LA VOCACIÓN GLOBAL DE CHINA A TRAVÉS DE SUS PERSONALIDADES

Augusto Soto

El informe de 2009 editado por el Consejo Europeo para las Relaciones Internacionales, titulado A Power Audit of EU-China Relations, indica que Europa encuentra dificultades a la hora de comprometer (engage) políticamente a China. Esta constatación se manifiesta igualmente en barreras al acceso a altos burócratas y al proceso decisorio de Pekín necesario para que distintos proyectos chino-europeos solucionen problemas in situ.

Esta opacidad en cualquier caso contrasta con la actitud de apertura global, a su propio ritmo, seguida por la elite china. En los últimos años una activa diplomacia viajera se ha comprometido en el exterior en la firma de numerosísimos contratos y acuerdos bilaterales y multilaterales. Además, los viajes han servido al aparato exterior para afinar su estrategia. Esta actitud, iniciada en la era de Deng Xiaoping, igualmente ha inspirado a emprendedores, empresarios y a diversos conglomerados a disponer de una estrategia exterior.

De igual modo, en años recientes han surgido nuevos espacios de intercambio e influencia y se han potenciado una serie de think tanks y centros educacionales, locales e internacionales, en el gigante asiático, en los que trabajan connotados analistas y estrategas chinos. Los miembros de estos colectivos asisten a los más diversos diálogos y foros internacionales, interesados más que nunca en analizar las consecuencias de la expansión internacional del país-continente.

Además, en estas últimas tres décadas se han popularizado las reflexiones de personalidades chinas y asiáticas particularmente interesadas en el futuro de China continental y en sus relaciones exteriores. Estas reflexiones igualmente son de significado estratégico porque crean corrientes de opinión en la “aldea global”.

La actitud global de la elite

En la última década se han ampliado los espacios y el número y rango de personas que inciden en la formación de ideas para la adopción de políticas estratégicas adoptadas por el Partido y el Estado chinos. Igualmente, en este período se ha potenciado la influencia de centros decisorios de grandes empresas y célebres think tanks que colaboran con instituciones homólogas a nivel internacional.

Pekín entiende que una estrategia de desarrollo nacional está más unida que nunca a la realidad global y a la política internacional. Y esta percepción se agudiza porque incluye las oportunidades que ofrece la actual crisis financiera mundial. En ésta, muchas economías asociadas a China necesitan de su cooperación (así como a la inversa). Como se sabe, a fines de esta década las prioridades clave para Pekín incluyen identificar y asegurar fuentes y suministro de energía, encontrar mercados abiertos donde vender sus productos y buscar oportunidades de inversión para sus excedentes financieros. En 2009 sus reservas en divisas, las mayores del mundo, son vistas con un creciente interés global.

Paralelamente, las oportunidades que ve China se identifican, discuten y afinan en las más variadas ocasiones. El Foro de Davos (donde España este año estuvo infrarrepresentada) es una de ellas. Estas ocasiones son especialmente importantes para el actual liderato chino del Comité Permanente del Politburó, hecho de historias de vida que, con excepciones, en su etapa formativa apenas tuvo contacto externo.

En lo institucional la vocación exterior la recoge explícitamente una de las enmiendas de la Constitución adoptadas por la Asamblea Popular Nacional en 2004, que concede mayor protagonismo diplomático al presidente (responsabilidad que en este caso recae en Hu Jintao). Igualmente viajan las otras figuras del Comité Permanente del Politburó.

En sus giras por el exterior los líderes ejercen una colegialidad más o menos análoga a la que practican en la política nacional. Desde 2002 son nueve los miembros del actual Comité Permanente del Politburó (antes eran media docena). Las visitas las pueden encabezar, alternadamente, Hu Jintao o el primer ministro Wen Jiabao, pero también otros líderes que han incidido en importantes acuerdos. El ejemplo más reciente de este tipo en el espacio de la UE fue la ejecutiva visita hecha en junio a Madrid por el líder He Guoquiang. He catalizó una serie de contactos técnicos y políticos que desembocaron en el acuerdo firmado a inicios de septiembre de 2009 y por el que la tercera operadora china, Unicom, ingresó con una novedosa fórmula en el capital de Telefónica.

En los siguientes escalones del Partido y del Estado (particularmente en los ministerios) destacan los efectos del proceso de globalización que fueron los 14 años de negociaciones para ingresar a la OMC y concluidas en 2001. Ese proceso coadyuvó a formar a una nueva generación de técnicos y negociadores.

Como es sabido, la especialización de los líderes se centra en los ámbitos de la ingeniería, de la economía, de la administración, del derecho y de la ciencia política, campos de conocimiento de un porcentaje importante de los dos últimos Comités Permanentes del Politburó en la última década. Para entender su grado de internacionalización prácticamente da igual que de los 25 miembros del decimoséptimo Politburó actual los especializados en las ingenierías hayan bajado en su representación en comparación con los dirigentes especializados en derecho y ciencia política, más representados en el decimosexto Politburó. Al fin y al cabo, con cualquier especialidad el intercambio con el exterior que se promueve desde esa misma instancia es inevitable. De notable relevancia es la administración, campo en el que la Escuela Central del Partido tiene convenios para formar personal con un puñado de países occidentales (entre ellos con España, desde 2006).

En sus contactos internacionales destacan las redes que mantiene el personal de las industrias estratégicas, como las del sector energético. En primer lugar se sitúa la acción de la elite ingeniera del Ministerio del Petróleo, que por tradición tiene peso político. Esa importancia se remonta a cuando este colectivo abogó por la apertura al mundo antes que la expresase oficialmente Deng Xiaoping en 1978. Entonces expusieron el simple argumento de que proponerse una economía en expansión moderna requería de una tecnología puntera que sólo tenía EE UU y que urgía obtener.

En general, la influencia del lobby petrolero, que actualmente incluye a las empresas gigantes como Sinopec y CNOOC, se fortaleció nuevamente después de que China se transformase en claro importador de petróleo a inicios de la década pasada. Son estrategas que trabajan con el “síndrome de la escasez” y con la directriz de la no dependencia externa, claves en la conciencia política de los dirigentes. Por tanto, cuentan con especial margen para ser escuchados.

Ciertamente, fuera del Estado y del Partido, aunque no muy distantes de ellos si logran un extraordinario éxito, China cuenta con emprendedores cuya elite está por definición compuesta por grandes estrategas. Aquí se sitúan las máximas personalidades del mundo digital y del software, como Pony Ma, fundador de la compañía Tencent, que desde hace un lustro ha operado como el mayor buscador y proveedor de servicios de entretenimiento y mensajería, revolucionando las posibilidades de Internet en China. Y por esta misma razón aún con un margen de expansión exterior.

Instituciones, estrategas y especialistas

En la vocación global de China cuentan los análisis de este proceso. Y quienes ejercen esta reflexión se han transformado a su vez en una generación internacionalizada. Un espacio de recepción de análisis con resonancia política es la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Como es sabido, no se trata de un think tank, pero en los últimos años han dado allí su opinión reconocidos profesionales cosmopolitas, varios de ellos profesores y conferenciantes internacionales. El gremio de los profesores es importante por la clásica relación maestro-alumno y por la sólida red de vínculos que genera.

Una instancia relevante es el Instituto Chino de Estudios Internacionales (CIIS), un think tank gubernamental clave. Entre sus miembros se da una interesante síntesis entre política, diplomacia y academia y la renovada aspiración china por influir en el exterior. Destaca su presidente, Ma Zhengang, quien es justamente miembro del Décimo Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y co-presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Partido Comunista. Desde hace años, Ma dicta cursos y participa en foros internacionales. Entre sus participaciones más recientes en los últimos tres años sobresalen el Trialogue21 (enfocado a las relaciones entre China, Europa y EEUU) y el Seminario Global de Salzburgo (en el que participará en diciembre de este año). En España, Ma ha participado en foros organizados por la Fundación Botín, en 2006, y por OPEX en Pekín, en 2007.

En otro flanco y con una larga tradición, la Academia China de Ciencias Sociales y la Universidad de Pekín generan estudios y diagnósticos de la situación del país en las más variadas especialidades. Entre los actores que particularmente tiene la Academia destacan las figuras “puente”. Esto es, personalidades polifacéticas en la investigación y en la administración y que viajan a menudo. Una figura es la del ex subdirector para América Latina y hoy para Europa, Jiang Shixue. Jiang ha tejido una relevante red de contactos con América Latina, con España (entre otros centros, con el Real Instituto Elcano) y con los principales think tanks latinoamericanos y norteamericanos dedicados a Iberoamérica.

Igualmente se capta el pulso de la economía, de las estrategias económicas, de los proyectos empresariales (e incluso de los geoestratégicos) en el espacio de formación y debate que es la Escuela de Negocios China-Europa (CEIBS) en Shanghai. La CEIBS, pese a contar con una decisiva iniciativa y capitales europeos, con los años ha entrado en aquel fructífero sincretismo que ha dado como resultado que se la pueda considerar de ambos mundos. Destacan los foros organizados allí y en otras ciudades. El más reciente fue el Octavo Foro China Europa celebrado en Tianjín en abril de este año y con la asistencia de altos cargos chinos y de personalidades europeas.

Personalidades “puente” en la CEIBS han sido Liu Ji, presidente honorario de la institución, autor de la famosa teoría de “las tres representaciones” y cercano al ex líder Jiang Zemin. En Liu destacan sus juicios sobre el Estado de bienestar. Esa preocupación le hace una personalidad que ayuda a entender mejor la imperfecta separación, hecha por algunos observadores, entre la “coalición populista” y la “coalición elitista” en la elite del Partido y de la que tanto se ha hablado en la primera mitad de la administración de Hu Jintao. También en los últimos años ha aportado con su reflexión en la CEIBS el profesor Feng Shaolei, decano de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Área de la Universidad Normal del Este de China, asesor de la ciudad de Shanghai, y cuyos intereses de estudio, además de Eurasia, incluyen la histórica transición de regímenes políticos en la Europa meridional.

El perfil de las personalidades estratégicas

Luego hay otro nivel. Es el de la reflexión influyente de los intelectuales chinos y asiáticos del ámbito cultural chino. Aprecian que les concierne el presente y el futuro del país-continente. Con su quehacer contribuyen a retroalimentar la vocación global de China.

Uno de ellos es Zhang Wei-Wei, ex intérprete de Deng Xiaoping y de otros líderes, investigador del Centro para Estudios Asiáticos en Ginebra y profesor visitante en las universidades de Fudan, en Shanghai, y en la Universidad Tsinghua, en Pekín, alma mater de Hu Jintao. Zhang ha visitado más de 100 países en distintos proyectos y es especialista en relaciones Beijing-Taipei, lo que lo convierte en un consultor particularmente posicionado.

Con un perfil con similitudes y diferencias también destaca, entre varios otros, Minxin Pei, director del Programa de China del Carnegie Endowment for International Peace, institución con sede central en Washington y con oficinas en Pekín. Ciertamente Pei tiene el privilegio de estar en el centro del análisis de las relaciones chino-norteamericanas y de la interacción entre personajes estratégicos. Pero tanto o más importante aún, Pei destaca por su versión hipercrítica del estado de cosas en China. Aunque es leído en Zhongnanhai, sus más ácidas apreciaciones no trascienden en sus entrevistas oficiales en China, como por ejemplo se puede apreciar en sus declaraciones recogidas por la agencia oficial Xinhua. Pei tiene relación con instituciones dedicadas al estudio de China en Barcelona.

Igualmente, en EEUU destaca la figura del pensador neoconfuciano Tu Weiming, nacido en Kunming. Su perfil se acerca más a la figura de un pensador de la China de ultramar que a la del perfil del emigrado a Oriente u Occidente. Tu es profesor en Harvard y ha sido uno de los ocho intelectuales invitados por el gobierno de Singapur para desarrollar el currículo escolar de ética confuciana. Es importante considerar además el renacimiento oficial en China de la figura de Confucio (recuérdese también el impulso que Pekín ha dado a la apertura de los Centros Confucio en los cinco continentes en esta década). Tu también fue nombrado en 2001 por Naciones Unidas como miembro del Grupo de Personas Eminentes para facilitar el Diálogo de Civilizaciones, foro del cual España ha sido co-impulsor. Por tanto, se le puede entender como un pensador de carácter estratégico de acuerdo a los parámetros de la agenda internacional del período post 11-S.

En ultramar también destacan los dirigentes ilustrados del mundo cultural de origen chino. El más relevante ha sido el ex primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, célebre por vincular con China a políticos, empresarios e intelectuales singapurenses y asiáticos. También lo es por divulgar el prestigio de China utilizando el argumento explicativo de los “valores asiáticos” en la primera mitad de la década de los años 90. En verdad, Lee puede ser considerado como precursor cercano del concepto de “ascenso pacífico”, acuñado por Zheng Bijian en Pekín (luego denominado “desarrollo pacífico”).

Relacionado con Lee se sitúan otros intelectuales de ultramar. Aquí encaja el también servidor público singapurense, Kishore Mahbubani, ex ministro de Exteriores y decano y catedrático de Práctica Política en la Escuela Lee Kuan Yew de Política de la Universidad Nacional de Singapur. Es autor del controvertido libro, El nuevo hemisferio asiático: el irresistible traspaso del poder mundial a Oriente. En Mahbubani interesa su cercanía al campo cultural chino (aunque descienda de indios), y por los lazos políticos con China, que él ha contribuido a reforzar en los últimos años tras tres décadas como diplomático. Por supuesto, interesa su reflexión sobre China. Mahbubani participa en una serie de foros internacionales que en Occidente incluyen, entre otros, al Foro de Davos y la Conferencia de Seguridad Anual de Munich. Mahbubani se refiere a menudo a un Occidente “que sólo se escucha a sí mismo”.

Otro plano es el de las personalidades externas a China continental, pero cuya reflexión e influencia se refiere en gran medida a ella. Son los investigadores y estrategas taiwaneses que perciben que el poder de la economía china “arrastra” en el medio plazo a todos los demás aspectos de su vida nacional. Por tanto, inevitablemente, al reflexionar sobre la isla están previendo escenarios futuros, y por ello, al fin y al cabo, cabe prever que intentan pensar como pensarían sus contrapartes de China continental. Interesante es que en parte de ese proceso reflexivo también intervienen sus contrapartes del continente. Un nexo de relación se da entre el Consejo Chino de Estudios de Política Avanzada, presidido por Andrew N.D. Yang, en Taipei, la Academia China de Ciencias Sociales y otros principales centros y think tanks del continente.

Conclusiones

Como recuerda Mahbubani, una estrategia para China debiera ser patrimonio de todos los países con una estrategia global. En el caso particular de España, desde 2005 el vínculo con China se califica por ambas partes como “asociación estratégica integral”.

Pero excepto en los destinos individuales de un número impreciso, creciente, pero aún limitado de personas (tanto a nivel oficial como de la sociedad civil), en el caso español queda todavía mucho margen antes de que se pueda hablar de una generación de estrechos y estables contactos con una parte de la amplia elite que juega un gran papel en cada nuevo ciclo político, social o cultural. Generalmente, por parte española, muchos vínculos que han sido estrechos los desdibuja el tiempo por cambios de destino, misión, mercado o especialidad.

Tan importante como esos vínculos importa interactuar cada vez que es posible con los líderes chinos en las más altas instancias internacionales (como en Davos, en el G-20), y de manera sostenida con los analistas y pensadores chinos en el exterior y con sus congéneres de ultramar. Muchas veces, las apreciaciones sobre estrategias que está adoptando Pekín pueden aclararse aún más en estos diálogos. Además, conviene recordar que los espacios informales cuentan tanto como los formales.

A medio camino entre la formalidad y la informalidad, por otra parte, parece razonable aprovechar los aspectos más dinámicos que ofrece la Expo de Shanghai 2010. Por un lado, con la Expo se arriesga la miniaturización de la imagen al coincidirse en la “cacofonía” que supone que cada país promueva lo propio junto a otros a la vez. Así, tan efectivo como proyectar imagen, productos y credibilidad es utilizar la ocasión para actualizar redes de contacto y generar otras.

Siempre pensando en el largo plazo, procede interiorizarse de los proyectos actuales y de futuro que tengan en mente los emprendedores chinos, actualizar el conocimiento de las figuras emergentes en áreas estratégicas. Y éstas también incluyen los campos de la cultura y de las comunicaciones debido al más reciente énfasis que Pekín ha decidido dar a su soft power.

La República Popular China llega a su 60 aniversario viviendo su momento más complejo desde su fundación. Esto significa recordar que el país es más pragmático, más ecléctico y más global que nunca.

LAS PERIFERIAS DE ASIA MERIDIONAL: FRONTERAS DE INSEGURIDAD

Antía Mato

Desde la frontera afgano-paquistaní en la parte occidental hasta la indo-birmana y bengalo-birmana oriental, cada una de las líneas divisorias que separa a los Estados en el sur de Asia representa una fuente de conflicto, ya sea plasmado en una disputa entre Estados, ya mediante las dinámicas transfronterizas que involucran a actores subestatales con distintos intereses y agendas en juego. La magnitud de los contenciosos varía en importancia, siendo en la actualidad el avispero afgano-paquistaní el que está desgarrando la zona. Además, al examinar detenidamente el microcosmos fronterizo de toda Asia meridional, trasciende un panorama donde hay una gran actividad ilícita y también subversiva con respecto a los gobiernos centrales de estos países. Sin embargo, huelga decir también que es en estos territorios de indefinición donde las estrategias estatales adoptan sus formas más coercitivas, en especial en lo que se refiere a luchas políticas disidentes para definir criterios de inclusión y exclusión en el Estado nación.

Las disputas fronterizas y las periferias conflictivas

Casi todos los países de Asia meridional mantienen entre ellos disputas de diverso origen; unas son de herencia colonial, como la frontera de la línea Durand que separa Afganistán de Pakistán, mientras que otras surgieron a consecuencia de la partición del subcontinente y del marco regional posterior (como las disputas marítimas). Del mismo modo, existen una serie de conflictos autonomistas o secesionistas en varios de los Estados de la región. El significativo número de contenciosos territoriales que permanecen abiertos desde hace décadas (a los que puede sumarse la disputa fronteriza sino-india) indica que ha habido escasos esfuerzos y voluntad para abordarlos y acercar posiciones. El énfasis en por dónde trazar la línea fronteriza, y demarcarla sobre el terreno, prevalece sin prestar gran consideración a las comunidades locales afectadas, que no sólo quedan divididas sino también, en muchos casos, marginadas y desposeídas de los derechos más básicos. Quizá el ejemplo más evidente en la región sean los habitantes de los más de 200 enclaves existentes en el área fronteriza entre la India y Bangladesh, que siguen aislados en cada uno de estos países, pero de igual modo puede aplicarse a las familias divididas por el conflicto de Cachemira. En esa lógica, el juego de poder entre los Estados se manifiesta de manera evidente, al igual que la centralidad y la proyección regional de la India, que posee más margen de negociación y respaldo político que sus vecinos.

La realidad hace ver que en Asia meridional existe una escasa cultura de negociación, que no sólo se aprecia en los contenciosos bilaterales abiertos, sino también en la actitud con que se tratan las tendencias centrífugas o disidentes que amenazan a la unidad nacional. El último episodio de tal tendencia ha sido la gran ofensiva militar con la que el gobierno cingalés ha acabado con la insurgencia tamil, pero igualmente se puede señalar la actual actividad militar del gobierno indio en algunos Estados del norte y centro del país para contrarrestar la influencia de los grupos maoístas. Es evidente que las tácticas de violencia de esas organizaciones son totalmente injustificables, pero su misma existencia y su supervivencia en el tiempo son la expresión de formas de marginación política y económica que han sido ignoradas por los gobiernos centrales, cuando no indirectamente fomentadas por éstos.

Por otro lado, durante los procesos de negociación en curso se aprecia una notable falta de voluntad política para aplicar los acuerdos, proveer de infraestructuras y llevar adelante otras medidas con miras a mejorar las condiciones de unas zonas, generalmente muy empobrecidas a causa de la violencia. Los acuerdos del gobierno indio con varios grupos insurgentes del noreste del país sólo han tenido un éxito muy limitado, mientras que los acuerdos de paz del gobierno bengalí de 1997 con los grupos indígenas del área de Chittagong Hill Tracts, si bien han propiciado cierta normalización política en esta región, no han resuelto los derechos de la propiedad de las tierras de la población local, entre otros asuntos.

Tales escenarios ponen de manifiesto las dificultades que tienen los países de Asia del Sur para acomodar las actitudes de disensión frente a una identidad nacional dominante todavía en fase de definición o de elaboración. Esto es así porque la experiencia colonial, y la particional (en el caso de la India, Pakistán y Bangladesh), todavía se percibe como reciente y sigue estando en el centro del debate político bajo las formas más insospechadas. El nacionalismo paquistaní posee un importante elemento de “antiindianidad” y el bangladeshí es esencialmente antipaquistaní (pero también sospecha de la India), mientras que en Bután y en Sri Lanka el discurso de inclusión y exclusión se halla fundamentalmente dentro de las fronteras del Estado (en base a la adhesión a una etnia dominante o grupo lingüístico y religioso). Incluso en un país que clama ser secular o laico como es la India, ciertas formas de disensión política siguen siendo controvertidas, como se ha podido ver recientemente con el caso del ex ministro de Asuntos Exteriores y miembro del Partido Popular de la India (más conocido como Bharatiya Janata Party o BJP). A la expulsión del partido tras la publicación de una obra sobre la partición en la que daba un juicio positivo sobre M.A. Jinnah (el fundador de Pakistán) se le sumaron las duras críticas de otras formaciones políticas consideradas más plurales y tolerantes, como fue el propio Partido del Congreso. Esos ejemplos, aunque circunscritos al ámbito político, tienen su traslación a la práctica del plano negociador con posiciones poco constructivas acerca del actual escenario cambiante.

La porosidad de las fronteras

Frente a las disputas irresueltas, el otro gran problema lo plantea la gran porosidad de las fronteras ya existentes, donde a pesar de la densa militarización y control sobre la población local, se llevan a cabo actividades ilícitas con diverso impacto para estos Estados. Así, por ejemplo, la frontera entre Bangladesh y la India soporta un importante flujo de movimientos ilícitos, no sólo por razones económicas sino también con fines delictivos (como es el tráfico de seres humanos) y de lucha política armada (el movimiento separatista de Assam). De éstos, es quizá el tráfico de seres humanos el que posee una mayor dimensión regional y hasta mundial, pues niños y mujeres, principalmente, son objeto de tráfico con fines de prostitución y explotación laboral hacia otros países vecinos y regiones próximas, como es el caso del Golfo. La frontera indo-bangladeshí representa tan sólo un punto de origen en la zona, al que se unen otros como Nepal y la propia India, siendo la frontera indo-paquistaní por donde se realiza el tránsito hacia los posibles destinos.

Además, mientras que los gobiernos se enfrentan continuamente respecto de asuntos transfronterizos que afectan a las actividades de grupos separatistas y extremistas, se aprecia una cierta pasividad a la hora de combatir a las mafias que comercian con seres humanos y el crimen organizado que conlleva ese tráfico. Para atajar estas mafias, la legislación interna en estos países sigue siendo débil y no se suele aplicar y, cuando lo hace, resulta incluso claramente disfuncional. Por otro lado, pese a los escasos acuerdos multilaterales existentes para combatir esos delitos, circunscritos generalmente al ámbito regional de la ACRAM (el Acuerdo de Cooperación Regional en Asia Meridional, más conocido por sus siglas inglesas SAARC), no se adoptan medidas concretas para su desarrollo y aplicación.

En referencia a la frontera indo-bangladeshí, los respectivos gobiernos de Nueva Delhi y Dacca han acercado posturas en algunos asuntos –recientemente el gobierno de Dacca accedió a la extradición de dos miembros de la Frente Unido de Liberación de Assam–, pero el mayor obstáculo sigue siendo la falta de comprensión del problema como un fenómeno transnacional y no como algo que emana de la parte vecina. La India y Bangladesh siguen sin tener un tratado bilateral que permita combatir asuntos como el tráfico de seres humanos y, además, el problema de la inmigración bengalí en la India suscita constantes desacuerdos entre ambos. En el caso de la frontera indo-paquistaní, casi siempre referida en el plano bilateral en relación al problema del terrorismo y del separatismo cachemir, la colaboración parece casi inexistente. Tan sólo se han establecido algunas medidas de cooperación policial y diplomática como resultado del proceso de diálogo bilateral, fundamentalmente para asuntos de información en determinados delitos y la situación de prisioneros en el país vecino. Éstas han servido para aliviar en parte situaciones anacrónicas, como el caso de los humildes pescadores capturados por ambos países debido a la disputa fronteriza marítima, que suelen pasar largos períodos en las prisiones del país contrario antes de ser liberados.

El actual panorama demuestra que es la ausencia de una perspectiva regional por parte de las principales elites dominantes en esos países la que determina este escenario inseguro e inestable. A esa ausencia se suma la falta de una adecuada política de vertebración territorial inclusiva, sobre todo en las periferias del Estado. Un claro ejemplo son la India y Pakistán, que poseen una actitud casi siempre represiva y poco dialogante a la hora de abordar los movimientos disidentes en sus respectivas periferias territoriales, como puede verse en los casos del tratamiento del nacionalismo beluchi (en Pakistán), cachemir (en los dos países), asamés (en la India) o incluso la rebelión naxalita, entre otros. La teoría de la conspiración, que afirma que detrás de estos movimientos está la mano de los servicios secretos del país vecino enemigo, suele prevalecer sobre el reconocimiento de que existe un problema dentro del territorio nacional y, por ello, las operaciones militares van dirigidas a atajar toda disidencia que sea considerada antinacional. Sin embargo, aun cuando esa participación externa es evidente, como con el apoyo de Pakistán a los muyahidines cachemires, ésta no resulta suficiente para deslegitimar la existencia de un conflicto político en el país (en este caso concreto en la India) que necesita una solución.

En ese sentido, no conviene olvidar la situación de la centralidad de la India, que comparte fronteras terrestres y marítimas con casi todos los Estados de la región, a excepción de Afganistán. La India puede convertirse en el principal motor de vertebración de esta área, tanto por razones territorial-geográficas, que afectan a las infraestructuras y comunicaciones, como por su mayor capacidad y estabilidad económica frente a la de sus vecinos. Aun así, la realidad también hace ver que este gigante, y concretamente sus periferias, constituyen un factor de inestabilidad de primer orden en Asia del Sur que pone en graves dificultades a los Estados vecinos, en particular a los más pequeños y vulnerables. En diversas ocasiones, las conexiones transfronterizas de determinados grupos (como los naxalitas o maoístas, otros grupos de liberación nacional y también formaciones islamistas) han perjudicado las relaciones entre Nueva Delhi y los gobiernos de Dacca y Katmandú, de tal manera que ha habido una gran presión sobre estos últimos. Generalmente, cuando tal presión ocurre, esos pequeños Estados vecinos suelen reaccionar apelando a un sentido de unidad nacional frente a lo que se considera como la hegemonía e injerencia indias, es decir, con un claro tono antiindio. Como resultado, las trifulcas basadas en el juego de la dialéctica política no contribuyen a resolver el problema planteado.

La actividad transfronteriza violenta y la política exterior

Para entender adecuadamente la conflictividad existente en las zonas fronterizas de Asia meridional, conviene no olvidar el papel que tienen los gobiernos como potenciales facilitadores, cuando no instigadores, de la misma. Quizá en ningún otro lugar se aprecia mejor que en Pakistán el uso de las fronteras permeables para la exportación del conflicto y la violencia como un arma de política exterior. No obstante, aunque a menor escala, todo parece sugerir que otros Estados de Asia del Sur también se han involucrado en actividades similares, particularmente mediante el uso de medidas de contrainsurgencia y la manipulación de determinadas minorías étnicas contra otros grupos en regiones afectadas por este tipo de violencia.

En el caso paquistaní, la actual batalla que se libra en la frontera afgana no sólo es heredera de un juego de alianzas resultado del orden derivado de la Guerra Fría (hacer frente a la invasión soviética de Afganistán) sino que también obedece a la política de este país dirigida a instrumentalizar el factor religioso. Con el adoctrinamiento de la etnia pastún al otro lado de la frontera (que a su vez es mayoritaria en Afganistán), se pretendió infligir divisiones en el nacionalismo pastún y concretamente en el sentimiento panpastún de la demanda de un Estado independiente. El objetivo era que el movimiento pastún paquistaní (generalmente laico) se sintiese así poco atraído por sus hermanos al otro lado de la frontera. No obstante, esta estrategia también hay que enmarcarla como una respuesta a los intentos de anteriores gobiernos afganos de movilizar a los pastunes de la zona paquistaní.

Del mismo modo, Pakistán, o más concretamente los sectores de la cúpula militar y ciertas elites burocráticas, han seguido una política parecida de propiciar una revuelta en la Cachemira india desde mediados de los años 60 del siglo pasado, si bien sin resultados concretos hasta varias décadas después, cuando los cachemires del valle cogieron las armas y se organizaron contra el gobierno indio. Tal actividad, además del nivel de violencia que ha conllevado, ha provocado una degeneración de este conflicto, debido a la autonomía y multiplicidad de los grupos que operan y a la ausencia de un control sobre los mismos. En último término, esto ha afectado de manera significativa a las reclamaciones que Pakistán hace sobre este contencioso e incluso ha revertido negativamente en su seguridad interna.

El fomento de la violencia y otros problemas sociales en áreas vecinas como instrumento de la política exterior no es exclusivo de un solo Estado en la región. Su práctica frecuente responde a la persistencia de una profunda rivalidad entre países y a un gran sentido de vulnerabilidad por parte de los Estados más pequeños que impide un clima mínimo de confianza ante eventuales procesos de acercamiento y de negociación. A pesar de que se aprecia una voluntad para el diálogo, no hay un consenso ni posturas compartidas sobre cómo abordar problemas concretos, y suele predominar un juego en el que los Estados miden su poder e influencia mediante la retórica política, en vez de alcanzar acuerdos. Y es que, en el fondo, la visión de los conflictos que enfrentan a los países del subcontinente indio sigue estando muy determinada por una lógica estatal, que desatiende la dimensión regional y el carácter transnacional de estos problemas y, por ello, la búsqueda de soluciones a través del compromiso.

Conclusiones

Un examen de las áreas fronterizas de los Estados de Asia meridional ofrece un panorama de gran conflictividad e ilegalidad que posee importantes consecuencias para la seguridad mundial (no sólo militar sino también –y especialmente– humana). El ejemplo más claro de este caos los constituye la existencia de numerosas disputas en las periferias de estos Estados, así como los contenciosos entre varios países todavía no resueltos. Sin embargo, otras actividades que atraen menor atención internacional, como el tráfico de seres humanos u otras actividades ilícitas, comportan una realidad igualmente preocupante.

Para entender buena parte del presente escenario conviene remitirse al contexto histórico de estos países y concretamente al poscolonial, que superpuso fronteras territoriales sobre otro tipo de afinidades previas entre comunidades, pero también a la experiencia de la construcción de una identidad nacional en estos países poco acomodaticia o inclusiva, sobre todo con las minorías de la periferia. Esa realidad sigue prevaleciendo actualmente en Asia del Sur, donde todavía no se ha asentado una cultura de negociación, tanto intraestatal como interestatal, que permita abordar los principales problemas que diezman esta región.

DESAFÍOS ANTE LA GESTIÓN DE LAS PROFUNDAS CRISIS EN YEMEN

Abdullah Al-faqih

Todo hacía presagiar que la primera década del nuevo milenio sería la mejor para Yemen en los tiempos modernos. Al inicio de la década, el presidente Ali Abdullah Saleh, que accedió al poder en Yemen del Norte en 1978, había sobrevivido a la unificación de los dos Yémenes, eliminado a sus detractores socialistas del sur en la breve guerra civil de 1994 y resuelto los conflictos fronterizos del país con Omán, Eritrea y Arabia Saudí. Asimismo, había centralizado el poder en sus propias manos y en las de sus leales vástagos, hermanos, sobrinos y familia política, debilitando a todas aquellas personas que pudieran hacerle sombra, entre las que se encontraban posibles competidores de su familia, clan, tribu, partidos gobernantes y de la oposición, el país en su conjunto e incluso políticos yemeníes en el exilio. Saleh debió de pensar, mientras preparaba a su hijo, el coronel Ahmed, para sucederle en el cargo, que ponía así fin a un capítulo de la historia yemení.

Sin embargo, a mediados de la década, los grandes logros de Saleh empezaron a tambalearse. Durante el verano de 2004 estalló una contienda que permanece abierta a fecha de hoy en la región de Saada, en la zona norte del país, con acusaciones cruzadas entre el gobierno de Saná y un grupo chií conocido como los houthis, a quienes acusa de tratar de reinstaurar el imanato que dominó la historia yemení durante más de un milenio hasta el derrocamiento definitivo del régimen en 1962. En 2005 la dividida oposición yemení, que el propio Saleh había contribuido a debilitar, sorprendió al mandatario al adoptar una agenda de reforma conjunta de gran alcance, entre cuyos puntos destacaba el deseo de crear un gobierno parlamentario semejante al de la India, el Reino Unido y muchos otros países genuinamente democráticos. A finales del verano de 2006, la oposición hizo frente común presentando un único candidato para plantar cara a Saleh durante las que fueron las primeras elecciones presidenciales razonablemente competitivas de la historia del país.

A mediados de 2007, el resentimiento popular contra el gobierno de Saleh alcanzó su máxima expresión entre la población de las provincias del sur, territorio conocido antiguamente como Yemen del Sur, cuando miles de personas tomaron las calles a diario como símbolo de protesta. La situación se complicó de forma significativa cuando los elevados precios del petróleo de los que dependía el régimen de Saleh para satisfacer las necesidades del país en materia de divisas duras se desplomaron a finales de 2008, privando al país de casi el 65% de sus ingresos en divisas extranjeras. Mientras Saleh se mantenía ocupado combatiendo a los insurgentes del norte y tratando de acallar el profundo descontento popular del sur, miembros de las facciones saudí y yemení de al-Qaeda se agrupaban en una rama conocida ya como al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA).

Saleh, que celebró sus 31 años en el poder el pasado mes de julio, cita con frecuencia un viejo proverbio yemení al dirigirse a periodistas y visitantes: “gobernar Yemen es como bailar sobre cabezas de serpientes”. Es probable que Saleh se remita a esta imagen para sugerir que gobernar el país no es tarea sencilla y que él es el único bailarín capaz de bailar sin recibir la fatal mordedura. Pero la convergencia de los imponentes desafíos a los que se enfrenta Yemen –un guerra en el norte, un movimiento secesionista en el sur, AQPA y la crisis económica– ciernen una oscura sombra de duda no sólo sobre la capacidad del bailarín para ejecutar su baile, sino también sobre la estabilidad del escenario sobre el que actúa.

La guerra del norte

Durante gran parte de la historia yemení en la era islámica, fueron los hachemíes, que representan en torno al 12% de la población actual, que asciende a 24 millones de habitantes, quienes ostentaron el poder político, económico y social. Los hachemíes, que dicen ser descendientes del profeta Mahoma a través de los hijos de su hija Fátima, gobernaron Yemen de forma intermitente durante alrededor de 11 siglos. Legitimaron su reinado explotando dos mecanismos: (1) las enseñanzas del zaidismo, una rama muy moderada del islam chií que sigue aproximadamente el 25% de la población yemení; y (2) una estructura social esmeradamente definida y preservada en la que los roles políticos, económicos y sociales vienen determinados por linaje.

En septiembre de 1962, el régimen teocrático de los hachemíes en Yemen del Norte se vio bruscamente interrumpido cuando un grupo de militares respaldados por Gamal Abdel Naser de Egipto tomaron el palacio del imam y declararon la República. Dicho acontecimiento marcó el inicio de una guerra civil que se prolongaría durante seis años entre los republicanos respaldados por Naser y los monárquicos apoyados por los saudíes. Vista la manifiesta incapacidad de los monárquicos para capturar el capital, ambos frentes terminaron acordando un reparto del poder que conservaba el régimen republicano pero decantaba el poder hacia una alianza entre jeques y militares zaidíes procedentes de dos tribus zaidíes altamente influyentes del norte: los Hashid y los Bakeel. No obstante, quedaba una cuestión por resolver en el nuevo régimen: la legitimidad religiosa. De acuerdo con la Constitución y las leyes yemeníes, todo yemení puede ser un gobernante legítimo, cláusula que entra en conflicto con las doctrinas zaidíes, que establecen que sólo un hachemí varón que reúna ciertas condiciones tiene legitimidad para convertirse en imam.

Para los hachemíes y los miembros tribales que compartieron el poder durante el período republicano, el debate en torno a la legitimidad del imam estaba llamado a convertirse en un factor divisorio. Así, los sucesivos presidentes republicanos, originarios de importantes tribus fuertemente armadas del norte, se esforzaron repetidamente por minar la fe zaidí para evitar un posible retorno de los hachemíes. Por su parte, los hachemíes de la secta zaidí desafiaron los intentos realizados por la corriente dominante sunní para absorberlos en su secta. Con todo, las partes del conflicto lograron mantener sus diferencias dentro de límites bien definidos. El conflicto político entre ambos grupos sólo cambió tras la unificación del país. Por un lado, la recién fundada República de Yemen implantó un sistema político relativamente abierto que permitió a los ciudadanos ejercer algunos derechos políticos y civiles, como constituir partidos políticos, fundar y ostentar la titularidad de periódicos y ejercer la libertad de expresión. Por otro lado, los hachemíes zaidíes del norte de Yemen trataron de aprovecharse de las últimas reformas aliándose con los socialistas del sur, entre los que se encontraban hachemíes sunníes secularizados.

La reacción del presidente Saleh, que temía el impacto de las afinidades raciales, no fue otra que apoyar la creación y expansión de la Congregación Yemení para la Reforma –conocida por su expresión abreviada en árabe, Islah (reforma)– como partido sunní de orientación islámica integrado por los Hermanos Musulmanes yemeníes y otros grupos zaidíes y sunníes cercanos al régimen. Todo apunta a que Saleh buscaba un equilibrio entre los socialistas del sur y los islamistas del norte, al tiempo que reducía las probabilidades de que se produjera un retorno de los hachemíes del norte. Asimismo, Saleh se aseguró de dividir a los hachemíes en varios partidos políticos, evitando así que crearan una fuerza política unificada.

En el verano de 1994, Saleh, con el apoyo de la recién fundada Congregación Islah, se impuso sobre sus rivales socialistas del sur en una breve guerra civil que se prolongó durante aproximadamente setenta días. Tras la guerra, Saleh alejó paulatinamente sus alianzas políticas de la Islah sunní para codearse con un grupo zaidí denominado Los Jóvenes Creyentes, que se presentaba como un colectivo renacentista (revivalist) perteneciente a la secta zaidí. Entre las muchas razones que explican este cambio de rumbo destacan la preocupación de Saleh por el creciente poder e influencia de la Congregación Islah –que se consideraba respaldada por los saudíes– y su deseo de recuperar viejas políticas para acallar el zaidismo, en este caso fomentando nuevas políticas destinadas a legitimar su régimen. Hay que tener en cuenta también que Saleh estaba sometido a importantes presiones para resolver el conflicto fronterizo con los saudíes, y es posible que al apoyar a Los Jóvenes Creyentes –concentrados precisamente en las áreas fronterizas– tratara de contrarrestar la influencia saudí y no sólo las fuerzas políticas prosaudíes. Saleh apoyó a Los Jóvenes Creyentes permitiéndoles crear escuelas religiosas en las que inculcar el zaidismo y recibir ayudas de Irán. Además, se encargó de que el gobierno les imprimiera libros de texto y les otorgó una modesta asignación mensual, cuyo importe exacto siempre ha sido objeto de debate.

No se sabe con claridad cómo se produjo el giro en la relación entre Los Jóvenes Creyentes y Saleh durante los 10 años que separan la alianza de la rivalidad. Lo que resulta evidente es que durante dicho período Yemen fue testigo de multitud de cambios internos y externos que afectaron no sólo al régimen de Saleh sino también al grupo “renacentista” (revivalist) zaidí. A nivel interno, todo apunta a que las preocupaciones de Saleh por garantizar su supervivencia política y conservar el poder en el seno de su familia terminaron chocando con la creciente influencia e independencia de Los Jóvenes Creyentes. A nivel externo, Saleh consiguió zanjar los conflictos fronterizos con los saudíes y necesitaba aplacar con urgencia el temor de los saudíes sunníes hacia el creciente radicalismo del grupo chií en el sur.

Tras suscribir el acuerdo fronterizo con Arabia Saudí, Saleh adoptó una política para contener a Los Jóvenes Creyentes que se basó en múltiples estrategias, entre ellas el apoyo a un colectivo salafista teóricamente apolítico que contaba con el respaldo saudí. Dicho movimiento salafista incluye grupos tales como los “renacentistas” (revivalists) de la Asociación Antrópica al-Hikmah al-Yamaniah y el tradicionalista Dar al-Hadith. Los Jóvenes Creyentes, por su parte, se aprovecharon de la alianza de Saleh con EEUU en el marco de la guerra global contra el terrorismo y adoptaron el famoso eslogan chií: “Dios es grande, muerte a América, muerte a Israel”. Los seguidores de Los Jóvenes Creyentes empezaron a corear el eslogan en mezquitas y a escribirlo en las paredes y muros de la capital yemení. Como respuesta, Saleh lanzó una ofensiva que terminó con la detención y el encarcelamiento masivo de seguidores de Los Jóvenes Creyentes. Ahora bien, cuando envió tropas a la región de Saada en junio de 2004 para apresar a Hussein Badr al-Din al-Houthi, líder de Los Jóvenes Creyentes cuyo nombre rebautizaría posteriormente el movimiento, Los Jóvenes Creyentes respondieron con violencia en un acto que marcó el inicio de la primera guerra. Desde 2004, Yemen ha sufrido una media de una guerra al año, habiendo estallado la sexta oleada de violencia, que persiste en la actualidad, en agosto de 2009.

La contienda de Saada ha servido de catalizador del fracaso del Estado yemení, esquilmando los escasos recursos del país, animando a los yemeníes del sur a desafiar el régimen, creando un refugio para al-Qaeda y erosionando la legitimidad de Saleh. Con todo, Saleh no parece dispuesto a aceptar a los houthis como una fuerza política y social. De hecho, cuanto mayor es la debilidad del mandatario, más vehemente se muestra en apostar por una solución militar al conflicto político.

Llamamientos a la secesión en el sur

Tras imponerse militarmente en el conflicto político con sus socios del sur en el proceso de unificación, la victoria de Saleh y sus posteriores políticas acabaron con los sentimientos nacionalistas que fueron en un día un motor para la unidad. La invasión del sur por parte del movimiento yihadista, tribal y militar del norte en 1994 saqueó los activos comunitarios, públicos y privados, incluidos edificios gubernamentales, equipos y la mayor parte de las tierras del país, de propiedad pública bajo la economía dirigida implantada en el sur durante el periodo comprendido entre 1970 y 1990. Asimismo, el gobierno adoptó políticas que condujeron, deliberadamente o no, al aislamiento cultural, político y económico de los yemeníes del sur. La mayoría de los cargos medios y superiores acabaron huyendo al exilio, fueron obligados a pasar al retiro, o bien optaron por abandonar sus cargos y buscar refugio en el interior de sus hogares. Los nombres de calles, colegios, canales de televisión y emisoras de radio y demás lugares públicos fueron modificados como parte de una política no escrita de largo alcance destinada a borrar toda huella del pasado. Las empresas públicas del antiguo Yemen del Sur fueron privatizadas, por lo general vendidas a altos cargos en operaciones altamente corruptas. El tiempo ha demostrado que los yemeníes del sur terminaron perdiendo mucho más que la guerra de 1994: humillados por la derrota, la mayoría de los habitantes del sur optaron por el silencio mientras que otros protagonizaron protestas a pequeña escala que fueron aplacadas mediante una brutal represión.

En 1995, el gobierno lanzó un programa de reestructuración económica destinado a estabilizar la economía del país. Dicho programa se centró sobre todo en recortar el gasto en programas sociales y en retirar los subsidios a los bienes básicos. Los yemeníes del sur, cuyas vidas dependían por completo de los programas públicos, fueron quienes se llevaron la peor parte. Mientras que el gobierno de Saná –dominado por el norte– dependía para su supervivencia de los ingresos de los recursos extraídos en el sur, al inicio de esta década los habitantes del sur vivían al margen de la economía nacional. Una inflación desbocada consumía sus ingresos y el programa de reestructuración económica les privaba del acceso a la educación, sanidad y demás servicios públicos gratuitos.

Tras aproximadamente 13 años de privación y frustración, los habitantes del sur decidieron tomar las calles en manifestaciones que en ocasiones alcanzaron los cientos de miles de ciudadanos. Entre los muchos factores que explican la ira sureña, destacaremos tres de ellos. El primero fue la incapacidad de las elecciones presidenciales de septiembre de 2006 para producir cambios significativos en materia de liderazgo o políticas. Sorprendido por la fuerte campaña contra sus políticas y su estilo de liderazgo, y por la negativa del candidato de la oposición del sur a aceptar los resultados como legítimos, Saleh percibió lo ocurrido como un insulto a su persona y comenzó su nuevo mandato imponiendo medidas contra la libertad de expresión y de movimiento a modo de represalia. Los activistas que apoyaron a su rival durante las elecciones fueron encarcelados y juzgados en relación con acusaciones falsas o relativas a actos producidos durante la campaña. Si bien la campaña presidencial debilitó a Saleh frente a sus rivales, tanto los del propio partido gubernamental (el Congreso General del Pueblo) como los de la oposición, su reacción no ha sido otra que concentrar el poder y la riqueza en sus manos y centralizar la toma de decisiones en su círculo interno. El segundo y tercer factor que contribuyeron al levantamiento en el sur han sido la incapacidad del régimen para contener el movimiento insurgente de los houthis en el norte y el deterioro de sus condiciones de vida.

Cuando comenzó el movimiento en el sur a mediados de 2007, lo hizo bajo la batuta de organizaciones ad hoc integradas por cargos militares y de seguridad en situación de retiro. Por aquel entonces, los manifestantes reivindicaban la reincorporación al servicio público y la promoción e indemnización de los yemeníes del sur que se vieron obligados al retiro anticipado o que perdieron sus puestos de trabajo tras la guerra civil de 1994. También exigían la devolución de las tierras confiscadas por altos cargos militares y jeques, fundamentalmente del norte.

Sorprendido por la magnitud y la intensidad de las protestas, el gobierno adoptó una política dual de incentivos y amenazas. Por un lado, trató de restituir en el cargo, aumentar el sueldo y ascender a quienes se habían visto forzados al retiro o al despido. Asimismo, trató de sobornar a líderes influyentes del movimiento de protesta designándoles a altos cargos en el gobierno y ofreciéndoles dádivas como coches y viviendas, entre otros favores. Por otro lado, se esforzó por reprimir el movimiento. Entre mediados de 2007 y finales de 2009, multitud de manifestantes y policías fueron asesinados y miles de personas detenidas durante períodos de distinta duración. La represión gubernamental escaló con rapidez a medida que los manifestantes comenzaron a reivindicar la secesión del sur, si bien su capacidad para hacerlo se encontraba gravemente deteriorada, de ahí que perdiera el control sobre varias zonas. Hay quienes afirman que el gobierno podría haber apoyado a los yihadistas para contener a los grupos secesionistas, una política que agravó la situación en algunas regiones. En dicho contexto de caos, marcado por un control gubernamental mermado o inexistente, AQPA empezó a expandirse y a establecer campamentos de entrenamiento.

La resurrección de al-Qaeda

Las raíces de los grupos terroristas en Yemen pueden encontrarse en los conflictos políticos inter e intrayemeníes. Durante la década de los 70 y 80, el extremismo religioso fue fomentado por los gobiernos yemení y saudí como estrategia para contener a los marxistas del sur. Posteriormente, la misión de los yihadistas yemeníes se amplió a la lucha por la liberación de Afganistán de la ocupación soviética. En menos de una década, los yihadistas yemeníes cosecharon múltiples victorias: (1) la victoria frente a las fuerzas marxistas del norte que, respaldadas por el régimen comunista del sur, trataban de derrocar el régimen de Saleh; (2) la expulsión de los soviéticos de Afganistán; (3) la desintegración de la Unión Soviética; y (4) la reunificación de los dos Yémenes, un acontecimiento directamente relacionado con la caída de los regímenes comunistas alrededor del mundo.

A finales de los 80 y principios de los 90, los yihadistas yemeníes empezaron a regresar a sus hogares. Sin embargo, no estaban solos en su viaje de vuelta. Muchos de sus camaradas internacionales, incapaces de regresar a sus países por temor a la persecución, encontraron en la recién fundada República de Yemen un refugio. Mientras que el caos derivado de la apresurada unificación de los dos Yémenes pudo haber contribuido a la llegada de los llamados “afganos árabes”, hay quienes opinan que fueron a Yemen porque tenían un papel bien concreto que desempeñar, la participación en un nuevo yihad, en esta ocasión contra la izquierda yemení en general y contra los miembros del Partido Socialista Yemení (PSY) en particular. Durante los primeros años de la unificación, Yemen fue testigo de una oleada de atentados terroristas, muchos de ellos dirigidos contra líderes del PSY o partidos afines.

En la guerra civil de 1994 entre las élites gobernantes del norte y del sur, los yihadistas yemeníes y árabes que combatieron en Afganistán se pusieron del lado de Saleh en la contienda. A cambio, el gobierno les recompensó de distintas maneras. Los yemeníes fueron incorporados a las fuerzas militares y de seguridad y se apoyó a algunos grupos, especialmente en el sur, como medida para contener al movimiento moderado Islah. Algunos yihadistas árabes se incorporaron a instituciones educativas oficiales y no oficiales, si bien la mayoría de ellos se vieron enseguida obligados a abandonar el país debido a la creciente presión ejercida contra el gobierno por otros países tras los atentados terroristas de Arabia Saudí, Egipto y otros lugares en los que estuvieron involucrados individuos que aparentemente operaban desde Yemen.

En los años posteriores a los atentados terroristas del 11 de septiembre, Saleh, que se resistió inicialmente a la idea de permitir que los investigadores estadounidenses tuvieran acceso a los detenidos acusados de atacar el USS Cole en octubre de 2000 en el Golfo de Adén, terminó por asociarse, voluntaria o involuntariamente, a la “guerra global contra el terrorismo”. En el año 2002, permitió que mercenarios estadounidenses asesinaran a varios líderes de al-Qaeda en territorio yemení. Posteriormente, entabló un polémico programa de diálogo con al-Qaeda, a quien brindó presuntamente beneficios financieros y la posibilidad de moverse con libertad. La última resurrección de al-Qaeda puede atribuirse a tres factores fundamentales: (1) la comunidad internacional presionó al gobierno yemení para que restringiera el movimiento de terroristas de al-Qaeda y les impidiera el paso a Iraq para unirse al yihad, lo cual molestó sobremanera a al-Qaeda; (2) a medida que menguaban los recursos financieros del gobierno, los miembros de al-Qaeda le exigían más dinero, demanda que el gobierno era incapaz de satisfacer; y (3) la intensificación del conflicto político –por cuestiones electorales o de otra índole– hizo que el régimen yemení se mostrara reacio a perseguir a los terroristas de al-Qaeda, ya fuera porque representaban un posible aliado en la batalla por la supervivencia del régimen o porque el régimen no percibía a al-Qaeda como una amenaza si se comparaba con otros desafíos, o bien porque el régimen se había debilitado demasiado para plantarle cara.

En cuanto a la chispa que desató los últimos acontecimientos, es muy probable que EEUU tuviera constancia de que al-Qaeda estaba planeando un ataque contra sus intereses y, como resultado, tratara de frustrar el plan lanzando –en solitario o en conjunción con el Gobierno yemení– los ataques preventivos de los días 17 y 24 de diciembre de 2009. Esta sospecha está respaldada por pruebas cada vez más contundentes, a saber: (a) que el padre del joven nigeriano Umar Farouk Abdulmutalib, que trató de saltar por los aires el avión de la compañía Northwest Airlines, se puso en contacto con los servicios de inteligencia estadounidenses a principios de diciembre y les informó de la afiliación de su hijo a al-Qaeda y de que su última llamada había sido realizada desde Yemen; (b) por aquel entonces, los medios estadounidenses estaban preocupados por el papel desempeñado por el predicador nacido en suelo estadounidense Anwar al-Awlaqi, residente en Yemen, en el atentado contra Fort Hood; (c) altos cargos estadounidenses habían reiterado su preocupación por la manera en que AQPA aprovechaba las precarias condiciones de seguridad yemeníes para asentarse y reclutar y entrenar a nuevos miembros; (d) Abdulmutalib, que abandonó Yemen a principios de diciembre, no se dirigió inmediatamente hacia EEUU; (e) los ataques estadounidenses estaban dirigidos contra zonas que supuestamente servían de escondite para al-Awlaqi y en las que se cree que fue entrenado y provisto de explosivos Abdulmutalib; (f) los miembros de AQPA rompieron el silencio y amenazaron con tomar represalias tras el primer ataque del 17 de diciembre; y, por último, (g) que Saleh jamás hubiera permitido a EEUU atacar zonas controladas por uno de sus más importantes aliados políticos –la tribu Awlaqi– salvo que le hubieran convencido de que existía una amenaza inminente contra EEUU.

Una economía rentista

Durante el período de división, los dos Yémenes dependieron de una economía rentista; el sur recurría a los soviéticos mientras que el norte miraba hacia los países del Golfo. Tras la unificación de 1990, Yemen se vio azotado por una de sus más severas crisis económicas. Esto se debió en gran medida a su posición en la invasión iraquí de Kuwait, que hizo que sus vecinos y la comunidad internacional le percibieran como un defensor del dictador iraquí. Para castigar a Yemen, los saudíes expulsaron a cientos de miles de trabajadores yemeníes y, como resultado, el país perdió no sólo las remesas de sus trabajadores, sino también la ayuda al desarrollo, llevando la economía yemení al borde del colapso.

En 1995 las instituciones financieras internacionales y el gobierno yemení acordaron un programa de reforma para estabilizar la economía. La finalidad de la reforma era financiar inversiones y crear nuevos puestos de trabajo para los desempleados. Sin embargo, los resultados del programa fueron mixtos. Por un lado, el gobierno logró estabilizar la economía; por otro, los ahorros derivados de la retirada de los subsidios acabaron en gran medida en los bolsillos de funcionarios corruptos. El programa de reforma se estancó, especialmente después de que los ingresos del petróleo de Yemen empezaran a subir, primero debido al incremento de la producción y después a los crecientes precios del crudo.

Al tiempo que guardaba las formas para con los donantes, el gobierno yemení se abstuvo de implantar una reforma real que pudiera tener un impacto negativo sobre la posición de Saleh en el poder. De hecho, Saleh se ha mostrado propenso a concentrar las inversiones en manos de sus parientes y de aquellos que profesan una lealtad incuestionable tanto hacia él como hacia su heredero. El resultado de las políticas interesadas de Saleh ha sido catastrófico. La pobreza ha crecido tan rápido que asfixia ya a la mayoría de la población, convirtiendo a Yemen en el país más pobre no sólo en el mundo árabe sino también en Oriente Medio y a nivel mundial, con la excepción del África Subsahariana. Los niveles de corrupción también han alcanzado cotas insospechadas y las instituciones responsables de exigir responsabilidades a los cargos públicos se han visto debilitadas hasta tal punto que garantizan ya la inmunidad plena a los funcionarios corruptos. A lo largo de casi 20 años, la Cámara de Representantes yemení ha sido incapaz de poner en marcha un solo proceso para la destitución de un cargo público. Los cargos corruptos e incompetentes fueron reclutados por sus lazos de sangre con el mandatario o su lealtad personal y han hecho que las instituciones del Estado sean prácticamente inservibles al personificar las funciones de dichas instituciones.

Conclusión

La vía de salida

La principal preocupación del presidente Saleh no es otra que conservar el poder económico y político en sus manos mientras viva, para después cederle el testigo a su hijo. EEUU y la comunidad internacional están preocupados por la amenaza que al-Qaeda representa a la paz regional e internacional, mientras que muchos yemeníes ilustrados están preocupados por las posibles tensiones entre el objetivo de Saleh y el de la comunidad internacional. De todos sus enemigos en el norte y en el sur, al-Qaeda se presenta como el menos peligroso y amenazante para lo que Saleh más valora. De hecho, el mandatario ha tenido al movimiento de su lado en múltiples ocasiones. Es posible que Saleh no esté utilizando a al-Qaeda o a los houthis para chantajear a países vecinos y amigos, como suelen apuntar algunos de sus detractores, pero resulta evidente que carece de un fuerte incentivo para librarse del grupo terrorista de una vez por todas o para alcanzar un acuerdo con los houthis. En un momento en el que el futuro de Saleh y de su país dependen en gran medida de lo que diga y haga el mundo exterior, al-Qaeda representa un seguro de vida para el bailarín y su escenario, si bien puede convertirse también en el elemento que precipite la caída de uno y otro.

Las opciones de las que dispone la comunidad internacional en Yemen son muy limitadas. Por un lado, no puede dar la espalda al país sin arriesgarse a que se produzcan consecuencias devastadoras. Por otro lado, no puede apoyar a Saleh contra uno de sus rivales del norte o del sur o incluso contra al-Qaeda, mientras deja que el mandatario yemení se ocupe de los otros dos en solitario. Toda estrategia que aspire a abordar con eficacia las complejidades de la problemática yemení deberá reunir varias condiciones: (1) deberá ser amplia en su alcance y abarcar las cuestiones de índole política, económica y de seguridad; (2) tendrá como prioridad la resolución de los conflictos políticos abiertos en norte y sur –los saudíes, en concreto, deberían dejar de pagar las facturas de la guerra del norte y dirigir los fondos hacia el desarrollo y la reconstrucción–; y (3) la comunidad internacional deberá implicar plenamente a Saleh utilizando una combinación de incentivos y desincentivos.

Contener el movimiento secesionista del sur e impedir que Yemen degenere hasta convertirse en un Estado como Somalia requiere una reestructuración y un fortalecimiento del Estado yemení y de su sistema político que garantice un reparto genuino del poder, la rendición de cuentas, la despersonalización del poder y el imperio de la ley. La creación de un sistema parlamentario, una descentralización profunda, el bicameralismo, la representación proporcional y la libertad de los medios de comunicación son todos ellos componentes fundamentales para garantizar una solución viable a la larga lista de problemas a los que se enfrenta Yemen en la actualidad. La separación de norte y sur es prácticamente imposible y, en caso de permitirse, podría desintegrar el país en una serie de tribus, sectas, regiones y orientaciones ideológicas enfrentadas entre sí. Como ocurre en Afganistán, Somalia e Iraq, entre otros países, la división sólo servirá para dar alas a grupos extremistas movidos por la pasión y el recurso al terrorismo.

EL CONFLICTO FUERA DE XINJIANG: LA DIÁSPORA UIGUR Y LA POLÍTICA EXTERIOR CHINA

Nicolás de Pedro

La evolución del conflicto de Xinjiang depende esencialmente de las políticas que implemente Pekín y de las respuestas que ofrezca la minoría uigur. Es decir, de la habilidad de Pekín para promover la integración armoniosa de la comunidad uigur y de la capacidad de esta minoría para acomodarse satisfactoriamente en la estructura de la República Popular China. El enfoque de “palo y zanahoria” aplicado por Pekín ha sido muy eficaz en aplacar el activismo uigur, pero no en reducir el malestar de esta población y en mitigar el conflicto latente en Xinjiang. Con la sistemática inmigración de chinos han se configura un escenario muy polarizado y fácilmente inflamable dada la conflictiva interacción entre ambas comunidades en Xinjiang. Los graves episodios de violencia interétnica del pasado mes de julio auguran tiempos turbulentos.

Sin embargo, las autoridades chinas, al menos públicamente, muestran una mayor preocupación ante posibles injerencias exteriores y una hipotética internacionalización del conflicto de Xinjiang. Alrededor de medio millón de personas conforman la diáspora uigur en el mundo. Por ello, y aunque Pekín considera la cuestión uigur un asunto estrictamente interno, la incluye en su agenda de política exterior, fundamentalmente en sus relaciones con países fronterizos que acogen importantes comunidades uigures –caso de Kazajistán y Kirguizistán–, en los que es conocida la presencia de activistas uigures huidos –caso de Afganistán y Pakistán– y en los que sin ser fronterizos existen organizaciones uigures relevantes –como sucede en EEUU, Alemania y Turquía–. Los turcos, al igual que sucede con kazajos y kirguizos, están próximos desde un punto de vista étnico a los uigures.

Pekín teme fundamentalmente que los activistas uigures utilicen sus vínculos transfronterizos para disponer de una retaguardia desde la que organizar su actividad secesionista, pero también que las organizaciones uigures en Europa y EEUU perjudiquen sus intereses en el extranjero y dificulten su acción exterior. Sin embargo, hasta la fecha, al contrario de lo que suelen argüir las autoridades chinas, la capacidad de la diáspora uigur para influir en la situación en Xinjiang parece bastante escasa, si bien es cierto que las organizaciones uigures están elevando progresivamente la visibilidad internacional de su causa y consecuentemente los recelos e irritación de Pekín.

Kazajistán, Kirguizistán y Uzbekistán

Kazajistán y Kirguizistán, ambos fronterizos con Xinjiang, son la primera área de interés para China. Para mitigar el riesgo del establecimiento de un santuario para las organizaciones uigures al otro lado de la frontera, las autoridades chinas han impulsado un rápido acercamiento a las nuevas repúblicas centroasiáticas, lo que ha supuesto la resolución de las dilatadas disputas fronterizas, un estrechamiento sin precedentes de los relaciones con Pekín y la creación de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS).

La minoría uigur de Kazajistán, que con sus más de 200.000 miembros constituye la mayor comunidad fuera de Xinjiang, ha visto como el control y las restricciones sobre sus actividades crecían al mismo ritmo que se fortalecía la relación con China. Así, por ejemplo, durante la visita del presidente chino Jiang Zemin a Kazajistán en julio de 1996 se firmó una declaración conjunta en la que, entre otros aspectos, se incluían unos acuerdos en los que el Gobierno kazajo se comprometía explícitamente a no ayudar a los separatistas en China e incluso a no prestar demasiado apoyo a la comunidad uigur de Kazajistán. El auge del comercio bilateral y el estrechamiento de las relaciones económicas es una de las claves explicativas de las concesiones kazajas ante las demandas chinas. Vínculos que priman sobre cualquier otra consideración y así, por ejemplo, el hecho de que el primer ministro de Kazajistán, Karim Masimov, sea uigur no tiene ninguna incidencia en la posición kazaja con respecto a la cuestión de Xinjiang. Por ello, investigadores uigures como Ablet Kamalov no dudan en afirmar que China “ha comprado” el control sobre la actividad de la diáspora uigur a través de la inversión económica. El resultado de todo ello es que la permisividad de los primeros años de independencia ha desaparecido por completo y la actividad pública uigur en Kazajistán es fundamentalmente de carácter cultural.

No obstante, subsisten alrededor de media docena de organizaciones uigures en el país. Todas ellas están radicadas en Almaty, ciudad en la que existen varios barrios (rayon) donde la población es mayoritariamente uigur y en los que el eco de los acontecimientos en Xinjiang resuena con mayor intensidad. Estas organizaciones tienen un carácter bastante informal y su visibilidad en Internet no se corresponde con su implantación y actividad real. Entre las principales se pueden citar la Asociación de la Unidad (Ittipak) Uigur de Kazajistán, liderada por Sharipzhan Nadirov, o la Unión de la Juventud Uigur, encabezada por Abdurexit Turdeyev. La figura uigur local más destacada es la de Kakharman Khozhamberdim, vicepresidente y representante de Kazajistán en el Congreso Uigur Mundial. Como resultado del control sobre sus actividades, estas organizaciones tienen un perfil de actividad político muy bajo y se limitan a condenar las violaciones de derechos humanos en Xinjiang. Tan solo una de ellas asiste abiertamente a los uigures procedentes de China.

La actividad cultural incluye la defensa de los derechos culturales de la comunidad uigur local. Este es el principal cometido de las tres organizaciones uigures oficiales que existen en el país: una a nivel estatal, otra provincial (oblast) y otra a nivel municipal en Almaty. Las autoridades kazajas permiten este nivel de actividad uigur porque es parte de su política de promoción de la “armonía interétnica” basada en el respeto de los derechos culturales de las minorías nacionales y también porque, en línea con lo sugerido anteriormente se puede considerar a esta comunidad como un “activo” para Astaná en su interacción con las autoridades chinas. Además, en Kazajistán existen arraigados prejuicios antichinos y a pesar del acercamiento político y económico entre Astaná y Pekín, elevado a la categoría de partenariado estratégico, la tesis de la “amenaza emergente” con una dimensión demográfica añadida, es particularmente popular en el país.

Son precisamente estos temores kazajos ante el potencial chino los que impulsan a creer erróneamente a algunos activistas uigures locales que en última instancia las autoridades kazajas verían con buenos ojos la proclamación de Uigurstán. Percepción errónea porque Kazajistán, al igual que China y por su propio contexto interno, es contrario a cualquier acto secesionista y que pueda contribuir al cuestionamiento de las fronteras existentes. A esto se suman los recelos que existen en Kazajistán con respecto al irredentismo uigur sobre ciertas áreas de la región kazaja de Semirechie. Por no mencionar que Kazajistán, al igual que China, está concentrado en su propio desarrollo y es contrario a cualquier alteración interna e inestabilidad regional. Así, por ejemplo, los actos que se celebraron durante el mes de julio en Almaty como protesta por los sangrientos disturbios en Urumqí generaron más preocupación que solidaridad, lo que se explica tanto por la propia naturaleza de la vida política en el país como por el potencial movilizador demostrado por los uigures con su concentración del 19 de julio en Almaty, que contó con entre 2.000 y 4.000 participantes. Muchos de ellos iban ataviados con lazos azules y negros y portaban la bandera nacional uigur, mientras gritaban eslóganes por la libertad de Uigurstán. No obstante, el resto de actos celebrados durante ese mes en Almaty fueron pequeñas concentraciones religiosas conmemorativas.

De igual forma, China ha atraído a los miembros centroasiáticos de la OCS a su concepción de lucha contra las “tres fuerzas” –el terrorismo, el extremismo y el separatismo–, que es como Pekín caracteriza al activismo uigur y como son representados en muchas ocasiones los uigures en la prensa de Kazajistán. Los sucesos de septiembre de 2000, cuando cuatro uigures que supuestamente habían asesinado a dos agentes kazajos fueron abatidos por las fuerzas de seguridad en Almaty, son un referente argumental de los análisis locales sobre la amenaza uigur. En este sentido, Dosym Satpayev, uno de los analistas kazajos más conocidos, considera que los uigures representan una “amenaza potencial” para la seguridad de Kazajistán. No obstante, hay que indicar que hasta la fecha no existe ninguna información pública ni elemento sobre el terreno que permita inferir una vinculación o colaboración significativa de ninguna organización uigur de Kazajistán con grupos separatistas armados en Xinjiang. De igual forma, los líderes y activistas uigures locales prácticamente de forma unánime hacen de la defensa de los derechos humanos el eje de su discurso y hay un posicionamiento explícito en contra del terrorismo y del extremismo religioso.

Por otro lado, algunos activistas uigures han sufrido agresiones en Kazajistán. El suceso más grave, y aún no esclarecido, es el asesinato de Dilbirim Samsakova, cuyo cadáver fue hallado en Almaty el 9 de junio de 2001 después de haber permanecido desaparecida unas dos semanas. Samsakova dirigía la organización Nazugum de apoyo a las mujeres y la infancia de Xinjiang, y se había significado por haber actuado en Osh (Kirguizistán) como intérprete de tres uigures que en marzo de 2001 fueron juzgados por la explosión de dos bombas en sendos autobuses de esa ciudad en mayo y junio de 1998.

Kirguizistán es el segundo foco de interés para China, ya que el país cuenta con una comunidad uigur de unas 40.000 personas. Al igual que en el caso kazajo, el estrechamiento de las relaciones con China se ha traducido en un mayor control y restricciones sobre las actividades de la diáspora uigur. Sin embargo, el entorno político kirguizo más abierto, sumado a la incapacidad del Estado para controlar la situación en determinados momentos, ha permitido una mayor actividad de la diáspora uigur local. Existen organizaciones como el Comité de Derechos Humanos de Bishkek, liderado por Tursun Islam, y la Sociedad Uigur Ittipak, presidida por Dilmurat Akbarov, quien es a su vez el representante de Kirguizistán en el Congreso Uigur Mundial. La publicación del periódico La voz de la conciencia otorga mayor visibilidad a sus actividades. Pero lo que más irrita a Pekín son los ataques a intereses chinos y atentados contra sus nacionales, especialmente el caso del asesinato del diplomático chino Wang Jianping en junio de 2002 en Bishkek, tiroteado junto con un hombre de negocios uigur que también falleció. De igual forma, en numerosas ocasiones se ha sugerido la implicación uigur en los ataques a los bazares chinos, si bien es difícil establecer si se trata de sucesos con motivación genuinamente política o, por el contrario, son vinculables a disputas criminales. Así, por ejemplo, en el caso del diplomático chino, Pekín responsabilizó a miembros de la Organización de la Liberación del Turkestán Oriental (ETLO), mientras que el ministro del Interior kirguizo declaró que consideraba que el asesinato había tenido una motivación económica, en línea con lo sugerido por algunos medios de comunicación rusos en cuanto a que el hombre de negocios uigur, Umar Nurmukhamedov, era el principal objetivo del atentado.

Uzbekistán también cuenta con una minoría uigur significativa compuesta por unas 35.000 personas. El número es un tanto incierto ya que muchos uigures del país han sido conminados a inscribirse como uzbekos. La cercanía étnica entre ambas comunidades facilita esta asimilación o “uzbekización”. Ambas lenguas están muy próximas y existe una afinidad cultural mayor que en el caso de otros pueblos túrquicos. El régimen uzbeko, tanto por su propia naturaleza autoritaria como por el estrechamiento de sus relaciones con China, no permite actividades uigures significativas. En Turkmenistán existe una pequeña comunidad uigur que tiene escasos o nulos vínculos con el resto de comunidades uigures de Asia Central y Xinjiang. A pesar de eso, Pekín ha incluido igualmente las cuestiones uigures en los acuerdos bilaterales, tal vez para que Asjabad controle que los hombres de negocio turkmenos que se desplacen a Xinjiang no redistribuyan materiales uigures elaborados en otros países.

Turquía

Turquía, al igual que Kazajistán, fue el punto de destino de muchos de los uigures que huyeron de Xinjiang en los años 50 en plena revolución cultural maoísta, algunos de ellos figuras históricas del activismo uigur, como Isa Yusuf Alptekin. En Turquía los uigures han contado tradicionalmente el respaldo de Ankara. Pero, al igual que sucede en Asia Central, los intereses económicos y el estrechamiento de las relaciones con China han condicionado la postura del Gobierno turco en tiempos recientes. Sin embargo, subsisten numerosas organizaciones y la cuestión es popular más allá de los círculos uigures. De hecho, los sucesos del pasado verano se vivieron en Turquía con mucha intensidad. Se celebraron manifestaciones de protesta tanto en Ankara como en Estambul, la prensa local no escatimó a la hora de mostrar los aspectos más dramáticos de la violencia en Urumqí y el primer ministro Erdogan calificó la situación de los uigures como de “próxima al genocidio”.

Por otro lado, hay que indicar que el respaldo turco, cuando tiene carácter panturquista, plantea cierto rechazo a unos uigures poco inclinados a adaptarse a las consignas del “hermano mayor” turco. Así, por ejemplo, existen discrepancias en cuanto al nombre que debería recibir Xinjiang. Los ideólogos turcos prefieren el de “Turkestán Oriental” frente al de “Uigurstán”, crecientemente popular entre los uigures.

Afganistán y Pakistán

Afganistán y Pakistán también están en la agenda china en lo referente a la cuestión uigur. El auge de la relación entre Pakistán y Xinjiang ha facilitado la difusión de algunas corrientes islamistas extremistas entre algunos segmentos de la población uigur y las relaciones entre organizaciones de ambos lados de la frontera. No obstante, la sólida alianza entre Islamabad y Pekín prevalece sobre otras consideraciones y el Gobierno paquistaní respalda la posición china. Así, por ejemplo, durante su visita a China en diciembre de 2001, el entonces presidente Pervez Musharraf exhortó a los musulmanes chinos a respetar la soberanía de Pekín sobre Xinjiang. Respaldo que se mantiene con el nuevo presidente Zardari. Además, las deportaciones a China de uigures huidos son frecuentes.

Por otro lado, la presencia de unos 200 uigures combatiendo en Afganistán animó a Pekín a tratar de vincular la cuestión uigur con la “guerra contra el terrorismo” de la Administración Bush. En el verano de 2002 el Departamento de Estado norteamericano incluyó al oscuro Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (ETIM por sus siglas en inglés), supuestamente vinculado con al-Qaeda en su lista de organizaciones terroristas. No obstante, la vinculación del activismo uigur con esta red terrorista es una cuestión que genera serias controversias. Aunque sea de forma meramente especulativa se puede indicar que el tipo de violencia atribuible al activismo uigur hasta el momento no sugiere vínculos sólidos con el terrorismo internacional ni por su naturaleza (manifestaciones y algaradas callejeras) ni por sus métodos y acciones más frecuentes (atentados con cuchillos y cócteles molotov o actos de sabotaje).[1] Una cuestión diferente sería que algún grupo yihadista atentara contra intereses chinos en cualquier lugar como supuesta respuesta a la política china en Xinjiang. Pero esto tampoco sería una prueba definitiva de la vinculación del activismo uigur con al-Qaeda sino de la capacidad e interés de esta organización por aprovechar cualquier acontecimiento con impacto mediático.

Europa y América del Norte

No obstante, es la diáspora uigur en Europa, Norteamérica y Australia con sus respectivas organizaciones, la que confiere progresivamente una dimensión y visibilidad global a la causa uigur. Las dos organizaciones más relevantes son el Congreso Uigur Mundial (WUC) con sede en Munich y la Asociación Uigur Americana (UAA) situada en Washington. Ambas organizaciones tienen un compromiso explícito con la defensa de la democracia y los derechos humanos por medios pacíficos y no violentos.

El WUC se constituyó oficialmente en abril de 2004 en Munich y es el resultado tangible de los esfuerzos de unificación de las organizaciones uigures fuera de Xinjiang. Su origen se puede rastrear hasta diciembre de 1992, cuando se celebró la primera reunión uigur mundial en Estambul y tiene su precedente inmediato en el Congreso Nacional del Turkestán Oriental (ETNC) establecido en Munich en octubre de 1999, con 13 organizaciones uigures asociadas y un órgano ejecutivo propio para dotar de operatividad a la institución.

Los atentados del 11 de septiembre obligaron a los uigures a un esfuerzo adicional para lograr la unidad y hacer frente al riesgo de vinculación de su causa con el terrorismo internacional. El 18 de octubre de 2001 el ETNC hizo pública una resolución en la que condenaba sin paliativos los ataques terroristas en EEUU, el terrorismo y el extremismo en cualquier forma, pero incluyendo también una condena de la violencia empleada por China contra la comunidad uigur en Xinjiang. Desde entonces y para contrarrestar las declaraciones de Pekín vinculando al ETNC con el terrorismo, una de sus actividades principales ha sido la publicación de manifiestos insistiendo en su rechazo de la violencia y ofreciéndose como interlocutor con Pekín en el caso de un hipotético proceso de apertura política en China.

Erkin Alptekin, hijo del antes mencionado Isa Yusuf Alptekin, fue elegido primer presidente del WUC en 2004. Alptekin era ya un activista muy conocido y que había jugado un papel destacado en dotar de visibilidad internacional a la causa uigur. En 1995 había sido nombrado presidente de la Organización de las Naciones y Pueblos No Representados (UNPO) con sede en La Haya. La UNPO es uno de los foros en los que se articula la cooperación entre uigures y tibetanos, que aún no está muy desarrollada, pero es una posibilidad que preocupa a Pekín. Por otro lado, Alptekin era conocido también por sus reiteradas condenas de la violencia y por sus vínculos con la acción exterior de EEUU, dado que había trabajado desde los años 70 en Radio Free Europe/Radio Liberty.

Precisamente, la creciente proximidad entre el activismo uigur y EEUU es un elemento especialmente irritante para Pekín. En mayo de 1998 se creó en Washington la Asociación Uigur Americana (UAA) que ha efectuado una eficaz labor de lobby y ha acercado la causa uigur a los círculos de poder político estadounidense. Esto se ha traducido en un creciente apoyo tanto en forma de declaraciones como de financiación. Así por ejemplo, en abril de 2004 se estableció el Proyecto Uigur de Derechos Humanos (UHRP) con apoyo de la National Endowment for Democracy, y en julio de 2008 los dirigentes del WUC fueron recibidos por el ex presidente Bush en la Casa Blanca.

La visibilidad y actividad de la UAA se ha multiplicado desde que Rebiya Kadeer se convirtió en su presidenta cuando se trasladó a EEUU en marzo de 2005, tras permanecer encarcelada en China desde agosto de 1999. Con su liderazgo los uigures tratan de emular al activismo tibetano y la figura del Dalai Lama. Su discurso centrado en el respeto de los derechos humanos, su condición femenina y el hecho de aparecer en público con la tradicional tiubeteika uigur como único tocado contrarresta los intentos de Pekín de vincular sus acciones con el extremismo islamista.

Kadeer tiene cada vez una mayor audiencia internacional. Para fortalecer esta dinámica, fue elegida también presidenta del WUC en la asamblea de noviembre de 2006, un hito en el proceso de unificación uigur por los acuerdos logrados entre las diversas facciones. Además, desde ese mismo año, Rebiya Kadeer figura entre los aspirantes al premio Nobel de la Paz, cuya concesión tendría un impacto mayúsculo en la causa uigur.

Conclusiones

La cuestión uigur tiene una creciente visibilidad internacional, pero no tanto como resultado de la acción de la diáspora uigur como del agravamiento de la situación en Xinjiang, que se comprende fundamentalmente por su propia dinámica interna.

Con el estrechamiento de las relaciones con los países fronterizos con la región autónoma, Pekín ha conseguido mitigar los que percibía como graves riesgos transfronterizos. Esta situación ha motivado el desplazamiento del centro de gravedad de la actividad uigur hacia Europa y EEUU, lo que a su vez ha contribuido al aumento de la audiencia internacional de las organizaciones uigures y con ello de la irritación de las autoridades chinas, que las vinculan con los brotes de agitación en Xinjiang. No obstante, la capacidad de influencia y el impacto de las campañas de estas organizaciones en el interior de la región autónoma son escasos. A pesar de lo cual, Pekín responde a su creciente visibilidad internacional con el endurecimiento de algunas de sus medidas e intensificando su acción en Xinjiang, lo que no hace sino alimentar y agravar un conflicto del que no se vislumbra ninguna mejora a corto y medio plazo.

Notas:

[1] Excluyendo tres atentados terroristas con bomba en los noventa, en los que, por otra parte nunca se han sugerido vinculaciones externas en su planeamiento o ejecución.

LA DERROTA MILITAR DE LOS TIGRES TAMILES Y LA POSIBLE EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO ÉTNICO-POLÍTICO EN SRI LANKA

Rubén Campos Palarea y Amaia Sánchez Caicedo

La muerte del líder carismático de los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE en sus siglas en inglés), Velupillai Prabhakaran, simboliza el fin de una era en Sri Lanka. El fundador de los Tigres Tamiles y sus lugartenientes más cercanos murieron en la última oleada de ataques del ejército a mediados de mayo, atrincherados en el último fragmento de territorio bajo su control en el norte de la isla.

El conflicto entre el gobierno y los LTTE ha dejado más de 75.000 muertos y cientos de miles de desplazados a lo largo de tres décadas. Esta derrota parece poner fin al objetivo de los Tigres de establecer un Estado independiente en el norte y este de la isla (Tamil Eelam). El final de esta fase militar del conflicto podría proporcionar una oportunidad para lograr una solución política y la reconciliación nacional, pero los retos pendientes son de gran envergadura y la voluntad y capacidad para liderar esta nueva etapa del gobierno del presidente Mahinda Rajapaksa está todavía por determinarse.

Las raíces de este conflicto étnico-político se encuentran en la difícil convivencia en esta isla de Asia meridional entre la mayoría de la población cingalesa, de religión mayoritariamente budista (alrededor de un 74% del total de la población), y la minoría tamil, de religión mayoritariamente hindú (18%), establecida sobre todo en el norte y este de la isla.

La presencia de los tamiles, un pueblo proveniente del sur de la India, en Sri Lanka se explica por una dinámica migratoria desde tiempos muy antiguos, que se intensificó durante el dominio británico de ambos territorios en el siglo XIX para trabajar en las plantaciones imperiales de té y café. En esta época, entre la población original cingalesa se consolidó la percepción de que los británicos favorecieron a los tamiles, con puestos clave en el gobierno y en las estructuras administrativas.

Tras la llegada de la independencia en 1948, los partidos políticos de mayoría cingalesa impulsaron una política nacionalista que generó tensiones con la minoría tamil. Algunas medidas aprobadas en los siguientes años fueron el reconocimiento del idioma cingalés como la lengua oficial del país, la modificación de los requisitos de ingreso en la universidad a fin de favorecer a la juventud étnica cingalesa y la implantación del budismo como religión oficial.

Ante el rechazo de estas medidas por la comunidad tamil, se desarrolló en la década de 1950 un movimiento de protesta no violento encabezado por S.J.V. Chevalnayakam, que consiguió la firma de un acuerdo con el primer ministro Solomon Bandaranaike en 1957. No obstante, a causa de la presión de los nacionalistas cingaleses, el gobierno dio por roto el pacto unos meses después. Sin embargo, esto no evitó el que fuera asesinado dos años más tarde por un monje budista representativo de la facción cingalesa nacionalista más radical.

Tras décadas en las que el conflicto no pudo canalizarse por la vía de las negociaciones políticas, el movimiento por la autodeterminación tamil alcanzó una nueva dimensión en la década de los 70 con la fundación de varios grupos militantes violentos. Entre ellos destacó la guerrilla de los Tigres Tamiles, bajo el mando de Velupillai Prabhakaran, que contó con el apoyo logístico y financiero del gobierno indio.

Esa guerrilla ha sido una de las más organizadas internacionalmente en las últimas décadas, desde su capacidad para administrar una importante franja de territorio en el norte y este del país hasta el desarrollo de rudimentarias fuerzas navales y aéreas. Debido a su uso de atentados suicidas e indiscriminados, de niños soldados y abusos continuados de los derechos humanos en las zonas bajo su control, los LTTE fueron designados en varios países como un grupo terrorista y sus actividades se prohibieron.

En 1987 se firmó un acuerdo entre la India y Sri Lanka para colaborar en la resolución del conflicto, en el que se incluyó la intervención militar india en la isla para garantizar un alto el fuego, a cambio de reconocer diversas reivindicaciones de la comunidad tamil. Este acuerdo no tuvo éxito y las fuerzas indias finalizaron su retirada en 1991. Entre las víctimas de los atentados de los LTTE en esta época se encuentran el primer ministro de la India Rajiv Gandhi (1991) y el presidente de Sri Lanka Ransinghe Premadasa (1993). A finales de la década de los 90, en la cúspide de su poder, los Tigres habían creado un gobierno paralelo en aproximadamente un tercio del territorio de la isla.

Las fallidas negociaciones de paz de 2002 y la última campaña militar del gobierno

Con la mediación del gobierno de Noruega, se alcanzó en 2002 un nuevo alto el fuego y se produjeron nuevas negociaciones entre el gobierno y los Tigres Tamiles para una resolución pacífica del conflicto. Sin embargo, el diálogo tampoco fructificó en un acuerdo viable por la falta de una voluntad real de las partes de ceder en sus pretensiones y por las numerosas violaciones del alto el fuego.

Los Tigres Tamiles abandonaron unilateralmente las negociaciones de paz en abril de 2003, pero su propia participación en el proceso desencadenó luchas internas a nivel militar y posteriormente a nivel político. La mayor parte del grupo ubicado en el este del país se escindió de los LTTE en marzo de 2004 y pasó a apoyar al gobierno de Colombo en su intento de reconquistar el territorio, mientras sus líderes aceptaban puestos en el gobierno central y regional de la isla.

En 2005 llegó al poder en Colombo el nuevo ejecutivo del presidente Rajapaksa con intenciones iniciales de continuar las negociaciones de paz pero que finalmente acabó buscando una solución militar al conflicto. El intento de resucitar el proceso de paz en Ginebra durante principios del año 2006 fue en vano: el proceso finalmente sucumbió a la creciente desconfianza y a los reproches mutuos entre el gobierno de Sri Lanka y los LTTE.

Tras la “liberación” del este a finales de 2007 por el Ejército, favorecido por las disensiones entre los Tigres Tamiles, el frente de guerra se desplazó a la zona norte del país. En enero de 2009 las tropas tomaron el control de la ciudad de Kilinochchi, que había funcionado en la última década como la capital administrativa de los LTTE. A partir de este momento, el ejército fue ampliando la campaña hasta acorralar a los Tigres en un reducido espacio al norte del país.

Esta guerra abierta ha producido una gran crisis humanitaria, con cientos de miles de civiles atrapados entre las fuerzas militares del Estado y los LTTE y con graves violaciones de los derechos humanos por ambas partes denunciados, entre otros, por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Mientras que los Tigres Tamiles forzaron a miles de ciudadanos a luchar en sus filas o a convertirse en escudos humanos, el ejército de Sri Lanka bombardeó de forma reiterada zonas pobladas por civiles. Según Naciones Unidas, sólo desde el inicio de la ofensiva final se han producido 6.500 muertos entre la población civil.

Con la conquista final de las últimas posiciones de los LTTE y la muerte de su líder fundacional, la fase militar del conflicto parece haber llegado a su fin, aunque es posible que un número limitado de efectivos de los LTTE puedan estar todavía activos y dispersados por todo el país. En un discurso del 19 de mayo, el presidente Mahinda Rajapaksa ha declarado formalmente el norte del país como territorio “liberado” y ha llamado a acabar con las divisiones étnicas y religiosas con la promesa de una “solución interna para el conflicto”.

Retos para el gobierno de Sri Lanka y la comunidad tamil: la necesaria reconciliación nacional

Tras la derrota militar de los Tigres Tamiles, los retos que debe afrontar el gobierno de Sri Lanka son enormes tanto a corto como a medio y largo plazo. De manera inmediata, se enfrenta a una situación humanitaria de considerable magnitud. Según fuentes gubernamentales, el número de desplazados internos recientes –mayoritariamente en el norte pero también en el este del país– se aproxima a 300.000 personas, a los que hay que sumar la población desplazada anteriormente tras décadas de conflicto armado.

Los desplazados internos recluidos en campos bajo control gubernamental requieren de asistencia humanitaria urgente. El gobierno tiene intención de comenzar cuanto antes las labores de reasentamiento de la población a zonas anteriormente bajo control de los LTTE. Dicha tarea deberá ir acompañada de la rehabilitación y reconstrucción de un tercio del país devastado por el conflicto. Para el desempeño de tan inmensa labor el gobierno sin duda requerirá la ayuda, tanto logística como financiera, de organizaciones humanitarias y donantes internacionales.

A medio y largo plazo, el aspecto político del conflicto todavía está pendiente de resolver. Para ello, será necesario implementar un mecanismo de reparto de poder político dentro del marco constitucional de Sri Lanka que permita a las provincias del norte y este un mayor grado de autonomía. Dicho ejercicio sólo podrá llevarse a cabo una vez se haya alcanzado un consenso político al respecto entre las principales comunidades étnicas del país. Con ese fin y en paralelo a las operaciones militares, el gobierno creó en 2006 una comisión multipartidista sobre la cuestión tamil constituida por los principales partidos políticos del sur del país. Los resultados han sido decepcionantes dado el boicot impuesto por la oposición y el principal partido político tamil.

Para volver a encauzar un proceso real de diálogo será indispensable llenar el vacío político dejado por los Tigres Tamiles que, pese a ser una organización armada, llegó a crear una administración paralela de facto en el norte y este del país. La Alianza Nacional Tamil (TNA), partido constituido por líderes políticos tamiles simpatizantes de los LTTE, que representaba indirectamente a los Tigres Tamiles en el parlamento nacional, debe ser tenida en cuenta. El vacío político ya ha sido ocupado en el este del país –“liberado” por el gobierno de Sri Lanka anteriormente– por el Partido para la Liberación del Pueblo Tamil (TMVP) tras su victoria en las elecciones locales de 2008 en coalición con el partido gubernamental. Ese partido tiene sus orígenes en un grupo paramilitar resultante de la división interna de los LTTE.

Tan importante como las acciones y retórica empleadas por el gobierno frente a la población tamil y demás minorías del país lo será el papel a desempeñar por la comunidad tamil. El reto será, primero, lograr un consenso entre las facciones moderadas y extremistas dentro de la comunidad tamil, tanto dentro como fuera de Sri Lanka. Dentro de la isla existen fuertes divisiones entre representantes tamiles que históricamente han apoyado a los LTTE, aquellos que lo han rechazado con el paso del tiempo y los que ahora intentan acaparar el liderazgo político de la comunidad con el apoyo gubernamental.

Por su parte, la diáspora tiende a estar más radicalizada que la población residente en la isla, habiendo constituido el principal apoyo político y financiero de los Tigres Tamiles. Es, además, muy influyente y está diseminada en un gran número de países occidentales, incluidos países de la UE.

Actores relevantes en la dimensión internacional del conflicto

A nivel internacional, el actor con el mayor poder de influencia sobre el gobierno de Sri Lanka y la comunidad tamil es la India, de manera que su apoyo para un nuevo proceso de diálogo es fundamental. La potencia regional ha desempeñado un papel histórico en el conflicto, en gran parte determinado por los vínculos étnicos y culturales existentes entre ambos países. Pese a haber optado por un papel convenientemente ambiguo durante los enfrentamientos militares recientes en Sri Lanka, la India ha continuado presionando a Colombo sobre la necesidad de descentralización política dentro del marco unitario del Estado, para acomodar los derechos de la minoría tamil.

Simultáneamente al papel político y estratégico desempeñado por la India, otros actores asiáticos están desempeñando una función creciente a nivel económico y de asistencia militar al gobierno de Sri Lanka. En particular, destaca el papel de China, que ha logrado desbancar a Japón como principal donante extranjero en la isla, y de Pakistán, uno de los principales proveedores de asistencia militar al gobierno de Colombo. Esos países, al contrario que la India, que observa con recelo su actuación, prefieren evitar la intromisión política en lo que consideran asuntos internos de Sri Lanka, por lo que el gobierno se encuentra más cómodo en su relación con ellos y otros aliados como Rusia e Irán.

En contraste, la relación entre el gobierno de Sri Lanka y los países occidentales, además de las principales organizaciones internacionales, ha estado marcada por la tensión desde que colapsara el último proceso de paz en 2006, ya que éstos han mostrado cierto escepticismo frente a la estrategia militar y política del régimen del presidente Rajapakse. En particular, le recriminan un gobierno crecientemente totalitario e intolerante frente a disidentes y minorías étnicas en el país.

Pese al discurso anti-occidental del actual gobierno, éste continúa siendo muy dependiente de la ayuda económica de las instituciones financieras internacionales, además de los países occidentales. La UE, por ejemplo, tiene firmado un acuerdo de trato preferencial a nivel comercial con Sri Lanka y ha amenazado con rescindirlo en el caso de que Colombo no aplique ciertos acuerdos de derechos humanos.

Más allá de las consideraciones financieras, Colombo busca consolidar su legitimidad a nivel internacional tras la victoria militar sobre los LTTE. Recientemente ha logrado sacar adelante una resolución de apoyo a su victoria frente al terrorismo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas gracias al apoyo de otros países asiáticos, además de Rusia. Al mismo tiempo, líderes de varios países occidentales buscan el consentimiento de Naciones Unidas para llevar a cabo una investigación independiente sobre potenciales violaciones de derechos humanos por ambas partes durante los recientes enfrentamientos. En caso de progresar, dicha iniciativa supondría un duro golpe al gobierno de Sri Lanka; aunque la probabilidad de éxito es mínima considerando que Colombo cuenta con el apoyo de Rusia y China, ambos miembros permanentes del Consejo.

Conclusiones

Frente al triunfalismo del gobierno ante su victoria militar, se impone la necesidad de afrontar de forma prioritaria los grandes retos del reasentamiento y de un proceso político que lleve a una genuina reconciliación nacional. Sin duda, la India constituye el país con mayor poder de persuasión sobre el gobierno de Sri Lanka en este sentido, además de contar con un mayor conocimiento del conflicto. Por ello, es importante que cualquier estrategia internacional sobre Sri Lanka cuente con su apoyo –tácito o explícito–. De lo contrario, será muy difícil que ésta sea exitosa. Dicha estrategia deberá tener en cuenta que pese a haber concluido la fase militar del conflicto, todavía queda por resolver el aspecto político del mismo, basado en la descentralización del poder a nivel provincial.

La comunidad internacional necesita continuar haciendo un seguimiento de la evolución del conflicto desde organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la UE. Pese a ciertos obstáculos que puedan surgir por parte de los países aliados a Colombo como China y Rusia, el gobierno de Sri Lanka puede verse forzado a una actitud dialogante ya que ahora más que nunca está necesitado de la legitimidad y el apoyo internacional por motivos financieros.

En paralelo, los países occidentales pueden desempeñar una función fundamental en lo referente a las grandes necesidades humanitarias del país. Será necesario apoyar financieramente tanto a organizaciones humanitarias locales como internacionales para que dispongan de los recursos para atender a los miles de desplazados internos recluidos en campos de forma temporal. La tarea de la retirada de minas es crucial y terriblemente costosa, y precisará especial asistencia técnica y financiera con el fin de permitir el reasentamiento de la población desplazada. El consiguiente apoyo para labores de cooperación al desarrollo a medio plazo deberá ser gradual y controlado, asegurándose de que dicha ayuda es utilizada adecuadamente.

Respecto a los aproximadamente 800.000 tamiles que componen la diáspora y que se encuentran localizados sobre todo en América del Norte y Europa, será necesario ser mucho más estrictos con medidas legislativas para frenar las actividades ilegales de la red global de los LTTE, como se ha hecho con grupos militantes islámicos. Por otro lado, será preciso que los líderes políticos locales apoyen a dirigentes de la comunidad tamil de carácter moderado, evitando ganar votos a través de la defensa de las facciones más radicales de dicha comunidad.