios, entre ellos al propio presidente del Parlamento, por ausencia continuada de las sesiones. De esa manera, y ese era su objetivo, podían destituir tanto a Masuud Uld Buljayr como a los parlamentarios de los partidos que conforman el opositor FNDD, ya que dichos parlamentarios consideran inconstitucional el Parlamento en ausencia del presidente del Estado democráticamente elegido y boicotean sus sesiones.
Por lo tanto, hoy por hoy, la mayoría parlamentaria ratifica la estrategia iniciada por las nuevas autoridades a través de las Jornadas Nacionales de Consulta. Tras esas jornadas, denominadas pomposamente “Estados Generales de la Democracia”, el Parlamento, en sesión extraordinaria celebrada el 9 de enero, aprobó un documento denominado Hoja de ruta que incluía diversas estrategias de acción para salir de la crisis institucional: el establecimiento de un período de transición que debe oscilar entre 12 y 14 meses; la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes; la necesidad de que cualquier persona con cargo público e influencia renuncie a su cargo antes de presentar su candidatura a las elecciones; la creación de una junta electoral independiente; la introducción de enmiendas constitucionales que limiten las atribuciones del presidente; la concesión al Parlamento del derecho a cesar al presidente; la limitación del derecho del presidente a disolver el Parlamento en determinadas condiciones; introducir cambios en la forma de elegir y destituir al presidente del Parlamento; y la constitución de un gobierno de unidad nacional que dirija los asuntos del país durante el período de transición.
La sociedad internacional y la crisis mauritana
Diversos organismos internacionales y potencias occidentales, afectados por la interrupción del proceso democrático en Mauritania, han adoptado diferentes posturas para buscar una solución a la crisis política e institucional del país. El principal debate entre esos organismos internacionales se centra en la conveniencia o no de imponer sanciones selectivas que, en principio, sólo deberían afectar a los miembros del CSE y del gobierno, puesto que todos están de acuerdo en la necesidad de un diálogo mauritano y de la restauración del orden constitucional, si bien los mecanismos planteados para lograrlo difieren.
Uno de los primeros organismos internacionales en reaccionar fue la Unión Africana, que desde entonces lleva la iniciativa para buscar una solución consensuada a la crisis.
La Unión Africana (UA) ha abordado la cuestión del golpe de Estado en Mauritania, y del golpe de Estado en Guinea (23-12- 2008) y la intentona militar en Guinea Bissau (5-8-2008), como una oportunidad para afirmar su autoridad y su rechazo a cualquier levantamiento militar que tenga lugar en el continente africano, siguiendo los principios que aparecen en su Carta Fundacional de 1999. Así, ha presionado para que pusieran en libertad al presidente destituido, ha exigido la liberación de los detenidos y la reactivación de las instituciones democráticas. La UA suspendió en agosto la condición de país miembro de Mauritania, hasta que “recobre un gobierno constitucional”, de manera que no pudo participar oficialmente en la última cumbre de la organización celebrada en Addis Abeba el pasado 1 de febrero, aunque sí estuvieron en la capital etíope dos delegaciones mauritanas: una gubernamental, presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, Muhammad Mahmud Uld Muhammadu, y otra de la oposición, del FNDD, dirigida por Masuud Uld Buljayr, presidente del Parlamento. La reunión de la UA en Addis Abeba decidió apoyar las conclusiones a las que había llegado su Consejo de Paz y Seguridad, que exigía el retorno del orden constitucional, y las decisiones que tomara en adelante respecto a Mauritania, y por lo tanto ha reafirmado la decisión adoptada el pasado 5 de febrero sobre la imposición de sanciones individuales a los miembros del CSE y a todos aquellos que participan en la gestión del nuevo gobierno, tanto si son civiles como si son militares. Las sanciones incluyen: restricciones en los viajes, prohibición de obtención de visados, congelación de cuentas y posibilidad de persecución judicial. Y lo que puede ser más preocupante para el nuevo régimen mauritano es que la UA amenaza con internacionalizar el conflicto planteando la cuestión ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora bien, no hay que olvidar que en el seno de la UA hay diferentes posturas respecto a la crisis política mauritana, ya que países como Libia, Senegal, Gambia y Tanzania han mostrado una cierta comprensión hacia la agenda política del CSE, se han mostrado dispuestos a colaborar en la preparación y celebración de las elecciones presidenciales de junio y han rechazado la postura oficial de la UA que califican de excesivamente “dura”.
El Grupo de Contacto creado a instancias de la UA y formado por la Unión Europea, la Liga Árabe, la Organización de la Conferencia Islámica, la Organización Internacional de la Francofonía y la ONU, sigue de cerca la evolución de la situación en Mauritania. En la última reunión, celebrada en París el 20 de febrero, estableció una “hoja de ruta” en la que se hace eco de las diferentes iniciativas planteadas por los actores locales, regionales e internacionales –entre ellas la iniciativa franco-qatarí, apoyada por España y Libia, de mediación entre las partes–, y que defiende la formación de un gobierno nacional presidido por la mayoría parlamentaria en el que participen todos los actores en conflicto, pero en el que el ministerio del Interior, encargado de supervisar las elecciones, y la presidencia del Parlamento estén en manos de la oposición, la dimisión de al-Sheyj Abdallah y de Abdelaziz antes del periodo fijado por la ley para la presentación de candidaturas y que el presidente del Senado, en virtud de la Constitución, sea quien dirija el país hasta las elecciones presidenciales.
La prioridad del Grupo de Contacto es llegar a una solución consensuada que elimine las sanciones y anule la posibilidad de una internacionalización de la crisis con la intervención del Consejo de Seguridad. Esta hoja de ruta insta a un diálogo entre todas las partes bajo los auspicios de la UA; a la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes organizadas por instituciones con legitimidad y bajo la égida de un gobierno neutral en el marco de una solución “global, pacífica y democrática” aceptable para el pueblo mauritano y para la comunidad internacional; a acelerar el regreso al orden constitucional; a rechazar cualquier paso o iniciativa unilateral; a un diálogo político nacional de todos los partidos bajo los auspicios del presidente de la UA, el dirigente libio Muammar al-Qaddafi, con la participación de las organizaciones internacionales; a un seguimiento de los acontecimientos en el país y a una nueva valoración de la situación a finales de marzo. El dirigente libio ya ha puesto en marcha una iniciativa para mediar entre las partes con su intervención personal en la cuestión. Durante la visita que realizó a Mauritania en marzo, al-Qaddafi se reunió con las partes en conflicto, pero su iniciativa fue rechazada por el frente de oposición al nuevo régimen, ya que básicamente la mediación libia había adoptado los postulados de los golpistas: nuevas elecciones en junio a las que se podrá presentar cualquiera, incluido pues Abdelaziz, siempre y cuando renuncie al uniforme militar, y la aceptación de la nueva realidad, es decir, el derrocamiento del presidente electo al-Sheyj Abdallah.
En el entorno del Magreb, Marruecos ha reconocido a las nuevas autoridades y Argelia ha tomado la posición contraria. En tanto que principal donante en Mauritania (117 millones de euros entre 2002 y 2007 en concepto de ayuda al desarrollo), la Unión Europea también se movilizó rápidamente ante la destitución del presidente electo. Si bien ha rechazado las medidas de excepción impuestas por la junta militar y ha amenazado en varias ocasiones con imponer sanciones si no se restablecía el orden constitucional, parece que progresivamente ha mostrado una mayor flexibilidad ante la nueva situación creada en Mauritania. Pero no por ello hay que infravalorar la labor de los embajadores de la UE en Mauritania, que desplegaron una intensa actividad diplomática tras el golpe militar basada en encuentros con el presidente el CSE, con dirigentes de partidos políticos y representantes de la sociedad civil para buscar una fórmula de consenso para salir de la crisis en virtud de los Acuerdos de Cotonou, que incluyen el respeto de los procesos democráticos y del estado de derecho. Francia ha decidido congelar sus proyectos de cooperación pública al desarrollo en Mauritania, a excepción de los programas de ayuda humanitaria y de alimentos, medida adoptada tras el anuncio de Estados Unidos de suspender toda la ayuda no humanitaria al país africano.
La Administración estadounidense presionó, desde el principio, para que las autoridades militares pusieran en libertad al presidente destituido. Ha suspendido la ayuda militar y al desarrollo, no así la ayuda humanitaria, y ha restringido los viajes de los miembros del CSE a EEUU. Con el anterior gobierno había comenzado negociaciones para aumentar la cooperación militar, pero el entonces presidente Bush anunció en diciembre que a partir del primero de enero de 2009 se anulaba el régimen de ventajas comerciales que disfrutaba Mauritania como respuesta al golpe. Es significativo que para la celebración de la investidura del nuevo presidente de EEUU, Barack Obama, el pasado 20 de enero, la Administración invitara en Washington al ex embajador mauritano, Yahya Ibrahim, representante del gobierno del presidente destituido. En cualquier caso, EEUU ha mostrado su apoyo a las decisiones tomadas por la UA.
Otros organismos internacionales han seguido, más o menos, los pasos trazados por la UA, la UE y EEUU. Así, por ejemplo, la OTAN ha suspendido las actividades conjuntas con Mauritania y ha exigido el retorno de la democracia al país (Mauritania es uno de los siete países miembros del Foro Diálogo del Mediterráneo que reúne a los países de la Unión del Magreb Árabe –excepto Libia–, Egipto, Jordania e Israel y los países de la OTAN), y la ONU ha exigido que el presidente destituido forme parte en la búsqueda de una salida a la crisis política.
Sin embargo, tanto la Liga Árabe como la Comunidad de Estados del Sahel y del Sáhara, que aglutina a 28 países, entre ellos Mauritania, se han distanciado más de las iniciativas de la UA. A pesar de que el Secretariado General de la Liga Árabe emitió un comunicado expresando su gran preocupación por lo sucedido, exigiendo la preservación del proceso democrático en el país y exhortando a todas las partes a un diálogo nacional para buscar una solución política a la crisis que garantice la legalidad constitucional y el regreso de las instituciones democráticas, también ha rechazado la política de imposición de sanciones con el argumento de que afectarían al pueblo y no tendrían los resultados esperados, al igual que la Comunidad de Estados del Sahel y del Sáhara que es partidaria de que las nuevas autoridades mauritanas prosigan su proceso de regreso al orden constitucional a través de las próximas elecciones, a las que asistirá como observador.
La salida consensuada
Todos los actores locales han calificado la “hoja de ruta” trazada en la última reunión del Grupo de Contacto, celebrada en París el 20 de febrero, como elemento positivo para resolver la crisis. El CSE porque aleja la posibilidad de un endurecimiento de las sanciones y hace un llamamiento a un diálogo nacional, en cuyo marco ha hecho las siguientes propuestas: la disposición de Abdelaziz a renunciar al poder y a su cargo militar antes de la celebración de las elecciones que deberán ser supervisadas por la comunidad internacional (lo cual le permitirá presentarse como candidato presidencial, presumiblemente arropado por un partido de nueva creación). También es igualmente positiva pare el FNDD, porque rechaza cualquier actuación unilateral por parte de la jefatura militar y mantiene las sanciones individuales impuestas por la UA a los miembros del CSE y del gobierno, de manera que ya se ha mostrado dispuesto a dialogar con las autoridades militares bajo los auspicios de la UA. Finalmente, también para el Bloque de Fuerzas Democráticas, porque el comunicado recoge algunas de las propuestas lanzadas por esta formación política para salir de la crisis (creación de un gobierno de unidad nacional que organice y supervise el próximo proceso electoral).
Mientras tanto, el CSE está desarrollando una gran actividad para tratar de silenciar a la oposición del FNDD, cuyo cuartel general se encuentra situado ahora en Lemden, el pueblo natal de al-Sheyj Abdallah. Uno de los máximos exponentes de la oposición, Masuud Uld Buljayr, presidente del Parlamento, se arriesga a ser destituido, al igual que los diputados opuestos al régimen. No es el caso de la figura de Daddah y de su partido que han adoptado una postura ambigua que puede permitirles sobrevivir hasta las anunciadas elecciones.
En conclusión, con la “hoja de ruta” del Grupo de Contacto sobre la mesa, lo único que hace falta, hoy por hoy, es cierta flexibilidad en las posturas de las partes enfrentadas, un cierto pragmatismo que ayude a encontrar la salida consensuada a la crisis política e institucional mauritana y permita retomar el proceso de transición democrática iniciado en 2005, e incluso fortalecerlo.
Un nuevo golpe de Estado ha interrumpido la “frágil excepción democrática” que representaba Mauritania en su entorno geográfico desde agosto de 2005, cuando los militares acabaron con el régimen autoritario del general Mu‘awiya Uld Sidi Ahmad al-Taya‘ e iniciaron un rápido proceso de transición hacia la democracia y de devolución del poder a los civiles. En agosto de 2008, el argumento esgrimido por los golpistas ha sido el de acabar con la corrupción, salvar al país y “corregir” su trayectoria. ¿La transición democrática se había “desviado” realmente? ¿O ha sido una reacción ante una progresiva pérdida de influencia del aparato militar a medida que se afianzaba el proceso democrático? La nueva junta militar que gobierna Mauritania ha prometido un proceso de transición democrática que comenzará con las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 6 de junio y a las que concurrirá el nuevo hombre fuerte del país, el general Muhammad Uld Abdelaziz, que reivindica para sí una “legitimidad popular” ampliamente cuestionada. El último levantamiento militar puso fin a la “primavera de las libertades y de la democracia”, una primavera que duró 15 meses. Ahora se discute cómo se articulará el retorno a la legalidad constitucional.
A lo largo de quince meses, las autoridades surgidas de un proceso electoral calificado por observadores internacionales como democrático, libre y transparente, llevaron a cabo una tarea de gobierno que se plasmó en avances en varios campos, entre ellos en los terrenos de los derechos humanos y de las libertades públicas: la lucha contra la esclavitud a través de una nueva ley aprobada por el Parlamento; la liberalización del espacio informativo audiovisual; una nueva ley de prensa que garantizaba la libertad de expresión; el comienzo del regreso de los mauritanos expulsados a Senegal y Mali, que supuso abordar una de las páginas más negras de la historia reciente del país; la puesta en marcha de una política para luchar contra la pobreza; reformas para modernizar el Estado; mejorar el sistema de gobierno; asegurar la neutralidad del Estado en los procesos electorales y sanear la gestión de los recursos (véase Atalaya nº 1).
Desde el golpe de 2005 se inició un proceso destinado a fortalecer las instituciones del Estado –debilitadas tras más de 20 de años de régimen autoritario–, promover la descentralización, acabar con el clientelismo y la corrupción y dotar de transparencia a la administración. Entre los logros de un nuevo régimen que, sin embargo, vio limitada su actuación por la presión de determinados círculos acostumbrados al poder durante más de tres décadas, se contaban la consecución de una verdadera alternancia política, de una justicia independiente, la participación de otros actores de la sociedad civil –durante décadas alejados de la administración pública–, la creación de mecanismos de control por parte de los ciudadanos, el progreso en el terreno de los derechos humanos (adhesión de Mauritania a las principales convenciones internacionales), la liberación de presos políticos pertenecientes a la corriente salafí y la autorización para la creación de un partido islamista. Todos estos pasos, algunos más firmes y rápidos que otros –los avances en los terrenos de la lucha contra la esclavitud o el regreso de los expulsados entre 1989 y 1991 llevaban un ritmo más lento– fueron vistos por la cúpula militar como una progresiva pérdida de su influencia.
Este proceso se vio interrumpido el 6 de agosto de 2008, cuando varias unidades de la Guardia Presidencial protagonizaron un golpe de Estado incruento, que destituyó al primer presidente democráticamente elegido de la historia del país, Sidi Muhammad Uld al-Sheyj Abdallah, que ha permanecido detenido, primero en Nuakchot y luego bajo arresto domiciliario en su pueblo natal, hasta finales de diciembre del año pasado. El gobierno fue disuelto y el primer ministro, Yahya Uld Ahmad al-Waqef, fue encarcelado, puesto en libertad pocos días después y conducido de nuevo a la cárcel. El Parlamento, sin embargo, fue respetado ya que el nuevo régimen contaba con el apoyo de una buena parte de sus miembros.
Las nuevas autoridades calificaron el golpe militar como “movimiento correctivo de salvación del país de la corrupción y de la manipulación de los bienes públicos” y culparon al ex presidente del deterioro de las condiciones de vida y del nivel económico del país y de intentar debilitar a la institución militar a través de la destitución de cuatro de sus máximos responsables. Así, con el argumento de luchar contra la corrupción y los corruptos, han legitimado la depuración de las instituciones y la administración para, también, acabar con los motivos que, según ellos, facilitaron la irrupción del terrorismo en la sociedad mauritana, con la esclavitud y superar las continuas crisis que habían paralizado las instituciones hasta un punto que exigía llevar a cabo rectificaciones que garantizasen el regreso de Mauritania a la vía democrática.
El Consejo Supremo de Estado (CSE) (al- Maylis al-A‘la li-l-Dawla), formado por once militares de alta graduación encabezados por el actual jefe del Estado, el general Muhammad Uld Abdelaziz (ver Perfil), jefe de la Guardia Presidencial, y por el general Muhammad Uld al-Gazawani, jefe del Estado Mayor del Ejército, asumió la jefatura del país. Esta junta militar ha prometido la celebración de elecciones presidenciales en junio de 2009 para corregir la “desviada” trayectoria democrática iniciada hace muy pocos años, vista, sin embargo, como modélica por muchos actores regionales e internacionales.
Factores desencadenantes de la nueva crisis política
Varios elementos han confluido y provocado esta nueva crisis política e institucional por la que atraviesa Mauritania desde el pasado mes de agosto.
1. El enfrentamiento entre el Parlamento y la jefatura del Estado durante la presidencia de Sidi Muhammad Uld al-Sheyj Abdallah. El 6 de mayo de 2008, el primer ministro, al-Zeyn Uld Zeydan, presentó la dimisión de su gobierno, acosado por la oposición que le acusaba de haber formado un gabinete sin una buena representación de los partidos políticos y de mala gestión. Acto seguido, el presidente, mediante decreto, designó como sustituto a Yahya Uld Ahmad al-Waqef, líder del Pacto Nacional para la Democracia y el Desarrollo (PNDD-ADIL), quien a su vez nombró un nuevo gobierno de amplia representación en el que participaban el PNDD-ADIL, la Alianza Popular Progresista, dirigida por el presidente del Parlamento, Masuud Uld Buljayr, y dos partidos de oposición al gobierno, el islamista Agrupación Nacional de Reforma y Progreso/Tawasul, y el izquierdista Unión de Fuerzas de Progreso, junto con algunas personalidades del régimen del ex presidente al-Taya‘, buscando un equilibrio de fuerzas que diera estabilidad al gobierno. Esta acción del presidente y del primer ministro no fue bien recibida por el resto de fuerzas políticas ni por el ejército, que espoleó a sus parlamentarios afines –la cúpula militar había apoyado a sus propios candidatos en las elecciones parlamentarias, de manera que ejercía un poder en la sombra dentro de la Asamblea Nacional– a presentar una moción de censura en junio que fue considerada como un golpe contra la presidencia de la República y su gobierno.
Las mediaciones llevadas a cabo por el presidente del Parlamento entre el jefe del Estado y la cúpula militar, especialmente Abdelaziz y al-Gazawani, no tuvieron éxito. El presidente negó al Parlamento el derecho a ejercer sus atribuciones, en este caso en concreto a presentar una moción de censura contra el gobierno por parte de 39 diputados pertenecientes en su mayoría al PNDD-ADIL –la principal formación parlamentaria que hasta entonces había apoyado al presidente–, y a otras fuerzas políticas, notablemente el Bloque de Fuerzas Democráticas, que alegaban la falta de crecimiento económico, el aumento de la pobreza, la ausencia de transparencia del gobierno en las cuentas del Estado y la presencia de políticos corruptos en el nuevo ejecutivo, que, por otro lado y según dichos parlamentarios, no reflejaba las fuerzas políticas mayoritarias en el Parlamento. El presidente amenazó en julio con disolver el Parlamento si insistían en presentar la moción, lo cual condujo a una paralización de las instituciones del Estado, especialmente la Asamblea Nacional y la presidencia de la República. Días después, al- Waqef presentaba la dimisión de su gobierno, pero el presidente le volvió a nombrar primer ministro y le encargó que formara un segundo gobierno, compuesto mayoritariamente por miembros del PNDD/ADIL, y con algunos de la Alianza Popular Progresista, sin la presencia ya del islamista Tawasul ni del izquierdista Unión de Fuerzas de Progreso. Sin embargo, las presiones no se detuvieron: la Alianza por la Justicia y la Democracia solicitó la disolución del Parlamento, los diputados del PNDD/ADIL opuestos al gobierno exigieron que el presidente fuera llevado a los tribunales y un buen número de diputados y senadores del PNDD/ADIL presentaron su dimisión; mientras que por otro lado, varias fuerzas políticas, entre ellas Tawasul, exigieron a la cúpula militar que no interfiriera en la vida política. Pero sí interfirió y finalmente el 6 de agosto protagonizó el golpe que depuso al presidente y disolvió el gobierno.
2. El clima de violencia e inseguridad que agravó la situación interna. A finales de 2007, grupos salafíes violentos, que poco después se integraron en lo que se dio a conocer como al-Qaida en el Magreb Islámico (al-Qa‘ida bi- Bilad al-Magrib al-Islami), protagonizaron acciones armadas contra las fuerzas de seguridad y turistas extranjeros: asesinato de cuatro turistas franceses en diciembre de 2007; ataque contra la embajada israelí en Nuakchot, en el que resultó herida una ciudadana francesa; evasión de un acusado de haber participado en el ataque contra los turistas franceses; enfrentamientos en la capital entre una célula armada y la policía y el asesinato de once militares y un civil en una emboscada reivindicada por al-Qaida.
3. El impacto, en una sociedad ya de por sí empobrecida, de la crisis alimentaria mundial que en Mauritania, al igual que en muchos otros países, se plasmó en una brusca subida de precios de productos básicos (Mauritania importa el 80% de lo que consume). También contribuyó a la crisis económica el estancamiento de la producción petrolífera (15.000 barriles diarios en lugar de los 75.000 previstos), y los efectos negativos sobre la industria turística de la violencia surgida a finales de 2007, como la cancelación, en enero de 2008, del rally París-Dakar.
4. La destitución de parte de la cúpula militar. El presidente al-Sheyj Abdallah había recibido un gran apoyo durante su campaña electoral por parte de miembros del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, que en 2005 había derrocado a al-Taya‘, y, sobretodo, del entonces coronel Muhammad Uld Abdelaziz, jefe de la Guardia Presidencial, y del director de la Seguridad Nacional, el coronel Muhammad Uld al-Gazawani. Ese apoyo fue recompensado con el ascenso a general de ambos. El detonante directo del golpe de Estado fue la decisión tomada por el presidente de destituir a varios jefes militares, entre ellos a los dos anteriores, y nombrar a nuevos jefes de la Guardia Presidencial, de la Guardia Nacional y del Estado Mayor, tras semanas de continuos rumores sobre el “malestar” de la cúpula militar por el enfrentamiento entre la Presidencia y parte del Parlamento. El mismo día en que el presidente dictó el decreto de destitución, los tres altos oficiales afectados dirigieron el golpe militar. La primera decisión consistió en hacer público un comunicado en el que derogaban el decreto presidencial de destitución.
Una sociedad dividida. Los actores locales de la crisis
1. Los protagonistas del golpe
Muhammad Uld Abdelaziz dirigía la Guardia Presidencial que protagonizó el golpe de Estado de 2005 contra el régimen autoritario de Mu‘awiyya Uld Sidi Ahmad al-Taya‘ y que, bajo la dirección del coronel Ely Uld Muhammad Vall y del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, dio paso al proceso de transición plasmado en elecciones legislativas y presidenciales transparentes y democráticas, en el diálogo nacional y en la devolución del poder a los civiles. Sin embargo, durante todo este proceso ha habido una injerencia de la cúpula militar acostumbrada, desde finales de los setenta, a controlar los resortes del Estado. En esta ocasión, la cúpula militar presentó y apoyó candidaturas de “independientes” al Parlamento y al senado, políticos vinculados a la jefatura militar –estas operaciones las llevaron a cabo miembros del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, especialmente Muhammad Uld Abdelaziz– quienes, a su vez, ofrecían su respaldo al propio jefe del Estado, de manera que, indirectamente, la cúpula militar tutelaba el proceso dirigido por al-Sheyj Abdallah.
Abdelaziz no ha dejado de repetir desde que dirigió el golpe que el presidente destituido “había extendido el soborno, la apropiación de dinero público y el terrorismo y se había propuesto enfrentarse a las instituciones del ejército extirpándolas de raíz de de forma ilegal y amoral”. Es decir, las últimas decisiones de al-Sheyj Abdallah fueron vistas por la cúpula del ejército como una traición a la institución que le había apoyado y ayudado a llegar a la presidencia de la República. Quizás parte del ejército no había calculado la dimensión del proceso de democratización del país y, ante la pérdida de influencia y tutela sobre el nuevo presidente, decidió volver a la primera fila para dejar clara su importancia en el país.
En una de sus primeras intervenciones en un medio de comunicación, Abdelaziz declaró el 10 de agosto a la cadena de televisión Aljazeera que en un plazo de tiempo sin especificar se celebrarían elecciones presidenciales. Las presiones de la comunidad internacional obligaron al Consejo Supremo de Estado a poner fecha cuanto antes a la convocatoria de comicios presidenciales que, finalmente, se celebrarán el 6 de junio de 2009. Lo que sí parece claro, tanto por la parte militar como por uno de los principales partidos mauritanos, el Bloque de Fuerzas Democráticas, es que el presidente destituido debe quedar al margen en la etapa política que ahora comienza. Eso, si las presiones de la sociedad internacional dejan de insistir en el necesario regreso de al-Sheyj Abdallah a la arena política como condición necesaria para evitar más sanciones.
Siete días después del golpe, el Consejo Supremo de Estado (CSE) nombró primer ministro a un doctor en Ciencias Aplicadas formado en Mauritania, Marruecos y Bélgica, Maulay Muhammad Uld Laghdaf, entonces embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, miembro del Bloque de Fuerzas Democráticas, perteneciente a uno de los grupos tribales más importantes del país –los Tajakant–, y originario de una zona con tradicional peso en la vida política mauritana –Hodh Sharqi, en el sudeste. El nombramiento fue visto como un intento de apaciguar las primeras reacciones de la UE.
El nuevo gobierno, formado por Laghdaf a finales de agosto, está compuesto por 28 miembros, entre los que predominan los tecnócratas sin experiencia política. De los 22 ministros nombrados, cuatro estaban también presentes en el gobierno derrocado: los titulares de Justicia, Defensa Nacional, Finanzas y Asuntos Económicos y Desarrollo. Este gabinete ha dado algunos pasos en política exterior que parecen encaminados a atraerse a la opinión pública mauritana que cuestiona su legitimidad. En ese contexto debería interpretarse la decisión adoptada por el CSE en la Cumbre de Gaza, celebrada en Doha a mediados de enero de 2009, de congelar las relaciones con Israel, establecidas en 1999, como reacción al bombardeo y entrada del ejército israelí en la Franja de Gaza.
Pero también se han anunciado una serie de medidas importantes, como el llamamiento lanzado por el ministro de Interior para realizar, en junio, un referéndum sobre la modificación de la Constitución, cuestión que rechazan las fuerzas opuestas al golpe y también algunas que apoyaron la destitución del presidente electo, como el Bloque de Fuerzas Democráticas. Dichas modificaciones incluirían la introducción de nuevos artículos para conseguir un equilibrio de poderes entre el presidente y el Parlamento, de manera que el jefe del Estado no pueda, o le sea difícil, disolver el Parlamento; conceder al Parlamento más atribuciones, entre ellas la de destituir al presidente, y traspasar algunas de las atribuciones del presidente al primer ministro.
Algunas de estas iniciativas fueron refrendadas en las denominadas Jornadas Nacionales de Consulta, organizadas por el CSE entre el 27 de diciembre de 2008 y el 5 enero de 2009, en las que participaron los partidos y sectores que apoyaron el golpe. El objetivo de estas jornadas era dotar a las nuevas autoridades de una aureola de legitimidad, y fueron boicoteadas por los partidos opuestos al nuevo régimen.
2. Las fuerzas del nuevo régimen
A pesar de haber interrumpido el proceso de transición democrática, los militares han contado desde el principio con el apoyo de políticos, partidos y varios sectores de la sociedad. El propio Abdelaziz legitimó su acción afirmando que contaba con la aprobación de 55 parlamentarios (de un total de 95), 191 alcaldes (de 216) y 47 senadores (de 55). Una de las mayores autoridades islámicas del país, el imam de la gran mezquita de Nuakchot, Ahmadu Uld Mrabit, mostró su apoyo a las nuevas autoridades un mes después del golpe de Estado.
Una serie de partidos políticos, algunos de ellos con representación parlamentaria, apoyaron desde el primer momento el movimiento militar del general Abdelaziz. Entre estas fuerzas políticas destaca, tanto por su peso político como por el papel que puede jugar en la salida de la crisis institucional, el Bloque de Fuerzas Democráticas (BFD) (Takattul al- Qiwa al-Dimuqratiyya), dirigido por Ahmad Uld Daddah.
El BFD es el principal partido de la oposición y Daddah es un político experimentado que ha competido en varias elecciones presidenciales (1992, 2003 y 2007). En las últimas elecciones presidenciales, Daddah obtuvo el 47,15% de los votos en la segunda vuelta, frente al 52,85% obtenido por al-Sheyj Abdallah.
El BFD, el partido con mayor representación parlamentaria que controla una quinta parte de los consejos municipales, pide pasar página, es decir, que no regrese al-Sheyj Abdallah, pero que los dirigentes militares del CSE tampoco puedan presentarse a las elecciones presidenciales de junio de 2009. La actitud de Daddah ha sido, desde el principio, ambigua: reconoció el golpe y al nuevo gobierno, anunció que estaba dispuesto a formar parte de él con unas determinadas condiciones (que no se presentaran candidatos militares, garantías de elecciones libres y democráticas, período de transición no superior a 12 meses, definición de un programa de transición tras consultas con los diferentes actores políticos del país y creación de un gobierno de unidad nacional para el período de transición), aunque luego se echó atrás al no responder el CSE a sus peticiones; participó en las jornadas nacionales de consulta, pero no reconoció sus resultados por considerar que el CSE había manipulado las reuniones.
Tampoco el partido tiene una postura unificada: la vieja guardia de compañeros de Daddah es partidaria de boicotear al CSE y unirse a la oposición, dudando de la utilidad de unas elecciones tuteladas por la jefatura militar y con la participación de candidatos militares. Sin embargo, los “recién llegados” al partido (mayoritariamente dirigentes tribales y ex ministros que ingresaron en el BFD tras la disolución del partido de Mu‘awiyya Uld al- Taya‘) son partidarios de seguir apoyando al régimen y convencerlos de que no presenten candidaturas en las próximas presidenciales.
Para el BFD, la solución pasa por los “tres noes”: no al regreso del anterior presidente; no a la presentación de candidaturas de militares o de miembros de las fuerzas de seguridad en las elecciones presidenciales de junio; y no a la modificación de la Constitución en las circunstancias actuales. La oficina ejecutiva del BFD presentó el 3 de febrero la Declaración para salir de la crisis, en árabe y en francés, en la que se compromete a estar abierta al diálogo con todas las partes. Para el BFD, la superación de la actual crisis política e institucional se basa en las siguientes estrategias:
1. No regresar a la situación previa al 6 de agosto, lo que significa alejar de la vida política al presidente depuesto.
2. Rechazar cualquier modificación de la Constitución en las circunstancias actuales.
3. El ejército debe abandonar el poder y no debe presentarse a las elecciones presidenciales, ya que ello no hará sino acentuar el aislamiento internacional y agravar las sanciones.
4. Garantías suficientes para la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes a las que no podrá presentarse como candidato ningún miembro de la autoridad de transición ni podrán apoyar a ningún candidato, al contrario de lo que ocurrió en las elecciones de 2007.
5. La formación de un gobierno de unidad nacional que dirija el país durante el período de transición constituido por los partidos con representación parlamentaria y por todos aquellos que tengan base popular.
6. La creación de una comisión electoral nacional e independiente consensuada que supervise el proceso electoral.
7. El llamamiento a un diálogo inmediato entre todos los actores políticos mauritanos (CSE, partidos políticos que apoyan a la junta militar, los partidos opuestos al golpe, las otras fuerzas políticas y los parlamentarios) que cuente con el apoyo de actores regionales e internacionales, con el fin de trazar una hoja de ruta consensuada que permita al país salir de la crisis..
El Partido Mauritano de Unión y Cambio (Hatim), de Saleh Uld Hanana, la Alianza por la Justicia y la Democracia/Movimiento de Reforma, de Sar Ibrahima, el Movimiento de Democracia Directa, de Uld Rabbah y disidentes del PNDD-ADIL, que estaban antes en la oposición, consideraron el golpe como algo necesario.
3. Las fuerzas opuestas al golpe
Trece partidos opuestos a la acción militar, algunos con representación parlamentaria, formaron el denominado Frente Nacional para la Defensa de la Democracia (FNDD) (al-Yabha al-Wataniyya li-l-Difa‘ ‘an al- Dimuqratiyya), el otro gran actor de la crisis. El FNDD incluye a la Alianza Popular Progresista (APP), de Masuud Uld Buljayr (presidente del Parlamento), el Pacto Nacional para la Democracia y el Desarrollo (PNDD-ADIL), dirigido por Bigel Uld Hamid, la Agrupación Nacional para la Reforma y el Desarrollo/Tawasul, dirigido por Muhammad Yamil Uld Mansur, legalizado después de las presidenciales de 2007, la Unión de Fuerzas de Progreso de Muhammad Uld Maulud, y otros nueve partidos minoritarios. Además, el FNDD cuenta con el apoyo de la mayor parte de los sindicatos y de un referente de la autoridad islámica en el país, el Centro de Formación de Ulemas (Markaz Takwin al-‘Ulama’), dirigido por el sheyj Muhammad al-Hasan Uld Dedew, dado que la ideología que sustenta a este Centro vio satisfechas algunas de sus reivindicaciones por parte del régimen de al- Sheyj Abdallah: la legalización de un partido islamista (Tawasul), la construcción de una mezquita dentro del palacio presidencial y la declaración del viernes como día festivo. Hay que tener en cuenta que Uld Dedew había sido encarcelado en varias ocasiones bajo el régimen de al-Taya‘ y que pocos días después del golpe de Estado de 2005 fue puesto en libertad por el Consejo Militar para la Justicia y la Democracia.
Este conglomerado de fuerzas exige el retorno al orden constitucional y la restitución a sus cargos del presidente y el primer ministro depuestos, no reconoce al nuevo primer ministro y reclama la no injerencia del ejército en las cuestiones políticas. Rechazó participar en las Jornadas Nacionales de Consulta y ha anunciado que boicoteará las elecciones presidenciales, ya que sólo reconoce la autoridad legal del presidente depuesto al-Sheyj Abdallah, quien hizo pública, el pasado 22 de enero, una iniciativa para solucionar la crisis que se articula en torno a cuatro ejes de actuación: el alejamiento del ejército de la escena política; la restauración de las instituciones legítimas surgidas de las elecciones de 2006 y 2007, a través de la devolución de sus prerrogativas al presidente de la República; la Constitución como referente para abordar las cuestiones nacionales y la ejecución de las recomendaciones de la clase política, incluida la organización de elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas.
4. El Parlamento
Como hemos señalado, más de la mitad de los parlamentarios apoyaron el golpe y la mayoría apoyó la formación del nuevo gobierno. A finales de noviembre, la mayoría parlamentaria aprobó introducir enmiendas en sus estatutos en virtud de las cuales se podía expulsar a parlamentarios, entre ellos al propio presidente del Parlamento, por ausencia continuada de las sesiones. De esa manera, y ese era su objetivo, podían destituir tanto a Masuud Uld Buljayr como a los parlamentarios de los partidos que conforman el opositor FNDD, ya que dichos parlamentarios consideran inconstitucional el Parlamento en ausencia del presidente del Estado democráticamente elegido y boicotean sus sesiones.
Por lo tanto, hoy por hoy, la mayoría parlamentaria ratifica la estrategia iniciada por las nuevas autoridades a través de las Jornadas Nacionales de Consulta. Tras esas jornadas, denominadas pomposamente “Estados Generales de la Democracia”, el Parlamento, en sesión extraordinaria celebrada el 9 de enero, aprobó un documento denominado Hoja de ruta que incluía diversas estrategias de acción para salir de la crisis institucional: el establecimiento de un período de transición que debe oscilar entre 12 y 14 meses; la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes; la necesidad de que cualquier persona con cargo público e influencia renuncie a su cargo antes de presentar su candidatura a las elecciones; la creación de una junta electoral independiente; la introducción de enmiendas constitucionales que limiten las atribuciones del presidente; la concesión al Parlamento del derecho a cesar al presidente; la limitación del derecho del presidente a disolver el Parlamento en determinadas condiciones; introducir cambios en la forma de elegir y destituir al presidente del Parlamento; y la constitución de un gobierno de unidad nacional que dirija los asuntos del país durante el período de transición.
La sociedad internacional y la crisis mauritana
Diversos organismos internacionales y potencias occidentales, afectados por la interrupción del proceso democrático en Mauritania, han adoptado diferentes posturas para buscar una solución a la crisis política e institucional del país. El principal debate entre esos organismos internacionales se centra en la conveniencia o no de imponer sanciones selectivas que, en principio, sólo deberían afectar a los miembros del CSE y del gobierno, puesto que todos están de acuerdo en la necesidad de un diálogo mauritano y de la restauración del orden constitucional, si bien los mecanismos planteados para lograrlo difieren.
Uno de los primeros organismos internacionales en reaccionar fue la Unión Africana, que desde entonces lleva la iniciativa para buscar una solución consensuada a la crisis.
La Unión Africana (UA) ha abordado la cuestión del golpe de Estado en Mauritania, y del golpe de Estado en Guinea (23-12- 2008) y la intentona militar en Guinea Bissau (5-8-2008), como una oportunidad para afirmar su autoridad y su rechazo a cualquier levantamiento militar que tenga lugar en el continente africano, siguiendo los principios que aparecen en su Carta Fundacional de 1999. Así, ha presionado para que pusieran en libertad al presidente destituido, ha exigido la liberación de los detenidos y la reactivación de las instituciones democráticas. La UA suspendió en agosto la condición de país miembro de Mauritania, hasta que “recobre un gobierno constitucional”, de manera que no pudo participar oficialmente en la última cumbre de la organización celebrada en Addis Abeba el pasado 1 de febrero, aunque sí estuvieron en la capital etíope dos delegaciones mauritanas: una gubernamental, presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, Muhammad Mahmud Uld Muhammadu, y otra de la oposición, del FNDD, dirigida por Masuud Uld Buljayr, presidente del Parlamento. La reunión de la UA en Addis Abeba decidió apoyar las conclusiones a las que había llegado su Consejo de Paz y Seguridad, que exigía el retorno del orden constitucional, y las decisiones que tomara en adelante respecto a Mauritania, y por lo tanto ha reafirmado la decisión adoptada el pasado 5 de febrero sobre la imposición de sanciones individuales a los miembros del CSE y a todos aquellos que participan en la gestión del nuevo gobierno, tanto si son civiles como si son militares. Las sanciones incluyen: restricciones en los viajes, prohibición de obtención de visados, congelación de cuentas y posibilidad de persecución judicial. Y lo que puede ser más preocupante para el nuevo régimen mauritano es que la UA amenaza con internacionalizar el conflicto planteando la cuestión ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora bien, no hay que olvidar que en el seno de la UA hay diferentes posturas respecto a la crisis política mauritana, ya que países como Libia, Senegal, Gambia y Tanzania han mostrado una cierta comprensión hacia la agenda política del CSE, se han mostrado dispuestos a colaborar en la preparación y celebración de las elecciones presidenciales de junio y han rechazado la postura oficial de la UA que califican de excesivamente “dura”.
El Grupo de Contacto creado a instancias de la UA y formado por la Unión Europea, la Liga Árabe, la Organización de la Conferencia Islámica, la Organización Internacional de la Francofonía y la ONU, sigue de cerca la evolución de la situación en Mauritania. En la última reunión, celebrada en París el 20 de febrero, estableció una “hoja de ruta” en la que se hace eco de las diferentes iniciativas planteadas por los actores locales, regionales e internacionales –entre ellas la iniciativa franco-qatarí, apoyada por España y Libia, de mediación entre las partes–, y que defiende la formación de un gobierno nacional presidido por la mayoría parlamentaria en el que participen todos los actores en conflicto, pero en el que el ministerio del Interior, encargado de supervisar las elecciones, y la presidencia del Parlamento estén en manos de la oposición, la dimisión de al-Sheyj Abdallah y de Abdelaziz antes del periodo fijado por la ley para la presentación de candidaturas y que el presidente del Senado, en virtud de la Constitución, sea quien dirija el país hasta las elecciones presidenciales.
La prioridad del Grupo de Contacto es llegar a una solución consensuada que elimine las sanciones y anule la posibilidad de una internacionalización de la crisis con la intervención del Consejo de Seguridad. Esta hoja de ruta insta a un diálogo entre todas las partes bajo los auspicios de la UA; a la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes organizadas por instituciones con legitimidad y bajo la égida de un gobierno neutral en el marco de una solución “global, pacífica y democrática” aceptable para el pueblo mauritano y para la comunidad internacional; a acelerar el regreso al orden constitucional; a rechazar cualquier paso o iniciativa unilateral; a un diálogo político nacional de todos los partidos bajo los auspicios del presidente de la UA, el dirigente libio Muammar al-Qaddafi, con la participación de las organizaciones internacionales; a un seguimiento de los acontecimientos en el país y a una nueva valoración de la situación a finales de marzo. El dirigente libio ya ha puesto en marcha una iniciativa para mediar entre las partes con su intervención personal en la cuestión. Durante la visita que realizó a Mauritania en marzo, al-Qaddafi se reunió con las partes en conflicto, pero su iniciativa fue rechazada por el frente de oposición al nuevo régimen, ya que básicamente la mediación libia había adoptado los postulados de los golpistas: nuevas elecciones en junio a las que se podrá presentar cualquiera, incluido pues Abdelaziz, siempre y cuando renuncie al uniforme militar, y la aceptación de la nueva realidad, es decir, el derrocamiento del presidente electo al-Sheyj Abdallah.
En el entorno del Magreb, Marruecos ha reconocido a las nuevas autoridades y Argelia ha tomado la posición contraria. En tanto que principal donante en Mauritania (117 millones de euros entre 2002 y 2007 en concepto de ayuda al desarrollo), la Unión Europea también se movilizó rápidamente ante la destitución del presidente electo. Si bien ha rechazado las medidas de excepción impuestas por la junta militar y ha amenazado en varias ocasiones con imponer sanciones si no se restablecía el orden constitucional, parece que progresivamente ha mostrado una mayor flexibilidad ante la nueva situación creada en Mauritania. Pero no por ello hay que infravalorar la labor de los embajadores de la UE en Mauritania, que desplegaron una intensa actividad diplomática tras el golpe militar basada en encuentros con el presidente el CSE, con dirigentes de partidos políticos y representantes de la sociedad civil para buscar una fórmula de consenso para salir de la crisis en virtud de los Acuerdos de Cotonou, que incluyen el respeto de los procesos democráticos y del estado de derecho. Francia ha decidido congelar sus proyectos de cooperación pública al desarrollo en Mauritania, a excepción de los programas de ayuda humanitaria y de alimentos, medida adoptada tras el anuncio de Estados Unidos de suspender toda la ayuda no humanitaria al país africano.
La Administración estadounidense presionó, desde el principio, para que las autoridades militares pusieran en libertad al presidente destituido. Ha suspendido la ayuda militar y al desarrollo, no así la ayuda humanitaria, y ha restringido los viajes de los miembros del CSE a EEUU. Con el anterior gobierno había comenzado negociaciones para aumentar la cooperación militar, pero el entonces presidente Bush anunció en diciembre que a partir del primero de enero de 2009 se anulaba el régimen de ventajas comerciales que disfrutaba Mauritania como respuesta al golpe. Es significativo que para la celebración de la investidura del nuevo presidente de EEUU, Barack Obama, el pasado 20 de enero, la Administración invitara en Washington al ex embajador mauritano, Yahya Ibrahim, representante del gobierno del presidente destituido. En cualquier caso, EEUU ha mostrado su apoyo a las decisiones tomadas por la UA.
Otros organismos internacionales han seguido, más o menos, los pasos trazados por la UA, la UE y EEUU. Así, por ejemplo, la OTAN ha suspendido las actividades conjuntas con Mauritania y ha exigido el retorno de la democracia al país (Mauritania es uno de los siete países miembros del Foro Diálogo del Mediterráneo que reúne a los países de la Unión del Magreb Árabe –excepto Libia–, Egipto, Jordania e Israel y los países de la OTAN), y la ONU ha exigido que el presidente destituido forme parte en la búsqueda de una salida a la crisis política.
Sin embargo, tanto la Liga Árabe como la Comunidad de Estados del Sahel y del Sáhara, que aglutina a 28 países, entre ellos Mauritania, se han distanciado más de las iniciativas de la UA. A pesar de que el Secretariado General de la Liga Árabe emitió un comunicado expresando su gran preocupación por lo sucedido, exigiendo la preservación del proceso democrático en el país y exhortando a todas las partes a un diálogo nacional para buscar una solución política a la crisis que garantice la legalidad constitucional y el regreso de las instituciones democráticas, también ha rechazado la política de imposición de sanciones con el argumento de que afectarían al pueblo y no tendrían los resultados esperados, al igual que la Comunidad de Estados del Sahel y del Sáhara que es partidaria de que las nuevas autoridades mauritanas prosigan su proceso de regreso al orden constitucional a través de las próximas elecciones, a las que asistirá como observador.
La salida consensuada
Todos los actores locales han calificado la “hoja de ruta” trazada en la última reunión del Grupo de Contacto, celebrada en París el 20 de febrero, como elemento positivo para resolver la crisis. El CSE porque aleja la posibilidad de un endurecimiento de las sanciones y hace un llamamiento a un diálogo nacional, en cuyo marco ha hecho las siguientes propuestas: la disposición de Abdelaziz a renunciar al poder y a su cargo militar antes de la celebración de las elecciones que deberán ser supervisadas por la comunidad internacional (lo cual le permitirá presentarse como candidato presidencial, presumiblemente arropado por un partido de nueva creación). También es igualmente positiva pare el FNDD, porque rechaza cualquier actuación unilateral por parte de la jefatura militar y mantiene las sanciones individuales impuestas por la UA a los miembros del CSE y del gobierno, de manera que ya se ha mostrado dispuesto a dialogar con las autoridades militares bajo los auspicios de la UA. Finalmente, también para el Bloque de Fuerzas Democráticas, porque el comunicado recoge algunas de las propuestas lanzadas por esta formación política para salir de la crisis (creación de un gobierno de unidad nacional que organice y supervise el próximo proceso electoral).
Mientras tanto, el CSE está desarrollando una gran actividad para tratar de silenciar a la oposición del FNDD, cuyo cuartel general se encuentra situado ahora en Lemden, el pueblo natal de al-Sheyj Abdallah. Uno de los máximos exponentes de la oposición, Masuud Uld Buljayr, presidente del Parlamento, se arriesga a ser destituido, al igual que los diputados opuestos al régimen. No es el caso de la figura de Daddah y de su partido que han adoptado una postura ambigua que puede permitirles sobrevivir hasta las anunciadas elecciones.
En conclusión, con la “hoja de ruta” del Grupo de Contacto sobre la mesa, lo único que hace falta, hoy por hoy, es cierta flexibilidad en las posturas de las partes enfrentadas, un cierto pragmatismo que ayude a encontrar la salida consensuada a la crisis política e institucional mauritana y permita retomar el proceso de transición democrática iniciado en 2005, e incluso fortalecerlo.
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