LA SEGURIDAD EN ASIA CENTRAL Y SUS DILEMAS

Nicolás de Pedro

Introducción

Asia Central es un área de creciente importancia estratégica que se debate ante su incierto futuro. Esta incertidumbre se debe al complejo panorama de seguridad que presenta la región marcado por la multiplicidad de actores con objetivos divergentes y por el carácter multiforme de los desafíos y amenazas que se deben afrontar.

Por un lado, en la región confluyen el interés y la acción de actores como Rusia, China, EEUU, la UE, Turquía, Japón, Corea del Sur, la India, Irán y Pakistán. Este interés está determinado por la posición geoestratégica de Asia Central en la confluencia de las regiones de Eurasia, Oriente Medio y Asia meridional, lo que supone que la región está rodeada por cuatro potencias nucleares (Rusia, China, Pakistán y la India) y es fronteriza con Irán y Afganistán. Asimismo, las reservas de energía primaria que alberga la región espolean el interés de estos actores. Todo ello contribuye a la configuración de una dinámica competitiva que condiciona inexorablemente el devenir de la región en sus múltiples dimensiones. Así, por ejemplo, los procesos de cooperación multilateral desarrollados no pueden sustraerse de esta situación, ya que la multiplicidad de iniciativas existentes genera dudas sobre su propia viabilidad y relevancia tanto por los solapamientos y contradicciones como por el grado de compromiso político de sus participantes. De esta manera, los procesos de multilateralización en marcha por el momento representan más la continuación de la rivalidad y las relaciones bilaterales por otros medios que un verdadero compromiso cooperativo.

Por otro lado, la composición multiétnica y los discursos etnonacionalistas promovidos con los procesos de construcción nacional y estatal desde las independencias en 1991, son otro elemento que complica el panorama de seguridad regional, y más en momentos de crisis y malestar social en los que los conflictos socioeconómicos adquieren fácilmente una dimensión etnicista en su desarrollo. Asimismo, la idoneidad de los regímenes actuales para promover el desarrollo y la seguridad está en entredicho, tanto por su naturaleza autoritaria como por su alto grado de corrupción, o por su concepción estrecha e interesada de la seguridad nacional que se confunde con demasiada frecuencia con la del propio régimen en detrimento muchas veces de la seguridad y bienestar de la población local. Todo ello genera un escenario apropiado para el proselitismo de organizaciones islamistas extremistas cuya creciente implantación supone otro reto para la seguridad y estabilidad regionales.

El objetivo de este trabajo es analizar los desafíos y amenazas a la seguridad en Asia Central tratando de poner de relieve su complejidad y dilemas. Por ello, se toman en consideración aspectos muy diversos pero interrelacionados y todos ellos cruciales para la seguridad de una región cuyo deterioro e hipotética descomposición podría afectar gravemente a la propia seguridad global. Para una mayor claridad expositiva el documento está divido en cinco apartados. En el primero se analizan las cuestiones relacionadas con los trazados fronterizos y con la configuración étnica de las repúblicas centroasiáticas. En segundo lugar se examinan las amenazas y riesgos relacionados con las armas de destrucción masiva. En tercer lugar, se evalúa el papel de las grandes potencias y la relevancia de las iniciativas de seguridad multilateral. Posteriormente se examina el papel de los regímenes centroasiáticos en el desarrollo y estabilidad regionales. Por último, se analiza el desafío islamista y la amenaza terrorista en Asia Central.

¿Unos Balcanes euroasiáticos?: fronteras y minorías en Asia Central

Los intrincados trazados fronterizos y la compleja composición étnica de las repúblicas centroasiáticas es siempre un elemento que genera incertidumbre en cuanto a su viabilidad y estabilidad. Con relación a las fronteras hay que indicar que si bien las repúblicas han alcanzado acuerdos bilaterales de delimitación fronteriza, se mantienen algunos territorios en disputa y la tensión relacionada con los flujos transfronterizos en algunas áreas. Por otro lado, la convivencia interétnica en cada una de las repúblicas se mantiene, en líneas generales estable y pacífica. Sin embargo, el mantenimiento conceptual de la política soviética de nacionalidades y el hecho de que los procesos de construcción estatal y nacional en marcha se sustenten en fuertes discursos etnonacionalistas plantea incertidumbres sobre el mantenimiento de esta armonía a medio y largo plazo.

Los trazados fronterizos actuales de Asia Central son el resultado de la división nacional llevada a cabo por el poder soviético de 1924 a 1936 y en buena medida carecen de la racionalidad geográfica, económica y étnica deseable. Las sucesivas modificaciones fronterizas en época soviética, fruto de coyunturas políticas de corto alcance, complicó aún más estos trazados y provocó que en 1991 existieran diversos mapas de referencia confrontados. De esta manera, el reconocimiento explícito de las fronteras heredadas por parte de los nuevos Estados independientes no significaba necesariamente el fin de las disputas y, de hecho las escaramuzas y tensiones fronterizas fueron frecuentes durante los años 90. No obstante, ninguna de las repúblicas ha hecho reclamaciones serias por el temor a los graves efectos en cadena que podría provocar.

El valle de Fergana, dividido entre Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán es una de las áreas más conflictivas sobre todo como resultado de las incursiones del Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU) a finales de la década de los 90, que provocaron el cierre y minado de fronteras por parte uzbeka. Sin embargo, el suceso más grave tuvo lugar en la frontera entre Uzbekistán y Kazajistán el 25 de enero de 2000 cuando tropas de frontera uzbekas penetraron unos 50 km en territorio kazajo y demarcaron unas 22.000 hectáreas como territorio uzbeko (International Crisis Group, 2002). Afortunadamente no se produjo una escalada del conflicto, sino que por el contrario se iniciaron las negociaciones sobre el trazado fronterizo. No obstante, este incidente ha supuesto un rearme significativo de esta área. Entre 2000 y 2001 se alcanzaron acuerdos bilaterales entre todas las repúblicas para la delimitación fronteriza, pero su demarcación definitiva y gestión sigue ocasionando tensiones.

Por otra parte, las delimitaciones fronterizas con Rusia y China han resultado mucho más sencillas de lo que se preveía en un primer momento. Kazajistán, el único país fronterizo con Rusia, temía que ésta reclamara la zona septentrional de su territorio, mayoritariamente poblada por rusos y completamente integrada con el sistema económico de Siberia. No obstante, las mayores dificultades giraron en torno a algunas islas del mar Caspio con relación a la explotación de los recursos del subsuelo y en octubre de 1998 se firmo el acuerdo bilateral de delimitación fronteriza definitivo. Con China la resolución de los litigios territoriales ha sido relativamente sencilla y rápida si tenemos en cuenta las décadas de tensión y enfrentamientos fronterizos y los temores de Kazajistán y Kirguizistán ante posibles reclamaciones chinas sobre sus territorios. Así, China y Kazajistán firmaron un primer acuerdo de delimitación fronteriza prácticamente total en abril de 1994 y el acuerdo definitivo en julio de 1998. Por su parte, la cuestión fronteriza chino-kirguís ha sido más compleja y ha tenido mayor repercusión en la situación interna de Kirguizistán. En julio de 1996 se firmó un acuerdo inicial sobre el estatus de las secciones disputadas y en octubre de 1998 se alcanzó un acuerdo de demarcación casi completo. No obstante, el acuerdo suplementario sobre las áreas restantes firmado en agosto de 1999 y que permaneció secreto hasta su ratificación parlamentaria en mayo de 2001 provocó fuertes protestas en Kirguizistán por la concesión a China de una amplia zona glaciar rica en agua dulce. El acuerdo de China con Tayikistán se retrasó hasta 2002, pero más por las dificultades internas tayikas que por disputas territoriales significativas.

Por otra parte, la resolución de las cuestiones fronterizas de China con los Estados sucesores de la Unión Soviética tuvo una dimensión multilateral, ya que en septiembre de 1992 se inició en Moscú un diálogo sobre seguridad fronteriza bajo la fórmula conocida como 4+1; es decir, Rusia, Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán por un lado y China por otro. Este diálogo multilateral tuvo como resultado la firma de dos tratados sobre medidas de creación de confianza fronteriza fundamentales en el devenir reciente de Asia Central y su relación con China.[2] Además, supuso la creación del llamado “grupo de Shanghai”, germen de la Organización de Cooperación de Shanghai que analizamos con más detalle más adelante.

Con relación a las minorías en Asia Central hay que indicar que las mayores tensiones no están provocadas por la existencia de decenas e incluso centenares de grupos étnicos en cada una de las repúblicas, sino por la polarización en algunas áreas, que puede suponer que una minoría sea mayoritaria en un contexto determinado y por los vínculos transfronterizos de algunos grupos étnicos. Así, los focos con mayor potencial conflictivo son la concentración de población rusa en el norte de Kazajistán; la concentración de población kazaja y uzbeka a ambos lados de la frontera en las proximidades de Tashkent y Shymkent (Kazajistán); la minoría uigur en el territorio de Kazajistán y Kirguizistán próximo a China; y la población tayika concentrada en las ciudades de Samarcanda y Bujará (Uzbekistán).

El temor de las autoridades kazajas a posibles movimientos secesionistas protagonizados por la población rusa concentrada en el norte del país explica algunos de los cambios más llamativos del Kazajistán independiente. Así, el traslado de la capital de Almaty a Astaná y la reforma administrativa de 1997, que supuso la fusión de las cinco provincias (oblast) septentrionales con las adyacentes en el sur, tenían el objetivo claro de diluir su carácter ruso y fortalecer la soberanía kazaja. Asimismo, hay que indicar que Rusia, más allá de la retórica de algunas figuras públicas, no ha implementado ninguna política reivindicativa sólida con respecto a esta cuestión, a lo que se ha unido la escasa movilización de esta población. El único suceso reseñable hasta la fecha es un oscuro incidente ocurrido en noviembre de 1999 cuando se produjo la detención de 22 personas en Ust-Kamenogorsk, 12 de ellas con ciudadanía rusa, acusadas de preparar una tentativa secesionista armada.

Como ya se ha indicado, la frontera entre Kazajistán y Uzbekistán en las áreas circundantes de Tashkent y Shymkent ha sido especialmente conflictiva. Una de las situaciones más conocidas es la de Baghys, localidad situada en territorio uzbeko a unos 10 kilómetros al norte de Tashkent, pero poblada mayoritariamente por kazajos que desde 1991 han intentando que el territorio se reincorporara a Kazajistán. Por ello, como protesta ante el acuerdo de delimitación fronteriza que deja Baghys definitivamente bajo soberanía uzbeka, proclamaron el 30 de diciembre de 2001 la república independiente de Baghys. Obviamente se trataba de un acto puramente simbólico, pero es, técnicamente el primer caso de separatismo en el Asia Central postsoviética.

La minoría uigur de Kazajistán y Kirguizistán concentrada en las áreas fronterizas ha sido una de las grandes perjudicadas por el acercamiento entre China y las repúblicas centroasiáticas y ha visto como la presión sobre sus actividades y su situación empeoraba al mismo ritmo que se fortalecían las relaciones con Pekín. A pesar de que tiene escaso o ningún fundamento, hay una reiteración de la supuesta vinculación de esta minoría con actividades terroristas en la región autónoma del Xinjiang Ligur en China. La presión creciente sobre la diáspora organizada políticamente ha supuesto un desplazamiento de su centro de actividad desde Asia Central (y Turquía) a lugares como Alemania o EEUU. No obstante, los recelos y temores que despierta en Kazajistán y Kirguizistán el potencial chino conlleva una cierta permisividad con la actividad uigur.

Asimismo, hay que mencionar las suspicacias uzbekas sobre su población tayika, que oficialmente ronda el millón de personas, y que se concentra en las ciudades de Samarcanda y Bujará. Tashkent teme el irredentismo tayiko que considera que estas ciudades les corresponden por motivos históricos y que pertenecen a Uzbekistán únicamente por la arbitrariedad de la delimitación nacional soviética. La relación bilateral se ha enturbiado aún más por las incursiones del MIU antes referidas, permitidas por Tayikistán según Uzbekistán, y por la injerencia uzbeka en los asuntos internos tayikos, según Tayikistán. La minoría tayika que vive en Uzbekistán es la gran perjudicada por esta situación por el nivel de presión y control al que se ve sometida.

Por último, hay que considerar el mantenimiento conceptual de la política soviética de las nacionalidades en el Asia Central postsoviética y el hecho de que las cinco repúblicas hayan hecho del etnonacionalismo el discurso legitimador del nuevo Estado. En primer lugar, hay que indicar que el enfoque soviético con respecto a las cuestiones étnicas, además de las dudas epistémicas que supone, sobredimensiona la diversidad existente que en ocasiones tiene un carácter más virtual que real. Al mismo tiempo, tiene efectos nocivos, ya que el establecimiento administrativo de unas determinadas categorías etnográficas y su carácter central en la acción estatal terminan por agudizar la percepción de pertenencia a mundos distintos a poblaciones cultural y socialmente integradas. En segundo lugar, la adopción del discurso etnonacionalista como eje legitimador de los nuevos Estados ha dificultado, por no decir impedido, la consolidación de identidades y lealtades cívicas lo que parece más adecuado considerando la naturaleza multiétnica de las sociedades centroasiáticas y que, además, representaría una mayor garantía de estabilidad futura que la promoción de este comunitarismo y su implícita negación del sincretismo identitario en Asia Central.

Por ello, más que de una solución duradera y estable podemos hablar de una aparente proyección hacia el futuro del problema que podría reaparecer con mayor virulencia, ya que la conflictividad causada por el malestar ante el deterioro socioeconómico adquiere fácilmente una dimensión etnicista en su desarrollo.

Asia Central y las armas de destrucción masiva

Los riesgos y amenazas asociados a las armas de destrucción masiva (ADM) son un tema de primera importancia en la agenda de seguridad regional. Durante la época soviética Asia Central albergaba instalaciones estratégicas clave y concentraba buena parte del complejo de producción y ensayo de armamento nuclear, químico y biológico. Por ello, con el colapso de la URSS, el destino de este material e infraestructuras preocupaba especialmente a la comunidad internacional dadas las incertidumbres que se cernían sobre Asia Central y la posibilidad tanto de que fuera empleado en conflictos regionales como de que pudiera caer en manos de otros Estados o incluso de grupos terroristas.

En un primer momento, la atención se concentró sobre el arsenal nuclear heredado por Kazajistán, lo que no era extraño dado que los 104 misiles balísticos intercontinentales (ICBM) SS-18 con unas 1.200 cabezas nucleares operativas convertían de facto a la nueva república independiente en la cuarta potencia nuclear mundial. El Tratado constitutivo de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) del 21 de diciembre de 1991 establecía que Rusia ostentaba los derechos de la Unión Soviética con respecto al armamento nuclear y, por ello Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán debían adherirse al Tratado de No Proliferación (TNP) en calidad de Estados no nucleares. No obstante, y pese a las fuertes sentimientos antinucleares en Kazajistán como resultado de los sufrimientos ocasionados a la población por más de 40 años de ensayos nucleares en el polígono de Semipalatinsk, entre los círculos dirigentes kazajos existía un intenso debate sobre la idoneidad o no de desmantelar y destruir el arsenal nuclear heredado. Para los partidarios de su mantenimiento, este arsenal era la mejor garantía de preservación de la integridad territorial y soberanía de Kazajistán frente a sus vecinos en general y Rusia y China, en particular. Al mismo tiempo se barajaron en Kazajistán fórmulas intermedias, como el mantenimiento de las armas nucleares, pero bajo mando conjunto con Rusia, algo difícil de aceptar para Moscú por sus obligaciones derivadas del TNP y por la carga financiera que ello suponía en un momento en el que atravesaba extremas dificultades económicas.

Finalmente, la presión internacional, encabezada por EEUU y Rusia, y la propia incapacidad de Kazajistán para asumir por sí mismo el mantenimiento de estas instalaciones y el coste que se derivaría para el país de un posible aislamiento internacional, motivaron que las autoridades kazajas terminaran por acceder a desmontar y trasladar este arsenal a Rusia a cambio de garantías de seguridad por parte de las potencias nucleares. Así, Kazajistán firmó junto con Bielorrusia, Ucrania, Rusia y EEUU el Protocolo de Lisboa al Tratado START I (mayo de 1992) y el Tratado de No Proliferación (ratificado en diciembre de 1993). A partir de ese momento comenzó el proceso de traslado del arsenal y la destrucción de los silos. A pesar del clima cooperativo durante esta primera mitad de los 90, dada la naturaleza extremadamente sensible de estas cuestiones no dejaron de producirse tensiones y controversias en su desarrollo. La más conocida y que provocó más polémica fue el traslado en secreto de 600 kilogramos de uranio enriquecido (suficientes para la producción de 20 o 25 bombas nucleares) a EEUU, lo que irritó especialmente a Moscú por cuanto según el acuerdo bilateral suscrito con Kazajistán en marzo de 1994, Rusia era la responsable del almacenaje, desmantelamiento y transporte de todo este arsenal.

En su proceso de desnuclearización, Kazajistán consiguió garantías adicionales. Así, en diciembre de 1994, en la cumbre de la CSCE (antecesora de la actual OSCE) celebrada en Budapest, Rusia, el Reino Unido, Francia y EEUU firmaron un Memorando sobre la extensión de estas garantías asumiendo un compromiso formal de respeto de la independencia e integridad territorial de Kazajistán (Ucrania y Bielorrusia). Posteriormente Kazajistán recibió garantías similares por parte de China. A todo ello se unía la resolución 984 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 12 de abril de 1995 reafirmando las garantías por parte de los poderes nucleares a los miembros no nucleares del TNP. En abril de 1996 se dio por concluido el proceso de desnuclearización kazajo. Por su renuncia a su arsenal, Kazajistán obtuvo menores réditos económicos de los esperados, pero consiguió elevar el nivel de su relación con EEUU y adquirir un prestigio internacional que ha sabido explotar hábilmente.

Asimismo, EEUU jugó un papel central en este proceso de desmantelamiento a través del programa de Reducción Cooperativa de la Amenaza (CTR por sus siglas en inglés) establecido en 1991 para afrontar los peligros de proliferación derivados de la desaparición de la Unión Soviética. Otros Estados como Japón, Canadá, Corea del Sur y algunos miembros de la UE también tuvieron un papel destacado y sus contribuciones permitieron la creación del Centro Internacional de Ciencia y Tecnología (ISTC por sus siglas en inglés) una organización intergubernamental establecida en 1992 para desarrollar proyectos destinados a la reconversión al sector civil de los científicos, técnicos e ingenieros involucrados en el complejo industrial de las ADM y evitar así la temida “fuga de cerebros” con conocimientos críticos al servicio de Estados y organizaciones con intención de dotarse de este tipo de armamento.

La realidad es que los fondos y ayuda canalizados a través de los programas del CTR y del ISTC devinieron en vitales para Kazajistán y el resto de repúblicas centroasiáticas dada su precaria situación económica. Así por ejemplo, desde el año 2000 se procedió a la destrucción de las instalaciones del complejo de Stepnogorsk con fondos suministrados por el programa CTR. Stepnogorsk, situado en el norte de Kazajistán, fue en su momento la mayor fábrica de armamento biológico y químico del mundo, capaz de producir 300 toneladas de ántrax anualmente (Kassenova, 2008a). Asimismo, después de los atentados con ántrax en EEUU en 2001, las autoridades estadounidenses pusieron en marcha un proyecto para destruir las instalaciones de producción de armamento biológico en la isla de Vozrozhdeniye en el mar de Aral, que con la desaparición de la Unión Soviética simplemente habían sido abandonadas.

La situación devino en especialmente grave con la transformación de la isla en una península como resultado de la desecación del Aral y el retroceso de la costa, de tal forma que el acceso a las instalaciones era bastante más sencillo. Desde entonces, no ha sido infrecuente que habitantes de la zona accedieran a las instalaciones para obtener chatarra, con el consiguiente riesgo de exposición a los agentes abandonados sin la debida protección. De igual forma, el acceso de animales y las posibles filtraciones al terreno han supuesto el paso a la cadena trófica de estos componentes que son un elemento más dentro de la catástrofe sanitaria que sufre el área del mar de Aral. No obstante, en 2002 se destruyeron las principales instalaciones así como 150 toneladas de ántrax y se procedió a la descontaminación de la zona del complejo industrial.

Por otra parte, hay que indicar que en materia de no proliferación nuclear hay un amplio consenso entre las cinco repúblicas centroasiáticas que en septiembre de 2006 establecieron la Zona libre de armas nucleares de Asia Central (CANWFZ por sus siglas en inglés). De acuerdo con el tratado constitutivo de la CANWFZ, las cinco repúblicas centroasiáticas se comprometen a no investigar, desarrollar, fabricar, almacenar o adquirir, poseer o tener control sobre cualquier arma nuclear por cualquier otro medio. Asimismo, se comprometen a no solicitar ni recibir ayuda para ninguna de las cuestiones referidas y a no ayudar o alentar a la investigación, desarrollo, fabricación, almacenamiento, adquisición de cualquier arma o dispositivo explosivo de tipo nuclear. La CANWFZ aún no ha entrado en vigor, porque de momento sólo ha habido tres ratificaciones (Uzbekistán, Kirguizistán y Turkmenistán), pero ya ha provocado reacciones contrapuestas ya que, si bien Rusia y China han mostrado públicamente su apoyo, el Reino Unido, Francia y, sobre todo, EEUU han mostrado serias reticencias con respecto al Tratado.

Estas suspicacias se derivan del hecho de que si bien en el cuarto apartado del artículo tercero referente a las obligaciones básicas se especifica que los firmantes no permitirán la instalación o estacionamiento en sus territorios de ningún arma nuclear, en el artículo 12 se indica que “el Tratado no afecta a los derechos y obligaciones contraídos por las partes bajo otros tratados internacionales que puedan haber alcanzado previamente a la entrada en vigor de este Tratado”. De esta manera, se genera una cierta ambigüedad, ya que las repúblicas centroasiáticas (excepto Turkmenistán) tienen acuerdos multilaterales (la OTSC) y bilaterales con Rusia de asistencia y garantías mutuas en caso de ataque de un tercero con “todos los medios necesarios” aunque sin especificar cuáles exactamente; pero dado que la actual doctrina militar del Kremlin contempla la posibilidad del uso de armas nucleares en caso de agresión a un aliado de la Federación Rusa; así como un uso masivo de armamento nuclear táctico para superar su actual desventaja en armamento convencional; y que incluso algunas repúblicas consideran que disponen de un cierto paraguas nuclear ruso, se generan dudas sobre la relevancia de la propia CANWFZ.

Asimismo el hecho de que el Tratado contemple su posible extensión a los países vecinos y no explicite su zona de aplicación también genera suspicacias en Washington, fundamentalmente por el temor de que Irán, que tiene frontera terrestre con Turkmenistán, pudiera tratar de incorporarse a la propia CANWFZ tratando de legitimar su desarrollo nuclear, dificultando así la acción de la comunidad internacional. No obstante, en las cuestiones de no proliferación el compromiso de las repúblicas centroasiáticas es firme y compartido y, por ello, es más que improbable que quisieran prestarse a contribuir a la obtención subrepticia de armamento nuclear por parte de Teherán. Asimismo, no hay que perder de vista que una hipotética incorporación iraní debería contar con el beneplácito al menos de Moscú y Pekín y es muy improbable que pudiera realizarse con una oposición fuerte por parte de EEUU y la UE.

En cualquier caso y pese a sus deficiencias, la creación de una zona libre de armas nucleares es uno de los escasos desarrollos positivos en el panorama de seguridad de Asia Central. Asimismo, las cinco repúblicas centroasiáticas han suscrito el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT en sus siglas en inglés), la Convención sobre Armas Químicas (CWC), la Convención sobre Armas Biológicas y Toxinas (BTWC) y los Protocolos Adicionales de los Acuerdos de Salvaguardia de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA). Esto da cuenta de su compromiso en materia de no proliferación. Por ello, más que analizar si este compromiso es fruto de la necesidad o de una auténtica convicción hay que considerarlo como un pequeño hito relevante tanto por tratarse en algún caso de países que previamente contaban con armas nucleares y han renunciado a ellas como por el hecho de producirse en una región rodeada de potencias con armamento de este tipo (Rusia, China, Pakistán y la India) y en un momento en el que se multiplican los retos asociados a la proliferación nuclear en el escenario global.

No obstante, la región sigue afrontando importantes desafíos. Entre ellos destacan aquellos relacionados con el desarrollo de la industria del uranio; materia en la que Kazajistán ocupa un lugar preeminente, ya que dispone de un 20% de las reservas mundiales de este estratégico mineral y aspira a convertirse en el primer productor mundial para 2010-2015. Actualmente, es el tercer exportador mundial tras Australia y Canadá, pero con la puesta en marcha de 16 nuevas minas en el sur del país espera multiplicar por cuatro su producción. Asimismo, y al igual que sucede en el sector petrolífero, Kazajistán aspira a jugar un papel mayor en las siguientes fases del ciclo de producción de combustible nuclear y no mantenerse únicamente como proveedor de mineral sin procesar. Para ello, ha alcanzado importantes acuerdos de gasificación y enriquecimiento conjuntos con la Federación Rusa. No obstante, y siguiendo su estrategia de tratar de reducir su nivel de dependencia con Rusia, Kazajistán ha alcanzado también acuerdos importantes en esta materia con Japón, Canadá y China (Kassenova, 2008b). Uzbekistán y Tayikistán también disponen de grandes reservas de uranio, lo que refuerza el papel de Asia Central en la escena energética internacional teniendo en cuenta los ambiciosos proyectos de construcción de nuevos reactores nucleares de EEUU, Rusia, China y Japón. De esta manera, el uranio tiene el potencial de convertirse en un elemento que refuerce la rivalidad entre las grandes potencias por el acceso a los recursos naturales de Asia Central.

Por otro lado, la proyectada construcción de una planta nuclear en Kazajistán para satisfacer el aumento de la demanda de electricidad, se une a los riesgos asociados al desarrollo de la producción de uranio en Asia Central. En primer lugar, aquellos relacionados con la seguridad y protección de estas instalaciones ante posibles accidentes, robos, sabotajes y atentados. No obstante, los mayores riesgos no se derivan de la protección de las instalaciones en uso, ni de las de nueva construcción, sino de las fuentes radioactivas de tipo industrial, científico o médico abandonadas y olvidadas con el fin de la URSS. El panorama resulta inquietante si tenemos en cuenta que sólo en Kazajistán las autoridades reconocen que desconocen el paradero exacto de al menos 20.000 fuentes de radiación de diferente nivel, a lo que hay que sumar la existencia de toneladas de residuos tóxicos y radioactivos almacenados precariamente en Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán. Por ello, y aunque no hay evidencias de que haya sucedido nunca en Asia Central, la posibilidad de que algún grupo terrorista pueda hacerse con los elementos necesarios para fabricar una “bomba sucia” es una hipótesis con la que se trabaja (Novikov, 2007). El deseo de alguna organización terrorista de emplear una “bomba sucia” –es decir, aquella formada por la combinación de un explosivo convencional con materiales radioactivos en forma de polvo o gránulos– no se derivaría tanto de su potencia letal como de su capacidad para atemorizar y provocar el pánico entre una población determinada, que es precisamente uno de los objetivos de las acciones terroristas más allá de su impacto destructivo inmediato.

Por último, con el desarrollo de la industria del uranio y demás elementos referidos, debe ser valorado su impacto medioambiental. A pesar de las mejoras introducidas en los últimos años, la minería local sigue lejos de cumplir los estándares internacionales, por lo que un desarrollo intensivo de esta industria podría tener un impacto grave sobre la salud de la población. Por ello, un clima de rivalidad internacional, sumado al escaso interés en muchas ocasiones de los regímenes locales por la salud y bienestar de sus poblaciones no augura nada positivo. No obstante, con respecto a las ADM, la participación de la comunidad internacional ha tenido efectos positivos. Sin embargo, el papel de las grandes potencias en otros aspectos de la seguridad regional genera más dudas.

Las grandes potencias y las iniciativas de seguridad multilateral

Las grandes potencias juegan un papel clave en el panorama de seguridad de Asia Central y, de hecho, las estrategias de seguridad locales descansan en buena medida en las garantías ofrecidas por estos actores externos, ya sea de forma bilateral o multilateral.

Las suspicacias entre las repúblicas centroasiáticas han impedido que sean capaces de establecer mecanismos de seguridad regionales en ausencia del liderazgo de un socio externo. Estas suspicacias están basadas en algunos casos en las disputas fronterizas antes referidas, en la percepción de que las repúblicas vecinas son la principal fuente de riesgos y amenazas para su propia seguridad y estabilidad interna o en la simple competencia por el liderazgo regional. No obstante, ha habido algunos intentos de establecer un foro multilateral de seguridad regional de composición exclusivamente centroasiática. Así, en la reunión celebrada en Zhambul (Kazajistán) en diciembre de 1995, en el marco del acuerdo entre Kazajistán, Kirguizistán y Uzbekistán para la creación de un espacio económico común, se decidió la creación de un consejo conjunto de ministros de Defensa para guiar la cooperación militar y la creación del batallón “Centrasbat” de mantenimiento de la paz bajo el patrocinio de Naciones Unidas.

Sin embargo, en la articulación de un marco de seguridad regional han sido las grandes potencias las que han tenido un papel determinante. La región atrae el interés de multitud de actores tales como Rusia, China, EEUU, la UE, Turquía, Japón, Corea del Sur, la India, Irán y Pakistán. Este interés está determinado por la propia ubicación geoestratégica de Asia Central en la confluencia de Eurasia, Oriente Medio y Asia meridional. Esto supone que la región está rodeada por cuatro potencias nucleares (Rusia, China, Pakistán y la India) y es fronteriza con Irán y Afganistán. A su vez, los retos y desafíos que debe afrontar la región incrementan el interés de los actores que consideran que una descomposición regional podría afectar gravemente a sus propios intereses y seguridad. Al mismo tiempo, las reservas de fuentes de energía primaria espolean el interés de estos actores. Así, los hidrocarburos del Caspio son un elemento clave en las estrategias de diversificación de las fuentes y rutas de suministro energético de la UE y China; para Rusia son un elemento imprescindible en su proyecto de consolidar una posición dominante en el sector energético internacional; y para EEUU, desde la perspectiva de su consumo, la importancia de estas reservas es marginal, pero no desde su condición de actor global en el mercado energético.

Esta confluencia de intereses y acciones de las grandes potencias configura una dinámica competitiva que condiciona inexorablemente el devenir de la región en sus múltiples dimensiones. Así por ejemplo, los procesos de cooperación multilateral desarrollados no pueden sustraerse de esta situación, ya que la multiplicidad de iniciativas existentes genera dudas sobre su propia viabilidad y relevancia tanto por los solapamientos y contradicciones como por el grado de compromiso político de sus participantes. Algunos definen la situación existente como la de un “mercado de servicios antiterroristas y de seguridad” (Tolipov, 2005). En este sentido, se trata de un escenario muy complejo y dinámico y aún en proceso de definición, ya que por el momento no se ha establecido un orden geopolítico claro, lo que supone que es un área fecunda en posibilidades, pero también que aún carece de un mecanismo de seguridad regional eficaz.

Rusia, China, EEUU y crecientemente la UE son los actores que tienen un papel determinante en la seguridad regional. Hay consenso entre estos actores en cuanto a la necesidad de un Asia Central próspera y estable, capaz de hacer frente a desafíos y amenazas como el islamismo extremista y el terrorismo, el narcotráfico o pandemias como el SIDA, por ejemplo. No obstante, existen serias discrepancias entre estos mismos actores sobre cómo lograrlo. El elemento que genera más controversias es la promoción de reformas democráticas, ya que mientras que para Rusia y China supone un gran riesgo y es susceptible de facilitar la toma del poder por parte de organizaciones islamistas, para EEUU y, sobre todo, la UE es un elemento imprescindible para garantizar la seguridad a medio y largo plazo y es precisamente la ausencia de esas reformas lo que propicia el auge del islamismo extremista. Este debate se ve, además, condicionado por la rivalidad geopolítica entre estos cuatro actores, lo que por otra parte convierte a Asia Central en un escenario clave en la configuración de un nuevo marco de interacción entre las grandes potencias del siglo XXI. De ahí también la relevancia de la evolución de la situación en Asia Central para la seguridad global.

Rusia lidera la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) que incluye, además de a la propia Rusia a Armenia, a Bielorrusia, Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán. La OTSC nació de la decisión tomada en mayo de 2002 de convertir el marco proporcionado por el Tratado de Seguridad Colectiva (TSC) en una verdadera organización intergubernamental. La OTSC mantiene la cláusula de respuesta colectiva del TSC ante una agresión o amenaza de agresión contra cualquiera de los signatarios. No obstante, a diferencia del TSC y otros acuerdos de seguridad alcanzados en el marco de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), ha recibido importantes impulsos para su desarrollo. En primer lugar, ha incorporado como parte de la organización el Centro Antiterrorista de Bishkek y la Fuerza de Reacción Rápida (FRR), que ha elevado desde entonces su nivel de operatividad y efectivos. Así, la FRR ha pasado de los 1.500 efectivos iniciales a los 4.000 actuales y se ha visto reforzada con el despliegue en 2003 de un destacamento de la fuerza área rusa en la base de Kant en Kirguizistán. Un año después, Moscú y Dushanbe firmaron un acuerdo para el establecimiento de una base militar rusa permanente en Tayikistán. Si bien en este caso, más que de un nuevo desarrollo, se trataba de la institucionalización de la situación de los 6.000 efectivos rusos que permanecían en el país desde la independencia. La incorporación de Uzbekistán a la OTSC en junio de 2006 reforzó notablemente la posición de la organización y su dimensión centroasiática.

Desde 2004 la OTSC ha conducido un ejercicio anual, denominado “Frontera” (?????) en países de Asia Central hasta el último celebrado en 2008 en Armenia. Estos ejercicios han estado enfocados a la lucha antiterrorista y también a la mejora de las capacidades de control fronterizo con relación al narcotráfico. Por otro lado, en abril de 2005 se creó dentro de la OTSC el Comité Intergubernamental de Cooperación Económica y Militar con el objetivo de promover la coordinación en materia de industria de la defensa. A esto se añade el hecho de que Rusia provee de armamento a los otros miembros a precios subvencionados.

Para Rusia la estabilidad y seguridad en Asia Central son claves para su propia seguridad. Desde la perspectiva rusa, alrededor de su frontera meridional se extiende un gran “arco de inestabilidad” que iría de Kosovo a las Filipinas y en el que el Cáucaso y Asia Central son cruciales para evitar que esta inestabilidad se extienda hacia su territorio. Para Moscú, la situación en Chechenia, el valle de Fergana, Irán, Afganistán y Pakistán resulta en este sentido clave. El interés prioritario de Rusia es evitar la infiltración de activistas islamistas por el sur, así como frenar el flujo de narcóticos procedentes de Afganistán.

La OTSC tiene el valor de tratarse del único foro multilateral regional con una dimensión puramente militar. Además, su especialización en materia de seguridad, el hecho de contar con las estructuras más desarrolladas, el atractivo que supone para las repúblicas centroasiáticos recibir suministros militares rusos a precios subvencionados, y la voluntad política mostrada por sus miembros la convierten en el foro de seguridad regional más relevante.

No obstante, su evolución, como la del resto de iniciativas multilaterales existentes en Asia Central, está condicionada por el solapamiento con otras instituciones y también por la propia bilateralización de las relaciones entre sus miembros. Es decir, por un lado no hay que olvidar que las repúblicas centroasiáticas participan al mismo tiempo en programas de cooperación militar con EEUU. Por otro lado, en la valoración de la OTSC hay que tener en cuenta que Rusia, al mismo tiempo ha suscrito acuerdos con las repúblicas centroasiáticas sobre consultas políticas, evaluación estratégica, planeamiento militar y operaciones conjuntas que en muchos casos van más allá de lo establecido en el marco de la propia OTSC. De esta manera, se generan dudas sobre el compromiso real con el proceso de multilateralización y sobre su prevalencia o no con respecto a los acuerdos bilaterales. Así, por ejemplo, mientras la OTSC en principio descarta su intervención en asuntos internos de sus miembros –como en las mal llamadas “revoluciones” de colores– el acuerdo bilateral de asistencia entre Rusia y Uzbekistán de noviembre de 2005 contempla la ayuda de Moscú frente a un fenómeno de ese tipo (Trenin, 2007).

Por su parte, China lidera la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) de la que también forman parte Rusia, Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán. En 2004 Mongolia adquirió estatus de observador, al igual que un año después Irán, la India y Pakistán. Asimismo, Afganistán y recientemente Turkmenistán han participado en las cumbres anuales como “invitados distinguidos”. La creciente institucionalización de la OCS y su mayor peso estratégico despiertan un creciente interés y juicios de lo más diverso. No obstante, hay que tener en cuenta que la organización aún está en fase de desarrollo y, sobre todo, que en muchos aspectos los intereses y visión de sus miembros son divergentes.

La OCS tiene entre sus objetivos prioritarios garantizar la estabilidad y combatir “el terrorismo, el separatismo y el extremismo”, es decir, que la organización ha asumido como propia la concepción china de lucha contra las “tres fuerzas maléficas” que es como Pekín caracteriza el irredentismo uigur en la región autónoma del Xinjiang Uigur. No obstante, la OCS tiene una dimensión mucho más amplia ya que tal como se establece en la Carta de la declaración de establecimiento de la organización sus propósitos son: “fortalecer la confianza mutua y las relaciones amistosas y de buena vecindad entre sus miembros; promoviendo la cooperación efectiva entre los Estados miembros en materia política, económica y comercial, científica y tecnológica, cultural, educativa, energética, comunicacional, medioambiental y en otros campos; consagrándose a preservar y salvaguardar conjuntamente la paz regional, la seguridad y la estabilidad; y a establecer un nuevo orden político y económico internacional democrático, justo y racional”. De hecho, aunque las cuestiones de seguridad mantienen su preeminencia en la agenda de la organización, las cuestiones referidas a energía y relaciones comerciales adquieren cada vez un mayor protagonismo.

En materia de seguridad, las repúblicas centroasiáticas y China comparten su preocupación ante la actividad de organizaciones islamistas y el narcotráfico. El avance más significativo hasta la fecha ha sido la creación de la Estructura Regional Antiterrorista (RATS por sus siglas en inglés) en Tashkent en 2004, destinada a coordinar los esfuerzos de sus miembros y al intercambio de información e inteligencia. Sus resultados, no obstante, parecen de momento escasos. En agosto de 2007 se celebraron los ejercicios conocidos como “Misión de Paz 2007” para los que se movilizaron a más de 6.000 efectivos de los países miembros, si bien China y Rusia aportaron los contingentes más significativos. Los ejercicios estaban inspirados en las incursiones del MIU en el área de Batken en 1999 y 2000 (McDermott, 2007). La utilización de medios militares ha supuesto que algunos hablen de la constitución de un nuevo bloque militar liderado por Rusia y China o una suerte de “OTAN de Oriente”. No obstante, los miembros centroasiáticos y Rusia, muy suspicaces con el creciente papel chino en Asia Central, rechazan de plano esta posibilidad. Así, por ejemplo, la primera reunión de ministros de Defensa en el marco de la OCS no tuvo lugar hasta abril de 2006 y la OTSC ha rechazado la colaboración activa con la OCS. Además, y como muestra clara de estas suspicacias y de las dificultades para que la organización se consolide como un bloque, los avances chinos fortalecen por igual la confianza en sus provisiones de seguridad como la ansiedad sobre su capacidad de proyección militar en Kazajistán y Kirguizistán.

Por lo demás, el papel de la OCS en la estabilidad y desarrollo regionales sigue siendo modesto. No así el de China desde una perspectiva bilateral, cuyo ascenso en Asia Central es imparable y, de hecho, al igual que Rusia, ha alcanzado acuerdos bilaterales con las repúblicas centroasiáticas que sobrepasan lo establecido en el marco OCS.

EEUU es el tercer gran actor relevante en materia de seguridad en Asia Central. Las cinco repúblicas participan en el programa de partenariado para la paz (PfP por sus siglas en inglés) de la OTAN y desde 1997 realizan ejercicios conjuntos con el “Centrasbat”. El PfP ha permitido a las repúblicas recibir asesoramiento y el acceso a algunos equipamientos, especialmente en el caso kazajo. Con el inicio de la operación en Afganistán en 2001 la región adquirió una importancia geoestratégica clave para EEUU. Las cinco repúblicas ofrecieron su disposición para cooperar con Washington. De esta manera, EEUU pudo establecer las bases de Karshi-Janabad en Uzbekistán y la de Manas en Kirguizistán. La base en territorio uzbeko fue cerrada en noviembre de 2005 tras meses de una relación bilateral muy tensa, marcada por la renuencia de Karimov a liberalizar su régimen y por la suposición por parte de Tashkent de la implicación de Washington en la gestación de la sublevación de Andiján en mayo de 2005. La solicitud uzbeka para el cierre de la base se hizo pública por primera vez en la cumbre de la OCS celebrada en Astaná en julio de 2005, lo que se interpretó como un primer posicionamiento de la organización contra la presencia estadounidense en Asia Central. No obstante, el texto de la declaración es bastante más suave de lo que lo que las reacciones que provocó podrían sugerir. Así, en la declaración se dice que “considerando la finalización de la fase militar de la operación antiterrorista en Afganistán, los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shangai consideran necesario que los miembros de las Estados de la coalición antiterrorista fijen una fecha tope para su uso temporal de las infraestructuras mencionadas más arriba y estancia de sus contingentes militares en el territorio de los Estados miembros de la OCS”. Asimismo, hay quien considera que no se trató de una iniciativa propiamente de la OCS sino que fue Karimov quien aprovechó este foro para lanzar su demanda de retirada (Plater-Zyberk, 2007), obviamente bien recibida por Pekín y Moscú. De momento, EEUU mantiene, pese a las presiones de Bishkek en algunos momentos, la base de Manas, en la que hay un pequeño contingente español.

La UE aún juega un rol menor en el campo de la seguridad de Asia Central. No obstante, su enfoque comprehensivo e integral de la seguridad es el que ofrece más beneficios para la población centroasiática, ya que los principales retos locales se derivan en buena medida de la naturaleza de los propios regímenes, de la corrupción rampante y del creciente deterioro socioeconómico (De Pedro, 2008). Para tratar de contener el tráfico de opio y heroína afganas con destino a Europa y su impacto en las sociedades centroasiáticas, la UE ha creado los programas BOMCA, de gestión fronteriza y CADAP, de prevención y reducción del narcotráfico y sus problemáticas derivadas. Con la adopción de su nueva estrategia para Asia Central en julio de 2007, la UE espera elevar su papel en la región y contribuir de manera más significativa a la consecución de un Asia Central “pacífica, democrática y económicamente próspera”. Durante los años 90, la UE hacía una delegación implícita de las cuestiones de seguridad en Asia Central en la OSCE, considerada como el foro más adecuado para ello, no sólo por los instrumentos de los que dispone sino también por el hecho de que las repúblicas centroasiáticas son miembros de la organización. No obstante, la acción de la OSCE se ha visto mermada por la crisis política que la atenaza, especialmente desde septiembre de 2004 con la firma por parte de Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguizistán, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán del documento conocido como la Solicitud de Astaná que ha fracturado la organización en dos bandos.

Por último, hay que citar la CICA o Conferencia sobre interacción y medidas de creación de confianza en Asia, más por el hecho de ser una iniciativa de seguridad multilateral surgida en Asia Central de la mano de Kazajistán, que por su relevancia, ya que los resultados que ha tenido y que se pueden esperar de este foro son más bien escasos. Esto es así fundamentalmente y como reconocen muchos analistas y funcionarios kazajos, por su inconsistencia geográfica, ya que la organización está abierta a todos los países asiáticos y entre sus miembros actuales se pueden citar a Egipto, Mongolia y Tailandia por lo que es dudoso que la organización obtenga resultados tangibles y relevantes en el campo de la seguridad, más allá de grandes declaraciones de intenciones como las adoptadas en el Acta de Almaty o la Declaración de la CICA sobre la eliminación del terrorismo y la promoción del diálogo entre civilizaciones.

En cualquier caso, la participación de los tres grandes actores, Rusia, China y EEUU en el escenario de seguridad centroasiático genera dudas en cuanto a si contribuye realmente en la seguridad regional o no, ya que la rivalidad entre ellos permite maximizar la capacidad negociadora de los regímenes centroasiáticos y su capacidad de resistencia ante las presiones para la introducción de reformas.

Los regímenes centroasiáticos y el espejismo de la estabilidad

Los regímenes centroasiáticos son un elemento central para la seguridad y estabilidad regionales. Y lo cierto es que tanto por su naturaleza como por su propio enfoque conceptual de la seguridad y por sus propias dinámicas internas y creciente ineficacia parecen cada vez más vulnerables antes los desafíos y amenazas que deben afrontar.

En cuanto a su naturaleza hay que indicar que los cinco regímenes son de carácter presidencialista, autoritario y represivo, en mayor o menor grado (Djalili y Kellner, 2005). Por ello, y pese a sus pretensiones, apariencia y retórica ninguno de ellos puede ser catalogado como democrático. Kazajistán y Kirguizistán han implementado reformas y la situación general con respecto a la apertura y libertades políticas es sustancialmente mejor que en las repúblicas vecinas, pero están aún lejos de alcanzar unos mínimos estándares internacionales de calidad democrática. Los regímenes uzbeko y turkmeno son muy autoritarios y represivos ante cualquier disidencia. El régimen tayiko, por su parte, evoluciona hacia un mayor autoritarismo y monopolio presidencial del poder con respecto a la situación creada tras los acuerdos de paz de 1997 que ponían fin a la guerra civil. De esta manera, en las cinco repúblicas hay una concentración del poder en manos del presidente y una tendencia a expulsar de la vida institucional a cualquier tipo de oposición, lo que en última instancia contribuye a su radicalización o a la búsqueda de soluciones al margen de los canales institucionales. Esta situación deslegitima progresivamente a los regímenes y plantea dudas sobre su viabilidad y estabilidad a medio y largo plazo.

A esto se añade el hecho de que en las cinco repúblicas la sucesión presidencial es un tema tabú, a pesar de la necesidad acuciante de establecer mecanismos para unas sucesiones no traumáticas. Hasta el momento los cambios habidos al frente de las repúblicas sólo han sido posibles como resultado de una guerra civil en Tayikistán (septiembre de 1992 a junio de 1997), una revuelta masiva en Kirguizistán (marzo de 2005), y la muerte del presidente en Turkmenistán (diciembre de 2006). Los dos países clave en la estabilidad regional, Kazajistán y Uzbekistán, deberán afrontar este problema tarde o temprano (ambos presidentes rondan los 70 años) y en ambos casos las perspectivas de una transición suave son escasas, aunque con muy diferentes implicaciones. En el caso de Kazajistán, la rivalidad entre diversos grupos de presión e interés podría crear un escenario de gran inestabilidad institucional en ausencia del presidente, aunque probablemente limitado a un conflicto dentro de la elite política y económica del país. En el caso uzbeko, los escenarios que se barajan son mucho más abiertos y preocupantes, ya que en ausencia de una sucesión consensuada y mínimamente legítima la situación podría derivar en violenta. En este sentido, el relevo de Niyazov por Berdimmujamedov en Turkmenistán ha creado unas expectativas optimistas y ha proporcionado una base argumentativa a los que consideran que el escenario de violencia en un proceso sucesorio en Uzbekistán puede ser alarmista. No obstante, el contexto uzbeko es mucho más complejo política, económica, demográfica y socialmente por lo que la comparación con lo sucedido en Asjabad, donde el nuevo presidente ha consolidado su posición con menos dificultades de las esperadas, no es oportuna.

Desde un punto de vista conceptual el problema radica en el hecho de que para estos regímenes la “seguridad nacional” es un concepto estrecho que converge casi por completo con su propia seguridad, de tal manera, que el objetivo principal suele ser garantizar su propia permanencia. Esta concepción implica, además, un enfoque de seguridad muy tradicional y convencional centrado en el Estado, lo que tampoco resulta operativo para hacer frente eficazmente a los nuevos retos y amenazas que se ciernen sobre la región (extremismo islamista, corrupción, convergencia entre el crimen organizado y las estructuras estatales, pandemias como el SIDA y la tuberculosis, deterioro medioambiental, miseria y empobrecimiento, etc.). Así, cuando se incorporan dimensiones de una concepción de seguridad ampliada, como por ejemplo hace Kazajistán en su ley de Seguridad Nacional (1998) o en la Estrategia Kazajistán 2030 (1997), considerando necesidades políticas, económicas y sociales, se mantiene el enfoque centrado exclusivamente en el Estado, negando al mismo tiempo la existencia de “posibles contradicciones entre los intereses de los individuos, la sociedad y el Estado” (Kassenova, 2005). En el caso del régimen uzbeko se generan otras dificultades que no derivan sólo de la perspectiva de vacío de poder que ofrece ante un proceso sucesorio sino del hecho de que el propio régimen con sus excesos represivos representa una de las mayores fuentes de inseguridad para su población.

De esta manera, con los regímenes centroasiáticos se genera un dilema para los actores externos ya que con sus provisiones de seguridad contribuyen al, por otra parte necesario, reforzamiento de las capacidades estatales; pero esto al mismo tiempo refuerza a unos regímenes cuya naturaleza e ineficacia son el aspecto que genera más incertidumbre sobre la seguridad y estabilidad a medio y largo plazo.

Por otro lado, estos regímenes, más allá de sus especificidades correspondientes, presentan una estructura integrada verticalmente, en la que los presidentes gestionan la interacción entre diversos grupos de presión e interés, muchos de los ellos con algún tipo de vínculo (familiar, regional o clánico) con el propio jefe del Estado. De esta manera, la vida política está dominada por la competencia entre estos grupos, pero no en función de unos planteamientos políticos sino, normalmente con relación a intereses económicos particulares. Esto, además, supone que las dinámicas políticas más relevantes no se desarrollan en el espacio institucional público, ya que el objetivo prioritario de estos grupos es influir sobre el presidente y no tanto sobre la opinión pública. Esta preeminencia de mecanismos de gestión informales consolida el clientelismo y deteriora al mismo tiempo el funcionamiento institucional. En el caso concreto de Kazajistán, con la economía más desarrollado y en auge de Asia Central, esta forma de ejercer el poder además da síntomas de agotamiento y pone límites a la capacidad de desarrollo económico del país (Kjærnet, Satpaev y Torjesen, 2008).

Este sistema conlleva, además, un altísimo nivel de corrupción. Así, en el Índice de Percepción sobre la Corrupción elaborado por Transparency International para 2007, Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán ocupan el puesto 150, Turkmenistán el 162 y Uzbekistán el 175 de 179. El ejemplo tal vez más escandaloso de la corrupción rampante se produjo con el descubrimiento de los diarios secretos del ex presidente de Kirguizistán Akayev tras su deposición del poder en marzo de 2005, en los que se computaba el cobro de todo tipo de sobornos (Marat, 2006). Este grado de corrupción limita la eficacia del Estado y las posibilidades de desarrollo, ya que en economías que se basan fundamentalmente en la explotación y exportación de sus recursos naturales, permite que los grupos de interés antes referidos se apropien de estos recursos para su lucro particular en detrimento de las necesidades del conjunto de la sociedad.

Los dirigentes centroasiáticos toleran esta corrupción, no sólo por participar y lucrarse ellos mismos, sino también porque refuerza su posición. Es decir, la corrupción funciona también como mecanismo de control por parte de los presidentes ya que la desobediencia puede ser más fácilmente castigada. Así por ejemplo, el presidente tayiko parece que se ha rodeado intencionadamente de colaboradores que estuvieron previamente involucrados en actividades criminales (Marat, 2006).

La convergencia entre el mundo político y el crimen organizado es un fenómeno preocupante, especialmente en Tayikistán y Kirguizistán, y muy relacionado con el contrabando de opio y heroína afganas con destino a Europa. El vecino Afganistán es el origen de más del 80% del opio y la heroína mundiales. En los últimos años, Asia Central ha ganado protagonismo como vía de tránsito hacia Europa en detrimento de la ruta Afganistán-Irán-Turquía-Balcanes-Europa occidental. La ruta centroasiática resulta más apropiada para los traficantes también por la corrupción existente que permite que el contrabando se realice cada vez más a través de las vías de comunicación convencionales y no a través de remotos pasos montañosos. Para afrontar esta situación, los regímenes centroasiáticos y los actores externos han adoptado un enfoque centrado en la lucha policial e incluso militar contra este fenómeno mediante la mejora del control fronterizo. No obstante, el volumen de este contrabando crece anualmente y, por ejemplo, sólo en 2002 se calcula que entre 100 y 150 toneladas de heroína atravesaron el territorio de Kazajistán con destino a Rusia. Al mismo tiempo, se supone que las aprehensiones no superan el 10% del tráfico total (Golunov, 2007).

Este abundante flujo de narcóticos a través de Asia Central repercute también en el auge del consumo y afecta gravemente a la salud de crecientes segmentos de la juventud local. Este auge se refiere fundamentalmente al consumo de heroína por vía intravenosa que es la causa a su vez del rápido incremento de los casos de personas afectadas por el VIH. Así, la tasa media de crecimiento anual es nada menos que del 48%. El consumo de otros estupefacientes está muy poco extendido en Asia Central, incluido el de marihuana a pesar de que la región alberga algunas de las áreas de florecimiento silvestre más grandes del mundo como es el caso del conocido valle de Chu (??). Con respecto al consumo de heroína, hay que indicar que el enfoque policial antes referido ha supuesto un bajo nivel de interés por los programas de reducción de la demanda y de reducción de daños. Los programas de reducción de impacto son muy necesarios y podrían tener además un efecto muy beneficioso a corto plazo. Hay que tener en cuenta que mayoritariamente se trata de un consumo asociado a la marginalidad y a la invisibilidad social por el rechazo que produce, lo que no contribuye a mitigar sus efectos sino que los multiplica a medio plazo. Esta expansión del VIH coincide y coadyuva al proceso generalizado de deterioro socioeconómico, cuyo ejemplo más dramático es el estado de los sistemas sanitarios locales, lo que a su vez incide en su capacidad de atender a los consumidores de heroína.

El deterioro medioambiental también ejemplifica las limitaciones de los regímenes centroasiáticos para proveer seguridad. El vínculo causal entre degradación ecológica y conflictos es uno de los debates no resueltos y que genera más controversia dentro del campo de los estudios de seguridad. No obstante, parece claro que la catástrofe ecológica y sanitaria que supone la desecación del mar de Aral afecta a la seguridad de la población de las áreas circundantes y más allá. Así, los movimientos migratorios que provoca contribuyen a elevar la presión en las áreas urbanas, lo que a su vez contribuye a elevar la tensión y el malestar social. Una vez más, el enfoque adoptado por los regímenes centroasiáticos para afrontar estos desafíos genera dudas en cuanto a su idoneidad. Así, con respecto al uso del agua de los principales ríos (Amu Darya y Syr Darya) las repúblicas se han mostrado incapaces de construir un marco cooperativo y mutuamente beneficioso. Por el contrario, adoptan un enfoque estrecho y cortoplacista y no uno que busque una solución sostenible para el grave problema de la disponibilidad de recursos hídricos en la región. Así, por ejemplo, en lugar de promover una optimización de su uso, el régimen uzbeko ha llevado a cabo maniobras militares planteando un escenario de toma por la fuerza de las reservas de agua en Kirguizistán (Swanström, Cornell, y Tabyshalieva, 2005).

Las disputas por el agua en Asia Central pueden evolucionar de muy diversas maneras, pero preocupantemente el escenario planteado entre Uzbekistán y Kirguizistán es proclive a la tensión y el conflicto por cuanto el Estado aguas abajo es mucho más fuerte militarmente que el Estado que controla la cabecera del río. El enfoque adoptado no responde únicamente a la estrechez de sus planteamientos sino también a su nivel de legitimidad, por cuanto parece que el régimen uzbeko no se ve capaz de poner en marcha reformas que generen malestar entre la población a corto plazo, pero que contribuyan a mejorar la situación a medio y largo plazo y al mismo tiempo es incapaz de ofrecer alternativas para esta población. No obstante, con respecto al agua las cinco repúblicas dan muestra de escasa visión, ya que la seguridad de unos también depende de la de los demás. Así, por ejemplo, el planteamiento crecientemente extendido en Kirguizistán y Tayikistán sobre restringir el caudal de agua que fluye hacia las otras repúblicas para producir electricidad, aun siendo comprensible dada la difícil situación energética de ambas repúblicas, resulta contraproducente por cuanto podría afectar gravemente a su seguridad alimentaria al provocar una reducción de las cosechas en las repúblicas vecinas, que son a su vez los principales suministradores de alimentos en Kirguizistán y Tayikistán.

Para concluir podemos indicar que todo lo anterior contribuye al deterioro socioeconómico, al malestar de la población y a la deslegitimación de los regímenes centroasiáticos, creándose así el escenario apropiado para la expansión de grupos islamistas extremistas.

El desafío islamista y la amenaza terrorista en Asia Central

El desafío islamista y la amenaza terrorista en Asia Central es el aspecto que concita mayor atención y más controversias. No hay duda del riesgo que supone la expansión de corrientes islamistas extremistas, pero existen serias discrepancias en cuanto a su verdadera naturaleza y alcance real en Asia Central. También existen discrepancias en cuanto a si es un proceso endógeno o si, por el contrario, es importado. Al mismo tiempo hay debates encontrados sobre la idoneidad o no del enfoque aplicado para gestionar los asuntos religiosos por parte de los regímenes centroasiáticos. Debates centrados en la búsqueda de explicaciones para la radicalización de algunos segmentos de la población y su apoyo a organizaciones islamistas. Fundamentalmente se barajan tres hipótesis: por un lado, explicaciones basadas en el malestar social por el deterioro socioeconómico como galvanizador de este apoyo; por otro lado, argumentaciones basadas en el carácter autoritario de los regímenes, ya que al no permitir ningún margen de crítica fomentan la radicalización de la oposición; y por último, hay quienes consideran que el vector fundamental de la expansión del islamismo es el propio proselitismo de estos grupos. Lo que parece claro es que la combinación en Asia Central de un creciente malestar social, con regímenes autoritarios y con multitud de grupos islamistas dedicados a un activo proselitismo, configura un escenario complejo y con muchos desafíos.

Las cinco etnias epónimas centroasiáticas se adscriben oficialmente al islam suní de rito hanafí. No obstante, las diferencias entre ellas son manifiestas. Así, a grandes rasgos, se puede indicar que el grado de islamización de uzbekos y tayikos es mayor que el de turkmenos, kazajos y kirguises. En el caso de estos dos últimos, podemos hablar de una religiosidad ecléctica fruto de su islamización tardía y de la pervivencia de elementos del tengrianismo y de la cultura chamánica. Por otra parte, hay que indicar que en el proceso de islamización de Asia Central jugaron un papel destacado órdenes sufíes como la naqshabandiyya o la yasawiyya.

Los 60 años de ateísmo oficial con la URSS aun siendo una realidad deben ser matizados ya que la política soviética osciló notablemente en diferentes etapas. La época más difícil para los musulmanes fueron los años 20 y 30, con una persecución activa y decidida por parte de las autoridades soviéticas hacia la práctica religiosa. No obstante, el inicio de la guerra en 1941 supuso un cambio notable en la política soviética ya que Stalin permitió de nuevo la práctica religiosa (del cristianismo ortodoxo y del islam) en un intento por galvanizar la resistencia frente al avance alemán. En 1943 se estableció en Tashkent la Oficina Espiritual de los Musulmanes de Asia Central y Kazajistán, conocida como SADUM, para gestionar la práctica islámica. Esta institución tenía lógicamente serias limitaciones en su actuación y estaba sujeta a permanente tensión por parte de aquellos que dudaban de su legitimidad como institución religiosa en un Estado ateo.

No obstante, el SADUM fue escenario del debate entre conservadores y fundamentalistas y al mismo tiempo, el vector por el que penetraron en Asia Central nuevas corrientes del resto del mundo musulmán (Peyrouse, 2007). Los agentes de esta penetración fueron los estudiantes de teología islámica centroasiáticos que durante la época de Brezhnev fueron enviados a estudiar a países árabes como Libia, Siria, Egipto y Jordania, donde entraron en contacto con el pensamiento de los Hermanos Musulmanes y la obra de autores tan relevantes para el fundamentalismo islámico contemporáneo como Sayyid Qutb o Abul Al’a Maududi (Olcott, 2007). Por otra parte, durante el período de Brezhnev al frente de la Unión Soviética (1964-1982) hubo un relajamiento notable del control de las actividades religiosas en Asia Central y la existencia de un islam paralelo para los asuntos cotidianos al margen de la SADUM era tácitamente permitida por las autoridades. Todo ello contribuyó a la progresiva reislamización de las sociedades centroasiáticas, especialmente en Uzbekistán y Tayikistán.

Por último, la revolución islámica en Irán y la lucha de los muyahidines afganos contra el Ejército soviético provocaron el último gran debate durante la época soviética entre aquellos musulmanes más próximos al poder establecido (fundamentalmente conservadores hanafíes) y aquellos más intransigentes con la naturaleza del régimen soviético (muchos de ellos ya influidos por el pensamiento Salafista y Wahhabí). Asimismo, la presencia de muchos centroasiáticos en el Ejército soviético que penetró inicialmente en Afganistán tuvo efectos adversos a medio plazo, ya que algunos se sintieron inspirados por la lucha de los muyahidines afganos. El caso más conocido es el de Juma Namanganí (Jumaboi Jojayev), paracaidista del Ejército soviético y “musulmán renacido” durante el conflicto afgano que lideraría la insurgencia islamista uzbeka en los años 90. Moscú limitó progresivamente la presencia de centroasiáticos en el escenario afgano a la vez que lanzaba nuevas campañas para controlar la expansión del islamismo por Asia Central. Sin embargo, la apertura generada con la perestroika permitió un estrechamiento de los lazos con otros países musulmanes y con ello de su influencia, normalmente a través de subvenciones y de la distribución de literatura religiosa.

Así, desde finales de los años 80 se produjo un florecimiento de grupos islamistas con epicentro en las ciudades de Namangán y Andiján en el valle de Fergana. Entre los más destacados se puede citar a Adolat (Justicia), Baraka (Bendición), Towba (Arrepentimiento) o Islam Lashkarlari (Guerreros del islam) liderado por Tahir Yuldash (Tahir Yuldashev), futuro cabecilla del Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU). Estos grupos trataban de aprovechar el creciente vacío de poder para dominar la vida pública (patrullando las calles y los bazares) e imponer la sharia (ley islámica) como único ordenamiento legal (Olcott, 2007). De esta manera, cuando se produce el colapso de la Unión Soviética ya existían grupos islamistas con vocación de poder. Así, en diciembre de 1991, es decir, apenas conseguida la independencia, un grupo formado por miembros de distintas organizaciones y liderado por Tahir Yuldash se hizo con el control de la sede del Partido Comunista en la ciudad de Namangán y exigió la conversión de Uzbekistán en una república islámica. Al mismo tiempo, en el vecino Tayikistán el Partido del Renacimiento Islámico (PRI) liderado por Said Nuri estaba poniendo en serios apuros el régimen del reelegido Nabiyev. Por ello, cuando en la primavera de 1992 se produjo un segundo intento de toma del poder por parte de islamistas el gobierno uzbeko reaccionó de forma contundente y se inició una campaña destinada a acabar con todos estas organizaciones. La mayor parte de los activistas islamistas que no fueron arrestados, escaparon al vecino Tayikistán donde participaron en la guerra civil del lado del PRI. Posteriormente, por las presiones de Tashkent sobre Dushanbe, se vieron obligados a desplazarse a Afganistán, donde vinculados con el régimen talibán y la red al-Qaeda establecieron su base operativa en Mazar-i-Sharif. De esta manera, el MIU, con el liderazgo de Tahir Yuldash y Juma Namanganí, nació oficialmente en Afganistán.

El 16 de febrero de 1999 explotaron varias bombas en el centro de Tashkent, matando a 16 personas e hiriendo a más de un centenar. El ataque estuvo a punto de alcanzar al propio presidente Karimov, quien realizó una declaración televisada en la que acusaba a los islamistas radicales con base en Afganistán como responsables del atentado y, de hecho, Yuldosh y Namanganí fueron condenados a muerte in absentia por estos hechos. No obstante, la opacidad que caracteriza al régimen de Karimov y su uso reiterado de la tortura introdujo dudas sobre la verdadera autoría del ataque terrorista y se barajaron otras hipótesis como la propia implicación de miembros desafectos del propio régimen o disputas mafiosas relacionadas con el narcotráfico (Ro’i, 2001).

Pocos meses después, a finales de julio de 1999, se producía la primera incursión del MIU en Asia Central desde Afganistán. Entre 500 y 1.000 miembros del MIU atravesaron Tayikistán y se hicieron con el control de la localidad de Batken, en la parte del valle de Fergana en territorio de Kirguizistán. Los insurgentes permanecieron allí hasta octubre de 1999. Esta primera gran incursión del MIU puso de manifiesto la debilidad de las fuerzas de seguridad de Kirguizistán y también la habilidad de los insurgentes para aprovechar táctica y políticamente la falta de cooperación entre los tres Estados que se reparten el valle de Fergana, atacando enclaves uzbekos en territorio kirguiz, tensando la relación entre Tashkent y sus vecinos.

La vulnerabilidad de las repúblicas centroasiáticas y su incapacidad para garantizar su seguridad fronteriza quedaron de nuevo de manifiesto en agosto de 2000, cuando el MIU lanzó una nueva ofensiva desde sus bases en Afganistán. En esta ocasión, los insurgentes optaron por la incursión en grupos más pequeños (de menos de 100 miembros) y por atacar objetivos en un área mucho más amplia, dificultando así su neutralización. Para algunos analistas esta nueva táctica estaba relacionada con la propia actividad económica del grupo, ya que esta incursión con escasa lógica militar y posibilidades de éxito tendría el verdadero objetivo de crear la confusión necesaria para facilitar el tráfico de drogas a través de pasos alejados del escenario de operaciones (Baran, Starr y Cornell, 2006). No obstante, la vinculación entre grupos islamistas y el narcotráfico en Asia Central es otra cuestión que genera serias controversias. Así, mientras para los autores del análisis anterior está relación “está probada más allá de cualquier duda” para otros investigadores estos vínculos son hasta el momento más especulativos que reales (Cfr. Baran, Starr y Cornell, 2006; y Jackson, 2005). Asimismo, a la hora de analizar la racionalidad estratégica del MIU conviene tener presente la endeblez intelectual de sus propuestas que no parecen ir más allá de un ideario de muerte y destrucción, por lo que su astucia táctica no tiene porque ir acompañada de profundidad estratégica.

En cualquier caso, el MIU fue prácticamente destruido durante los primeros bombardeos estadounidenses sobre Afganistán en 2001. Una de las contrapartidas exigidas por Karimov para permitir la instalación de tropas estadounidenses en Uzbekistán con vistas al asalto de Afganistán fue precisamente que se atacaran en primer lugar las posiciones del MIU. Aparentemente, el líder militar de la organización, Juma Namanganí, falleció como consecuencia de estos bombardeos. Desde entonces el MIU opera desde las áreas tribales de Pakistán, donde al parecer el grupo se ha reconstituido alrededor de su líder Yuldash, con activistas de las cinco repúblicas y del Xinjiang-Uigur; por lo que el MIU se habría transformado en un grupo con vocación regional denominado Movimiento Islámico de Asia Central y formaría parte de la nebulosa yihadista acantonada en este área.

El espacio del MIU y otros grupos en el valle de Fergana ha sido ocupado por el Hizb ut-Tahrir (HT), organización islamista transnacional implantada en numerosos países. El HT tiene como principal objetivo el (re)establecimiento de un Califato que integre a todos los musulmanes bajo un mismo Estado. Asimismo, el HT pretende alcanzar este objetivo supuestamente por medios pacíficos (Alonso, 2005). No obstante, su ideario fundamentalista medievalizante y visión maniquea de alcance universal generan dudas sobre la sinceridad de su rechazo a la violencia. Su activo proselitismo, vocación política y estructuración en una red de células clandestinas ha supuesto que los regímenes centroasiáticos lo consideren una de las mayores amenazas a la que se enfrentan. No obstante, y dado que se trata de un movimiento clandestino, es difícil establecer su implantación real. Así, las cifras de referencias oscilan entre los 7.000 y los 60.000 miembros para algunos o entre los 10.000 y 15.000 para otros (Cfr. Baran, Starr y Cornell, 2006; y Karagiannis, 2006).

A finales de marzo de 2004 tuvieron lugar en territorio uzbeko varios atentados con bomba que se saldaron con 47 víctimas mortales y decenas de heridos. Los objetivos principales fueron de carácter gubernamental. Esta primera oleada de ataques fue reivindicada por un oscuro grupo denominado Grupo de la Yihad Islámica de Uzbekistán (IJG en sus siglas en inglés). El presidente Karimov acusó en la televisión pública al HT de instigar los atentados terroristas con sus ideas. El 30 de julio de ese mismo año se produjo una segunda oleada de ataques, esta vez en Tashkent, contra las embajadas de EEUU e Israel, así como contra la oficina del fiscal general. Más de 100 personas fueron juzgadas y condenadas por estos atentados. Durante los juicios algunos de los inculpados declararon pertenecer al IJG y al HT y haber recibido entrenamiento en Kazajistán y Pakistán a cargo de yihadistas árabes.

En mayo de 2005 se produjo la masacre de Andiján, el acontecimiento más trágico y también más controvertido que ha sacudido Uzbekistán desde su independencia. El 12 de mayo de 2005 se iniciaba en esa ciudad el juicio contra 23 empresarios y comerciantes del bazar que habían sido detenidos unos meses antes por su presunta vinculación con la Akramiya, un grupo islamista local teóricamente vinculado al HT. No obstante, otros análisis sugieren que su detención estaba motivada realmente por su propio éxito y su creciente influencia en la escena local y que carecían de vínculos islamistas (International Crisis Group, 2005). A lo largo del día se fue concentrando un nutrido grupo de personas demandando su liberación y a la mañana siguiente los acontecimientos se aceleraron. Un comando de hombres armados asaltó la prisión en la que se encontraban los 23 inculpados y los liberó junto con el resto de presos. Los insurgentes tomaron el control de la ciudad y se mezclaron con la población concentrada. En ese momento, el gobierno uzbeko tomó la decisión de emplear al ejército para recuperar el control de la ciudad. A partir de ahí existen serias discrepancias entre los diferentes relatos sobre lo sucedido.

No obstante, de lo que no hay duda es del carácter luctuoso del resultado ya que alrededor de 200 personas resultaron muertas según la cifra ofrecida por el gobierno o una cifra muy superior que pondría rondar el millar según diferentes medios de comunicación y algunas organizaciones de derechos humanos. Para estos últimos el gobierno de Karimov había cometido su crimen más vil al ordenar al ejército abrir fuego sobre una muchedumbre “pacífica y desarmada”. Esta fue la versión que tuvo repercusión mediática y que fue aceptada por los gobiernos occidentales. No obstante, esta versión omitía, en buena medida el asalto armado a la prisión de Andiján lo que claramente contradecía el carácter “espontáneo y pacífico” de lo sucedido dado que aparentemente se saldó con la muerte de varios funcionarios. Al mismo tiempo, para algunos resulta poco creíble que un grupo de individuos fuera capaz de tomar espontáneamente un edificio fortificado y bien protegido como la prisión de Andiján (Naumkin, 2006). Lo que, obviamente, no justifica en ningún caso la virulencia de la respuesta gubernamental.

El bloqueo informativo impuesto por las autoridades uzbekas, así como su negativa a permitir la investigación independiente que le demandaban los gobiernos occidentales terminaron por invisibilizar mediáticamente la aparente participación de un comando armado y su rol como iniciador en los acontecimientos. Dos meses después, en julio de 2005, se publicó un informe elaborado por Shirin Akiner, una conocida investigadora británica que ha provocado la mayor controversia conocida entre la comunidad dedicada a Asia Central. El informe de Akiner establece, entre otras cuestiones, que lo sucedido “no fue una manifestación organizada por civiles pacíficos, sino una acción realizada por un grupo de hombres armados con algún grado de entrenamiento militar”. Asimismo, se da por buena la cifra de víctimas ofrecida por el gobierno uzbeko y se critica la asunción acrítica de algunos informes y explicaciones de lo sucedido (Akiner, 2005). En la misma línea, otros autores consideran que “la incapacidad general de muchos analistas para comprender cómo operan los grupos islámicos radicales es una de las razones por las que los análisis sobre los sucesos de Andiján han sido inadecuados” (Baran, Starr y Cornell, 2006).

Por otro lado, la masacre de Andiján ha contribuido también a la fijación de la imagen de los regímenes de Asia Central como meros represores de cualquier activismo islámico, lo que es cierto sólo en parte ya que también han sido agentes clave en el proceso de reislamización social. En esto también ha destacado el presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, que buscó desde la independencia fortalecer su posición también apelando a la religión. Así, juró su nuevo cargo con el Corán y en 1992 peregrinó a La Meca. Obviamente, la promoción de un islam oficial tiene también el objetivo de desacreditar y dificultar un islam al margen del poder y capaz de suponer un desafío para su régimen. Para ello, el régimen ha creado la Dirección de los Musulmanes de Uzbekistán a semejanza de la SADUM soviética y ha creado una universidad islámica. Así, el régimen promociona un islam conservador que contribuye también a la estabilidad social y al ser autóctono le permite desacreditar las corrientes críticas como fenómenos importados (de Oriente Medio) y ajenos a la tradición local. Sin embargo, esta promoción de la reislamización contribuye también al proceso general de comunitarización de la sociedad, lo que unido al discurso etnonacionalista imperante antes referido, plantea serios desafíos para el desarrollo democrático de Uzbekistán y Asia Central en general. En cualquier caso, no hay que perder de vista que la religiosidad popular también se desarrolla autónomamente y de forma muy diversa. De hecho, el vitalismo de esta religiosidad popular lleva a algunos autores a considerar que en Asia Central coexisten tres tipos de islam: el oficial promocionado por el Estado, el fundamentalista por los grupos islamistas y el popular de carácter autónomo y ecléctico.

En cualquier caso, y como apunta Akiner, en el peor escenario posible serán los islamistas los que tengan más opciones de obtener provecho de tal contexto no tanto por su fuerza o nivel de implantación como por el hecho de que “tienen objetivos, compromiso, liderazgo y organización” (Akiner, 2005).

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Notas:

[1] Una versión previa de este documento se presentó en la reunión del 16 de junio de 2008 del Grupo de Trabajo sobre energía y seguridad en Asia Central del Real Instituto Elcano. El autor agradece los comentarios recibidos.

[2] Se trata del Tratado para la creación de confianza militar en las áreas fronterizas de 1996 y del Tratado para la reducción de fuerzas en las áreas fronterizas de 1997.